TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 222/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        : Potosí 26/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro 

Parte Imputada                : Rodolfo Guzmán Zeballos

Delitos                        : Uso Indebido de Influencias y otros

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de octubre de 2016, cursante de fs. 251 a 255 vta., el Ministerio Público, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 38/2016 de 29 de septiembre de fs. 241 a 244, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente y el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaca contra Rodolfo Guzmán Zeballos, por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Pasivo Propio, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados en los arts. 145, 150 y 146 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 16/2014 de 28 de abril (fs. 182 a 196), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Rodolfo Guzmán Zeballos, autor de la comisión del delito de Cohecho Pasivo Propio, previsto y sancionado por el art. 145 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y multa de cien días a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día a favor del Estado, siendo absuelto de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Uso Indebido de Influencias.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Rodolfo Guzmán Zeballos (fs. 202 a 213 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 38/2016 de 29 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró procedente en parte la apelación restringida y anuló la Sentencia apelada, con la reposición del juicio por el Tribunal Tercero de Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 636/2017-RA de 24 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente bajo el acápite: “Insuficiente  Fundamentación art. 124 del CPP e incorrecta interpretación de los arts. 173, 370 inc. 6 y 398 del CPP” (sic), alega que el Tribunal de apelación a través del Auto de Vista impugnado acogió el tercer agravio y “aparentemente” el cuarto agravio de la apelación del acusado, en razón a que la Sentencia no se encontraría debidamente motivada, es así que citando la parte sexta y la tercera conclusión al tercer agravio del fallo ahora impugnado, indica que el Tribunal de alzada realizó un análisis incompleto y sesgado, sin considerar la declaración íntegra del testigo Jorge Castellón Castellón, quien se trasladó de la Localidad de Sacaca al igual que los demás testigos, que ratificó la denuncia interpuesta al Presidente del Concejo Municipal de Sacaca señalando que el acusado le pidió el pago de Bs. 20.000.- (veinte mil bolivianos) por haber favorecido durante el proceso de contratación del proyecto de Construcción Enlocetado Calles Tarija Ingavi de la Localidad de Sacaca habiendo hecho la entrega de Bs. 13.000.- (trece mil bolivianos) en presencia de Roberto Aguilar, que tuvo que prestarse dinero para su entrega con la finalidad de adjudicarse el proyecto, atestación que se encontraría corroborada por otros testigos de cargo (ex concejales del Municipio de Sacaca) que de forma uniforme conocieron la denuncia, además de existir prueba documental al respecto (MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-7, MP-8, MP-10, MP-11 y MP-12) pruebas que fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, sin que exista contradicción entre la denuncia planteada por Jorge Castellón Castellón y su declaración; sin embargo, el Tribunal de apelación para anular la Sentencia tomó en cuenta la declaración de Roberto Aguilar quien sería amigo del acusado y “testigo clave” para el Tribunal de apelación no obstante de no tener respaldo con otro elemento probatorio y que según el Tribunal de alzada al existir una contradicción entre la denuncia y la declaración de Jorge Castellón Castellón, constituiría un vicio insubsanable en la Sentencia, contradicción que la parte recurrente aduce que no fue formulada como agravio por el apelante, por lo que el Tribunal de alzada de forma oficiosa incorpora ultra petita, citra petita o extra petita partium, nuevos argumentos para fundar la resolución ahora recurrida en infracción del art. 398 del CPP, incurriendo en defectos absolutos de acuerdo al art. 169 inc. 3) del CPP.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 636/2017-RA de 24 de agosto, cursante de fs. 275 a 277 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el Ministerio Público, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y referidos a éste, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 16/2014 de 28 de abril, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Rodolfo Guzmán Zeballos, autor de la comisión del delito de Cohecho Pasivo Propio, previsto y sancionado por el art. 145 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión y multa de cien días a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día a favor del Estado, siendo absuelto de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y Uso Indebido de Influencias, al establecerse que Jorge Castellón Castellón, representante legal de la empresa "GRUMACONS" el 23 de agosto del 2012, realizó la entrega de Bs.- 13.000 (trece mil bolivianos) al acusado Rodolfo Guzmán Zeballos, por concepto del pago del “diezmo” para la colaboración para que se pueda adjudicar la obra "Enlocetado calles Sacaca (Tarija-Ingavi)"; el acusado, fungió como Presidente de la Comisión de Calificación, como también, se comprueba que dicha comisión realizó una resolución de descalificación de otras dos empresas y calificó a la Empresa "GRUMACONS"; sin embargo, no se llegó a ejecutar dicho proyecto, al existir incumplimiento e inobservancia a la normativa de contrataciones vigente y por ello, se recomendó que no se apruebe la firma del contrato.


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, el imputado Rodolfo Guzmán Zeballos, interpuso recurso de apelación restringida, en base a los siguientes fundamentos:


  1. La sentencia contendría el defecto descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP, por la inobservancia y errónea aplicación de los arts. 13, 14 y 20 del CP. Argumenta, que el ilegal beneficio al que hace referencia el tipo penal de Cohecho Pasivo Propio, tendría que ser posterior al hacer o dejar hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, que en el caso de Autos, se evidencia que dicho beneficio indebido según la Sentencia hubiese sido posterior. Continúa, que la comisión estaba compuesta por tres miembros y no solo por su persona; además, quien adjudicó la obra fue el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) y no así el imputado como señala la Sentencia. Concluyendo que el hecho sería atípico y que la Sentencia no estaría debidamente fundamentada.  


  1. Existencia del defecto de Sentencia, establecido en el art. 370 inc. 4) del CPP, al basarse en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio; toda vez, que se basó: 1) En la denuncia por hechos conexos, que nunca fue ofrecida; 2) En el voto resolutivo de 19 de enero de 2013, que fue obtenido sin requerimiento fiscal; y, 3) Toda la prueba literal de cargo, a la que no dio la lectura correspondiente. De esa manera, se hubiese contravenido lo previsto por los arts. 341, 355 y 333 del CPP.


  1. La sentencia tuviese el defecto, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, referente a que se basaría en valoración defectuosa de la prueba, en atención de que no se aplicó el principio de la sana crítica, debido a que se fundamenta la Sentencia sobre: 1) La declaración en juicio de Jorge Castellón Castellón y no considera la declaración en Juicio de Roberto Aguilar Ramírez, quien refuta al primero; y, 2) Las declaraciones en juicio de testigos referenciales, que no podrían ser considerados esenciales. Además, que la sentencia no se encontraría debidamente fundamentada respecto a la valoración probatoria.


  1. Concurrencia del defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, relacionado a que se basó en hechos inexistentes o no acreditados, toda vez que, la Sentencia contiene los hechos: 1) Que, hubiere recibido de las manos de Roberto Aguilar Ramírez el beneficio indebido, hecho negado por el mismo; 2) Que, hubiere adjudicado la contratación el imputado, siendo el RPA quien adjudicó; y, 3) Que, Jorge Castellón Castellón se hubiese prestado dinero para entregarle por medio de Roberto Aguilar Ramírez.


II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista impugnado, resolvió el recurso de apelación restringida, interpuesto por el imputado, bajo el siguiente fundamento:


Referente al primer agravio, la Sentencia llegó a la conclusión, que el acusado ha subsumido su conducta al delito de Cohecho Pasivo Propio, al solicitar dineros para poder beneficiar a una empresa en el proceso de contratación. Tomándose en cuenta que se tiene como probados los hechos contenidos en la denuncia de Jorge Castellón Castellón, quien hubiera entregado dineros al sentenciado, en base a una promesa; sin embargo, quedarían lagunas de análisis que hacen la existencia la violación de la reglas de las sana critica, por ejemplo, ¿Por qué al valorar la declaraciones del testigo clave que es Jorge Castellón Castellón el Tribunal no hace ninguna referencia la contradicción con la manifestado en su denuncia?, que entregó el dinero al acusado conjuntamente Roberto Aguilar Ramírez, cuál es el razonamiento para dar credibilidad a lo manifestado en su denuncia, en atención, que el testigo Roberto Aguilar en juicio negó que hubiese entregado dinero alguno, que jamás fue al domicilio conjuntamente al señor Jorge Castellón Castellón. La Sentencia señala, que hay más elementos que demuestran que se le han entregado dineros al encausado, empero no explica cuáles son esos elementos de juicio. Tampoco explica, por qué es creíble la denuncia de Jorge Castellón Castellón de haber entregado dinero el 23 de agosto de 2012 cuando el mismo Tribunal, establece que el informe de adjudicación favorable a la empresa de Jorge Castellón Castellón fue pronunciado el 7 de agosto de 2012. Estas lagunas, constituirán elementos de juicio, que permiten señalar que el Tribunal A quo no concretizó debidamente la conducta del imputado en el tipo penal por el que fue condenado.


En atención al segundo reclamo, con relación a la denuncia por hechos conexos, de la revisión de la acusación formal, se establece que la misma, fue ofrecida como prueba por el Ministerio Público, por lo que no es evidente el agravio aludido; con relación al voto resolutivo de 19 de enero de 2013, siendo que esta prueba ha sido presentada por la parte denunciante, en calidad de autoridades que hacen su protesta, se considera que no es evidente el agravio aludido y con relación a que toda la prueba literal de cargo, hubiese sido valorada sin cumplir con la formalidad de haber sido introducidas por su lectura, de la revisión del acta de registro del juicio, de fs. 166, se establece que no es evidente el agravio, tenida cuenta que por secretaria se dio la lectura correspondiente. Por lo que, a criterio del Tribunal de alzada, el haber rechazado el incidente de exclusión probatoria es correcto.


En atención al tercer reclamo, respecto a que la Sentencia que se basaría en valoración defectuosa de la prueba, que al realizar la valoración del testigo Jorge Castellón Castellón que se considera un testigo importante, no hace una valoración de la contradicción existente entre su denuncia en el que indica que el habría entregado el dinero con su declaración como testigo en el juicio, cuando señala que conjuntamente con el testigo Roberto Aguilar Ramírez, fueron a la casa del imputado donde manifiesta Jorge Castellón Castellón, que él le dio el dinero a Roberto Aguilar para que este le entregue al encausado y el hecho de que este testigo Roberto Aguilar en juicio, niega totalmente que hubiese dado el dinero y que nunca fue a la casa del encausado Rodolfo Guzmán Zeballos. El Tribunal de origen, al momento de valorar la declaración del testigo Roberto Aguilar Ramírez da credibilidad a que él no fue quien entregó los dineros del diezmo al encausado, que si bien en la audiencia de juicio el testigo Jorge Castellón Castellón, indica que le fue a entregar a su casa de Rodolfo Guzmán el dinero conjuntamente el señor Roberto Aguilar; sin embargo, existiesen mayores elementos que hacen ver que efectivamente se le entregó dinero al acusado, sin indicar cuáles son esos elementos de juicio. Tampoco, aclara el hecho de que el testigo Jorge Castellón Castellón, habría entregado el dinero en fecha 23 de agosto de 2012, cuando la comisión de calificación ya había pronunciado su informe encomendado la contratación de la empresa GRUMACONS en fecha 7 de agosto de 2011, elementos de juicio que el Tribunal debe analizar y responder en la Sentencia para establecer sólidamente los fundamentos de una Sentencia condenatoria. Por lo que, resultaría evidente el agravio aludido.


Referente al cuarto agravio, el Tribunal de alzada, refiere que la Sentencia no se basa en que el imputado hubiese recibido la suma de Bs.- 13.000.- (trece mil bolivianos) de manos de Roberto Aguilar Ramírez, sino en que Jorge Castellón Castellón le hubiese entregado en mano propia el dinero; en cuanto a la conformación del Tribunal de calificación para la adjudicación de proyecto, está acreditado que fue conformado por tres miembros de los cuales el presidente fue el imputado; está acreditado también, que no es el imputado en su calidad de presidente quien adjudica los proyectos. Por lo que, no es evidente el agravio aludido.


Por lo que concluye, que al no deslindar las contradicciones del testigo clave Jorge Castellón Castellón incurridas en su denuncia y en su declaración testifical, constituyen vicios insubsanables de sentencia, que no pueden ser directamente reparados por este Tribunal, ordenando el reenvío del juicio correspondiente.


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE  VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso de casación, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, porque la parte recurrente denunció que el Tribunal de alzada, incurrió en incorrecta y subjetiva apreciación de los hechos y en revalorización de la prueba que determinaron su culpabilidad en vulneración del principio de inocencia y libre valoración de la prueba, al no haberse aplicado las reglas de la experiencia, conocimiento, entendimiento, ciencia y lógica del juzgador.        


III.1.        Marco legal y doctrinal.


III.1.1.        Obligación de los Tribunales de impugnación de circunscribir sus pronunciamientos a las cuestiones planteadas.


Conforme dispone el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), toda persona goza de protección oportuna y efectiva por parte del órgano jurisdiccional en todas sus esferas, labor que se debe impartir sustentada en principios constitucionales, entre los cuales se encuentra la seguridad jurídica establecida en el art. 178 de la CPE y las garantías jurisdiccionales como el debido proceso previsto en el parágrafo II del art. 115 de la Carta Magna, cuyo amplio espectro abarca a su vez derechos, principios y otras garantías constitucionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, del que deriva el derecho a recibir respuesta a todas las pretensiones planteadas, generando a su vez la obligación de toda autoridad que emita un fallo en etapa de impugnación, de circunscribir su pronunciamiento a las cuestiones planteadas por los recurrentes; concordando con la normativa constitucional citada precedentemente, el art. 398 del CPP establece que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”; a su turno, el art. 17.II) de la LOJ instituye que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”, normativa que a pesar de ser restrictiva y/o limitativa para los órganos de impugnación, es también imperativa cuando establece el ámbito de pronunciamiento de los Tribunales de impugnación; es decir, por un lado prohíbe emitir pronunciamiento más allá de lo solicitado, pero por otro, manda a pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados; consecuentemente, actuar en contrario, implica incurrir en el defecto absoluto descrito en el art. 169 inc. 3) del CPP, por infracción de la normativa citada anteriormente y vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia; que implicaría incurrir en un vicio inconvalidable, conocido en la doctrina como incongruencia por exceso.


Al respecto, este Tribunal Supremo de Justicia, estableció amplia doctrina legal, como la contenida en el Auto Supremo 109/2012 de 10 de mayo, que precisó: “…las resoluciones judiciales, para ser válidas, deben encontrarse debidamente fundamentadas y motivadas, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida…  (Las negrillas son nuestras).


III.1.2. Principios de congruencia y su aplicación en el sistema procesal penal vigente.


Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el Juez o Tribunal, fue definido por un sin número de autores, entre ellos (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53), como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”.


El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva; y, b) La segunda, conocida como congruencia externa,  relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; y, 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia; entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.


La fundamentación y motivación de resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.

III.2. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia, en la que la parte recurrente reclama que el Auto de Vista impugnado, vulneró su derecho al debido proceso; por cuanto, incurrió en incongruencia por exceso, debido a que se hizo a un análisis incompleto y sesgado, al no considerar la declaración íntegra del testigo Jorge Castellón Castellón, no obstante de estar corroborada por otra prueba testifical y documental valoradas debidamente por el Tribunal de Sentencia, sin que exista contradicción entre la denuncia planteada por Jorge Castellón Castellón y su declaración, tomando en cuenta únicamente la declaración de un testigo que sería amigo del acusado, lo cual sirvió para anular la Sentencia, no obstante de que la contradicción aducida por el Tribunal de alzada no habría sido objeto de apelación, por lo que el Tribunal de apelación de forma oficiosa incorpora ultra petita, citra petita o extra petita partium contempló nuevos argumentos para fundar la resolución, incurriendo en defectos absolutos en infracción de los arts. 124 y 398 del CPP, inobservando las reglas del debido proceso, falta de fundamentación y motivación entre los fundamentos de la apelación restringida y la resolución.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria con relación al delito de Cohecho Pasivo Propio, el imputado formuló recurso de apelación restringida manifestando como agravio, que la sentencia tuviese el defecto, descrito en el art. 370 inc. 6) del CPP, consistente en que se basaría en valoración defectuosa de la prueba, en atención de que no se aplicó el principio de la sana crítica, debido a que se fundamenta la Sentencia sobre: a) La declaración en juicio de Jorge Castellón Castellón y no considera la declaración en Juicio de Roberto Aguilar Ramírez, quien refuta al primero; y, b) Las declaraciones en juicio de testigos referenciales, que no podrían ser considerados esenciales. Además, que la sentencia no se encontraría debidamente fundamentada respecto a la valoración probatoria.

Al respecto, el Tribunal de alzada abrió su competencia y declaró procedente en parte su denuncia, considerando su reclamo en los siguientes términos, que al realizar la valoración del testigo Jorge Castellón Castellón que se considera un testigo importante, no hace una valoración de la contradicción existente entre la denuncia en el que indica que habría entregado el dinero con su declaración como testigo en el juicio cuando señala que conjuntamente con el testigo Roberto Aguilar Ramírez, fueron a la casa del imputado donde manifiesta Jorge Castellón Castellón, que él le dio el dinero a Roberto Aguilar, para que este le entregue al encausado y el hecho de que este testigo Roberto Aguilar, en juicio niega totalmente que hubiese dado el dinero y que nunca fue a la casa del encausado Rodolfo Guzmán Zeballos. El Tribunal de origen, al momento de valorar la declaración del testigo Roberto Aguilar Ramírez, da credibilidad a que él no fue quien entregó los dineros del diezmo al encausado, que si bien en la audiencia de juicio el testigo Jorge Castellón Castellón, indica que le fue a entregar a su casa de Rodolfo Guzmán, el dinero conjuntamente Roberto Aguilar; sin embargo, existiesen mayores elementos que hacen ver que efectivamente se le entregó dinero al acusado, sin indicar cuáles son esos elementos de juicio. Tampoco, aclara el hecho de que el testigo Jorge Castellón Castellón, habría entregado el dinero en fecha 23 de agosto de 2012, cuando la comisión de calificación ya había pronunciado su informe encomendado la contratación de la empresa GRUMACONS en fecha 7 de agosto de 2011, elementos de juicio que el Tribunal debe analizar y responder en la Sentencia para establecer sólidamente los fundamentos de una Sentencia condenatoria.


Concluyendo, que se considera la existencia de una defectuosa valoración de la prueba y una errónea concreción de la ley penal con referencia al delito de Cohecho Pasivo Propio, al no deslindar las contradicciones del testigo clave Jorge Castellón Castellón incurridas en su denuncia y en su declaración testifical, constituyen vicios insubsanables de sentencia, ordenando el reenvío del juicio correspondiente.


De esta relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Auto de Vista impugnado, guarda congruencia, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión y la decisión judicial, a tiempo de declarar procedente el recurso de apelación restringida y no como alega la parte recurrente; puesto que, se circunscribió al motivo que fundó el recurso de apelación restringida; es decir, al reclamo referido, a que sólo se consideró la declaración en juicio de Jorge Castellón Castellón y no se consideró la declaración en Juicio de Roberto Aguilar Ramírez, quien refuta al primero; sin extenderse, al considerar la contradicción existente entre la denuncia de Jorge Castellón Castellón y la declaración del mismo como testigo en el juicio; aspecto que, se encuentra estrechamente ligado al reclamo efectuado por el recurrente, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre el punto impugnado que se encuentra en el recurso de apelación restringida.  

Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada respecto al reclamo, adecuó su Resolución con los parámetros de fundamentación y motivación de resoluciones, explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, existiendo una correlación total entre el reclamo del recurre y la decisión del Tribunal de alzada, estableciendo una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; puesto que, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada y motivada, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarios; por cuanto, no incurrió en incongruencia por exceso como alega la parte recurrente; en consecuencia el motivo referido deviene en infundado.

Habiéndose evidenciado, que el Tribunal de alzada no violentó la garantía al debido proceso, en su componente el derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos