TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 219/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        Oruro 19/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                José Tórrez Mamani

Delitos                                Violación de Niño Niña o Adolescente y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de mayo de 2017, cursante de fs. 272 a 277, José Tórrez Mamani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 18/2017 de 11 de abril, de fs. 260 a 267 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Andrea Chaca Condori contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Violación de Niño Niña o Adolescente y Abuso Deshonesto, previstos y sancionados por los arts. 308 bis y 312 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 2/2016 de 29 de junio (fs. 185 a 198), el Tribunal de Sentencia de Challapata del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a José Tórrez Mamani, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, modificado por la Ley 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y de la acusación particular, averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto de pena y culpa por el delito de Violación de Niño Niña o Adolescente.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado José Tórrez Mamani (fs. 202 a 215) y acusadora particular Andrea Chaca Condori (fs. 219 a 223), interpusieron recursos de apelación restringida, siendo rechazado el primero de manera in límine, por Auto de 3 de octubre de 2016 (fs. 243) y el segundo fue resuelto por Auto de Vista de 18/2017 de 11 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedente el recurso planteado y anuló la Sentencia apelada disponiendo el reenvío del proceso ante otro Tribunal de Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 641/2017-RA de 28 de agosto, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, no se pronunció en el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, presentada por la acusadora particular Andrea Chaca Condori, pues el fundamento esencial del recurso versa única y exclusivamente en que la sanción impuesta no es la correcta y que debía ser mayor, alegando un agravio de errónea aplicación de ley sustantiva relacionado a la fijación de la pena, que solicitó sea corregida con la imposición de una pena mayor por el delito de Abuso Deshonesto, reconociendo expresamente que la absolución por el delito de Violación de Niño Niña o Adolescente es correcta, sin que se haya realizado respecto a esta determinación ninguna impugnación quedando ejecutoriada. El Tribunal de apelación, haciendo mal uso del art. 17 de la LOJ, bajo el argumento ilegal de que existe defecto absoluto consistente en mala valoración de la prueba, realizó nueva valoración de la misma sin que esta labor le corresponda, en contra del principio de inmediación, supuesto defecto que no fue especificado menos fundamentado, anulando oficiosamente la Sentencia, cuando no se reclamó agravio alguno al respecto, en contradicción a los Autos Supremos 45/2012 de 14 de marzo y 90/2013 de 28 de marzo.


I.1.3. Petitorio.


El recurrente solicita que luego de la comprobación de las contradicciones señaladas, se deje sin efecto el Auto de Vista y se disponga la emisión de uno nuevo acorde a la jurisprudencia establecida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 641/2017-RA de 28 de agosto, cursante de fs. 312 a 314, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por José Tórrez Mamani, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 2/2016 de 29 de junio, el Tribunal de Sentencia de Challapata del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a José Tórrez Mamani, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, modificado por la Ley 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, con costas y pago de la responsabilidad civil a favor del Estado y de la acusación particular, averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto del delito de Violación de Niño Niña o Adolescente, en base a los siguientes argumentos:


  1. En el presente caso se llega a la convicción plena, de que el autor realizó toques impúdicos, como la propia víctima señaló a tiempo de concluir los debates, hecho que no constituye penetración sexual, pero sí de contacto físico con ella, incluyendo el hecho de que en una segunda oportunidad el autor logró por sí mismo que el hermano varón menor que estaba con ellos, deba alejarse del escenario y hasta trancó la prueba, hecho que no puede dejarse en indiferencia.

  1. El Tribunal de Sentencia concluye que en este caso, si bien fue iniciado por el de delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, corresponde calificar basados en el principio Iura Novit Curia, que debe subsumirse los hechos de la acusación en mérito a la prueba desfilada, en el delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, con la modificación establecida por el art. 7 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, parte in fine del primer párrafo, dejando constancia además que este delito forma parte de la misma familia de delitos contra la Libertad Sexual, conforme señala el título XI, parte Especial del libro Segundo del Código Penal. 


II.2.        De la apelación restringida.


Contra dicha Sentencia José Tórrez Mamani, interpuso apelación restringida bajo los siguientes argumentos:


  1. Refiere que existió inobservancia y errónea aplicación de la Ley adjetiva, que hace a la presencia de actividad procesal defectuosa por vulnerar el derecho al debido proceso en su vertiente al Juez Natural y competente; aspecto que, incurriría en vulneración de los arts. 316, 230 y 169 inc. 3) del CPP. Siendo lo que se pretende que se admita este reclamo y se anule la resolución por la que se rechazó la recusación y se disponga la separación de Ananias Gonzales Ibañez y al no poder ser miembro del Juicio oral, se deberá anular hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la resolución de la recusación.


  1. Existió inobservancia y errónea aplicación de la Ley adjetiva, que hace a la presencia de actividad procesal defectuosa en la resolución de incidentes y excepciones, porque se vulneró las siguientes normas:  arts. 123 de la (CPE), 4, 268, 271 del CP y 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 169 del CPP, al haberse rechazado una excepción de manera incorrecta lo que generó la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de una resolución debidamente fundamentada y motivada. Por lo que, solicita se revoque el Auto que rechaza las excepciones, por aplicación de la normativa legal y por ende se declare probada la excepción; y en consecuencia, se disponga el archivo de obrados.


  1. Señala que existió inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, prevista en el art. 370 inc. 1) del CPP, porque se aplicó de manera incorrecta el art. 312 del CP, debido a que no se observó el cumplimiento de los arts. 13, 14 y 20 de la misma norma y se realizó la equivocada aplicación del principio iura novit curia por la existencia de contradicción al principio de congruencia.
  2. La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios, no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas, aspecto previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, estos aspectos hubieran generado la vulneración de los arts. 333, 341 inc. 5), 330 y 365 del CPP. Debiendo tenerse en cuenta, que se debió dar un aplicación estricta a lo previsto en el art. 333 del CPP, porque solo puede ingresar al juicio por su lectura la prueba documental que en esa norma legal se señala, bajo sanción de nulidad; asimismo, se debe dar cumplimiento estricto al art. 341  inc. 5) del mismo cuerpo legal; por cuanto, la prueba literal que no haya sido ofrecida no puede ser admitida; y finalmente, en aplicación estricta del art. 330 del CPP, la prueba testifical para ser valorada debe ser producida en juicio en presencia de los jueces y demás sujetos procesales, caso contrario no es parte del juicio, por lo que no debe tomarse en cuenta, por lo que al haberse pronunciado la Sentencia en base a la prueba no introducida al juicio, en forma legal, sino por el contrario contradiciendo lo establecido por el CPP, se debe anular la Sentencia disponiendo en consecuencia juicio de reenvío.

 

  1. También señaló que, la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba prevista en el art. 370 inc. 6) del CPP; aspecto que, generó la vulneración de los arts. 124, 173 y 359 del CPP, ante dicha infracción solicita que se de aplicación prevista en dicha normativa y se cumpla con la fundamentación de la Sentencia, expresando lo motivos de hecho y derecho, en que se basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba, indicando e individualizando que prueba testifical o documental le incrimina en los hechos, que se justifique y fundamente adecuadamente las razones por las cuales se le otorgó valor y a que prueba, para determinar su culpabilidad, que se expongan los razonamientos en los que fundó su decisión el Tribunal, por lo que al estar ausentes estos extremos y no haber aplicado efectivamente las normas invocadas, corresponde anular la Sentencia en cumplimiento del art. 20 del CP.


II.3.  De los Autos de Vista. 

       

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, rechazó de manera in límine por Auto de Vista de 3 de octubre de 2016, el recurso de apelación restringida interpuesto por José Tórrez Mamani, con los siguientes argumentos:


En lo concerniente al recurso de apelación restringida interpuesto por José Tórrez Mamani, de la revisión de antecedentes se advierte que el mismo fue notificado con el Auto, cursante de fs. 239, el día 26 de septiembre de año en curso, a horas 12:00, cursante a fs. 240, mediante copia de Ley fijada en el tablero de notificaciones de este Tribunal; empero, no subsanó las observaciones hechas a su recurso en el término estipulado en el art. 399 del CP, por lo que no habiendo dado estricto cumplimiento al citado artículo, se rechaza in limine el recurso de apelación restringida, de fs. 202 a 215.


Asimismo, mediante Auto de Vista 18/2017 de 11 de abril resuelve la apelación restringida interpuesta por Andrea Chaca Condori, determinado anular totalmente la Sentencia disponiendo el reenvío ante otro Tribunal de Sentencia siguiente en número, bajo los siguientes argumentos:


  1. Refiere que los aspectos señalados por la acusadora particular, es evidente dando una lectura de los argumentos expuestos por el Tribunal de Sentencia en el acápite de Fijación de la pena, el Tribunal no esgrimió fundamentos para imponer la pena mínima y no consideró la superior, sin tener en cuenta que advirtió las agravantes, como ser la niña de seis años de edad, la vulnerabilidad, que se patentizó, el por qué no se fijó la superior, o una media o media superior. El Tribunal hubiera ingresado a afirmar que se concluyó, que el acusado era una persona de la tercera edad, por lo que hubiera resultado menester considerar en el contexto de la Ley 369 “Ley General de las Personas Adultas Mayores”, como si solo el hecho de la tercera edad y conforme a la Ley 369 procedería la atenuación, sin considerar otras circunstancias previstas por los arts. 37 y 38 del CPP. Tampoco tomaron en cuenta la culpa y el dolo, que este último “dolo” se manifiesta en el acusado, en la comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, en forma latente.


  1. Igualmente una vez desglosado los arts. 37, 38 y 40 del CP, el Tribunal de Sentencia de la localidad de Challapata, no dio cumplimiento para la fijación de la pena, así sea por el delito de Abuso Deshonesto, todos y cada uno de los elementos o circunstancias que describen los precitados artículos 37 y 38 del CP y por cierto la vulneración de los arts. 124 y 173 del CP, por lo que se hace presente el incumplimiento y la contradicción de la Sentencia, pronunciada por el referido Tribunal de Sentencia, de acuerdo al Auto Supremo 038/2013 de 18 de febrero de 2013 el cual en su doctrina legal aplicable hace ver la contradicción entre el Auto de Vista y el precedente que invoca como precedente contradictorio señalado en este motivo, el cual en su doctrina legal hubiera señalado que: “…La determinación jurídica de la pena que comprende todo el procedimiento”, por lo que ameritaría la nulidad del Sentencia y el reenvío de la causa.


  1. Por otro lado, señala que si bien es cierto que el art. 398 del CPP reza: “Los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”. Sin embargo, de acuerdo a la enseñanza doctrinal y jurisprudencial, refiere que: “los aspectos apelados, establecen, circunscriben y limitan de manera precisa la competencia del Tribunal de alzada para efectos de pronunciar resolución, no correspondiendo al Tribunal ad quem pronunciar sobre aspectos no apelados, en virtud del principio de continencia procesal, salvo que se trate de defectos absolutos, previstos en el art. 169 del CPP. En esa tesitura es que por la forma de asumir en la parte decisoria de la Sentencia, primero se absolvió  al acusado José Tórrez Mamani, por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art 308 bis. del CP, cerrando la acusación en su contra y segundo, condenándolo por el delito de Abuso Deshonesto tipificado por el art. 312 del CP, si el hecho acusado y sin fundamento jurídico, para tal resolución. En esa misma línea, el parágrafo I del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial señala: “la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por Ley”, la normativa contempla el principio de legalidad, porque señala que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previsto por Ley; por tanto, la citada norma prevé el principio de legalidad. Con relación a la nulidad de oficio, la limitación a aquellos asuntos previstos por Ley, por lo mismo la mencionada norma da la posibilidad de anular sin petición de parte, pero respetando los principios que rigen las nulidades procesales. En esa misma línea señala que el Auto Supremo 060/2013-RRC, de 2 de marzo de 2013, considera: “…Por otra parte, si bien es cierto que el art. 15 de la Ley de Organización de Justicia faculta a los Tribunales de alzada como de casación revisar de oficio los proceso que llegan a su conocimiento. Sin embargo, dicha facultad está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existen defectos procesales que determinen la nulidad, no siendo correcto anular un proceso, sino se encuentra en la situación referida”, presupuestos que en la especie concurren por los fundamentos expresados.


  1. Con relación al art. 413 de CPP, señala que dicha norma en el parágrafo segundo: “Cuando sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la Sentencia y ordenará, la reparación del hecho por otro Juez o Tribunal (…)”. Habiendo advertido, que la Sentencia afecta el orden público, defectos de la Sentencia consistentes en defectos absolutos, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, el art. 17.I de la LOJ y en control de legalidad, amerita anular la Sentencia y disponer el reenvío de la causa al Tribunal siguiente en número. Remarcándose, la normativa precitada que le faculta al Tribunal Superior la posibilidad de anular total o parciamente el juicio, siendo así deberá fijarse el objeto concreto del nuevo juicio, es que en esa virtud al no poderse reparar directamente el vicio de Sentencia la falta de fundamentación en la Sentencia y la fijación de la pena en lo que corresponde anular el juicio, por el agravio expresado de manera que el juicio versará conforme los fundamentos expuestos en la resolución, que por cierto no puede ser reparado por este Tribunal siendo así la realización del nuevo juicio, esta se circunscribirá a los fundamentos vertidos por el Auto de Vista, el Tribunal de reenvío imprimirá el trámite de Ley pertinente con todas sus emergencias y emitir nueva resolución debidamente fundamentada en derecho.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO

En el recurso de casación plateando, el recurrente denunció que el Auto de Vista incurrió en contradicción con los precedentes invocados, porque se advirtió la falta de pronunciamiento de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida de la acusadora particular; y por otro lado, refirió aspectos relacionados a la falta de fundamentación del Auto de Vista, cuando señala que el Tribunal de alzada realizó un mal uso del art. 17 de la LOJ y anuló oficiosamente la Sentencia, sin que se haya reclamado agravio alguno, habiéndose pronunciado de manera ultra petita, por lo que corresponde el análisis de fondo del planteamiento esbozado en el motivo.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo, que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP).


La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."

Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.3.        Consideraciones doctrinales y normativas sobre la incongruencia

       omisiva.


El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e interés legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.


En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.


III.4. Sobre la revisión de oficio.


Sobre la revisión de oficio, este Tribunal se pronunció mediante el Auto Supremo 205/2015-RRC de 27 de marzo, entre otros, indicando: “Ahora bien, para resolver la presente denuncia, previamente debe considerarse el art. 17 de la LOJ que señala:


“I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley.


II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos.


III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.


En este sentido, a partir del alcance teleológico de la norma citada y descrita, se tiene que la voluntad del legislador fue justamente incorporar a la vida jurídica una norma más acorde al sistema penal y a la propia coyuntura jurídica que atraviesa la justicia boliviana y que encuentra su inspiración justamente en el principio de preclusión y celeridad; así se materialice una justicia pronta y efectiva precautelando que innecesariamente se retrotraigan fases o etapas que conlleven a una eventual extinción de la acción penal; además de ello, el parágrafo segundo de la norma señalada, impone que en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deben pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos impugnado en los recursos interpuestos; aspecto que encuentra su concordancia en lo plasmado en el acápite III.1.1 de la presente resolución.


(…)


En este sentido, el principio de congruencia se constituye en una regla que limita y condiciona la competencia de las autoridades jurisdiccionales, en el sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado por las partes, en consonancia con ello, se tiene que el juez, no puede otorgar o resolver lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita), por ello la necesidad de fijar con claridad, el objeto del reclamo o litigio; por esta razón debe destacarse que la congruencia como elemento constitutivo del derecho, garantía y principio del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución judicial, por cuanto expuestas las pretensiones jurídicas de las partes traducidas en los puntos en los que reúne una acción o recurso, la autoridad jurisdiccional para resolver el mismo está impelida y en el deber de contestar y absolver cada una de las alegaciones y denuncias expuestas, reflejadas a partir de una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y el decisum que asume; situación que encuentra su base legal, no solo en la voluntad del constituyente, sino también del legislador a partir del alcance jurídico previsto por los arts. 398 del CPP y 17.II de la LOJ; pues esta última es clara al establecer que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos” (Negrillas nuestras). 


III.5. Análisis del caso concreto.

Respecto de las denuncias realizadas por la parte recurrente, es preciso evidenciar si existió contradicción del Auto de Vista con relación a los precedentes invocados.

Respecto del único motivo, se advierte que el recurrente a tiempo de denunciar la falta de fundamentación y la existencia de incongruencia omisiva, identificó que el Auto de Vista hubiera incurrido en estos aspectos, que resultarían contradictorios a los Autos Supremos 45/2012 de 14 de marzo y 90/2013 de 28 de marzo invocados al efecto, los cuales en su doctrina legal de manera concurrente señalan lo siguiente:


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales. En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales”.


De lo denunciado y los precedentes invocados resultan emergentes de la misma temática; es decir, la supuesta existencia de incongruencia omisiva y la falta de fundamentación, situación que hace ver que se cumplió con el presupuesto de establecer el hecho fáctico similar procesal, por lo que corresponde verificar si resulta evidente o no los agravios señalados por el impetrante.  


Con relación al motivo de análisis, el recurrente señala en su recurso de casación, que el Auto de Vista incurrió en contradicción con los precedentes invocados, porque se advirtió la falta de pronunciamiento de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida presentado por la  acusadora particular, únicamente referida a la errónea aplicación de ley sustantiva en cuanto a la fijación de la pena que solicitó su corrección con la imposición de una pena mayor por el delito de Abuso Deshonesto, sin haber establecido ninguna impugnación respecto al delito de Violación de Niño Niña y Adolescente; al respecto, se debe tener en cuenta que si bien es cierto que el precedente invocado en su doctrina que los Tribunales de alzada, circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; en este caso, dicha denuncia no le generó agravio al recurrente porque se advierte que dicha omisión no es reclamada por la querellante que se constituiría en la directa agraviada por dicha omisión e incumplimiento de lo establecido por el art. 398 del CPP.


No obstante, lo mencionado anteriormente, el recurrente también hace referencia a que el Tribunal de alzada incurrió en incumplimiento de las previsiones contenidas en el art. 124 del CPP; es decir, que el Auto de Vista falta de fundamentación apoyado en los precedentes que invoca, que establecen la aplicación de dicha norma; en consecuencia, es preciso señalar que a raíz de este reclamo se ingresa a la verificación de dicho extremo, por lo que resulta preciso verificar si en la fundamentación del Auto de Vista se realizó -un mal uso del art. 17 de la LOJ, bajo el argumento de la existencia de defecto absoluto, relativo a la mala valoración de la prueba, revalorizó la prueba en contra del principio de inmediación anulando oficiosamente la Sentencia, sin que se haya reclamado agravio alguno-. Al respecto, es preciso aclarar que el Tribunal de alzada no tuvo en cuenta la aplicación del art. 420 del CPP, que señala que la doctrina legal establecida será obligatoria por los Tribunales y Jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, por lo que corresponde traer a colación la doctrina legal enunciada en el punto (III.4. Sobre la revisión de oficio), que establece que no procede la revisión de oficio, cuando se hace referencia en el art. 17 de la LOJ, cuando esta impone que en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deben pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos impugnados en los recursos interpuestos; aspecto que, encuentra su concordancia en lo plasmado en el acápite III.4. de la presente resolución. En este sentido, el principio de congruencia se constituye en una regla que limita y condiciona la competencia de las autoridades jurisdiccionales, en el sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado por las partes; en consonancia con ello, se tiene que el Juez, no puede otorgar o resolver lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita), por ello la necesidad de fijar con claridad, el objeto del reclamo o litigio; por esta razón debe destacarse que la congruencia como elemento constitutivo del derecho, garantía y principio del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución judicial; por cuanto, expuestas las pretensiones jurídicas de las partes traducidas en los puntos en los que reúne una acción o recurso, la autoridad jurisdiccional para resolver el mismo está impelida y en el deber de contestar y absolver cada una de las alegaciones y denuncias expuestas, reflejadas a partir de una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y el decisum que asume, situación que encuentra su base legal, no solo en la voluntad del constituyente; sino también, del legislador a partir del alcance jurídico previsto por los arts. 398 del CPP y 17.II de la LOJ, pues esta última es clara al establecer que: En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”. 


En consecuencia, el Tribunal de alzada a anular la Sentencia de “oficio”, se constata que aplicó de manera sesgada e incorrecta, el verdadero alcance del art. 17 de la LOJ, omitiendo emitir su resolución en base a los aspectos que fueron reclamados, por lo que deviene en fundado el recurso de casación sujeto a análisis, al evidenciarse la falta de fundamentación en el Auto de Vista respecto de los puntos apelados al emitir una resolución de oficio.


En consecuencia, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia, no obró de manera correcta. Por todos los argumentos expresados en el presente fallo, se pone en evidencia que el Auto de Vista no realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados; en consecuencia, resulta cierta la denuncia que el fallo recurrido de casación incurrió en falta de fundamentación incumpliendo las previsiones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; por ende, corresponde dar curso a lo solicitado al haberse evidenciado la contradicción no solo con los precedentes invocados sino incluso de la doctrina legal señalada en el punto III.4. de la presente resolución, correspondiendo en consecuencia declarar fundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Tórrez Mamani, de fs. 272 a 277 y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 18/2017 de 11 de abril de 2017, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo sorteo y sin espera de turno de forma inmediata, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos