TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 225/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        : Oruro 20/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Tomás Canaviri Solano

Delito                                : Asesinato en grado de Complicidad

Magistrado Relator           : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de junio de 2017, cursante de fs. 398 a 424, Tomás Canaviri Solano, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 25/2017 de 22 de mayo, de fs. 326 a 343 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Teodoro Anave Chambi contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato en Grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1), 2) y 3), en relación al art. 23 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 24/2016 de 4 de agosto (fs. 176 a 187 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Tomás Canaviri Solano, culpable de la comisión del delito de Asesinato en grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1), 2) y 3) en relación al art. 23 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Tomás Canaviri Solano (fs. 194 a 212), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 25/2017 de 22 de mayo, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso deducido y confirmó la Sentencia apelada, con costas, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los recursos de casación y del Auto Supremo 647/2017-RA de 28 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. Como primer motivo de su recurso, el recurrente denuncia la violación del debido proceso en su elemento a una debida fundamentación y motivación, indicando que el Auto de Vista recurrido se basa en hechos no acreditados, señalando que la resolución recurrida de casación se inventa hechos y fundamentos que jamás fueron expuestos en el juicio oral y que escapan a un lógico razonamiento, que no se sabe de dónde se saca o de que prueba extrae el Tribunal de apelación, la conclusión en sentido que el acusado conocía que había un fallecido, siendo que las únicas personas que conocían ese hecho eran las personas que se encontraban con la víctima, argumento que a decir del recurrente el Tribunal de alzada utiliza, para fundamentar la existencia o concurrencia del DOLO; aspecto que, no habría sido demostrado por medio o prueba alguna, mas al contrario señala que el testigo presencial Rubén Santos Agudo, habría manifestado que la bala que impactó en el cuerpo de la víctima no salió de su vehículo, sino de la movilidad de color blanco tipo RAV4 que perseguían; al efecto, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004.


  1. Como segundo motivo, nuevamente denuncia falta de fundamentación, indicando que el Auto de Vista recurrido resolvió la denuncia de “errónea aplicación de la ley sustantiva”, sin una debida y adecuada fundamentación, porque a criterio del acusado hoy recurrente- su conducta no se adecua al tipo penal del art. 252 incs. 1), 2) y 3) del CP, precisando que a pesar que el Tribunal de alzada reconoce la existencia de un defecto de la sentencia; empero, señala que la misma es un supuesto error que no incide en el fondo, porque se habría acusado por los incs. 2), 3) y 6) del art. 252 del sustantivo penal, afirmación que a decir del recurrente no es evidente, porque se le acusó por la comisión del tipo penal 252 en sus incs. 1), 2) y 3),  por lo que concluye indicando que los vocales no fundamentan debidamente como es que concurrió el inc. 1) del art. 252; ya que, jamás se acreditó que su persona o el actor sean familiares de la víctima; por lo tanto, indica que la conclusión en sentido que existía un lapsus, porque no puede existir contradicción entre la parte considerativa y resolutiva, del mismo modo señala que no se habría fundamentado cómo es que concurrieron los presupuestos establecidos en los incs. 2) y 3) del CP, para que su conducta se adecue al tipo penal acusado y condenado, basándose solo en meras presunciones, como es que su persona hubiera actuado por motivos fútiles o bajos, porque no hubiera dado paso a los funcionarios para que detengan al asesino, cuando el disparo, el deceso de la víctima y la persecución, se produjeron antes de su seguimiento, que cuando lo persiguen a él ya no estaba la RAV-4 donde estaba el asesino, por lo que la conclusión en sentido que su persona hubiera ayudado al asesino es subjetivo, además indica que nadie lo vio ayudar al asesino o que la bala que causó la muerte de la víctima hubiera salido de su movilidad, al efecto cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006.


  1. Denuncia falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, porque a su criterio se hubiera resuelto su denuncia de “errónea aplicación del art. 23 del CP”, sin una debida fundamentación, indicando que es incorrecta la determinación del Tribunal de alzada, en sentido que no se pronunciará, respecto a que sí se hizo una correcta subsunción del art. 23 del CP, porque el mismo a criterio del Tribunal de alzada no es un delito, argumento que a decir del recurrente, lesionaría su derecho a la defensa, al acceso a la justicia; sin embargo, de manera contradictoria concluye que sí hubo complicidad basándose en simples presunciones, señalando que su persona cooperó al autor frenando la movilidad para que el autor se dé a la fuga, sin considerar cómo pudo ayudar a una persona que no se encontraba en el lugar, concluyendo que no se probó que su persona hubiera colaborado al autor del delito, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 231 de 4 de julio de 2006.


  1. También denuncia la violación del principio de presunción de inocencia, señalando que el Tribunal de alzada ingresó a realizar varias presunciones respecto a que su persona es culpable de la comisión del delito de Asesinato en grado de complicidad, siendo que a criterio del recurrente jamás se habría demostrado por ningún medio sobre la supuesta complicidad, por lo que señala que se lesionó los arts. 6 del CPP, 115.II, 116.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), por presumir que su persona conocía de la existencia de un herido, siendo que ese dato solo era de conocimiento de las personas que estaban al lado de la víctima y que el acusado en ningún momento estuvo al lado de la víctima; por tanto, al no saber sobre la existencia de un herido, tampoco se dio cuenta de la necesidad de auxilio, por lo que al respecto indica que se deben tener en cuenta dos momentos: la 1ra. Es cuando se hace la primera persecución a horas 7:30 aproximadamente, momento en que la víctima junto a su compañero hacían la persecución de un RAV-4, de donde salió la bala que segó la vida de la víctima, por lo que por lógica consecuencia el autor del hecho se encontraba dentro de la RAV-4, que según el testigo Rubén Santos Agudo, dicha movilidad se paró para disparar y luego nuevamente se dio a la fuga: la 2da. Es cuando se hace la segunda persecución que se realiza a horas 9:00 aproximadamente, donde por la declaración de José Luis Ramos Larico, vieron otros vehículos NOAH Y VITZ y que a esa hora ya no se encontraba el RAV-4, donde se encontraba el autor del hecho, por lo que si bien existió el hecho, no se habría demostrado su participación en el mismo, por lo que se debe presumir su inocencia, por no haberse probado la alevosía o ensañamiento, menos se probó su complicidad porque en la segunda persecución no se comprobó la presencia del asesino, por lo que es errada la conclusión del Auto de Vista recurrido, citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005.     


  1. Por otro lado, denuncia defectuosa valoración de la prueba, señalando que se vulneraron los principios del in dubio pro reo y el de favorabilidad; ya que, esa situación denunció en su recurso de apelación restringida y que el Tribunal de alzada al respecto, concluyó que se valoraron todas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, determinación que a decir del recurrente no es evidente, mencionando que no habría una valoración conjunta y armónica de la prueba, pues al contrario la Sentencia habría ingresado en contradicciones, al señalar cosas que jamás dijo un testigo o contiene un documento, que el Tribunal de alzada de manera directa concluye que se valoró y nada más, no señala de forma clara y contundente, cómo es y por qué considera que se valoraron de manera adecuada las pruebas, por lo que a su criterio tanto la Sentencia como el Auto de Vista, estarían violando las reglas de la sana crítica en sus reglas de la lógica y la experiencia, por una parte indica que la sentencia habría unificado dos hechos distintos que ocurrieron en tiempos distintos, como si los mismos hubieran ocurrido al mismo tiempo; aspecto que, no fue observado por los vocales que emitieron el Auto de Vista recurrido, precisando que de manera indebida se unificaron las declaraciones de José Luis Ramos Larico y Rubén Santos Agudo, sin considerar que la declaración del testigo Rubén Santos Agudo, se remonta a los hechos que sucedieron a horas 7:30 de la mañana aproximadamente, testigo que habría referido que ese día a esa hora junto a la víctima iniciaron una persecución a una movilidad blanca tipo RAV-4, de la cual salió la bala que dio muerte a la víctima, extremo que se encontraría reiterado en la sentencia; por otro lado, indica que la declaración del testigo José Luis Ramos Larico, se refiere a los hechos ocurridos a horas 9:00 aproximadamente del mismo día, además en lugar distinto al primer hecho; es decir, después que ocurrió el incidente de la bala, indicando que él se dirige al lugar al ser comunicado de la herida de bala y que el mismo jamás vio a la RAV-4, en el que se encontraba el asesino, por lo que indica que las reglas de la lógica indican que son tiempos distintos, a continuación señala que la sentencia sólo anuncia de manera nominal la prueba y nada más, sin señalar cuáles son las pruebas documentales, cuál su contenido y qué valor otorga a las mismas, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 30 de 26 de enero de 2007.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se declare fundados los motivos de su recurso de casación; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, ordenándose se pronuncie otro de acuerdo con la doctrina legal establecida. 

  

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 647/2017-RA de 28 de agosto, cursante de fs. 456 a 459 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el recurrente, para el análisis de fondo de los motivos identificados precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 24/2016 de 4 de agosto, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró al recurrente  Tomás Canaviri Solano, culpable de la comisión del delito de Asesinato en grado de Complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 1), 2) y 3) en relación al art. 23 del CP, imponiendo la pena de quince años de presidio, al haberse demostrado la presencia de un vehículo Marca Toyota Tipo Noah, en inmediaciones del lugar denominado Palpa Vito a unos 5 km.; aproximadamente, de la localidad de Pisiga de la Provincia de Sabaya del departamento de Oruro, alrededor de horas 7:30 del jueves 1 de mayo de 2014, que estaba conducido por el imputado, evidenciándose que el mismo formaba parte de un grupo de personas que pretendían introducir vehículos indocumentados al país por un sector alejado de la zona aduanera principal que comprende a la población de Pisiga Bolivar, así como la carretera internacional Oruro-Pisiga, concluyendo que el imputado era el conductor del citado vehículo que se encontraba entre aquellos avistados por efectivos militares en tareas conjuntas con la ANH y que en la fecha indicada protagonizó una escapatoria frenando constantemente de manera brusca para que el vehículo de la ANH, no pueda interceptarlo menos a los otros vehículos indocumentados, pues conforme uno de los testigos de no haberse reventado la llanta del vehículo del imputado, hubiese tomado rumbo a la República de Chile, como lo hicieron los otros automotores y en especial del vehículo del cual provino el disparo que segó la vida de Juan Carlos Anave, destacando que a través de la pericia de muestras colectadas del vehículo conducido por el imputado así como de la palma y dorso de sus manos y la prenda que vestía el día de los hechos, consistentes en una polera azul, se encontraron residuos de plomo y bario, que son los componentes químicos propios de proyectil de arma de fuego similar al que se encontró en la autopsia de ley practicada a la persona fallecida, sin encontrarse una explicación lógica a la conducta del imputado, cuando reconoció la presencia de un vehículo oficial y giró bruscamente en u para tomar nuevamente dirección hacia territorio chileno, impidiendo además el paso de la autoridad para interceptar a los otros vehículos que también fugaban del país, sabiendo que esa acción tenía por objeto prestar asistencia o ayuda con posterioridad al disparo que llegó a impactar en el rostro de Juan Carlos Alave.


II.2.        Del recurso de apelación restringida. 


       El imputado formuló apelación restringida denunciando los siguientes extremos: a) Errónea aplicación de la ley sustantiva conforme el art. 370 inc. 1) del CPP, por aplicación errónea de los incs. 1), 2) y 3) del art. 252 del CP, en relación al grado de participación criminal previsto por el art. 23 del mismo Código sustantivo. En el mismo ámbito de defecto, refirió la errónea aplicación de la norma prevista por el art. 23 del CP. b) Insuficiente y contradictoria fundamentación de la sentencia de acuerdo al art. 370 inc. 5) del CPP. c) La Sentencia se basó en una defectuosa valoración de la prueba, concurriendo el defecto previsto en el art. 370 inc.6) del CPP.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


       La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso formulado por el imputado y confirmó la Sentencia, estableciendo en lo sustancial que si bien la Sentencia apelada hace mención en el decisorio al inc. 1) del art. 252 del CP, no afecta el fondo del hecho juzgado al tratarse de un error formal; en cuanto a la modalidad prevista en el inc. 2) del art. 252 del CP, expresa que el acusado a sabiendas que hubo una persona herida por el disparo del arma de fuego por el autor del hecho, no proporcionó auxilio; por el contrario, no permitió que el autor sea identificado, obstaculizando el paso a la movilidad de los funcionarios que realizaban la persecución y en relación al inc. 3) del art. 252 del CP, señaló que el imputado facilitó ayuda para que se dé a la fuga el autor del hecho. Finalmente, en cuanto al primer defecto de sentencia denunciado relativo al art. 23 del CP, asumió que la complicidad fue plenamente demostrada, por lo que no resultaba evidente el defecto de sentencia acusado al no contar con sustento legal y jurídico.


Respecto a la denuncia de insuficiente y contradictoria fundamentación de la sentencia, el Tribunal de alzada estableció la inconcurrencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; por cuanto, el tribunal de mérito, estableció las circunstancias del hecho concreto y calificó el tipo penal del hecho motivo de juzgamiento, siendo la fundamentación suficientemente explicada y  motivada, las circunstancias, motivos fútiles o bajos, la alevosía o ensañamiento, la cautela que empleó el cómplice, al darse a la fuga y frenar el motorizado de golpe; y nuevamente darse a la fuga, repetir esta acción, simplemente para permitir la fuga del autor del disparo del arma de fuego; de modo que la Sentencia realizó la correspondiente subsunción en base a una valoración y apreciación de todas las pruebas que fueron producidas por las partes en el juicio oral.

Por último, con relación a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba producida conforme el art. 370 inc. 6) del CPP, asumió que toda la prueba tanto de cargo y descargo, fue valorada de manera conjunta para finalmente llegar a una determinación, cumpliendo la sentencia con lo previsto por el art. 173 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, el imputado denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en: a) falta de debida fundamentación y motivación al basar el Auto de Vista impugnado en hechos no acreditados, inventándose hechos y fundamentos que jamás fueron expuestos en el juicio oral; b) falta de fundamentación al resolver la denuncia de errónea aplicación del art. 252 incs. 1), 2) y 3) del CP; c) falta de  fundamentación al resolver la denuncia de errónea aplicación del art. 23 del CP; d) violación de la presunción de inocencia al efectuar varias presunciones respecto a que su persona es culpable del delito atribuido; y, e) vulneración de los principios in dubio pro reo y el de favorabilidad al asumir el Tribunal de alzada que todas las pruebas fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, cuando ello no es evidente, por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas por la parte recurrente.


III.1.        En cuanto a la denuncia de falta de fundamentación en la Resolución recurrida de casación.


Conforme se extrae del preámbulo anterior, se verifica que de los cinco motivos alegados por el imputado, los tres primeros convergen en la denuncia de falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado, con relación a tres aspectos que de acuerdo a la revisión de antecedentes fueron planteados con base a la probable existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones en la estructura del análisis, esta Sala Penal ve la conveniencia de abordar estos tres primeros motivos de manera conjunta.

Inicialmente la parte recurrente invocó el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, emitido en un proceso penal por los delitos de Estafa y Estelionato, que ante los planteamientos realizados en los recursos de casación, la extinta Corte Suprema de Justicia constató que la resolución recurrida omitió cumplir los requisitos de sentencia, constituyendo causal de nulidad por afectar formas esenciales del juicio, el debido proceso y defensa, consideradas normas de orden público y de cumplimiento obligatorio; asimismo, verificó que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre todos los puntos apelados lo que generó igualmente defectos de sentencia insubsanables, cuando correspondía anular la sentencia y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, limitándose sin embargo a disminuir la pena impuesta a la imputada a través de una determinación que tampoco contaba con una correcta fundamentación, por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el art. 1 del Cód. Proc. Pen., se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de  someterse a las reglas de debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del art. 370-3) y 5) del Cód. Proc. Pen., por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Cód. Proc. Pen.”.


Por otra parte, invocó el Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006,  emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, por el cual la entonces Corte Suprema de Justicia, constató que el Tribunal de apelación, a tiempo de confirmar la Sentencia condenatoria emitida contra el imputado por el delito de Suministro de Sustancias Controladas, no consideró la conducta ilícita del imputado, que fue encontrado con sustancias controladas dispuesto para proveerla, tampoco las llamadas al celular incautado solicitando la droga, que constituían actos previos al aprovisionamiento a personas que requerían dichas sustancias controladas; de manera que el hecho se subsumía al delito de Tentativa de Suministro de Sustancias Controladas, incurso en los arts. 51 de la Ley 1008 con relación al 8 del CP, razón por la que concluyó que el Auto de Vista impugnado contradijo los precedentes invocados; a cuyo efecto, pasó a establecer que el acto de suministrar sustancias controladas conlleva la existencia de otra persona quien se constituye en suministrada, mientras no se consuma la provisión de sustancias controladas del proveedor a la persona que requiere las sustancias controladas, el hecho constituye tentativa de suministro de sustancias controladas, cuando la sustancia controlada hubiere pasado de manos del proveedor a la persona o personas requirentes, entonces el hecho se subsume al delito de Suministro de Sustancias Controladas previsto en el art. 51 de la Ley 1008 estableciendo a continuación la doctrina legal aplicable: “(…) la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva”.


También invocó como tercer precedente el Auto Supremo 231 de 4 de julio de 2006, emitido ante la evidente infracción a norma penal sustantiva respecto a la subsunción del hecho (base fáctica) al tipo penal de Apropiación Indebida (art. 345 del Código Penal) y la contradicción del Auto de Vista impugnado con la línea doctrinal, sentada por este Alto Tribunal de Justicia en lo referente a la exigencia de una correcta fundamentación de la resolución que permita a los sujetos procesales establecer claramente, los extremos de sus puntos de reclamación; en consecuencia, emitió la siguiente doctrina: “La doctrina legal existente establece que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al denominado caso de "atipicidad" o conducta no delictiva en el Código Penal, para este efecto y de acuerdo al giro positivo sufrido por el Código Penal a partir del año 1997 es necesario establecer la conducta final del imputado siendo para este efecto preciso determinar: 1.- La creación de un riesgo jurídico-penalmente relevante o no permitido. 2.- La realización del riesgo imputable en el resultado y 3.- La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. En el primer aspecto deberá constatarse si la conducta del agente genera "riesgo ilegal o no permitido". Para ello habrán de valorarse en primer lugar las normas administrativas de control de la actividad en que se desenvuelve el imputado, respecto al segundo aspecto esa conducta generadora de riesgo ilegal debe dar lugar a la vulneración de un bien jurídico, consecuentemente a la subsunción del hecho a un determinado tipo penal, de lo contrario y ante su inexistencia dará lugar a la "falta de tipicidad" en la conducta del agente y finalmente en el tercer aspecto es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta del imputado, su no concurrencia da a lugar a la "falta de tipicidad", tal el caso de Autos en que no se establece en la conducta del agente "generación de riesgo ilegal" o relevante penalmente de acuerdo a la segunda base fáctica por la que fue juzgado, dando lugar a ausencia de "relación de causalidad" entre su conducta final y el resultado (vulneración del bien jurídico), consecuentemente, su conducta no se subsume en el tipo penal de "apropiación indebida" por el que fue condenado ilegalmente además de no existir todos los elementos del tipo de injusto de "apropiación indebida" en la conducta del imputado”.


De lo advertido, se tiene que los supuestos fácticos que dieron lugar a los Autos Supremos 724 de 26 de noviembre de 2004 y 231 de 4 de julio de 2006, estuvieron referidos en el primer caso a la falta de correcta fundamentación de parte del Tribunal de alzada en la emisión de su fallo y el segundo a la exigencia de una correcta fundamentación de la resolución de alzada, de modo que ambos guardan similitud con la problemática planteada por el recurrente en sentido de que el Tribunal de alzada hubiese incurrido en falta de fundamentación y motivación; en cuyo mérito, corresponde su contraste jurisprudencial. Se deja constancia, que este criterio no es aplicable con relación al Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, al constatarse que el hecho analizado en el precedente, radicó sustancialmente en haberse establecido que el Tribunal de apelación no consideró que la conducta desplegada por el entonces imputado se adecuaba al delito de Suministro de Sustancias Controladas en grado de tentativa, difiriendo con relación al hecho cuestionado por el recurrente en el recurso de casación, en el que, como ya se explicó, cuestiona la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado, respecto a la subsunción de su conducta al tipo penal de Asesinato en grado de complicidad, debido a la errónea aplicación de la norma sustantiva. En ese contexto, no se advierte similitud del hecho que permita establecer la contradicción alegada por el recurrente con este último precedente.


Efectuadas estas precisiones y a los fines de resolver los primeros tres cuestionamientos que hace el imputado, es necesario señalar que la jurisprudencia uniforme ha sostenido con base al art. 124 del CPP, que las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “ (…) es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta).


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa”. (Las negrillas no cursan en el texto original).


De la normativa legal y la doctrina legal precitada, se establece con total claridad que, que todo fallo, sin excepción,  debe ser emitido con la debida fundamentación y motivación, plasmando en la Resolución, no sólo los fundamentos que fueron objeto del recurso, sino principalmente, el razonamiento que llevó  a la autoridad jurisdiccional a fallar de un modo u otro; es decir, el porqué del decisorio. Ahora bien, cuando un Tribunal de apelación emite un fallo, éste de forma inexcusable y con total responsabilidad, en razón de ser un Tribunal jerárquicamente superior, debe cumplir con su obligación de fundamentar en derecho y motivar de forma precisa, clara, lógica o coherente las razones de sus conclusiones, así como el porqué de la normativa que respalda al fallo, es aplicable al caso en concreto; forma única de pronunciamiento que garantiza el debido proceso, precisamente en su vertiente de debida fundamentación, que hace al derecho a la defensa y al acceso a la justicia, otorgando seguridad jurídica a las partes.


En el presente recurso, el imputado en principio sostiene la vulneración al debido proceso en su elemento a una debida fundamentación y motivación, indicando que el Auto de Vista recurrido se basó en hechos no acreditados, pues se hubiese inventado hechos y fundamentos que jamás fueron expuestos en el juicio oral, que escapan a un lógico razonamiento al no saberse de dónde  saca o de qué prueba extrae el Tribunal de apelación, respecto a una circunstancia en especial referida a que el imputado conocía que había un fallecido; que al resolver la denuncia de errónea aplicación del art. 252 incs. 1), 2) y 3) del CP, no fundamentó debidamente como concurrió la primera circunstancia y con relación a las otras dos restantes se basó sólo en meras suposiciones; y que su denuncia de errónea aplicación del art. 23 del CP, motivó una respuesta sin la debida fundamentación; planteamientos que hace imprescindible identificar los argumentos alegados por el imputado para sostener la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP y acudir al contenido de la respuesta brindada por el Tribunal de alzada a los fines de verificar si la denuncia es o no atendible.


En ese sentido, se tiene que el imputado en primer término denunció en apelación restringida la errónea aplicación de la ley sustantiva conforme el art. 370 inc. 1) del CPP, con relación a los incs. 1), 2) y 3) del art. 252 del CP, expresando que en la sentencia no se ejercitó ningún proceso de subsunción del hecho acusado y su adecuación al grado de participación atribuido vinculada a determinar la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal, previsto en las citadas disposiciones sustantivas, como elementos normativos del tipo penal, además de establecer en el proceso de subsunción contradicciones insalvables que determinaban la imposibilidad de una condena en virtud a no haberse ejercitado una subsunción adecuada, aplicando erróneamente las citadas normas sustantivas, en mérito a que desde su perspectiva, su análisis para establecer la complicidad en función al hecho punible atribuido, debía ser analizado a partir de sus elementos constitutivos; por lo que previa referencia al Asesinato y al Homicidio, puntualizó que el primero llevaba consigo uno de los elementos que configuran la clara intención del sujeto activo de perpetrar el delito, de asegurarse de sus resultados o de provocar o infligir dolor o sufrimiento a su víctima, resultando que respecto al inc. 1) del art. 252, ningún medio probatorio  estableció que la identidad del sujeto que realizó el disparo sea pariente en alguna de las condiciones establecidas en esa disposición legal con la persona fallecida.


En cuanto al inc. 2) no existía fundamento alguno en torno a este motivo, pues la sentencia no establecía su concurrencia y particularmente cómo el autor del disparo hubiese adecuado su conducta a esta modalidad y de esa manera lograr un entendimiento de cómo resultaba siendo cómplice del delito de Asesinato. Y en cuanto al inc. 3), la sentencia no explicaba menos consideraba las circunstancias del deceso de la víctima, menos explicó cómo el autor hubiese obrado con alevosía o ensañamiento para provocar su deceso. También puntualizó que el tipo penal por el que fue condenado permite no solo colegir que el resultado de la muerte es el elemento esencial para determinar su comisión, sino que la determinación de autoría como condicionante para establecer la complicidad, resultaba siendo esencial en la medida en que se establezca si condujo al sujeto que realizó el disparo que posteriormente causó la muerte de la víctima o bien fue quien colaboró con promesa anterior a la fuga del autor, siendo que en su perspectiva el hecho de haber frenado el vehículo conducido en el que se encontraba José Luis Tamos Larico, ocurrido una hora y media después del hecho que provocó el deceso de la víctima, además de haberse realizado en un lugar absolutamente diferente al que ocurrió y posteriormente causó el deceso, no engarza a ninguna de las modalidades previstas en los incs. 1), 2) y 3) del art. 252 del CP, por no existir un encuadre de su conducta al tipo penal por el cual fue condenado, por lo que debía describirse en la sentencia si colaboró con la ejecución del hecho o bien con la fuga del autor, por lo que uno de los elementos constitutivos del tipo penal no fue acreditado.

A este planteamiento, el Tribunal de alzada respondió señalando respecto al primer inciso del citado art. 252 del CP, que si bien no se demostró en el caso de autos, que el hecho haya ocurrido dentro del entorno o vínculo familiar, se demostró el fallecimiento de una persona, resultando que la verdad material debía imponerse ante los defectos de forma; toda vez que, el Tribunal de mérito al mencionar en su decisorio la concurrencia del inc. 1) del art. 252 del CP, no afectó el fondo del hecho juzgado (delito de Asesinato), incurriendo en un error que podía ser subsanado por el Tribunal de Alzada sin disponer la nulidad de la sentencia, al tratarse de un lapsus del tribunal de mérito, tomando en cuenta, que en la parte considerativa del fallo impugnado, se hizo constar que en la acusación pública, se calificó el hecho punible dentro de las sanciones previstas por el art. 252 en sus incs. 2), 3) y 6) del CP con relación al art. 23 del mismo Código y que en el acápite destinado a la fijación de la pena, en su parte pertinente se hizo referencia a las mismas normas.


Esta respuesta brindada por el Tribunal de alzada se sustenta en los antecedentes del proceso, al verificar esta Sala Penal que efectivamente la sentencia en las referencias iniciales del proceso y en el acápite destinado a la enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio, dejó constancia que la acusación formulada en la presente causa, calificó jurídicamente la conducta del imputado en las normas previstas por el art. 252 incs. 2), 3) y 6) del CP; que posteriormente, fueron motivo de análisis en la labor de subsunción del acápite destinado a los “MOTIVOS DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SENTENCIA”, resultando que la incorrecta mención del inc. 1) del art. 252 del CP en la parte resolutiva de la sentencia, tal como lo advirtió el Tribunal de alzada, se originó en un error formal sin incidencia, que de ningún modo podía justificar la nulidad de la sentencia, siendo finalmente subsanado o corregido por el Tribunal de alzada en el ámbito de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP que permite al Tribunal de apelación, la corrección de los errores u omisiones formales tal como sucede en la presente causa, por lo que asumiéndose que la determinación del Auto de Vista respecto a este particular reclamo del imputado en apelación, se funda en razones corroboradas en los antecedentes procesales y con base a una norma procesal penal que prevé un supuesto concurrente en la sentencia que fue impugnada, no puede reputarse a esa respuesta como carente de fundamentación y motivación, razón por la cual este específico motivo resulta infundado.


Con relación a la modalidad prevista en el inc. 2) del art. 252 del CP, el Tribunal de alzada expresó que lo fútil quiere decir poco precio o importancia a la vida; es decir, el imputado a sabiendas que había una persona herida por el disparo del arma de fuego por el autor del hecho, no proporcionó auxilio; por el contrario, no permitió que el autor sea identificado, obstaculizó al no dar paso a la movilidad a los funcionarios que realizaba la persecución, se dio a la huida, frenó bruscamente su motorizado, y nuevamente se dio a la huida o fuga, no le dio el paso para que sea detenido el autor del disparo que se daba a la fuga, con total desprecio a la vida de la persona herida, independientemente de no permitir que sea detenido el autor, no proporcionó el auxilio a la víctima, lo que hacía concurrente la circunstancia de motivo fútil o bajo.


En cuanto al inc. 3) del art. 252 del CP, señaló específicamente sobre la alevosía, que el imputado facilitó y proporcionó ayuda para que se dé a la fuga el autor, lo que implicaba cautelar, porque no permitió la identificación del autor del disparo, por haber obstruido la persecución; en definitiva, con su ayuda permitió la fuga hacia la república de Chile al autor del hecho, al evitar sea identificado y aprehendido, añadiendo que gracias a la ayuda del recurrente, no se pudo dar con el autor del delito, esto para asegurar la comisión del delito, quedando acreditada la alevosía. Por otra parte, en relación a ensañamiento al no socorrer en auxilio a la víctima, menos permitir la identificación y captura del autor, de manera deliberada permitió que sufra padecimiento incensario hasta su fallecimiento lo que razonablemente determinaba la concurrencia de la circunstancia prevista en el numeral 3 del art. 252 del CP.


Precisada la respuesta brindada por el Tribunal de apelación y estando clara la necesidad de que su fallo al igual que toda resolución judicial deba estar debidamente fundamentada y motivada, debe considerarse como punto de partida del análisis, que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver la apelación restringida, puede resolver directamente la inobservancia de la ley o su errónea  aplicación, cuando no sea necesaria la realización de un nuevo juicio conforme la facultad prevista por el art. 413 última parte del CPP, posibilidad que por cierto se funda en la observancia del principio de celeridad que de acuerdo al art. 178.I de la CPE, es uno de los que cimienta a la jurisdicción ordinaria,  ratificado y complementado por el art. 3 inc. 7) de la LOJ que establece: “Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”; no obstante, esta posibilidad encuentra sus límites en otros principios que rigen el propio sistema procesal penal, como el de la inmediación, teniendo presente que es conocido que el actual sistema procesal penal garantiza la no revalorización de prueba y en consecuencia, el establecimiento o modificación de los hechos por parte del Tribunal de apelación, siendo profusa la doctrina legal emitida por este Tribunal y la extinta Corte Suprema de Justicia al respecto, que mediante reiterados fallos hizo énfasis en la característica de intangibilidad que tienen los hechos establecidos en sentencia, no siendo permisible el descenso al examen de los hechos y la prueba, lo que es innegable, por cuanto el único que tiene la posibilidad de valorar la prueba y a partir de ello establecer la verdad histórica de los hechos (verdad material), es el Juez o Tribunal de Sentencia, al gozar de la inmediación que tiene con las partes y la prueba, que le permite formar un criterio, lo más cercano posible, de lo que pasó en el hecho objeto del proceso, posibilidad del que está desprovisto el Tribunal de alzada; en ese sentido, la uniforme doctrina legal emitida por este Tribunal estableció que, al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa y bajo la misma lógica el Tribunal de alzada no podrá de ningún modo resolver directamente una denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva a partir de la incorporación de hechos no establecidos en la sentencia como probados.


Ahora bien, del contenido de la sentencia que a los fines del análisis que le corresponde a esta Sala se constituye en un antecedente procesal relevante, se verifica que el Tribunal de Sentencia a tiempo de exponer los motivos de derecho que fundamentaron la sentencia, específicamente en el acápite intitulado “SUBSUNCION”, no estableció de manera clara y precisa de qué modo el imputado hubiese acomodado su conducta al tipo penal previsto en el art. 252 en Grado de Complicidad con relación a cada una de las circunstancias previstas por los incs. 2), 3) y 6) del CP, que tienen características y alcances propios, motivando que el imputado formule recurso de apelación restringida, reclamando sustancialmente que los hechos atribuidos no engarzan a las modalidades previstas por los incs. 2) y 3) de la norma sustantiva referida, lo que originó que el Tribunal de alzada emita una respuesta al reclamo en el intento de suplir la omisión del Tribunal de origen, incorporando tal como sostiene el recurrente de casación un elemento de orden fáctico ajeno a los tenidos como acreditados o probados por el Tribunal de sentencia: el referido a que el imputado a sabiendas que hubo una persona herida por el disparo de arma de fuego por el autor de hecho, no proporcionó auxilio, elemento que a decir del tribunal de apelación acreditaría la concurrencia de las circunstancias previstas por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, pues en ninguna parte de la sentencia los jueces del juicio ante quienes se judicializó toda la prueba de cargo y descargo bajo el principio de inmediación, asumieron que el imputado tuvo conocimiento de la situación de la víctima y que pese a ello no prestó auxilio.


Esto significa que el Tribunal de alzada al resolver la denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva en cuanto a las circunstancias del art. 252 incs. 2) y 3) del CP, basó su determinación de desestimar el reclamo con base a un hecho no acreditado ni expuesto en el juicio oral y tal como afirma el recurrente con base a una mera presunción que carece de respaldo probatorio en la misma sentencia; en cuyo mérito, se establece que la respuesta brindada no se halle debidamente fundamentada ni motivada, resultando fundado el reclamo del imputado en este particular punto.


       Siempre en el ámbito del defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP; el imputado también denunció en apelación, la errónea aplicación del art. 23 del CP, alegando previa identificación de los supuestos que prevé la norma, que en la sentencia existe una dualidad de atribución cuando por una parte se manifiesta que en el vehículo que conducía el 1 de mayo de 2014, se encontraron residuos de pólvora, dando a entender que en este vehículo se hubiese encontrado el autor del delito de Asesinato y que en la escapatoria de no haberse reventado la llanta del vehículo que conducía, hubiese tomado rumbo a Chile como lo hicieron los otros automotores y en especial el vehículo del cual provino el disparo que segó la vida de la víctima; existiendo no solo una confusión en torno a su conducta sino que en ninguna de las dos se puede encontrar un adecuando típico a las modalidades que describe la forma de participación criminal de cómplice, pues respecto a la primera que desde ya la desmerecen por la conclusión segunda, no se acreditó por ningún medio de prueba que el autor del disparo realizado a las 7:30 haya estado en el vehículo que conducía, siendo interceptado aproximadamente a las 9:30 del 1 de mayo de 2014, más cuando de la lógica que es desarrollada en la sentencia impugnada, el autor hubiese estado en el vehículo que conducía, cuando el testigo presencial de cargo Rubén Santos Agudo, manifestó que el disparo salió de un vehículo de color blanco RAV 4, que se encontraba a una distancia de unos 20 metros delante suyo, habiéndose percatado que no tenía acompañante este conductor y que tenía el cabello largo y de tez blanca y delgado, características corporales diferentes a las suyas, más cuando el informe pericial MP-D13 estableció una distancia aproximada entre el vehículo agresor y el vehículo de la víctima de 93.9 metros, de modo que según las declaraciones presenciales, el vehículo donde presuntamente se encontraba el agresor era un RAV 4, de color blanco en contraposición al que conducía cuando fue aprehendido una hora y media después del hecho presunto en una Noah de color dorado, y el agresor se encontraba a 93.9 mts. del vehículo de la ANH, de modo que su conducta no podría adecuarse no solo al delito de Asesinato, sino que esencialmente a la primera modalidad de la complicidad como forma de participación criminal porque no colaboró con el autor, porque sencillamente no se encontraba en el automotor que conducía una hora y media posterior al disparo.


               El imputado añadió que con relación a la segunda modalidad de complicidad, en el juicio no fue presentado ningún medio de prueba que demuestre la concurrencia de promesa entre el autor del disparo y su persona, menos se estableció que se encontraba a horas 7:30 del 1 de mayo de 2014, en inmediaciones de la zona denominada Pampa Vinto y peor aún que su vehículo Noah Dorado haya impedido inmediatamente de producido el hecho de sangre la persecución de los vehículos indocumentados como erróneamente concluyó el Tribunal de Sentencia confundiendo lugares y momentos.


Sobre este reclamo, el Tribunal de alzada sostuvo que el hecho acusado no fue enervado con elementos de prueba; por el contrario, la conducta del imputado al no permitir la identidad y captura del autor, por la conducta asumida, obviamente fue calculada e ideada en el enlace de la muerte de la víctima, la voluntad de adecuar su conducta al tipo penal de complicidad motivo del juzgamiento; no existiendo prueba alguna que permita demostrar al acusado como sujeto que no se encontraba en el lugar de los hechos, estableciendo que en la conducta del acusado existió la intensión y la voluntad de colaborar y favorecer, para que el autor no sea identificado y aprehendido, quedando demostrada la complicidad. Además, agregó que la conducta asumida por el acusado de evitar que sea identificado el autor, determinaba que actuó con dolo, posterior a ello pretendió darse a la fuga empero, por el reventón de una de las llantas del vehículo fue aprehendido, demostrando en criterio de la Sala de apelación, la intencionalidad con que obró. Por otra parte, el Tribunal de alzada puntualizó que se trató de un grupo de personas que intentaban ingresar motorizados en calidad de contrabando por vías no habilitadas, quedando configurado el acuerdo para cometer el ilícito de contrabando, burlando el control aduanero y que al ser descubiertos por las autoridades de control de contrabando, se produjo el hecho, es decir la muerte de una de las autoridades del control, quedando configurado el compromiso anterior del delito, esto es cometer el delito de contrabando, posterior al hecho; relievando que el recurrente obstaculizó la captura del autor y permitió su fuga hacia el territorio de la república de Chile, prestando una ayuda que hace a una de las modalidades en que se da el delito de complicidad, que quedó plenamente acreditado; y, si bien, el recurrente acusó falta de fundamentación del fallo impugnado, al no hallarse establecidos los elementos constitutivos del tipo penal y sus modalidades por el delito de complicidad, dejó sentado que las autoridades sólo establecen que el acusado fuese cómplice de un autor del deceso de la víctima, alegando que su persona fue quien conducía el 1 de mayo de 2014 un vehículo del tipo Noah sin placa de control en el que se encontraron residuos de pólvora. Empero, lo que se reclama, son los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 23 del CP, que no se hubiera demostrado, no resultando evidente este extremo, siendo inconsistente la fundamentación del recurso, porque la complicidad no constituye tipo penal independiente; es decir, no configura los elementos constitutivos del tipo penal; en consecuencia, el tópico es carente de todo sustento normativo.


Agregó que la complicidad, no puede ser considerada como un tipo penal que criminalice una conducta, razón por la que, no guarda relación directa en la configuración de los elementos constitutivos del tipo penal. En la complicidad, no hay posibilidad de establecer, si esto constituye delito instantáneo o permanente, la complicidad es una forma de participación criminal que no tiene relación alguna con el ámbito temporal de la ejecución de un delito; al efecto del tópico planteado, el Tribunal de alzada expresó que se debe partir del tipo penal que vincula la complicidad; esto es, del delito de Asesinato tipificado y sancionado por el art. 252 incs. 2), 3) y 6) del CP, cuya penalidad legal en su máximo es de treinta años de presidio. En el caso particular, la complicidad fue plenamente demostrada, por lo mismo no resultaba evidente el defecto de sentencia acusado, al no contar con sustento legal y jurídico.


Precisado el reclamo de apelación y la respuesta brindada por el Tribunal de alzada, se verifica que los hechos que motivan la presente causa se hallan referidos a los acaecidos el 1 de mayo de 2014 en diferentes lugares y distintas horas, el primero producido a horas 7:30 de la indicada fecha, momento en el cual según establece la sentencia se identificó la presencia del vehículo Marca Toyota Tipo Noah en inmediaciones del lugar denominado Palpa Vito a unos 5 kilómetros de Pisiga, conducido por el imputado y que formaba parte de un grupo de personas que pretendían introducir vehículos indocumentados al país, circunstancias en las cuales uno de los funcionarios de control fue impactado con proyectil de arma de fuego para posteriormente fallecer; y el segundo, que se hubiese producido a horas 9:30, cuando se hubiese protagonizado una escapatoria hasta que el vehículo conducido por el imputado fuese interceptado por el reventón de una de sus llantas y los frenados constantes que hacía en su recorrido, permitiendo que los otros vehículos en especial aquel del cual provino el disparo que segó la vida del víctima tomara rumbo a la República de Chile; y es en ese ámbito, que el imputado para sostener la existencia de errónea aplicación del art. 23 del CP, apuntó su cuestionamiento a la posición expresada en la Sentencia de asumir que al encontrarse residuos de pólvora, se dio a entender que en su vehículo se hubiese encontrado el autor del delito de Asesinato y que en la  escapatoria de no haberse reventado la llanta del vehículo que conducía hubiese tomado rumbo a Chile como lo hizo, entre otros aquel del cual provino el disparo que segó la vida de la víctima, cuando no se acreditó por ningún medio que el autor que disparó a las 7:30 haya estado en el vehículo que conducía y que fue interceptado dos horas después; cuestionamiento que no merece una respuesta clara, precisa y lógica por el Tribunal de alzada que se limitó a sostener que no existía prueba alguna que permita demostrar al imputado como sujeto que no se encontraba en el lugar de los hechos, cuando en todo caso le correspondía por un lado relievar qué análisis fáctico y jurídico había realizado el Tribunal de sentencia sobre el particular y sustancial planteamiento formulado por el imputado y establecer de manera fundada y motivada si el encuadramiento normativo de la conducta del imputado fue o no correcta.  


Además, el Tribunal de alzada no otorga una respuesta que cumpla con los parámetros de una resolución fundada y motivada, respecto a los cuestionamientos de no haberse demostrado la concurrencia de promesa entre el autor del disparo y su persona y que estando en su vehículo haya impedido inmediatamente producido el hecho de sangre, la persecución de los vehículos indocumentados; en consecuencia, la falta de una respuesta en los términos exigidos por el art. 124 del CPP, hace que el reclamo sea fundado, correspondiendo que el Tribunal de alzada emita una nueva resolución que contenga una respuesta clara, precisa y completa, respecto a los cuestionamientos del recurrente formulados en apelación restringida; en ese sentido, asumiéndose que en el marco normativo penal, la complicidad de acuerdo a las previsiones del art. 23 del CP, constituye una de las formas de participación criminal y a su vez contempla dos supuestos, a saber: “el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del acto antijurídico doloso, en tal forma que aun sin esa ayuda se habría cometido” y “el que en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho”, corresponde al Tribunal de alzada emitir un nuevo fallo y considerando los dos momentos claramente definidos del cuadro fáctico que motiva la presente causa, establecer si el Tribunal de Sentencia al condenar al imputado por el delito de Asesinato en grado de complicidad actuó o no conforme a derecho; en cuyo mérito, el presente reclamo deviene en fundado.


III.2.  Respecto a la denuncia de violación de la presunción de inocencia.


En este motivo, el imputado invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan es imprescindible que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente a la normativa Constitucional; consiguientemente la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador.


Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal.


El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente el tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal.


Resulta perjudicial y contradictorio contra el principio de celeridad que rige el juicio oral público y contradictorio el anular la Sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes. Más aún cuando existe error `injudicando´ en la Sentencia impugnada en apelación restringida que fácilmente puede ser subsanado anulando la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y dictando una nueva de acuerdo a ley”.


La doctrina legal aplicable fue establecida ante la constatación del Tribunal de casación que en el proceso concurría una insuficiente producción probatoria por parte del acusador público que genere certeza de culpabilidad por los delitos acusados; ya que, incluso durante el juicio oral el Ministerio Público no produjo prueba testifical e introdujo escasa prueba documental de cargo imposibilitando de esta manera demostrar los extremos de su acusación; consecuentemente, el Tribunal de alzada al anular la sentencia y disponer la reposición del juicio por otro tribunal en reenvío, incurrió en violación al principio constitucional de "presunción de inocencia" al no tomar en cuenta las disposiciones constitucionales establecidas por los arts. 16 y 29 de la Constitución Política del Estado.


En el caso de autos, se tiene que el recurrente denuncia la violación del principio de presunción de inocencia, denunciando que el Tribunal de alzada realizó varias presunciones respecto a que es culpable del delito atribuido, al asumir que conocía de la existencia de un herido, cuando ese dato sólo era de conocimiento de las personas que estaban con la víctima, a cuyo efecto, plantea la consideración de dos momentos: el primero, referido a la primera persecución de horas 7:30 y la segunda producida a las 9:00 aproximadamente; al respecto, este Tribunal se halla obligado en la emisión de sus fallos a observar que en su contenido se guarde la necesaria congruencia interna, debiendo tenerse presente en ese contexto, que al resolverse la primera parte del motivo relativo a la denuncia de falta de fundamentación inserto en el acápite III.1. de esta resolución judicial, se asumió que el Tribunal de alzada al resolver los cuestionamientos a la errónea aplicación de los incs. 2) y 3) del art. 252 del CP, incorporó un elemento ajeno a los tenidos como acreditados o probados por el Tribunal de sentencia, el referido a que el imputado a sabiendas que hubo una persona herida por el disparo de arma de fuego por el autor de hecho, no proporcionó auxilio, elemento que a decir del tribunal de apelación acreditaría la concurrencia de las circunstancias previstas en los dos incisos citados del art. 252 sustantivo, pues en ninguna parte de la sentencia se asumió que el imputado tuvo conocimiento de la situación de la víctima y que pese a ello no prestó auxilio; lo que implica, sin duda alguna una vulneración a la presunción de inocencia que conforme ha sostenido este Tribunal constituye un concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal con base al reconocimiento de garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal; como un postulado referido al trato del imputado durante la tramitación del proceso penal y como regla referida al juicio del hecho, en el entendido de que tiene incidencia en el ámbito probatorio, habida cuenta que la prueba completa de culpabilidad debe ser suministrada por la acusación, teniendo en cuenta que la condena del imputado debe fundarse en la existencia de auténticos hechos de prueba y de ningún modo en circunstancias que no fueron asumidas como probadas por el Tribunal de juicio, como sucede en el presente caso para justificar en el análisis del Tribunal de alzada la existencia de las circunstancias descritas por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, lo que termina que el presente motivo resulte fundado.


III.3.  Sobre la denuncia de vulneración de los principios in dubio pro reo y el de favorabilidad.


En este motivo, el recurrente invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 30 de 26 de enero de 2007, por el cual este Tribunal evidenció que la aseveración del Tribunal de apelación en sentido de que en la Sentencia de primer grado la prueba aportada por la querellante, no hubiera sido valorada de acuerdo los arts. 171 y 173 del CPP, señalando que solamente fueron mencionadas sin otorgarles valor correspondiente a cada uno conforme a las reglas de la sana crítica y el prudente arbitrio, carecía de fundamentación al no individualizar cuáles de esos elementos no fueron valorados, inclusive asumiendo que se refería a todo el elenco probatorio de cargo, pese a que la Sentencia de grado asignó valor a todos y cada uno de los documentos presentados por la querellante, a sus testigos, a las fotografías, y a la inspección realizada en el lote en cuestión, incluso efectuando un relato fáctico, sin enunciar de donde extrajo tales aseveraciones (medio de prueba), valorando así la prueba de cargo, en cuyo mérito estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “La valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación; en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico.


El Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos, el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal”.


En el caso de autos, la parte imputada denuncia que en apelación reclamó defectuosa valoración de la prueba; sin embargo, el Tribunal de alzada concluyó “que se valoró y nada más” (sic) todas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, situación que en el planteamiento del recurrente no resultaría evidente porque la sentencia habría ingresado en contradicciones al señalar aspectos que jamás dijo un testigo o contiene un documento, cuestionando que el Auto de Vista impugnado no observó que la sentencia unificó dos hechos distintos que ocurrieron en tiempos diferentes, incluso unificando las declaraciones de José Luis Ramos Larico y Rubén Santos Agudo sin considerar que el segundo de los testigos se remontó a los hechos sucedidos a las 7:30 de la mañana y el primero a los eventos acaecidos a las 9:00, evidenciándose a partir de esta precisión que los hechos que originaron la doctrina legal aplicable contenida en el precedente invocado encuentra su similitud en el hecho de que en el precedente el Tribunal de alzada asumió una posición carente de fundamentación, sin efectuar un adecuado control respecto a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de origen, lo que determina la necesidad de identificar los reclamos formulados por el imputado en apelación sobre la temática relativa a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Sentencia, así como la respuesta brindada por el Tribunal de alzada.


En ese sentido, se verifica que el imputado alegando la existencia del defecto previsto por el art. 370.6) del CPP, denunció en apelación que el Tribunal de Sentencia ejercitó una defectuosa valoración de la prueba testifical y documental e incluso no valoró el dictamen pericial balístico, codificado como MP-D13, provocando conclusiones o inferencias equivocadas como sustento de la Sentencia impugnada, refiriendo previa glosa parcial de la sentencia respecto a las declaraciones de Teodoro Anave Chambi, José Luis Ramos Larico, Rubén Santos Agudo, Felipe Edwin Marín Parra y Víctor Characayo Guzmán, que el Tribunal de sentencia asumió erróneas conclusiones emergente de una defectuosa valoración de esos medios probatorios, teniendo en cuenta que ninguno de los testigos resultó uniforme en su declaración sobre los disparos que se realizaron el día de los hechos tanto por militares como por civiles, tampoco existiría coincidencia en establecer el origen de aquél disparo que segó la vida de la víctima y menos sobre la participación en el hecho del conductor de un vehículo automotor RAV 4 de color blanco. Incluso la cantidad de vehículos que conformaban tanto los grupos de vehículos presuntamente indocumentados que fueron avistados a horas 07:30 a.m. del 1 de mayo de 2014, y los que fueron avistados con posterioridad a horas 09:00 a 09:30 a.m., momento de su aprehensión, no resultarían coincidentes en sus declaraciones por parte de los testigos de cargo e incluso el Tribunal de Sentencia hubiese efectuado una errónea valoración de la prueba, al afirmar que él impidió la persecución y captura de los vehículos indocumentados que se encontraban presentes a momento del hecho de sangre, frenando bruscamente e impidiendo el paso de los vehículos de la ANH, aspecto que no resultaría evidente toda vez que quien declaró en ese sentido, fue el testigo de cargo José Luis Ramos Larico; empero, conforme a su atestación el impedir el paso vehicular en un sendero fue en relación al vehículo de este testigo y ocurrió una hora y media después del disparo que segó la vida de la víctima, incluso las distancias que fueron ámbito de atestación de todos los testigos de cargo, no encontrarían relación de uniformidad.


Por otra parte, reclamó que la contradicción en todas estas declaraciones en función al hecho acusado revestía mayor importancia, independientemente del error en que se incurrió al señalar que se encontraba a horas 07:30 am. en el lugar del hecho y conformaba el grupo de personas que pretendían ingresar vehículos indocumentados, o bien, si el autor del disparo se encontraba o no en su vehículo y si permitió con una conducta posterior al hecho delictivo alguna colaboración o ayuda al presunto autor del disparo, resultando evidente la errónea valoración de la prueba alegada, cuando según las declaraciones de los testigos presenciales Rubén Santos Agudo y Felipe Edwin Marín Parra, el vehículo NOAH que observaron se encontraba a una distancia no mayor de 30 mts.; empero, en el razonamiento judicial y en la valoración de los medios de prueba basados en la sana crítica conforme al art. 173 del CPP, revestía mayor observación el hecho que no se realizó una correcta interpretación y valoración entre lo que afirmaron los testigos y lo que se evidenció de los medios probatorios en su conjunto, pues no resultaba comprensible afirmar elementos probatorios que justificarían una condena y afirmar que eran vinculantes y uniformes, cuando la realidad no demostró otra interpretación de cómo ocurrieron los hechos atribuidos a título de complicidad en el delito de Asesinato, pues del análisis de la prueba MP-D13, consistente en un dictamen pericial de balística, si según declaraciones de testigos presenciales, el vehículo donde presuntamente se encontraba el agresor era un RAV 4 de color blanco, el cual en la versión del testigo Rubén Santos Agudo se encontraba a una distancia de no más de 20 mts., e incluso llegó a parar en el momento del disparo, no resulta comprensible bajo un razonamiento lógico que el estudio pericial de balística, que por su condición de cientificidad resulta altamente probatorio, mencione que el disparo fue realizado a 93.9 mts, entre el vehículo agresor y el vehículo de la víctima y peor aún, que se le atribuya a título de complicidad, el delito de Asesinato. Resaltando que en el caso presente el Tribunal de Sentencia, dio por acreditados hechos sin ningún antecedente probatorio, por ejemplo el hecho de que su persona hubiese estado a horas 07:30 a.m. en el lugar denominado Pampa Vito, cuando ocurrió el disparo; y por otro, valoró declaraciones testificales, fuera de la sana crítica y la lógica, llegando a conclusiones o inferencias equivocadas, que a la postre significaron los fundamentos de su condena.


Más adelante puntualizó que la legislación prohíbe al juzgador aplicar la íntima convicción cuando en todo caso le corresponde fundamentar sus resoluciones bajo las pruebas del proceso y aplicar la sana crítica, acompañada de una prueba acabada y directa, lo que no ocurrió en el presente caso, pues por la inobservancia de las reglas de la sana crítica, se crearon cauces paralelos en la valoración de las prueba y las inferencias realizadas, al perderse de vista que ninguno de los testigos mencionó que lo vieron por el lugar de los hechos, es más, el testigo de cargo Rubén Santos Agudo, mencionó que a momento de parar el vehículo RAV-4 percibió que su conductor se encontraba solo, era una persona delgada, de tez blanca y de pelo largo, características fisonómicas con las que no cuenta; y es más, si se estableció que se encontraba a momento del disparo conduciendo el vehículo NOAH de color dorado, que por propia declaración de los testigos presenciales se encontraba a una distancia no mayor de 30 metros, se pregunta cómo se puede inferir que el disparo haya sido realizado a más de 93 metros, demostrando estos extremos, entre otros, la incorrección en las inferencias efectuadas en Sentencia.


Estos planteamientos merecieron la respuesta de parte del Tribunal de alzada, que precisó que para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica, es necesario que la motivación de la sentencia, esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento que se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba que de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse al hecho que en un momento histórico no son imposibles naturalmente porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural; verificando en el caso que toda la prueba producida tanto de cargo y descargo, fue valorada de manera conjunta para finalmente llegar a una determinación, por eso la prueba una vez producida es de las partes y no existe una distinción, porque es analizada en forma conjunta, por eso se le llama comunidad de la prueba y con respecto a la prueba testifical, asumió que el Tribunal de sentencia, hizo mención a la prueba testifical, con la que llegó a demostrar la existencia del hecho, declaraciones testificales de Teodoro Anave Chambi, Juan Pablo Dávila García, José Luís Ramos Lanco, Rubén Santos Agudo, Felipe Edwin Marín Parra, Gloria Amparo Paco Salazar, Víctor Characayo Guzmán; así como hizo mención a los peritos de IDIF Tania Sánchez Vedia y a los testigos de descargo ldelfonso Quena Espinoza y Nicomedes Quena Tito, pruebas que fueron valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, como también las pruebas documentales codificadas como MP-D1 a MP-D17, MP-F-1 a MP-F-3, MP-F-6 y MP-F-7, y que en la apelación se cuestionó en lo más fundamental la prueba codificada como MP-D13, dictamen pericial criminalística suscrito por la perito en criminalística forense Maribel Doria Medina Pozo, sin mayor explicación, limitándose en acusar defectuosa valoración; empero, el Tribunal discriminó a todas y cada una de las pruebas, sin advertirse la defectuosa valoración de la prueba aludida, más cuando no podía aislarse la pruebas al capricho de los justiciables, cuando la prueba producida en el juicio oral, constituye un todo y de las partes, advirtiendo que el fallo se basó en medios probatorios que se produjeron en el juicio, otorgándose valor a todos los medios probatorios.


En ese ámbito de análisis, el Tribunal de alzada dejó constancia que a lo largo del Considerando V del punto destinado a la apreciación conjunta de la prueba producida, se determinó la prueba esencial, pruebas codificadas como MP-D1 a MP-D17, MP-Fi a MP-F-3; MP-F-6 y MP-F7 y las declaraciones de los testigos de cargo y descargo, respectivamente, llegando a advertir un análisis conjunto de la prueba incorporada al juicio oral, sin constatar afirmaciones imposibles, hechos no ciertos, o que la prueba demuestre aspectos diferentes, a más de que el apelante no  especificó debidamente el vicio aludido con indicación expresa en qué consistía la valoración defectuosa de la prueba; por otra parte, dejó sentado que la fundamentación del fallo es coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos, sin advertir los vicios de sentencia acusados por el apelante, al cumplir con lo previsto por el art. 173 del CPP.

Ahora bien, contrastados los reclamos efectuados por el imputado y la respuesta brindada por el Tribunal de alzada, se advierte en primer lugar que en la primera parte de la respuesta el Auto de Vista impugnado si bien hace una referencia correcta de la forma como debe demostrarse la violación de la sana crítica, no responde fundada y motivadamente a los cuestionamientos formulados por el imputado para sostener la existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, pues ante el reclamo puntual del imputado de que no se valoró el dictamen pericial balístico codificado como MP-D13, el Tribunal de alzada se limitó a sostener que el planteamiento fue propuesto sin mayor explicación, asumiendo que el Tribunal de Sentencia otorgó valor a todos los medios probatorios, sin emitir una respuesta clara y precisa, que denote en términos de un efectivo control a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de origen, si la referida prueba MD-D13 fue o no valorada por el Tribunal de juicio, sin que le mención de otras pruebas literales que no merecieron reclamo de parte del recurrente tenga el mérito de acreditar el control que debió ser ejercido por el Tribunal de alzada en el ámbito de la denuncia formulada por el imputado en su apelación restringida.


Por otra parte, el reclamo de falta de uniformidad en las declaraciones testificales de los testigos de cargo en cuanto a los disparos realizados el día de los hechos, al origen del disparo que segó la vida de la víctima, a la participación en el hecho que motiva el proceso del conductor del vehículo RAV 4 y a la cantidad de vehículos que fueron avistados a las 7:30 y posteriormente de 9:00 a 9:30 de 1 de mayo de 2014, tampoco merecieron una respuesta que patentice un efectivo control de la valoración probatoria contenida en la sentencia emitida en la causa, al advertirse que el Tribunal de alzada de manera genérica se limitó a señalar que el Tribunal de sentencia hizo mención a la prueba con la que llegó a demostrar la existencia del hecho. Tampoco se pronunció sobre la precisión que efectuó el imputado y que en su planteamiento  resultaría contraria a la lógica; en cuanto, a la distancia entre el vehículo del cual se hubiese disparado y el vehículo donde se encontraba la víctima,  pese al deber destacado en el precedente invocado por el imputado de analizar y ponderar los puntos apelados, de modo que se advierte que el Tribunal de apelación al asumir posiciones generales y evasivas, pese a los puntuales cuestionamientos formulados por el imputado para sostener la concurrencia de defectuosa valoración probatoria, no realizó a través del análisis que le correspondía un efectivo control que la propia ley le asigna en cuanto a la aplicación de las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal de Sentencia; consecuentemente, el presente motivo también resulta fundado.


                               POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el imputado Tomás Canaviri Solano, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 25/2017 de 22 de mayo, de fs. 326 a 343 vta., disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos