TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 227/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        Santa Cruz 60/2017

Parte Acusadora                Erland Paniagua Coca y otro

Parte Imputada                Erwin Sánchez Freking 

Delito                        Uso de Instrumento Falsificado

Magistrado Relator        Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de abril de 2017, cursante de fs. 1882 a 1896, Freddy Gutiérrez Gutiérrez en representación de Erwin Sánchez Freking, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 7 de 4 de enero de 2017 de fs. 1795 a 1803 vta., y los Autos Complementarios 64 y 65 de 21 de marzo de 2016 (fs. 1858 a 1859 y 1860 a 1861 vta.), pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, integrada por los vocales Victoriano Morón Cuéllar y Zenón Rodríguez Zeballos, dentro del proceso penal seguido por Erland y Raúl ambos de apellidos Paniagua Coca contra la parte recurrente, por la presunta comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes


  1. Por Sentencia 9/13 de 5 de marzo de 2013 (fs. 1159 a 1191 vta.), el Juez Octavo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Erwin Sánchez Freking, autor de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, imponiendo la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas y responsabilidad civil a calificarse en ejecución de Sentencia, siendo concedido el beneficio del Perdón Judicial.


  1. Contra la mencionada Sentencia, interpusieron recursos de apelación restringida, el imputado Erwin Sánchez Freking (fs. 1202 a 1218) y el querellante Raúl Paniagua Coca (fs. 1220 a 1221), adhiriéndose a ambos recursos Erland Paniagua Coca (fs. 1231 a 1233 vta.), que previo pronunciamiento de los Autos de Vista 219 de 11 de diciembre de 2013 (fs. 1396 a 1402), 66 de 20 de agosto de 2014 (fs. 1478 a 1483), 2 de 14 de enero de 2016 (fs. 1634 a 1641), Resolución de Amparo Constitucional 360/2014 de 8 de octubre (fs. 1484 a 1494 vta.) y Sentencia Constitucional Plurinacional 0413/2015-S1 de 30 de abril, Autos de Vista que fueron dejados sin efecto, por los Autos Supremos 100/2014-RRC de 7 de abril (fs. 1465 a 1471 vta.), 568/2015-RRC de 4 de septiembre (fs. 1622 a 1630) y 632/2016-RRC de 23 de agosto (1693 a 1706); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 7/2017 de 4 de enero, que declaró admisibles e improcedentes las apelaciones planteadas por  Erwin Sánchez Freking y Raúl Paniagua Coca y la adhesión de Erland Paniagua Coca, siendo rechazadas las solicitudes de Complementación y Enmienda de la parte acusada, mediante Resoluciones 64 y 65 de 21 de marzo de 2016 (fs. 1858 a 1859 y 1860 a 1861 vta.), motivando la interposición del recurso en análisis.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 563/2015-RA de 10 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Transcribiendo el argumento del Tribunal ad quem a tiempo de resolver el primer agravio de apelación, fundado en la existencia del defecto de Sentencia, previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, el cual acontecería porque el Tribunal de Sentencia, no tomó en cuenta que el documento tachado de falso, cuyo uso se juzga, sería de carácter privado, acusa que el de alzada incurrió en falta de motivación y fundamentación, al alegar que no expuso los aspectos fácticos de los precedentes invocados, cuando de éstos se advertiría que el Tribunal de Sentencia, aplicó erróneamente la Ley sustantiva respecto al tipo de Uso de Instrumento Falsificado; y en consecuencia, también la fijación de la pena, transgrediendo el principio de exhaustividad y el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación adecuada.


  1. Reproduciendo los fundamentos que sirvieron de sustento a la resolución del segundo agravio de apelación inc. 1) del art. 370 del CPP-, alega que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación, motivación y congruencia, al no tomar en cuenta los fundamentos expuestos en su recurso de alzada, a través de los cuales habría señalado que la Falsedad Material o Ideológica no debe presumirse, más aún si los mencionados tipos penales poseen las mismas connotaciones de los institutos de nulidad o anulabilidad, conforme lo normado por el art. 546 del Código Civil (CC), que en el caso de autos se presumió la falsedad del documento y tal circunstancia revelaría una condena sin proceso previo, que violentó el art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 70 del CC (Nulla poena sine iudito); sumado a este hecho, refiere que no debe olvidarse que los tipos de Falsedad Material e Ideológica fueron extinguidos por prescripción, por lo que no fueron probados; en consecuencia, a decir del impugnante no se podía probar el ilícito de Uso de Instrumento Falsificado, tipo penal que no gozaría de autonomía respecto a los delitos extintos, por lo que el A quo, en su criterio, incurrió en errónea aplicación de la Ley adjetiva y transgresión del debido proceso en sus componentes de falta de fundamentación y motivación adecuada.


  1. Denuncia que respecto del tercer motivo de su recurso de apelación restringida el Tribunal de apelación resolvió sin motivación y fundamentación; además, de incurrir en incongruencia omisiva (al respecto transcribe la parte pertinente del tercer motivo resuelto) porque no consideró que el defecto radica en que el juzgador de instancia no justificó de manera argumentada las razones asumidas, para haber realizado una correcta valoración probatoria en base a la apreciación conjunta armónica e integral de las pruebas esenciales producidas en juicio; al respecto, en apelación habría citado los Autos Supremos 088 de 18 de marzo de 2008, 196 de 20 de mayo de 2008, 210 de 28 de marzo de 2007 y 151 de 15 de febrero de 2007, que determinaron que lo que corresponde es examinar la operación misma de la valoración de acuerdo a los criterios de la lógica y a los principios de la experiencia que hace a la razón, que en el caso de autos el Juez de Sentencia incurrió en violación a las reglas de la sana crítica, al señalar que se demostró que Erwin Sánchez Freking tenía conocimiento de la falsedad del documento con reconocimiento de firmas, que sabía que las ideas insertas en el testimonio 4085/04 de transferencia del inmueble ubicado sobre la avenida Viedma, su persona habría utilizado dicho instrumento falsificado, que existiera un perjuicio causado a los coherederos fallecidos; sin embargo, no se pronunció ni señaló, pese a encontrarse plenamente demostrado de manera irrefutable con las declaraciones testificales, que a mediados de octubre de 2009 el imputado recién tuvo conocimiento sobre el cuestionamiento al contrato privado e instrumento público referido; por cuyo motivo el 18 de septiembre de 2009, dos meses después demandó su nulidad ante el Juzgado 13 de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital con cuyo accionar no causó daño a ninguna persona, tampoco se pronunció ni señaló pese a encontrase plenamente demostrado de manera irrefutable con las declaraciones testificales de referencia que acreditaban que el presente proceso se originó a raíz de un préstamo de dinero que realizó Erwin Sánchez Freking a su suegro Luis Paniagua Banegas y a sus hermanos con la finalidad de desgravar y salvaguardar los bienes dados en garantía respecto del domicilio ahora en conflicto, contrayendo con el imputado la deuda de $us. 78.718,83 que se saldaría con la sesión del inmueble referido; sin embargo, se habría omitido el trámite sucesorio y se hubiera celebrado la minuta de transferencia de 21 de septiembre de 2004, la que originó la Escritura Pública 4085/2004 de 14 de diciembre, a favor de Erwin Sánchez Freking, por lo que se advierte que el Auto de Vista transgrede el derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación e incurre en incongruencia omisiva.

 

  1. Con relación al cuarto agravio de su recurso de apelación restringida, el 
    Auto de Vista hubiera respondido con falta de fundamentación, motivación y congruencia e incurrió en incongruencia omisiva (al respecto transcribe la parte pertinente de dicho fundamento del Auto de Vista) del cual señala que omitió motivar lo denunciado en su cuarto agravio del recurso de apelación restringida; que señalaba que en la Sentencia se argumentó que Erwin Sánchez Freking habría ocasionado daño, considerando para aquello las fotocopias legalizadas de una demanda de nulidad presentada en estrados judiciales, la existencia de un informe de impuestos nacionales, las escrituras acusadas de falsas fueron ofrecidas como pruebas dentro de la presente acción, ocasionando una secuencia de actos dañosos, no siendo cierto aquello; puesto que, Erwin Sánchez no utilizó tales documentales en la forma considerada por el Juzgador de instancia y si bien presentó una demanda de nulidad de contrato acusado de falso y los mismos documentos fueron ofrecidos en calidad de prueba en dicha acción, lo hizo en su sano criterio y sin causar daño a los acusadores particulares, por lo que no existe conducta continuada y tampoco su accionar dañoso se ha prolongado en el tiempo. Por esos argumentos se colige a decir del imputado- que el Auto de Vista impugnado transgrede el derecho al debido proceso en sus componentes de falta de fundamentación y motivación adecuada; por otro lado, también refiere que las resoluciones deben encontrarse debidamente fundamentadas y el no hacerlo genera la vulneración del debido proceso emergente de la debida fundamentación.


  1. Refiere que el Auto de Vista al resolver su recurso de apelación restringida, de la misma forma incurrió en falta de motivación y fundamentación e incongruencia omisiva (al respecto transcribe la parte pertinente del quinto motivo resuelto) y señala que el mismo no se encuentra motivado ni fundamentado que entre otros el quinto agravio radica en que la Sentencia ilegalmente se admitió y se presentó el testigo de cargo el My. Carlos Ramiro Oporto Díaz, quien es perito de profesión en el área de criminalística en la Policía Científica de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), el mismo que presentó su testimonio referido a un trabajo pericial denominado Dictamen Pericial 165/2009, a requerimiento del Fiscal Raúl Roca Arteaga, fuera del ámbito del presente juicio que fuera convertido de acción penal pública a privada, en manifiesta transgresión del art. 204 y siguientes del CP, con relación al 349 de la misma norma que permite al Juez de la causa, ordenar la lectura de las colusiones de los dictámenes de las pericias practicadas en el proceso, que en el presente nunca existió porque dicho testigo en ningún momento fue testigo directo ni indirecto, tampoco participó de los hechos ocurridos en la elaboración y protocolización del documento de transferencia, objeto del presente juicio, como tampoco estuvo presente en la Notaría 43 a cargo de Moisés Yamil Chacon Salces, citando el Auto Supremo 135/2012-RA, que señaló que incorporar medios probatorios ilegalmente al juicio, como la prueba pericial en el presente caso consistente en un parcializado estudio pericial grafo técnico, simultáneamente a una oficiosa testificación del autor de dicho estudio pericial, sin cumplir con los procedimientos establecidos para la proposición, introducción y producción de pruebas periciales conforme los arts. 205, 209, 211 y 213 del CPP; en consecuencia, la Sentencia se basó en una prueba pericial efectuada fuera del proceso penal de acción privada previamente convertida, por lo que resulta evidente que se incorporó ilegalmente al juicio medios probatorios, específicamente la prueba pericial concerniente en el dictamen pericial grafo técnico 169/2009 de 3 de diciembre de 2009, siendo un año, dos meses, veinticinco días de anticipación a la acusación particular presentada el 28 de febrero de 2011 y más aún tiempo transcurrido a la fecha de la juico oral transgrediendo el art. 13 del CPP, sobre la legalidad de la prueba, por lo que se evidencia que el Auto de Vista transgredió el derecho al debido proceso en sus componentes de falta de fundamentación y motivación adecuada e incurre en incongruencia omisiva, invocando para ello los precedentes contradictorios señalados infra.


  1. El Auto de Vista al pretender motivar el sexto agravio de su recurso de apelación restringida incurrió en falta de fundamentación, motivación e incongruencia omisiva al señalar: “que el recurrente expresa aspectos de hechos los cuales no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada para la respectiva determinación”, sin considerar y tomar en cuenta que la Sentencia fue dictada contraviniendo el art. 370 inc. 5) del CPP; es decir, con una fundamentación insuficiente y contradictoria; puesto que, los testigos de cargo Ezequiel, Luis, Newri, René y Luís Paniagua Banegas y Shirley Patricia Paniagua Lino, manifestaron que existió el préstamo de dinero de parte de Erwin Sánchez a favor de los hermanos Paniagua Banegas y que como forma de pago los mencionados hermanos decidieron ceder a favor del acreedor el bien inmueble de la Litis, encargando el trámite al hermano mayor Rubén Paniagua Banegas, entregándole para ello $us. 4.200; asimismo, todos habrían manifestado que el señor Erwin Sánchez Freking de buena fe, se constituyó a firmar a la notaría una sola vez y que fue el señor Rubén Paniagua Banegas quien contrató a una tercera persona para que firme por cuenta de Isabel Paniagua Banegas, lo que demuestra su inocencia en la elaboración y uso de documento tachado de falso, por lo que el Juez de Instancia debió aplicar el principio IN DUBIO PRO REO ante la duda razonable; sin embargo, injusta e indebidamente se lo condena, incurriendo en falta de fundamentación, vulnerando el art. 124 del CPP, con relación al art. 115 de la CPE; por esos aspecto señala que se incurrió en vulneración del debido proceso en sus componentes de falta de fundamentación, motivación e incongruencia omisiva, señalado que dicho actuar sería contradictorio a los precedentes que invoca.


  1. El Tribunal de alzada al pretender motivar y fundamentar el Auto de Vista y el Auto de Complementación y Enmienda, pese al reconocimiento expreso de uno de los acusadores particulares y el propio Tribunal de apelación sobre la ilegalidad de los Autos Complementarios 64 y 65, en ninguna de dichas resoluciones se admite en forma expresa la personería del Abogado Freddy Gutiérrez Gutiérrez en representación de Erwin Sánchez Freking en virtud al poder notarial 1504/2015 de 4 de diciembre que fuera expresamente impetrado en el memorial de apersonamiento, por lo que el Auto de Vista 64 y 65 de 21 de marzo de 2017, transgreden su derecho al debido proceso en sus componentes de la falta de fundamentación, motivación e incongruencia omisiva y en contradicción de los precedentes que invoca.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se pronuncie Auto Supremo reparando directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, recalificando el hecho y creando el marco penal correspondiente, revocando la Sentencia y declarándole absuelto de pena y culpa, dejando sin efecto las medidas cautelares, además de ordenar la publicación de la parte resolutiva del fallo absolutorio en un medio escrito de circulación nacional, solicitud que la realiza al amparo de los arts. 363 con relación al 413 in fine del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 563/2017-RA de  10 de agosto, cursante de fs. 1942 a 1948, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1.  Del recurso de apelación restringida interpuesto por el acusado


  1. En el primer motivo de apelación restringida, el acusado denunció que la Sentencia incurrió en el defecto, previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, por cinco razones, que se desarrollan a continuación y que fueron expuestos bajo los siguientes argumentos: i) Haciendo referencia a los siete hechos establecidos como probados en el último considerando de la Sentencia, alegó que el A quo no hizo análisis para determinar si el documento alterado es de carácter público o privado, a fin de calificar el hecho y la graduación de la pena, que de la observancia del documento cuestionado, se establecería que es de carácter privado pese al reconocimiento de firmas y protocolización del mismo, al respecto transcribe parcialmente los Autos Supremos 150 de 7 de abril de 1997 y 679 de 17 de diciembre del 2010, señalando en el subtítulo “petitorio”, que el de mérito omitió observar la norma, creó causes paralelos a los establecidos en la ley y aplicó en forma errónea la ley sustantiva en cuanto al tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado y la errónea concreción del marco penal, así como la errónea fijación de la pena, por lo que solicitó que el Tribunal de apelación, repare directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, recalificando el hecho y creando el marco penal, conforme lo previsto por el art. 200 del CP, revocando totalmente la Sentencia y se lo declare absuelto de pena y culpa, dejando sin efecto las medidas cautelares de carácter personal; ii) Refiriéndose nuevamente al último considerando de la Sentencia apelada,  reitera que el de mérito además de omitir observar la norma, creó causes paralelos a los establecidos en la ley, aplicó erróneamente la ley sustantiva, teniendo como consecuencia la errónea calificación del hecho y la errónea creación del marco penal, pues la falsedad material o ideológica no se presume y debe ser verificada y resuelta; refiere que los tipos penales poseen las mismas connotaciones que los institutos de nulidad o anulabilidad de contratos, previstos por el art. 546 del CC; empero, que al haberse presumido la existencia de un documento falso se condenó sin proceso previo en franco quebrantamiento del art. 117 de la CPE y el art. 70 del CP. Alega que, no se debe olvidar que los delitos de Falsedad Material e Ideológica, fueron extinguidos por prescripción, por lo que al no haberse comprobado los mismos, menos podía comprobarse el tipo de uso de instrumento o documento privado falsificado, pues conforme la doctrina establecida por los Autos supremos 236/2007 de 7 de marzo, 241/2006 de 6 de julio y 450/2004 de 19 de agosto, referidos a la prohibición de revalorar prueba y el Auto Supremo 372 de febrero de 1999, que estableció que el delito de Uso de Instrumento Falsificado está ligado a los delitos de Falsedad Material e Ideológica, por lo que no gozaría de autonomía propia y sería inseparable de los referidos tipos penales, razón por la cual el de mérito en el caso de autos, habría presumido la falsedad del documento incriminado, incurriendo en errónea aplicación de la ley “adjetiva”, pues a decir del apelante, al no haberse juzgado los dos delitos referidos a la falsedad y no haberse comprobado los mismos, no es posible comprobar el Uso de Instrumento Falsificado conforme los parámetros exigidos por ley de acuerdo a las reglas de la sana crítica, bajo dicho argumento reitera su petitorio; iii) Nuevamente acudiendo a los hechos establecidos como probados en el último considerando del fallo de mérito, señala que la errónea aplicación de éstos, quebranta los arts. 13, 124, 173, 194, 350 y 357 del CPP, vulnerando la seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso, pues en los hechos probados, no se hubiese justificado de manera argumentada las razones asumidas para la valoración con base a una apreciación conjunta, armónica e integral de las pruebas como estableció la Sentencia Constitucional 1274/01-R de 4 de diciembre del 2001 y la doctrina legal establecida por los Autos Supremos 088 de 18 de marzo del 2008, 196 de 20 de mayo de 2008, 210 de 28 de marzo de 2007 y 151 de 15 de febrero del 2007, que establecerían que lo que corresponde es examinar no si existe o no pruebas respecto a la existencia del delito y la participación del imputado, sino la operación de la valoración de acuerdo a los criterios de la lógica y los principios de la experiencia; empero, en el caso de autos, los hechos establecidos como probados, estarían fundados en un hecho no cierto que invoca afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia y cuyo razonamiento “seguramente” se hizo sobre pruebas que demostraron cosa diferente, pues de las declaraciones testificales de Luis, René y Ezequiel Paniagua Coca, Nelly Heydi Paniagua Lomas de Sánchez y Shirley Patricia Paniagua Lino, se tendría que a mediados de octubre del 2009, tomó conocimiento de la presente acción y el cuestionamiento del contrato privado e instrumento público, por lo que el 18 de diciembre, demandó la nulidad del documento en la vía civil. Agrega que su persona prestó dinero a quien en vida fue Benjamín Paniagua Banegas, a fin de que el inmueble cuya transferencia es cuestionada, no sea rematada por falta de pago de un crédito obtenido del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. y que los hermanos Rubén, Luís, René, Neri, Wilfredo y Ezequiel Paniagua Banegas, con la finalidad de honrar su deuda se obligaron a transferirle el inmueble, cuya titularidad hoy es motivo del proceso, trasferencia que estaba a cargo de Rubén Paniagua Banegas -Mayor de los hermanos referidos-. En el petitorio de este punto, refiere que es imposible la comprobación de que su persona hubiera tenido conocimiento de la falsedad del documento de transferencia del inmueble, en lo demás repite su petito; y, iv) Alega que el de mérito también refirió en el último considerando de la Sentencia- que su persona ocasionó daños, aspecto sobre el cual, haciendo mención a los delitos de carácter instantáneos, permanentes y continuados, así como el entendimiento asumido sobre éstos en las Sentencias Constitucionales 1709/2004-R de 22 de octubre, 600/2011 de 3 de mayo del 2011 y 861/2012 de 20 de agosto, fundamenta que el de mérito consideró erróneamente que las fotografías, fotocopias legalizadas de la demanda de nulidad y el informe de impuestos nacionales prueba que ofreció el acusado-, afirmando que el acusado continua utilizando los documentos, cuando dicha demanda de nulidad había sido interpuesta por el apelante sin causar daño o peligro, y que no se prolongó el transcurso del tiempo y que no existe conducta continuada del ilícito acusado. En su petitorio solicita que el Tribunal de alzada dicte resolución conforme los parámetros de las reglas de la sana crítica, reparando la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, recalificando el hecho y creando el marco penal correspondiente, revoque totalmente la Sentencia y se le declare absuelto de pena y culpa dejando sin efecto legal las medidas cautelares de carácter real.


  1. Denuncia que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 4) del art. 370 del CPP, además de violar su derecho y garantía constitucional a la seguridad jurídica, legalidad, igualdad, legítima defensa, debido proceso y presunción de inocencia, habiendo violado y aplicado erróneamente los arts. 12, 13, 171, 193, 204, 329, 333 incs. 1) y 3); 342, 349, 351 del CPP y los arts. 115 y 117 de la CPE, pues de antecedentes se tendría que los testigos Moisés Yamil Chomón Salces e Ingrid Paola Hurtado Coronado, en su declaración señalaron que el acusado se apersonó a la notaría junto con su esposa a firmar el testimonio, para cuya elaboración una mujer de la cual describen sus rasgos físicos- les había entregado un documento que hoy es motivo de la presente acción penal; sin embargo, en juicio se habría admitido la ilegal declaración de My. Carlos Ramiro Oporto Días, como testigo, cuando el mismo fungió como perito y elaboró el dictamen pericial Nº 165/2009, declaración que no cumpliría lo previsto por el art. 204 y 349, 209, 211 y 213 del CPP, por lo que la Sentencia incurrió en los defectos absolutos previstos por los arts. 169 inc. 3) y 370 incs. 4), 5) y 6) de la norma adjetiva penal. Agrega que también de manera ilegal se incorporó a juicio el estudio pericial grafotécnico Nº 169/2009 de 3 de diciembre; es decir, que el mismo fue elaborado con un año, dos meses y veinticinco días de anticipación a la acusación particular de 28 de febrero del 2011 y aún más tiempo transcurrido a la fecha del juicio oral que fue el 8 de enero del 2013; es decir, sin que se cumpla los procedimientos establecidos para la proposición, introducción y producción de una prueba pericial, prueba que habría sido elaborada sin prestar juramento o promesa respecto a su designación y sin que en la misma hubiera participado la parte acusadora; en el petitorio de este agravio, solicita se dicte Auto de Vista declarándolo absuelto de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado y se lo exima de responsabilidad, dejando sin efecto las medidas cautelares que se ordenaron en su contra.


  1. Acusa que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, en violación de sus derechos y garantías constitucionales como la legitima defensa, debido proceso y presunción de inocencia y cuyas normas legales violadas o erróneamente aplicadas son los arts. 6, 124, 173, 345, 350 del CPP y 115, 116, 117 y 121 de la CPE, en virtud a que los testigos de cargo Ezequiel Paniagua Benegas, Luis Paniagua Banegas, Neri Paniagua Banegas, René Paniagua Banegas, Luis Paniagua Banegas y Shirley Patricia Paniagua Lino, de manera individual, contestes y uniformes, habrían manifestado que su hermano que en vida fue Benjamín Paniagua Banegas a través de Luis Paniagua Banegas heredero de Isabel Paniagua Banegas, dueña del inmueble cuya transferencia se cuestiona, les dio en calidad de préstamo la suma de $us. 78.718,83.- del cual no existiría documento por la confianza que hubo entre ellos al ser familiares políticos y que al no poder devolver dicha suma de dinero, acordaron transferir el inmueble a favor del imputado y de cuya transferencia se hizo cargo Rubén Paniagua Banegas quien habría contratado a una mujer para que se encargue del trámite; ante dichas declaraciones, refiere el impugnante, que el A quo debió aplicar el in dubio pro reo ante la existencia de duda razonable; empero, al valorar de manera insuficiente y contradictoria los hechos, vulneró el debido proceso, agrega que debe tenerse en cuenta que producto del incidente de excepción de extinción de la acción penal por prescripción, los delitos de Falsedad Material e Ideológica, no fueron comprobados y que al no ser el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado, autónomo, no se podía presumir la existencia de un documento falso. Finalmente, alega que en aplicación de los arts. 172 del CPP y 1001.1) del CC, planteó incidente de exclusión probatoria contra la declaratoria de herederos, porque la misma fue tramitada en Cotoca y no en Santa Cruz, incidente que fue rechazado con el argumento de que sólo sería viable si la misma hubiese sido anulada, ante lo cual había hecho reserva de apelar, bajo dichos argumentos pide se declare su absolución eximiéndolo de cualquier responsabilidad ante la falta de congruencia y carencia de fundamentación legal de la sentencia y en aplicación del principio in dubio pro reo, se deje sin efecto las gravosas medidas cautelares de carácter real, adoptadas en su contra.


II.2.  Del Auto de Vista impugnado.


El recurso referido fue resuelto por el Auto de Vista 7 de 04 de enero del 2017, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos interpuestos, en cuanto a las cuestiones formuladas por el imputado Erwin Sánchez Freking, argumentó:


  1. En cuanto, al primer aspecto reclamado en el primer motivo de apelación restringida, referido a la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva porque el de mérito no analizó si el documento acusado de falso, es de carácter público o privado, haciendo referencia a lo establecido por el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, argumentó que el recurrente no cumplió con exponer los aspectos fácticos del Auto Supremo 150 de 7 de abril de 1997, que fue invocado como precedente, tampoco había acompañado el mismo a su recurso, pues tomando en cuenta la data antigua del mismo, sería imposible su búsqueda. En cuanto a la invocación del A.S. 679 de 17 de diciembre, éste Tribunal de casación por Auto Supremo 568/2015-RRC de 4 de septiembre, dictado dentro del presente caso de autos, habría establecido que no existe situación fáctica similar, por lo que el recurso de apelación restringida a decir del Tribunal de apelación es inadmisible, por incumplimiento del último párrafo del art. 416 del CPP; es decir, la invocación de precedente contradictorio cuyos aspectos fácticos no son similares al caso de autos.


  1. En cuanto, al segundo aspecto que también fue expuesto en el primer agravio planteado por el imputado en su recurso de apelación restringida, el Tribunal de apelación después de identificar la circunstancia alegada por el impugnante, refirió que en el agravio analizado, invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 236/2007 de 7 de marzo, “241/2.006 de 6 de julio de 2.004 de 19 de agosto y asimismo el Auto de Vista 372 de febrero de 1999” (sic); empero, no cumplió con su obligación procesal de aparejar a su recurso de apelación restringida los mencionados precedentes, tampoco había expuesto los antecedentes, hechos y fundamentos de los mismos, a fin de que el de alzada verifique la similitud fáctica, como prevé el art. 416 del CPP; asimismo, había citado el A.S. 632/2016-RRC de 23 de agosto y el 411/2014-RRC de 3 de septiembre, resoluciones que tendrían relación con lo dispuesto por el A.S. 055/2014-RRC de 24 de febrero, de los cuales se concluiría que el delito de Uso de Instrumento Falsificado, es autónomo por lo que para su sanción no se necesita la acreditación previa de la autoría de la Falsedad Material o Ideológica, que si bien en el caso de autos se declaró la prescripción de éstos dos tipos penales, dicha resolución no afectaría el ejercicio de la acción penal por el delito de Uso de Instrumento Falsificado. En cuanto, a la comprobación de la falsedad del documento cuestionado, el A quo habría realizado un ejercicio mental, concluyendo que el mismo no pudo ser firmado por una persona fallecida, hecho que sería de conocimiento del imputado, por lo que los argumentos expuestos por el recurrente no tuvieron asidero en criterio del Tribunal de apelación, quien afirmó que no evidenció inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva en el fallo de mérito.


  1. En cuanto al tercer aspecto, que también fue parte del primer agravio planteado por el imputado en su recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada, observa por un lado, que el recurrente no precisó en cuál de los defectos previstos por el art. 370 del CPP funda el agravio y que pareciera que lo incluye como una inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva; por otro lado, en cuanto a los precedentes invocados, señala que no adecuó los mismos al caso de autos exponiendo los supuestos procesales y que estos fueran similares al presente, tampoco habría adjuntado los mismos a su recurso de alzada; en cuanto, a la supuesta violación de las reglas de la sana crítica, al fundarse en hechos no ciertos y que las afirmaciones del A quo son contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia y que se basó en pruebas que demuestran cosa diferente; empero, en dicho planteamiento el imputado no había cumplido con expresar la razón por la cual considera que se aplicó incorrectamente las reglas de la sana crítica y cual debió ser la conclusión correcta a la que debió arribar el de mérito, tampoco expresaría que elementos desvirtúan lo aseverado por el A quo, cuando de la conclusión asumida por este y las declaraciones testificales, que demostraron que el imputado y su esposa asistieron al funeral de la señora Isabel Paniagua, sería imposible por lógica la firma posterior a dicho acontecimiento de algún contrato por parte de la difunta, asimismo una demanda de nulidad en la vía civil, no sería suficiente para eximir de responsabilidad penal al sujeto activo del tipo penal. Por otro lado, alega el Ad quem, que vía apelación no es posible revisar cuestiones de hecho; sino puro derecho, estableciendo que el Tribunal de Sentencia no incurrió en defectuosa valoración probatoria, no siendo evidente el agravio planteado por el imputado.


  1. En cuanto al cuarto aspecto, expuesto en el primer motivo de apelación restringida, el Tribunal de alzada advierte que el imputado no señaló  norma sustantiva o adjetiva violentada o erróneamente aplicada y que si bien en el petitorio señaló que el A quo aplicó erróneamente la norma sustantiva, no habría señalado a que norma específicamente se refiere y cual el sentido que le debió dar el de mérito; al respecto, transcribe parcialmente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1424/2013 de 14 de agosto, alegando posteriormente que el delito de Uso de Instrumento Falsificado, es de pura actividad e instantáneo, no requiere la producción de daño; por otro lado, en cuanto al supuesto de que la conducta del imputado fue continuada, dicho aspecto no desvirtuaría la culpabilidad y tampoco es una causa para declarar la absolución del acusado, pues la misma debería ser consecuencia de un análisis cierto, veraz, concienzudo de las pruebas producidas en juicio; aspecto que, el imputado no había justificado máxime si en la determinación de la pena no se habría tomado en cuenta la supuesta conducta continuada, por lo que a decir del Ad quem, planteó un aspecto impertinente.


  1. En cuanto al segundo motivo de apelación, el Tribunal de alzada argumentó que el recurrente no reclamó a tiempo de producirse la declaración del My. Carlos Oporto, por lo que no se halla habilitado para reclamar aspectos que no fueron oportunamente reclamados ante el A quo, dejando precluir su derecho a reclamar, de igual manera en cuanto al dictamen pericial 165/2009, de la revisión de las actas de juicio oral, no se evidenciaría que el impugnante hubiese interpuesto algún incidente de exclusión probatoria contra la mencionada prueba, por lo que no se encuentra habilitado para reclamar aspectos que no fueron expresados ante el de mérito; no obstante, dicha omisión de la revisión de la Sentencia no evidenciaría ninguna ilegalidad en la incorporación de la prueba pericial 165/2009 y la declaración testifical del perito My. Carlos Oporto Díaz, las cuales habrían sido legalmente ofrecidas y judicializadas, por lo que concluye señalando que no es evidente que se vulneró el derecho a la defensa ni el debido proceso.


  1. Respecto al tercer motivo, fundado en la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, el Ad quem refiere que el recurrente expresa aspectos de hecho que no pueden ser tomados en cuenta para su determinación en alzada, pues los mismos estarían referidos a la inocencia del imputado en cuanto a la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica; empero, no referiría nada en cuanto al uso del documento cuestionado; por otro lado, alegó que habiéndose declarado extinguidos los tipos penales de Falsedad Material e Ideológica, no sería necesario que el de mérito se pronuncie sobre quién fue el autor de la falsedad, más tomando en cuenta que el tipo penal que se juzgó, fue el Uso de Instrumento Falsificado. En cuanto, al hecho de que el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado no goza de autonomía, al ser un aspecto reclamado en el segundo agravio segundo aspecto del primer motivo de apelación-, tomando en cuenta que ya fue refutado, por economía procesal, no sería necesaria su reiteración.


  1. Respecto al segundo aspecto reclamado conjuntamente con el tercer motivo de apelación, el Tribunal de apelación lo consideró como séptimo motivo, señalando respecto al mismo, que la motivación realizada por el Tribunal de mérito en sentido de que la declaratoria de herederos tiene valor mientras no sea anulada vía judicial, es correcta, además que el impugnante no había explicado la pertinencia de la prueba que pretende excluir, menos si no ha negado la fecha de fallecimiento de Isabel Paniagua Banegas, por lo que no sería evidente el agravio reclamado.


II.3.  De los Autos Complementarios.


Por Autos de Vista 64 de 21 de marzo y 65 de 21 de marzo del 2016, el Tribunal de apelación resolvió la solicitud de saneamiento procesal, impetrada por la parte acusadora y de explicación complementación y enmienda interpuesta por el apoderado del imputado. En la primera resolución mencionada, el Ad quem con base en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0660/2013 de 29 de mayo, que habría dispuesto que en casos de delitos de acción pública convertidos a acción privada, es posible que el imputado pueda ser representado por un apoderado, subsanando procedimiento y en aplicación del art. 168 del CPP, deja sin efecto el Auto de rechazo de solicitud de Complementación y Enmienda, interpuesta por el apoderado del imputado, resolviendo dicha solicitud, a través del Auto de Vista 65 de 21 de marzo del 2016.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE DEFECTOS ABSOLUTOS


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 563/2017-RA de  10 de agosto (fs. 1942 a 1948); por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1.  Fundamentación de la resolución de alzada.


El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en toda instancia, se impone a todo aquel que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, el referido deber tiene rango constitucional y se encuentra previsto por el art. 180.I de la CPE, que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé. La referida obligación comprende el deber de manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.

A través del Auto Supremo 2010/2015-RRC de 27 de marzo, en cuanto a la fundamentación de las resoluciones en grado de apelación, éste Tribunal estableció parámetros a efectos de una mejor comprensión y resolución, señalando que: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).


III.2.  Análisis del caso en concreto.


En cuanto a la errónea aplicación de la norma sustantiva inc. 1) del art. 370 del CPP.


1.-        En la primera circunstancia planteada en casación el imputado, denunció que en la resolución del primer agravio del recurso de apelación -que fue fundado en la existencia del defecto de Sentencia, previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, por no tomar en cuenta que el documento falso cuyo uso se juzga, sería un documento privado-, el Tribunal de apelación incurrió en falta de motivación y fundamentación, al referir que no hubiese expuesto los aspectos fácticos de los precedentes que invocó en alzada, cuando de esos se advertiría que el Juez de mérito aplicó erróneamente la Ley sustantiva en cuanto al tipo de Uso de Instrumento Falsificado y la fijación de la pena, argumento de alzada que a decir del impugnante transgrede el principio de exhaustividad y debido proceso, éste último en sus elementos de fundamentación y motivación adecuada.


Previo a referirnos al argumento cuestionado del Tribunal de apelación, es conveniente recordar que el art. 408 del CPP, establece en su primer párrafo como requisitos de admisibilidad de la apelación, que se debe citar de manera concreta las disposiciones legales que se consideren violadas o erróneamente aplicadas y se exprese la aplicación que se pretende; asimismo, en su segundo párrafo, refiere que cada violación alegada, debe exponerse de manera separada, exigencias que deben ser verificadas por el Tribunal de apelación con carácter previo al ingreso del análisis de fondo del agravio planteado; empero, ante su inobservancia, el de alzada se halla obligado a hacer conocer el mismo al impugnante y otorgarle el plazo de tres días para su corrección, como establece el art. 399 de la norma adjetiva penal.


Si bien es evidente que el segundo párrafo del art. 416 del CPP, establece que el precedente debe invocarse en el recurso de apelación restringida, esta condición es un requisito para la procedencia del recurso de casación y no para la apelación restringida, así como la precisión de la presunta contradicción entre el precedente y la problemática planteada a partir de una relación fáctica similar.


En el caso de autos conviene precisar, que el recurrente planteó tres agravios en su recurso de apelación restringida, en el primero, alegó la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 de la norma adjetiva penal, por cuatro aspectos así se constata de lo redactado en el inc. 1) del acápite II del presente fallo-, en la primera circunstancia planteada, el imputado alegó que el defecto acontece porque el Juez de Sentencia no consideró que el documento cuyo uso dio lugar a la acción penal, es de carácter privado. Este planteamiento fue declarado inadmisible en el primer párrafo del considerando V del Auto de Vista impugnado, bajo el argumento de que la carga de invocar precedente contradictorio corresponde al recurrente, así como la exposición clara y precisa de la contradicción a partir de la comparación de hechos similares y las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, carga argumentativa que en el caso de autos el imputado no hubiese cumplido a fin de que el de alzada ingrese a revisar los fundamentos jurídicos del precedente y tampoco habría acompañado los precedentes invocados, de los cuales observa que el Auto Supremo 150 de 7 de abril de 1997, es de data antigua y su búsqueda no sería posible y en cuanto al Auto Supremo 679 de 17 de diciembre de 2010, a través de la resolución 568/2015-RRC de 4 de septiembre, dictado dentro del presente caso de autos, se había establecido que no existe situación similar por lo que sería inaplicable, concluyendo que el imputado no cumplió con lo preceptuado por la parte in fine del art. 416 del CPP.


En el argumento expuesto por el Tribunal de apelación y conforme la doctrina glosada en el último párrafo del acápite II.1 de la presente resolución, se establece que el Tribunal de apelación, previo al ingreso de la circunstancia planteada, hizo una correcta identificación del motivo de apelación restringida y citó la jurisprudencia que aplicaría previo a arribar a la conclusión asumida. Sin embargo, el mismo evidencia el desconocimiento de los fines del instituto del recurso de apelación restringida por parte del Tribunal de alzada, quien en lugar de ejercer un control de legalidad y acierto de la Sentencia, pretende ejercer la función nomofiláctica que le corresponde al Tribunal de casación, observando al respecto el incumplimiento de requisitos de admisibilidad propios del recurso de casación; defecto que deja su resolución carente de fundamentos válidos, convirtiendo su conclusión en arbitraria al partir de una premisa falaz, afirmando que en un recurso de apelación restringida, el impugnante tiene la carga procesal de establecer la contradicción entre el fallo impugnado y el precedente invocado; cuando los requisitos de admisibilidad previstos por el art. 408 del CPP son distintos a los extrañados por el de alzada a fin de declarar inadmisible el recurso de apelación restringida, observando de manera errónea, el incumplimiento de requisitos de admisibilidad que corresponden a otro tipo de recurso y dejando al impugnante en la incertidumbre sobre la procedibilidad o no del agravio planteado, evidenciándose que el argumento del Tribunal de apelación, no solo no cumple con lo previsto por el art. 124 del CPP; sino también el art. 398 de la norma citada, al declarar inadmisible el motivo con argumentos equivocados e inaplicables al recurso de apelación restringida, evidenciándose la vulneración del debido proceso, en sus componentes de derecho a la obtención de una respuesta correctamente fundamentada.


2.- La segunda, tercera y cuarta proposición jurídica, es similar a la analizada precedentemente, en la cual el recurrente remitiéndose al argumento del Tribunal de apelación y los fundamentos en los que sustentó el segundo, tercero y cuarto aspecto sobre la existencia del defecto de sentencia, previsto por el inc. 1) del art. 370 del CPP, denunció que el de alzada incurrió en falta de fundamentación, motivación e incongruencia.


Al respecto, de la revisión del Auto de Vista impugnado y conforme lo redactado en el acápite II.2 de la presente resolución, este Tribunal establece que el Ad quem a tiempo de resolver el segundo, tercer y cuarto aspecto planteado, incurrió en incongruencia interna toda vez que en la parte considerativa del fallo, observó el incumplimiento de requisitos de admisibilidad y en la parte dispositiva, declaró admisible el recurso; en el segundo y tercer aspecto cuestionado, al igual que en el primer motivo de apelación restringida el Tribunal de alzada alegó que si bien el imputado invocó precedente contradictorio, no expuso la situación fáctica de los mismos y respecto al cuarto cuestionamiento, el imputado no habría identificado la norma violentada o erróneamente aplicada y cuál sería el sentido jurídico que debió darle el Juez de Sentencia; posterior a dicha observación, expuso argumentos que aparentemente resolverían el fondo de los agravios planteados.


Del argumento del Tribunal de apelación, se observa por un lado, como ya se refirió a tiempo de analizar el primer agravio de casación, que el de alzada desconoció las normas que rigen el recurso de apelación restringida y se hallan contemplados en el título IV del Código de Procedimiento Penal, observando requisitos de admisibilidad que no son aplicables a los recursos de alzada sino a los de casación, lo que demuestra la inexistencia de análisis de requisitos de admisibilidad -segundo y tercer aspecto planteado en el primer motivo de apelación-; toda vez, que el mismo se hizo utilizando parámetros que no corresponden a ese recurso ordinario; por otro lado, no es aceptable, que habiendo advertido el incumplimiento de requisitos de admisibilidad, prosiga con el análisis de fondo de las circunstancias planteadas sin dar lugar al impugnante de corregir los defectos formales, los cuales debió dar a conocer al recurrente de manera clara y precisa, otorgándole el plazo previsto por el art. 399 del CPP, a fin de que pueda subsanar su apelación.


Evidenciándose, la vulneración del debido proceso y principio de impugnación, tutelados por el art. 180 de la CPE, en virtud a que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia entre la parte considerativa y dispositiva del Auto de Vista impugnado, dejando en la incertidumbre acerca de cuáles fueron las razones para declarar la improcedencia de las circunstancias alegadas; toda vez, que pese a haberse declarado admisible su recurso en la parte resolutiva del fallo impugnado, en la parte considerativa, se hizo observaciones al incumplimiento de requisitos de admisibilidad, los cuales además en el segundo y tercer aspecto expuesto en el primer agravio de apelación, corresponden a otro tipo de recurso ordinario.


3.- En cuanto, al quinto motivo de casación por el cual el imputado reclamó falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, se establece que la denuncia no es evidente; puesto que, el Tribunal de apelación en primer lugar cumplió con la obligación que tiene de identificar el agravio planteado; posteriormente, ingresando al análisis de fondo sobre la cuestionada admisión del testigo del My. Carlos Oporto, quien había prestado su declaración como tal, siendo perito y declarando sobre el trabajo realizado en esa calidad e incorporando la prueba pericial. El Ad quem, argumentó que el impugnante no hizo el reclamo oportuno y dejó precluir su derecho a reclamar, al igual que la prueba pericial que no hubiese sido observada, razón por la cual no evidenció ilegalidad en la prueba observada; ya que, la misma habría sido ofrecida y judicializada de forma correcta.


Razonamiento del Tribunal de apelación que es correcto, pues para la procedencia de un defecto procesal, es requisito que el recurrente reclame oportunamente y ante el rechazo debe hacer reserva de apelación, conforme lo dispuesto por el art. 407 del CPP; al respecto, este Tribunal también estableció jurisprudencia entre otros, a través del Auto Supremo 115 Sucre 31 de enero de 2007 que dispuso:  “Que los incidentes interpuestos sobre exclusión probatoria dentro del juicio oral se resolverán por el tribunal de sentencia, teniendo éste la facultad de resolver conjuntamente el asunto de fondo en la sentencia o mediante un auto dentro del juicio oral, en este caso, la parte procesal afectado o que no se encuentre de acuerdo con dicha resolución, deberá anunciar interponer recurso de apelación restringida, vale decir, que al tiempo de recurrir de apelación restringida la sentencia, impugnará la resolución que resolvió el incidente de exclusión probatoria.

En caso de que el recurrente haya equivocado el anuncio del recurso y haya interpuesto recurso de apelación incidental, su derecho de impugnación habrá precluido, por no haber anunciado el recurso de apelación restrictiva, en caso de haber anunciado el recurso de apelación restrictiva y no haber cuestionado la resolución sobre exclusión probatoria dentro del recurso de apelación restringida, habrá precluido también dicho derecho.“, concluyéndose que no es evidente la supuesta vulneración del debido proceso alegado en este punto por el imputado.

4.- Respecto a la denuncia de falta de fundamentación en la resolución del defecto de sentencia, previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, tampoco es evidente, pues como expresó el Tribunal de apelación, el imputado expuso sus propias conclusiones en cuanto a la prueba testifical producida en juicio, alegando su inocencia; argumento que es correcto, pues el recurso de apelación es un recurso de puro derecho y como estableció la amplia jurisprudencia emitida por este Tribunal, el Ad quem no tiene facultad para revisar cuestiones de hecho que fueron establecidas por el Tribunal de mérito con base a una valoración probatoria ejercida con arreglo a las reglas de la sana crítica. Al respecto, el  Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007 estableció: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.


(…).


Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


(…).


El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebasde ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógicala ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia comúnque analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural”  (las negrillas son propias).


5.- En el séptimo motivo de casación, el imputado denuncia que en el Auto de Vista impugnado y en los de complementación y enmienda, no se admitió de forma expresa la personería del abogado Freddy Gutiérrez Gutiérrez en representación de Erwin Sánchez Freking, en virtud al poder notarial 1504/2015 de 4 de diciembre.


De la revisión de los referidos fallos, se establece que el Tribunal de apelación advertido de su error al rechazar la solicitud de complementación y enmienda impetrada por el apoderado del imputado contra el Auto de Vista impugnado, con base a la Sentencia Constitucional 0660/213 de 29 de mayo, que dispuso que en casos de acción pública convertidos a acción privada, es posible que un imputado pueda ser representado por un apoderado, dispuso resolver la solicitud rechazada inicialmente, efectivizando la misma por Auto Interlocutorio 65 de 21 de marzo del 2016.


Es decir, que tácitamente se aceptó la personería del abogado Freddy Gutiérrez Gutiérrez, apoderado del imputado Erwin Sánchez Freking, por lo que la observación realizada por el impugnante carece de relevancia al no tener efectos nocivos en el resultado del fallo impugnado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Freddy Gutiérrez Gutiérrez en representación de Erwin Sánchez Freking y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 7 de 4 de enero del 2017, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos