TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 228/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        Santa Cruz 85/2017        

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Iver Coronado Bustos y otros

Delitos                                Despojo y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de mayo de 2017, de fs. 665 a 675 vta.,  Iver Coronado Bustos, Máximo Carrasco Cabrera, Rosmery Bonilla Morón y Adalid Morón Bonilla, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 22/2017 de 17 de marzo, de fs. 657 a 662, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Pedro Flores Guzmán y Aida Severiche de Flores contra los recurrentes, por los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del Código Penal (CP) respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 1/2016 de 30 de noviembre, de fs. 602 a 608, el Juez de Sentencia Penal de Vallegrande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Máximo Carrasco Cabrera, Iver Coronado Bustos, Adalid Morón Bonilla y Rosmery Bonilla Morón, absueltos de la comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Pedro Flores Guzmán y Aida Severiche de Flores (fs.  625 a 634), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 22 de 17 de marzo de 2017, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso planteado y anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo  649/2017-RA de 28 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Los recurrentes, acuden en casación reclamando, como primer motivo falta de fundamentación en el Auto de Vista por exposición de argumentos incongruentes y resolver cuestiones que no fueron expresamente denunciadas por el apelante. Apoyados en la transcripción parcial del Considerando VI de la Resolución de alzada, que contiene el agravio de inobservancia a la ley sustantiva, observan que los Vocales endilgaron la no aplicación del Auto de Vista 208/2013 que dispuso anteriormente la nulidad del juicio y su reenvío, por lo que se concluyó que existió errónea aplicación de la ley sustantiva por el de mérito razonamiento que es tildado de incongruente, pues el contenido del Auto de Vista 208/2013, no puede ser considerado como fundamento para anular la Sentencia, al no haberse demostrado que éste se ejecutorió ni cuenta con la debida certificación de ejecutoria; por lo tanto, no estaría habilitado como precedente contradictorio.


En este orden, aseveran que el Auto de Vista se emitió de manera ultra petita; por cuanto, el impugnante de apelación no mencionó las pruebas testificales señaladas, contrariando lo establecido en el Auto Supremo invocado. Igualmente denuncia incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, al señalar que analizados los agravios identificados por el Tribunal de Alzada en su resolución se evidencia que lejos de dar respuesta a los planteamientos de los apelantes, consideraron aspectos que no fueron denunciados incumpliéndose el criterio de los fundamentos jurídicos plasmados en la resolución referidos a la limitación establecida por el art. 398 del CPP, situación que se verifica en la comparación de los agravios expuestos por la parte apelante y los agravios identificados por el Tribunal de Alzada, entre ellos la errónea aplicación de la ley sustantiva con base en el art. 370 inc. 1) del CPP.


  1. Como segundo motivo de casación, denuncian presunta revalorización de prueba  sobre las declaraciones  de los testigos Rober Ángel Rueda y Alfonso Rosell Medina. Sostienen que el Auto de Vista 22/2017, no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implicaría valoración de la prueba. Agregaron que la revalorización se asienta al manifestar que el Juez inferior restó credibilidad a la declaración de los testigos Rober Ángel Rueda y Alfonso Rosell Medina y que se haya incurrido en valoración errónea de tales atestaciones, resaltando los aspectos negativos para desacreditar su veracidad, aspecto del que se cuestiona cuál el origen de tales conclusiones, que son contradictorias a la Sentencia de la que se desprende que ambos testigos se habrían contradicho.


Sostienen que el Tribunal de apelación, omitió emitir criterio que en derecho justifique su decisión; en consecuencia, no dio cumplimiento al art. 124 del CPP, vulnerando el derecho al debido proceso, limitándose a hacer una relación de los documentos inherentes a la apelación, sin considerar que la producción de la prueba en el debate del juicio generó una duda razonable sobre su culpabilidad en la comisión de los delitos de Daño simple y Despojo. Con tal contexto, solicitaron se verifique si a los Vocales de la Sala Penal Segunda, les fue imposible realizar el control de la valoración de la prueba que es intangible, lo que habría llevado a una indebida revalorización de la prueba.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes señalan que ante la existencia de “violaciones flagrantes al debido proceso, constituyendo defectos absolutos de procedimiento el Auto de Vista deberá ser anulado” (sic), expresando también que existen afectación a sus derechos fundamentales en torno al debido proceso en su vertiente de fundamentación de las resoluciones judiciales.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 1/2016 de 30 de noviembre, el Juez de Sentencia Penal de Vallegrande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Máximo Carrasco Cabrera, Iver Coronado Bustos, Adalid Morón Bonilla y Rosmery Bonilla Morón, absueltos de la comisión de los delitos de Despojo y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 351 y 357 del CP, en ella se determinaron lo siguiente:


      1. En cuanto al objeto del juicio precisó tres hechos: i) El 9 de abril de 2011, Rosmery Bonilla Morón acompañada de Iver Coronado Bustos, Máximo Carrasco Cabrera y Adalid Morón Bonilla “tumbaron” alrededor de 37 metros lineales de la barda edificada por los querellantes sobre dos lotes de terreno ubicados en la localidad de Vallegrande, de alrededor 413 y 346 m2, registrados en las Oficinas de Derechos Reales con la Matrícula N° 7081010001441, folio 1 No. A-1 de 26 de julio de 2010; ii) Más adelante los querellantes levantaron aquella barda de nueva cuenta, ante lo cual los querellados procedieron, también a destruirla sobre en una longitud de 37 metros lineales, siendo que esta vez ingresaron a los predios a realizar una medición; iii) El 11 de junio de 2011, los imputados ordenaron descargar material de construcción con muestras claras de levantar una vivienda. Los dos primeros hechos fueron identificados como constitutivos del delito de Daño Simple (art. 357 del CP) en tanto el tercero fue tipificado como Despojo (art. 351 del CP).


      1. En cuanto a los hechos probados, la Sentencia concluyó que entre los lotes 9 y 10, propiedad de Pedro Flores y Aida Severiche, en la urbanización El Cristo, se evidenció la construcción de una barda, sobre los lados, sur, este y norte, siendo que en este último se prolonga a los lotes 8 y 7, de Rosmery Bonilla e Iver Coronado, constando en esa porción vestigios de una barda tumbada y en una parte cimiento vaciado.


      1. Sobre los hechos no probados, concluyó que: no se demostró el autor o autores que hubieran derrumbado o demolido la barda; por cuanto, de las atestaciones de Roger Angel Rueda Villaroel y Alfonso Rosell Medina, así como de la prueba A-7, que es un muestrario fotográfico tomado por el primero se razonó que: “la versión de los testigos en lo que concierne a que vieron a los acusados tumbando barda, no es creíble, por las contradicciones entre los testigos y la lógica deducción de que cualquier ciudadano puede hacer. Si Roger Ángel los hubiera visto a los acusados tumbando la barda, estando con su cámara en mano y tomando fotografías, las fotos mostraran a los acusados con combos y martillos tumbando la barda; pero no es así. El testigo Alfonso Rosell miente mucho más; ya que, dijo que la que tumbó la barda fue Rosmery a las 10 de la mañana, con un martillo que encontró, esto no es creíble debido a que una mujer no puede derribar tanta barda de cemento y ladrillo y vaciado de hormigón simple, con solo un martillo, por su condición de mujer. Las declaraciones son contradictorias en tiempo, lugares y personas” (sic).


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


    1. Notificados con la citada Sentencia, a través de memorial de 3 de enero de 2017, Abad lino Arteaga, representando a Pedro Flores Guzmán y Aida Severiche de Flores, opuso recurso de apelación restringida, expresando: 1) Falta de fundamentación por aceptar como hecho probado el derecho propietario de los acusados sobre los lotes Nros. 9 y 10; y, contradictoriamente afirmar la existencia del Lote Nro. 8, de propiedad de la coacusada Rosmery Bonilla Morón, sin que se haya constatado la existencia física o material de este inmueble; 2) No se explicó quienes introdujeron los montículos de tierra, a pesar de haberse constatado su existencia en audiencia de inspección, ni las razones por la que los acusadores no pudieron ingresar a su propiedad a partir de la fecha de los hechos; 3) Si la sentencia tuvo como hecho probado el derribe de la barda, debió analizarse quienes se beneficiarían con tal hecho; 4) incumplimiento del art. 173 del CPP, ante la ausencia de valoración conjunta y armónica de la prueba; 5) Incongruencia entre las partes considerativa y resolutiva al no explicarse las razones para exculpar a los acusados.


    1. Inobservancia de la Ley sustantiva, por no enmarcar el razonamiento de la sentencia en los parámetros del Auto de Vista de 15 de octubre de 2013, pese a la “vinculatoriedad de los fallos judiciales” (sic) y que “mostró la línea a seguir respecto a la subsunción del hecho al tipo penal” (sic). Agregó que, en la querella los hechos fueron calificados con el tipo penal de despojo en su forma comisiva, mediante invasión, cuya característica es carecer del ejercicio de violencia en las personas. Añadió que el Juez de sentencia incorporó la figura tiempo como elemento constitutivo del tipo, al afirmar que no se probó la posesión de los acusadores: “ya que para desposeer es necesario poseer y el C. Civil establece inclusive un tiempo durante el cual el poseedor debe permanecer en posesión pacífica, pública y continuada” (sic).


Las fotografías y las atestaciones de Alfonso Rosell Medina y Roger Ángel Rueda, son coincidentes en las condiciones de día y hora en que fueron tomadas y reafirman la hipótesis de la querella. El Juez en labor valorativa de la prueba de cargo era la de constatar, no inferir o deducir hipótesis. A tal evidencia debió sumarse el  hecho de la medida cautelar de prohibición de no innovar.


Lo afirmado por el Juez de no haberse probado la intención de despojar de los imputados ni haberse demostrado su autoría incumple las reglas de la sana crítica, pues las inferencias realizadas no tienen base probatoria ni lógica. 


II.3.  Del Auto de Vista 22 de 17 de marzo de 2017.


Sobre la denuncia de inobservancia a la Ley sustantiva con base en el art. 370.1 -del CPP y el hecho de alejamiento de los parámetros del Auto de Vista 208 de 15 de octubre de 2013 (que determinó la anulación de una primera sentencia y la realización de juicio de reenvío), luego de transcribir una porción de la misma el Tribunal de apelación, consideró que “el juez a quo al momento de valorar las pruebas debió también tomar en cuenta el Auto de Vista Nº 208 de fecha 15 de octubre de 2013, es decir seguir los lineamientos de dicha resolución, puesto que para el caso concreto es de cumplimiento obligatorio. Ahora al no haber observado los fundamentos de dicho auto de vista, ha incurrido en una errónea aplicación de la Ley sustantiva, defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP” (sic).


Sobre la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, art. 370 inc. 6) del CPP, se precisó: “la construcción de una barda perimetral de los supuestos lotes de terreno de propiedad de los querellantes, no podían ser destruidos por ninguna persona, pues éste hecho constituiría la comisión del ilícito de Daño Simple y sin embargo el juzgador que en principio reconoció que en la inspección judicial encontró restos de la barda demolida, no realizó una correcta valoración de dicha prueba a la luz de las declaraciones testificales, que manifestaron tampoco fueron negados por los querellados- en el sentido de qué persona estaría interesada en la destrucción a quién le beneficiaría, no realizó un análisis razonado y objetivo de los hechos y simplemente se limitó a señalar que las declaraciones de los testigos no serían uniformes y les resta credibilidad realizando un análisis sesgado de la realidad, señalando que las fotografías que los querellantes adjuntaron al expediente no demostrarían que los acusados hubiesen estado destruyendo la barda o por lo menos que se encontrasen con instrumentos para destruirla, pues si concluyó que la barda fue destruida debió determinar los posibles responsables de acuerdo a los datos que le arrojó las otras pruebas, al no haberlo hecho así incurren en una defectuosa valoración de la prueba tanto de forma integral como individualizada” (sic), a continuación el Auto de Vista en cuestionamiento dos consideraciones específicas sobre la valoración de las pruebas, a saber: 1) Contradicción sobre la afirmación de la existencia de vestigios de promontorios de tierra en la descripción de las fotografías y la negación de su existencia a partir de las testificales; 2) Valoración parcial de las atestaciones de Roger Ángel Rueda y Alfondo Rosell Medina, de las que se extrae solo aspectos negativos sin anteponerlas al contraste de la demás prueba producida.


III. FUNDAMENTOS DE LA SALA


III.1. Primer motivo contradicción a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio.


Los recurrentes denuncian afectación al principio de congruencia contenido en el art. 398 del CPP; por cuanto, el Auto de Vista impugnado resolvió cuestiones que no fueron expresamente denunciadas por el apelante, como lo fuera el caso de las declaraciones testificales. Igualmente tachan como incongruente el argumento del Tribunal de alzada, que consideró como errónea aplicación de la Ley sustantiva al supuesto no acatamiento de los fundamentos del Auto de Vista 208/2013. Finalmente, alega que es visible también el vicio de incongruencia omisiva pues los el Tribunal de Alzada hubieran considerados; aspectos que, no fueron denunciados en apelación restringida, entre ellos la errónea aplicación de la ley sustantiva con base en el art. 370.1 del CPP.


El Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, invocado como precedente contradictorio, fue pronunciado con motivo a la resolución de un recurso de casación en el que se dio mérito a una denuncia de falta de fundamentación en el Auto de Vista recurrido, con el argumento de que si bien este fallo afirmó que la sentencia de grado careció de descripción analítica de la prueba; empero, omitió el pronunciarse acerca de cuál el sentido de esa descripción o cómo debió realizarse la misma. El citado Auto Supremo dejó sin efecto la resolución inferior.


Habida cuenta que aquel reclamo, partiendo de la censura a un Auto de Vista que a su turno cuestionó una sentencia de mérito, abordaba un tema transversal como lo es el tratamiento del art. 124 del CPP, la doctrina legal aplicable se orientó en el orden procesal consecuente a la emisión de una Sentencia, refiriendo cuáles son los parámetros de validez para su fundamentación, para después incidir en los deberes de los Tribunales de apelación respecto al control emergente de apelación restringida.


“Respecto a la Sentencia, el sistema procesal penal, impone requisitos esenciales de forma y contenido, que se encuentran descritos en el art. 360 del CPP, concordante con los arts. 124 y 173 del mismo cuerpo legal; exigencias, de las que se establece la estructura básica de la Resolución de mérito, que debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada.


…el inc. 2) del art. 360 del CPP, señala que la Sentencia debe contener la enunciación del hecho y circunstancias que hayan sido objeto del juicio; es decir, debe contener la relación de los hechos que dieron origen al proceso, además de todas las circunstancias que se consideran probadas (fundamentación fáctica),  que inexcusablemente deben encontrarse apropiadamente sustentadas por los medios probatorios incorporados legalmente al juicio y que deben ser descritos de forma individual en la Sentencia (fundamentación probatoria descriptiva), cuya valoración requiere, conforme el art. 173 del CPP, que el Juez o Tribunal asigne el valor correspondiente, a cada uno de los medios de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga un determinado valor (positivo, negativo, relevante, irrelevante, útil, pertinente, etc.), para posteriormente, vincular cada medio de prueba y con base en la apreciación conjunta y armónica del elenco probatorio producido, emitir el fallo correspondiente (fundamentación probatoria intelectiva).


En la parte dispositiva del fallo, conforme establece el art. 360 inc. 4) del CPP,  el juzgador debe justificar normativamente la decisión; es decir, debe citar, las normas aplicables y en caso de emitirse Sentencia condenatoria de acuerdo al art. 365 del CPP, el juzgador debe fijar con precisión la sanción correspondiente, con base en los arts. 37, 38, 39, 40, 40 bis del CP -los últimos, cuando corresponda- tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que concurran (fundamentación jurídica).


De lo anterior se tiene que la Sentencia debe estar estructurada de la siguiente forma: a) Fundamentación  fáctica; b) Fundamentación probatoria que debe ser descriptiva e intelectiva (la última implica valoración individual y conjunta de la prueba) y; c) Fundamentación jurídica. La ausencia de cualquiera de las formas de fundamentación en el fallo, importa falta de fundamentación de la Resolución en infracción con el art. 124 del CPP; sin embargo, no toda omisión o defecto en la fundamentación implica defecto absoluto, sino, únicamente aquellos vinculados con la inmediación de la prueba, pues, la indebida fundamentación jurídica o su ausencia, en cuanto a la imposición de la pena, al corresponder a un momento posterior a la valoración de la prueba, puede ser objeto de corrección o complementación en grado de apelación, conforme establece el art. 314 del CPP, sobre la base de las conclusiones a las que arribó el juez o Tribunal sentenciador, respecto a la existencia del hecho, la participación del encausado y su culpabilidad en el hecho juzgado.


En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.


(…)


Ahora bien, el control respecto a la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en la Sentencia, corresponde al Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la Ley del órgano Judicial (LOJ); en ese entendido, el citado Tribunal, se encuentra facultado para ejercer el control, no sólo de legalidad de la Sentencia, sino de la logicidad o razonamiento lógico-jurídico empleado a momento de valorar la prueba, que debe encontrarse traducida en la fundamentación probatoria del fallo, lo que no implica, que el Tribunal de alzada pueda rever los hechos u otorgar valor distinto o revalorar los medios probatorios, sino, ejercer control respecto a la justificación del fallo; sin embargo, esta labor, debe a su vez encontrase debidamente fundamentada…”


La orientación jurisprudencial que antecede, esquematiza la construcción de una resolución judicial desde la perspectiva procesal de la generación de un fallo; es decir, brinda las pautas para que el mismo (ya sea absolviendo, condenando u otra fórmula) sea fácilmente hallado en el texto y sea construido a partir de un ejercicio de razonamiento sobre todo el desfile probatorio, aspecto de capital importancia, dado que por un lado el proceso es el escenario propicio para ver satisfecha el ejercicio de la acción penal y el lugar donde el derecho a la defensa debe ostentar solidez. Con tales antecedentes, un fallo que recaiga en la ambigüedad, que eluda dar respuesta a lo debatido, o bien que se base en consideraciones que huyan del correcto entendimiento humano, en suma genera injusticia. Se ha repetido hasta lo extenuante que la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho al debido proceso, y que el Estado desde el Texto Constitucional lo reconoce y garantiza en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; sin embargo, la Sala, sin desconocer ninguna de esas situaciones, considera que la motivación y fundamentación de las decisiones judiciales no es un fin en sí mismo; ya que, más allá de la divergencia y textura que la doctrina del derecho procesal le ha brindado, responde a fines más prácticos y utilitarios; como: 1. La verificación pública sobre el impacto que una norma promulgada conforme procedimiento legislativo posea; 2. Las motivaciones que condujeron a un juez o Tribunal a decidir en una u otra forma; y, 3. El mecanismo idóneo para transparentar las razones por las que una autoridad judicial asumió una decisión.


El Auto de Vista 22 de marzo de 2017, como se reseñó en el apartado II.3., argumentó la anulación de la sentencia a partir de dos razones. Primero, errónea aplicación de la Ley sustantiva, entendiendo que el Tribunal de sentencia al no haber asumido la orientación jurídica contenida en el Auto de Vista 208/2013 de 15 de octubre (que dispuso reenvio de juicio). Y en segundo lugar, se cuestiona las alegaciones del Tribunal de apelación sobre el control de valoración probatoria realizadas en la misma sentencia. Ambos aspectos en la lectura del recurso de casación, fueron pronunciados de manera incongruente, pues no era ese el alcance de los agravios planteados en apelación restringida.


La Sala estima imperioso delimitar que cualquier ejercicio de fundamentación jurisdiccional realizada en el marco del Código de Procedimiento Penal, con especial señalamiento en su art. 124 y que tenga que ver con la decisión final sobre un caso, no ronda la discrecionalidad, ni el criterio del juzgador; sino posee un margen que aunque flexible- no es susceptible a ser traspasado. La emisión de una Sentencia se circunscribe dentro del principio de congruencia establecido en el art. 362 del CPP, sin que pueda de modo alguno modificarse o adicionarse nuevos hechos a los contenidos en las acusaciones y el auto de apertura de juicio oral. A su turno en fase de recursos la regla procesal de competencia, es mucho más básica, pues el art. 398 del CPP, como norma general al sistema de recursos, estima que los Tribunales de alzada ceñirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. El perímetro recursivo postulado por el citado artículo, en consideración de la Sala, no constituye un mero formulismo, sino en los hechos es la llave que procura una decisión imparcial dentro de un trámite esencialmente contencioso, como lo es el penal y cuya sensibilidad se amplifica al estar relacionado con el derecho a la libertad.


Toda resolución judicial no puede ser considerada como debidamente fundamentada cuando rebasa el marco de su competencia que por efecto del principio dispositivo (que nutre la actividad procesal en general); por cuanto, no solo se generaría un desajuste de argumentos y criterios, sino ocasionaría una lesión directa a derechos de terceros y principios que ordenan la actividad jurisdiccional escritos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).


A fs. 683 la parte querellante en el numeral 2 del apartado intitulado “en el fondo” plantea inobservancia de la ley sustantiva, apelando al art. 370 inc. 1) del CPP. En criterio del entonces apelante la sentencia “bordea los límites de los ilícito al no seguir los parámetros señalados en el Auto de Vista de fecha 15 de octubre de 2013, que delineó los causes sobre los cuales el Juez debió moverse en este proceso por reenvío” (sic). Más adelante, dos párrafos a continuación, el apelante emprende un análisis de las cuestiones, estrictamente jurídicas por las que consideró la errónea aplicación de la ley sustantiva, planteando los verbos rectores del tipo, las circunstancias pasibles a subsunción, y principalmente propone aunque de manera tácita- la forma en la que pretende sea aplicado la norma a su caso en concreto; empero, no basa su actividad recursiva en el antecedente de un incumplimiento del Auto de Vista 208 de 15 de octubre de 2013. Si bien, en un pasaje asevera que los de sentencia rompió “el esquema de la vinculatoriedad de los fallos judiciales” (sic), el planteamiento del motivo en cuestión no se basa en una queja de incumplimiento sino reporta una exposición de fundamentos jurídicos que en sintonía con los antecedentes del proceso y en rigor estricto de la Ley, debieron ser cumplidos.


El Tribunal de apelación luego de transcribir una porción del Auto de Vista 208 de 15 de octubre de 2015 y realizando un ejercicio de contraste con la Sentencia 01/2016 de 30 de noviembre, brindándole un carácter procesal ulteriormente vinculante, cuando ello no se encuentra previsto en norma. Los efectos de los Autos de Vista emitidos en respuesta a apelaciones restringidas, tienen el fin de realizar un control de logicidad y legalidad sobre las sentencias, siendo ésta la limitante que más allá la lógica procesal del sistema acusatorio- impide la emisión de decisiones de cumplimiento vinculante como lo estimó el Auto de Vista 22 de 17 de marzo de 2017.


Apelación restringida no es medio recursivo abierto, su finalidad debe encasillarse en aspectos específicos de la sentencia como lo es el caso del art. 370 del CPP y con especial señalamiento en el control de la aplicación de la Ley [tal es así que tal extremo se encuentra escrito en los arts. 370 inc. 1), 407 primer párrafo y 413], siendo por ello también que la configuración de este recurso impide un eventual juicio sobre el caudal probatorio. Esta mecánica a pesar de hallarse expresamente desarrollada, no fue absuelta en el margen de los citados artículos, supliendo esa obligación haciendo reseña de un Fallo que si bien fue emitido en el curso histórico de este proceso, no tiene fuerza vinculante al juicio de reenvío realizado. No se olvide, que el acto extremo de disponer el reenvío, tiene en esencia un fin de nueva activación de la contradicción y la inmediación a partir del debate, más nunca suponer que un Auto de Vista anulatorio limite el ejercicio de los principios que rigen el juicio oral, tal cual se desprende de la lectura integral del art. 413 del CPP. En consecuencia, por los argumentos expuestos resta dar mérito al presente.


III.2. Segundo Motivo supuesta revalorización de la prueba.


Los recurrentes denuncian presunta revalorización de prueba  sobre las declaraciones  de los testigos Rober Ángel Rueda y Alfonso Rosell Medina, al afirmar que las conclusiones de los de apelación en sentido que la sentencia únicamente extrajo aspectos negativos de ambas declaraciones para desacreditar su veracidad, cuando fue claro que ambos testigos se habrían contradicho. El Tribunal de apelación, dicen los recurrentes, omitió dar criterio que en derecho justifique su decisión. No cumplió el art. 124 del CPP, limitándose a hacer una relación de los documentos inherentes a la apelación, sin considerar que la producción de la prueba en el debate del juicio generó una duda razonable sobre su culpabilidad en la comisión de los delitos de Daño simple y Despojo, vulnerando el derecho al debido proceso. A este efecto al igual que el anterior motivo se invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio.


Como se sintetizó en el punto II.3 de esta Resolución, uno de los motivos en los que el Tribunal de apelación basó su decisorio en la calificación de lo valorado por la sentencia sobre lo atestado por Rober Ángel Rueda y Alfonso Rosell Medina, expresando que solamente se tomaron en cuenta aspectos negativos para “desacreditar la veracidad de los testigos, sin considerar otros datos que éstos proporcionaron para que el juez llegue a la verdad histórica de los hechos” “sin valorar de manera conjunta y armónica con las demás pruebas como ser la inspección judicial, la documental y las declaraciones de los demás testigos en base a la sana crítica y la lógica” (sic).


De entrada, la Sala expresa que no vertirá argumentos que repercutan a generar criterio sobre lo correcto o incorrecto del mérito de la sentencia, o bien sean entendidos como insinuación sobre el valor positivo o negativo de una determinada prueba. Enfatizar que incluso tal labor está vedada a los tribunales de apelación, por respeto al principio de inmediación que da orden y forma al sistema procesal penal imperante en Bolivia.


Ahora bien, respondiendo al reclamo de Abad Lino Arteaga sobre defecto de la sentencia en el orden del art. 370 inc. 6) del CPP, el Tribunal de apelación, consideró que la Sentencia incurrió en errónea valoración de la prueba incumpliendo el art. 173 de tal norma procesal, para lo cual expresó emitió criterio en dos vertientes,  a saber: “…sobre la denuncia de qué lote de terreno…ha desaparecido o ha sido disminuido, evidentemente este aspecto corresponde que sea dilucidado en la vía civil y/o administrativa municipal, pues en la sentencia se estableció que por ensanchamiento de la Av. Gutemberg Jordán y Calle Ofelia Ayaviri” (sic) de igual forma acto seguido se expresó: “Sin embargo y no obstante lo anterior…la construcción de una barda perimetral de los supuestos lotes de terreno de propiedad de los querellantes…no podían ser destruidos por ninguna persona, pues este hecho constituiría la comisión del ilícito de daño simple y sin embargo el juzgador que en principio reconoció que en la inspección judicial encontró restos de una barda demolida, no realizó una correcta valoración de dicha prueba a la luz de las declaraciones de los testigos Roger Ángel Rueda Villaroel y Alfonso Rosell Medina…no serían uniformes y les resta credibilidad realizando un análisis sesgado de la realidad, señalando que las fotografías que los querellantes adjuntaron…no demostrarían que los acusados hubiesen estado destruyendo la barda o por lo menos que se encontrasen con instrumentos para destruirla. El juzgador, en esta parte realiza un razonamiento parcializado, pues si concluyó que la barda fue destruida debió determinar los posibles responsables de acuerdo a los datos que le arrojó las otras pruebas, al no haberlo hecho así incurre en una defectuosa valoración de la prueba tanto de forma integral como individualizada. Respecto a los montículos de arena tierra para relleno, los cuales presuntamente según los querellantes serían para rellenar el terreno invadido por los querellados, el Juez en el punto 2 de los hechos no probados…no tomó en cuenta que anteriormente había señalado que la toma de 10 de las fotografías señaló que al fondo se be arena y luego los pilares y barda de ladrillo, aquí se denota una contradicción en la valoración probatoria, cuando en un principio evidencia que sí había arena en las fotografías y posteriormente señaló que ningún testigo mencionó nada sobre el material de construcción. Con respecto a la valoración de los testigos…el juzgador incurre en una valoración errónea….extrayendo solamente las presuntas contradicciones en las que ambos testigos hubiesen incurrido…sin valorar de manera conjunta y armónica con las demás pruebas como ser la inspección judicial, la documental y las declaraciones de los demás testigos, en base a la san acrítica y la lógica; en otras palabras, el juzgador resalta tan solo los aspectos negativos para desacreditar la veracidad de los testigos, sin considerar otros datos que éstos proporcionaron para que el Juez llegue a la verdad histórica de los hechos” (sic).


El Tribunal de apelación, incumplió abiertamente su deber de control de logicidad de la Sentencia. Las conclusiones arribadas, rondan la especulación y tienden al simple lector a deducir la existencia de un culpable a partir de apreciaciones subjetivas y uso perspicaz del lenguaje; aspecto que, es inaceptable en el actual régimen de recursos del sistema penal y que es contrario a la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio.


Por un manifestar que no se realizó una correcta valoración de la inspección judicial en paralelo con las declaraciones testificales que manifestaron qué personas estarían interesadas en la destrucción de la mentada barda, para entre guiones especificar que los querellados tampoco negaron esas aseveraciones, son situaciones que en suma constituyen no solo una subrepticia valoración de la prueba, sino que peor aún inducen al establecimiento de responsabilidad o culpabilidad, lo que es inadmisible.


De igual forma, la especificación de que era deber del Juez de grado de determinar los posibles responsables de la destrucción de aquella barda, es una apreciación subjetiva en grado sumo, que conduce a un irremediable acto no jurisdiccional, como lo fuera el caso de proponer una teoría fáctica que rebase los alcances de las acusaciones y peor aún que denote evidencias de un acto de investigación e imputación de los hechos. La norma boliviana confió en la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, con el fin de dotar de objetividad a las decisiones judiciales. La valoración de la prueba, que es antesala a la determinación de los hechos y por ende la aplicación de la Ley sustantiva, no está librada al albedrío sino al razonamiento ordenado y sistematizado, de ahí que las reglas de la lógica, la ciencia, la psicología y las máximas de la experiencia la ordenan; el resultado de su uso en un plano ideal, es sin duda una conclusión confiable de quien juzga, llegada no a partir del apasionamiento ni el prejuicio, menos el supuesto basado en la especulación (como se desprende de la conclusión del Auto de Vista 22 de 17 de marzo de 2017 a fs. 661 y vta.), sino basado y formado en criterios de orden lógico.


Ahora bien, si la valoración de la prueba sigue el criterio de un razonamiento lógico (el recto entendimiento humano)  es vital también que ese razonamiento por una parte sea verificable (de ahí el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales) como a la par se le otorgue condiciones de seguridad jurídica en los demás estadios procesales, razón por la cual, en apelación restringida, los Tribunales de apelación deben su labor al control de esa valoración, a tabular las razones por las que un razonamiento de la sentencia es correcto o no, conforme a las reglas de la sana crítica, no suponiendo en grado alguno que los tribunales de apelación confronten las conclusiones de la sentencia contra las suyas propias (como sucede en el caso de deducir una culpabilidad a partir de la exclusión y la suposición basada en un presunto interés). En Autos los de apelación incumplen su deber de control de la sentencia, acuden a un terreno que en la discrecionalidad rebasa los límites que la Ley y la jurisprudencia les han conferido; ya que, las apreciaciones realizadas en torno a la valoración de la prueba, a título de infracción al art. 173 del CPP, yacen solo en una opinión particular sobre lo acontecido, no en la sentencia o en el juicio oral, sino en la propia hipótesis que la acusación propuso, pues no es imaginable que se pretenda usar como regla que de las declaraciones de un testigo deba parcelarse lo negativo de lo positivo, como sucedió en autos, tratando de adecuar a ultranza una posición del contradictorio a los elementos de prueba, como lo es el caso de afirmar que a pesar de percibida por el Juez de grado aspectos contradictorios, reconocidos expresamente como no creíbles a partir del cotejo de aseveraciones y del uso de la experiencia (“si los hubiera visto a los acusados tumbando la barda, estando con su cámara en mano y tomando fotografías, las fotos mostraran a los acusados con combos y martillos tumbando barda; pero no es así [sic]” ).


En juicio de esta Sala el Tribunal de apelación en este particular, asumió una posición contraria y contradictoria a lo previsto en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, pues su análisis no se enfocó en el control respecto a la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en la Sentencia, ejerciendo el control, no sólo de legalidad de la Sentencia, sino de la logicidad o razonamiento lógico-jurídico empleado a momento de valorar la prueba, sino anteponiendo una valoración propia sobre la del Juez de mérito. Razones por las que este motivo deviene en fundado


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Iver Coronado Bustos, Máximo Carrasco Cabrera, Rosmery Bonilla Morón y Adalid Morón Bonilla, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 22 de 17 de marzo de 2017, de fs. 657 a 662, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno, la misma Sala pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos