TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 218/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                          La Paz 49/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otros

Parte Imputada                  Basilia Acarapi Huanca

Delito                                Robo Agravado

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de marzo de 2017, de fs. 315 a 318 vta., Gabriela Soledad Mayta Rodríguez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 33/2016 de 27 de junio, de fs. 298 a 301 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Román Ramírez Huanca y la recurrente contra Basilia Acarapi Huanca, por la presunta comisión del delito de Robro Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4) con relación al art. 326 inc. 1) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 15/2014 de 25 de septiembre (fs. 289 a 298 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Basilia Acarapi Huanca, autora de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4) con relación al art. 326 inc. 1) del CP, imponiendo la pena de siete años de presidio, más el pago de costas al Estado y reparación del daño civil a favor de la víctima a calificarse en ejecución de Sentencia.


  1. Contra la referida Sentencia, la imputada Basilia Acarapi Huanca (fs. 302 a 308 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo (fs. 283 a 290); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 33/2016 de 27 de junio, que declaró admisible y procedente de manera parcial la cuestión planteada en el recurso de apelación, declarando a Basilia Acarapi Huanca, autora “del delito previsto en el art. 326 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal” (sic), imponiendo la pena de tres años de reclusión, más la calificación de costas, daños y perjuicios provocados a la parte querellante y acusadora particular a hacerse efectiva en ejecución de Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 644/2017-RAde 28 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La recurrente advierte, que el Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo, de manera clara estableció la falta de fundamentación del quantum establecido como pena, no disponiendo realizar la modificación del tipo penal; por cuanto, ello supondría anular la Sentencia y la consecuente reposición del juicio; sin embargo, el Auto de Vista impugnado, con una fundamentación indebida y carente, contradiciendo los fundamentos contenidos del Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio, con argumentos ambiguos, contradictorios, vagos y sin fundamentación suficiente, cambió la calificación del tipo penal de Robo (art. 331 del CP) a Hurto (art. 326 del CP), limitándose a decir que eran hermanastros, que eran familia, atentando contra el principio de congruencia que debe existir entre la Sentencia y la acusación, vulnerando además, los principios del Juez Natural e Inmediación; resultando con ello, que el Tribunal de alzada y no el Tribunal de origen que conoció la realización del juicio, condenó a la acusada por un hecho distinto al atribuido en la acusación.


Agrega, que si bien el principio iura novit curia, establece que la congruencia debe darse entre el hecho y la Sentencia y no respecto a la calificación jurídica, que provisionalmente establece el Ministerio Público o la acusación particular y que el Tribunal constituido por los jueces naturales, debe efectuar la subsunción del hecho al tipo penal que corresponda, esto no implica que el Tribunal de alzada sin que se haya ordenado la reposición del juicio principal, realice nueva valoración y pueda modificar la calificación del tipo penal, por lo que acusa la vulneración del debido proceso en sus tres dimensiones, como principio, garantía y derecho constitucional, previsto en los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).


Refiere, que la posibilidad de variar la calificación conforme establece el Auto Supremo 166/2012-RRC, está reconocido en tanto; y en cuanto, este de acuerdo a la actividad probatoria desarrollada en la Sentencia; vale decir en Juicio, por lo que el Tribunal de alzada incumplió la condición exigida por la tesis de la desvinculación llamada precisamente por ello condicionada, lo cual significa que no se planteó a las partes la posibilidad de la existencia de error o errores en la calificación jurídica, que aquellos habrían formulado en sus acusaciones, a objeto de que asuman una posición al respecto, lo que constituye vulneración al derecho a la defensa del acusado y también una restricción al derecho de acceso a la justicia con respecto a los acusadores, reiterando que durante la tramitación de la causa en ningún momento fue modificada la acusación, habiéndose tramitado el juicio oral y público por el delito de Robo y no de Hurto, realizando la valoración de las pruebas en relación al tipo penal de Robo.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado; en consecuencia, se pronuncie nueva Resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 644/2017-RA de 28 de agosto, cursante de fs. 326 a 328, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la acusadora particular Gabriela Soledad Mayta Rodríguez, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De las acusaciones pública y particular.


Por memorial (fs. 3 a 6 vta.), el representante del Ministerio Público presentó acusación formal contra Basilia Acarapi Huanca, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado previsto por el art. 332 inc. 4) con relación al art. 326 párrafo 2 incs. 1) y 5) del CP.


A su turno los acusadores particulares Román Ramírez Huanca y Gabriela Soledad Mayta Rodríguez, por memoriales de (fs. 26 a 29 y 34 a 36), presentaron acusación particular en contra de Basilia Acarapi Huanca, por la comisión del delito de Robo Agravado, tipificado por los arts. 332 inc. 4) con relación al 326 párrafo 2, incs. 1) y 5) del CP.


II.2.        De la Sentencia.


Por Sentencia 15/2014 de 25 de septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Basilia Acarapi Huanca, autora de la comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 332 inc. 4), con relación al art. 326 inc. 1) del CP, imponiendo la pena de siete años de presidio, más el pago de costas al Estado y reparación del daño civil a favor de la víctima a calificarse en ejecución de Sentencia, bajo los siguientes hechos probados:


  1. Por las declaraciones tanto de cargo como descargo, se evidenció que la acusada planeó y ejecutó de manera sistémica el hecho delictivo consistente en el robo.


  1. Que la acusada tiene antecedentes policiales de Robo de Especias.


  1. Que para cometer el Robo, en abril de 2012, ingresó al inmueble ubicado en la calle Chapare 432 de la zona Villa Tunari de El Alto valiéndose de amenazas, uso de ganzúa y llave, incluso con la participación de un abogado de apellido Estrada, para después, permanecer en el interior.


  1. El 12 de mayo de 2012, rompiendo los vidrios de las habitaciones que ocupaban Román Ramírez y Gabriela Soledad Mayta Rodríguez, ingresó para sustraer objetos, muebles, electrodomésticos, ropa y otros objetos de valor, habiendo sido encontrado uno de los objetos robados como es una cuadratrack, estando todos estos hechos identificados gracias a las pruebas de cargo presentadas y producidas en juicio.


En cuanto a la fijación de la pena, el Tribunal de Sentencia deja constancia que la imputada es una persona de cincuenta años de edad, casada, con grado de instrucción básico, madre de familia, humilde, que el hecho es un acto delictivo cometido entre familia; vale decir de hermano a hermano, más el hecho de que la acusada para cometer el delito, también consideró otros móviles que fueron mencionados durante el juicio, como el caso de proteger y defender a su madre que es de la tercera edad, quien es también madre del acusador particular Román Ramírez, aspecto considerado como atenuante a favor de la acusada.  


II.3.        Del recurso de apelación restringida de la imputada.


       Notificada con la Sentencia, la imputada Basilia Acarapi Huanca, interpuso recurso de apelación restringida bajo los siguientes argumentos:


  1. Errónea interpretación y aplicación de la Ley sustantiva, violando la función cualificativa que la tipicidad ejerce sobre la culpabilidad y defectuosa valoración de los elementos constitutivos del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado en el art. 332 inc. 4) del CP.


  1. La Sentencia en el Romano III de los fundamentos probados, efectuó violación e incongruente fundamento en cuanto a los hechos probados incurriendo en omisión de fundamentación y precisión de los hechos y versiones referidas a la acusación fiscal y particular, tomando en cuenta ambas acusaciones refieren distintas fechas y hechos, al no estar precisados en la Sentencia de forma clara y comprensible que constituyen vulneración del debido proceso.


  1. Que el Tribunal de Sentencia, no efectuó una valoración de las pruebas literales de todos los sujetos procesales, constituyendo un defecto absoluto por falta de fundamentación.


  1. El Tribunal de Sentencia, no emite valor a la prueba extraordinaria consistente en un video audiovisual.


  1. La Sentencia no sustenta por qué no son creíbles las declaraciones que hubiera analizado de Arsenio Ramírez Huanca y Víctor Hugo Acarapi, existiendo así falta de valoración.


  1. En cuanto, a la fijación de la pena el Tribunal de Sentencia no ha valorado conforme los arts. 38 inc. 1) en relación al 37 del CP.


  1. Que el Tribunal efectuó una defectuosa valoración de las pruebas testificales, que no tendrían fundamento lógico y claro.


  1. Que el Tribunal no describió con prueba documental el derecho propietario de la cuadratack; ya que, existirían las contradicciones en las pruebas testificales de Arsenio Ramírez Huanca y que al existir duda se debió aplicar el principio in dubio pro reo.


II.4.  Del Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada.


II.5.  Del Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo.


Conforme a los datos del proceso, se advierte que la presente causa fue radicada anteriormente ante la Sala Penal de éste Tribunal, como emergencia del recurso de casación interpuesto por la imputada Basilia Acarapi Huanca (fs. 261 a 264 vta.), impugnando el Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril; en el que acusó, que el Auto de Vista recurrido: i) Ante el agravio referido a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, respondió de forma precaria, omitiendo y contradiciendo los fundamentos jurídicos de los precedentes judiciales citados en el recurso de apelación restringida; y, ii) no observó los fundamentos jurídicos invocados al no haber resuelto conforme establece al art. 180 de la CPE vulnerando el art. 37 del CP. Recurso, que inicialmente fue declarado admisible, mereciendo el pronunciamiento del Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo, que sobre las referidas denuncias constató que: Respecto a la denuncia de precaria fundamentación. “…que la recurrente a tiempo de plantear la existencia del defecto previsto por el art. 370.1) del CPP, refirió que en ningún momento se estableció el uso de la fuerza o violencia en la habitación, ni en el cuadratrak, por lo que su conducta no se subsumía al ilícito penal de Robo sino en todo caso al de Hurto, enfatizando en lo relevante que si bien se estableció haber ingresado a la casa donde vivía su madre, la puerta de la habitación de los querellantes no se encontraba forcejada ni violentada; por el contrario, de forma pacífica y tranquila, procedió a trasladar el “cuadratrak” junto con uno de sus hermanos y en presencia de su sobrina; y que la rotura del vidrio de la habitación, se produjo accidentalmente por su sobrina, por lo que al no haberse acreditado el uso de fuerza en las cosas, no concurría uno de los elementos constitutivos del tipo penal por el que fue condenada.

Estos cuestionamientos formulados en apelación, merecieron la siguiente respuesta de parte del Tribunal de alzada:`…Que con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la norma sustantiva sobre el delito de robo agravado, se debe considerar que el Tribunal A quo es la única autoridad competente para determinar cuál es la correcta atribución típica y en consecuencia realizar la subsunción adecuada a la conducta demostrada en juicio a un tipo penal establecido en la norma sustantiva pena. Bajo este criterio se debe considerar el principio de iura novit curia, por el cual se brinda la posibilidad al Tribunal A quo subsumir la conducta demostrada en el juicio oral, público y contradictorio en el tipo penal adecuado que ellos consideren, siendo el único requisito que se mantenga el bien jurídico protegido; Es así que en el presente caso la recurrente señala que su conducta no se adecuaría al tipo penal de robo agravado ya que no se habría demostrado el uso de la fuerza…´, advirtiéndose de la glosa anterior, que el Tribunal de alzada no ingresó a resolver el fondo de las cuestiones planteadas por la recurrente relativas a la errónea aplicación de la Ley sustantiva, menos fundamentó como es un deber sobre los aspectos pedidos en este motivo, teniendo en cuenta que la recurrente solicitó que su conducta se adecue al tipo penal de Hurto, observando varios aspectos de orden fáctico con trascendencia jurídica que no hubiesen sido tomados en cuenta por el Tribunal de Sentencia al momento de emitir su fallo; de modo que la respuesta genérica con la simple mención del motivo de apelación y la puntualización de la facultad que tiene el Tribunal de mérito en cuanto a la calificación de la conducta de la parte imputada, de modo alguno cumple con los parámetros o exigencias mínimas que hacen a una resolución debidamente fundamentada y motivada; por lo que, el motivo resulta fundado debido a que las expresiones del Auto de Vista respecto de esta temática, por supuesto no satisfacen el deber impuesto por el art. 124 del CPP, incurriendo en falta de fundamentación al resolver el motivo con argumentos evasivos que generan inseguridad jurídica y vulneran el derecho a la defensa de la imputada”.

En cuanto a la denuncia de vulneración del principio de proporcionalidad en la fijación de la pena, no advertida por el Tribunal de apelación. “En el caso presente, la recurrente primordialmente denuncia que el Tribunal de alzada no advirtió la fijación de la pena sin tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, así como los arts. 37 del CPP y 180 de la CPE, al ser condenada a siete años sin considerarse: su edad, que tiene bajo su manutención cuatro menores, la gravedad del hecho y el bien jurídico afectado. En ese sentido, se constata que emitido el Auto de Vista  impugnado, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió sobre la temática planteada de la siguiente manera: ´…Con relación a la fundamentación de la pena la recurrente señala que no se habría tomado en cuenta su edad y que se encontraría a cargo de cuatro nietos, asimismo señala que no se habría valorado adecuadamente los medios probatorios introducidos a juicio los cuales permitirán la sanción equitativa y proporcionada. Que de la revisión íntegra de la Sentencia se tiene que en el punto IV.1. Se realiza una valoración en cuanto a la edad, el estado civil, el grado de instrucción, así como otros aspectos, como atenuantes en favor de la acusada, cumpliendo de esta manera con el art. 37, 38 y 40 del CP´. De ahí, que se advierte la falta de fundamentación respecto del quantum de la pena observada en el recurso de apelación restringida, teniendo en cuenta que el Tribunal de alzada debió realizar el control respecto de que si era evidente o no que el Tribunal de Sentencia emitió argumentos jurídicos relativos a los aspectos reclamados, al tipo penal, a la valoración de los hechos, las acciones y de la imputada misma, su personalidad, la motivación y otras circunstancias concomitantes, que corresponden al caso concreto, que expliquen de manera clara y expresa cuáles son los aspectos o circunstancias que agravan o atenúan la pena, aspecto que no se advierte en el Auto de Vista recurrido, teniendo en cuenta que simplemente realizó un análisis genérico y escueto sobre la aplicación de la normativa que hace al quantum de la pena; en consecuencia, resulta evidente lo manifestado por la recurrente. 

En ese entendido, debe quedar claro, que no es posible suplir ninguna fundamentación con la simple mención de los criterios señalados en el sistema de aplicación de las penas descrito en los arts. 37 a 40 del CP; sino, exige al juzgador y en este caso al Tribunal de alzada, considerar y aplicar dichos criterios vinculándolos de forma objetiva al caso en particular, debiendo ponderar de forma correcta, cada una de las circunstancias consideradas como probadas en la Sentencia, pues este tipo de fundamentación y motivación, demanda de la autoridad, la explicación clara y precisa de los aspectos de la personalidad de cada uno de los imputados que fueron considerados sea como atenuantes o agravantes; es decir, cómo el grado de educación, la situación económica, la edad de los imputados, etc., influyeron de forma positiva o negativa en la imposición de cada sanción, cuál la gravedad del hecho, cuáles las consecuencias y cómo influyeron en el quantum de la pena, estando inclusive facultado de acuerdo a los arts. 413 y 414 del CPP a modificar la sanción, con base en los hechos considerados probados y las conclusiones arribadas por los sentenciadores, siempre y cuando la necesidad sea debidamente justificada en la Resolución; por lo cual, al concluirse que el Tribunal de alzada no procedió conforme la normativa sustantiva y adjetiva citada, corresponde declarar fundado el motivo planteado.

En base a los fundamentos precedentes, dejó sin efecto el citado Auto de Vista, disponiendo se dicte uno nuevo, siguiendo la doctrina legal aplicable.


II.6.  Del Auto de Vista ahora impugnado.


Como consecuencia del referido Auto Supremo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió el Auto de Vista 33/2016 de 27 de junio, por el que declaró admisible y procedente de manera parcial el recurso planteado; en consecuencia, declaró a la acusada Basilia Acarapi Huanca autora de la comisión del delito previsto por el “art. 326 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal”, imponiendo la pena de 3 años, más la calificación de costas, daños y perjuicios provocadas a la parte querellante y acusadora particular a hacerse efectiva en ejecución de Sentencia, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:


  1. Con relación al defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, contrastado la Sentencia en lo específico y en lo que corresponde a la parte considerativa, referente al análisis de la prueba literal o documental; así como la fundamentación jurídica realizada, que establece una valoración del elemento tipificado, no establece una adecuada subsunción en relación a los hechos sometidos al proceso; así como los hechos establecidos como ciertos, es por ello que el Tribunal de mérito al fundar una sentencia condenatoria, que declara la comisión del delito de Robo Agravado, previsto por el art. 332 inc. 4) en relación al inc. 1) del art. 326 del CP, no ha realizado una correcta aplicación de la Ley sustantiva, al efecto corresponde establecer que la descripción típica del delito de Robo Agravado, tiene como esencia en su verbo rector en la descripción que señala el art. 331, de apoderarse de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o violencia, intimidación en las personas, cuya conducta necesariamente debe ser desplegada en el momento de cometerse el hecho, que a decir de la enunciación de hechos y circunstancias establecidas por el Tribunal de mérito deben referirse al día 5 de abril de 2012, extremos que no han sido establecidos en la decisión apelada, de que en las cosas u objetos o en las personas haya existido esa violencia y que para ello en el contradictorio del juicio, debió establecerse la violencia física o psíquica provocada por la imputada hacia su parte contraria; y ella, tiene que ser suficiente para intimidar a momento de incurrir en este ilícito; por otra parte, cuando el Tribunal de mérito en su parte resolutiva declara autora por el delito de Robo Agravado lo realiza al amparo del “art. 332 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal”, que nos remite a la concurrencia de algunas circunstancias señaladas en el párrafo segundo del art. 326 inc. 1) referida al escalonamiento o uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la sustracción, a ello razona, cuan posible que la imputada ingrese al inmueble, cuando entre la acusación particular de Román Ramírez Huanca la acusada tendría la razón de ser la hermanastra y que en esa condición la imputada trasladaba del inmueble de la víctima algunos objetos y que en la valoración de la prueba testifical de la acusación particular y el Ministerio Público, no se logró establecer el uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento para penetrar al lugar y que ello en lo relacionado en la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP, para el tipo penal de Robo, no existía la fundamentación suficiente, por lo que sobre este aspecto se hace viable el recurso, debiéndose establecer de manera directa como una forma de corregir el proceso de subsunción de los hechos.


  1. Que el Tribunal, sin anular la Sentencia podrá realizar una fundamentación complementaria a cuyo objeto señala: “Si bien es cierto en la emisión de la Sentencia penal apelada tanto en el pliego acusatorio de la Fiscalía y la acusación particular se estableció que la acusada ingreso a la propiedad del querellante, no es menos cierto que en la relación entre Román Ramírez Huanca y Basilia Acarapi Huanca existe la relación de ser medios hermanos, así como de que la acusada sustrajo cuadratracks y otros enseres del querellante”, no queda duda que dicha conducta hace que la imputada de una manera ilegítima se haya apoderado de cosa mueble ajena, que en la doctrina esta figura constituye una figura simple de Robo, que lo caracteriza la forma como ha dado lugar a obtener la cosa ajena, que se concretiza en la ilegitimidad del apoderamiento donde la autora sabe y conoce que no es suya, como así se tiene establecida con las pruebas analizadas en testigos y documentales que constituyen la comunidad de la prueba y que en la forma espontánea como se presentaron los hechos, así como la probanza realizada por los acusadores, hace que el hecho de apoderamiento ilegítimo bajo el principio procesal iura novit curia, se subsuma en el delito de Hurto, previsto por el art. 326 inc. 1) del CP; toda vez, que se tiene señalado por el Tribunal de mérito que la acusada en forma anterior le había amenazado a Román Ramírez Huanca hermano medio y Mercedes Rodríguez Herrera que iba a limpiar la casa, para lo cual actuó de manera premeditada; es por ello, que el principio de derecho procesal, por el que se entiende que el Juez conoce el derecho aplicable, por lo que concluye, que la conducta de la imputada se subsume en el tipo penal de Hurto Agravado.


  1. Que, en lo que corresponde a una correcta dosimetría penal la autoridad Ad quo en la Sentencia ha establecido con fijación de la pena, que la acusada que es persona de cincuenta y cinco años de edad, con grado de instrucción básica, que por cierto ello le pone en desventaja con una persona que pudiese tener mayor estudio, que la misma es madre de familia humilde y el hecho sería cometido entre familia; vale decir, de hermana a hermano y que ello en un criterio de interpretación también constituida para este Tribunal una atenuante, no estableciendo el Tribunal ad quo un agravante, que diera lugar a que la sanción penal, sea más allá de la finalidad propia que prevé la Constitución Política del Estado en su art. 118, que tampoco ha sido observado a momento de imponerse la sanción, por lo que hizo viable este aspecto.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el presente caso, la recurrente refiere que el Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo de manera clara estableció la falta de fundamentación del quantum de la pena, no disponiendo modificar el tipo penal; sin embargo, el Auto de Vista recurrido con una fundamentación indebida y carente cambió la calificación del tipo penal de Robo a Hurto; limitándose a referir que eran hermanastros y que eran familia, atentando el principio de congruencia que debe existir entre la Sentencia y la acusación, vulnerando los principios del Juez natural e inmediación; ya que, el Tribunal de alzada condenó a la acusada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, sin que haya ordenado la reposición del juicio; consecuentemente, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1. De los precedentes invocados.


El Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio, fue dictado por la Sala Penal Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Lesión Seguida de Muerte, donde constató que el Tribunal de alzada en desconocimiento del principio de congruencia y la aplicación del principio iura novit curia, erróneamente dispuso la nulidad de la Sentencia y reposición del juicio por otro Tribunal, sin que exista en el desarrollo del juicio y en la emisión de la Sentencia irregularidad alguna que vulnere el principio de congruencia, vulnerándose de esa manera el debido proceso; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que la potestad de impartir justicia sustenta que entre otros en el principio de celeridad, entendida como la debida prontitud en los actos procesales a objeto de brindar la tutela jurisdiccional efectiva y oportuna (art. 115 de la CPE); principio refrendado por el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), cuando señala que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.


En estrecha relación con este principio, se tiene al principio de preclusión (art. 16.I de la LOJ), que establece que las y los Magistrados, Vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley; precepto legal incumplido por el Tribunal de apelación, puesto que dispuso la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal, sin que exista en el desarrollo del juicio y particularmente en la emisión de la Sentencia, irregularidad alguna, que amerite tal decisión, vulnerando de esta manera el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, precepto constitucional que guarda estrecha relación con la previsión contenida en el art. 120.I de la Ley Fundamental, que reconoce el derecho de tutela judicial efectiva, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional, competente, independiente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas.


Estos derechos reconocidos a las partes quedan vulnerados cuando el tribunal de alzada al conocer y resolver un recurso de apelación restringida, deja sin efecto la Sentencia y dispone la reposición del juicio, en desconocimientos a los principios constitucionales, en este caso, la referida al principio de congruencia establecido en el art. 363 del CPP, por el cual ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, y la aplicación del principio iura novit curia, que exige que la congruencia se de entre el hecho y la Sentencia, siempre que se trate de la misma familia de delitos, y con la debida fundamentación en cumplimiento del art. 124 del CPP. Asimismo, se vulnera los derechos referidos, cuando el Juez o Tribunal de alzada fundamenta sus determinaciones en jurisprudencia constitucional que ha sido superada o modulada, lo que ciertamente aconteció con la SC 0506/2005-R, que sirvió de sustento al Tribunal de alzada para declarar la nulidad de la Sentencia, y por ende la reposición del juicio por otro Tribunal, cuando dicha Sentencia fue modulada por la Sentencia Constitucional 0460/2011-R de 18 de abril, conforme a la explicación efectuada en la presente Resolución”. (El resaltado nos corresponde).


El Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo, conforme se extractó en el acápite II.5 de la presente Resolución, fue dictado por la Sala Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación dentro del presente proceso, donde constató que la Resolución entonces impugnada: i) respecto a la denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva incumplió con su deber de responder de manera fundamentada; y, ii) respecto al quantum de la pena, incurrió en insuficiente fundamentación, limitándose a realizar un análisis genérico y escueto, aspectos por el que el Auto de Vista entonces recurrido fue dejado sin efecto.


III.2. El principio iura novit curia.  


El principio iura novit curía, es un principio de derecho procesal por el que se entiende que “el juez conoce el derecho aplicable”; y por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. Este principio se encuentra relacionado con la máxima “dame los hechos, yo te daré el Derecho”, que se entiende como “da mihi factum, Tibi Dabo ius”, o “narra mihi factum, narro tibi ius”, reservándole al juzgador el derecho y a las partes los hechos.


La facultad de modificar la calificación jurídica, otorgada al juzgador, significa la aplicación del principio iura novit curia, que no puede apartarse del principio de congruencia fáctica en resguardo del derecho a la defensa; lo que significa que, en el supuesto caso en que se pretenda cambiar la base fáctica -no la jurídica- como consecuencia del desarrollo del proceso, con los delitos objeto de condena o sanción, se justifica la suspensión temporal de la audiencia, con la finalidad de que el imputado pueda ejercer defensa sobre los nuevos hechos atribuidos. En consecuencia, la congruencia fáctica, exige de la Sentencia, que tenga como base el hecho o factum investigado y acusado, debiendo emitir pronunciamiento concordante con dicho hecho; es decir, el Tribunal sentenciador, puede otorgar al hecho denunciado una calificación jurídica diferente a la que conste en la acusación, cuidando de no dejar en estado de indefensión al imputado, por lo que se encuentra constreñido a no modificar sustancialmente dicha calificación, teniendo como margen, que la misma se haga dentro la “misma familia de delitos”, por ello la acusación debe señalar la pretensión jurídica que servirá para orientar tanto al Tribunal como al imputado, para la efectivización de su derecho a la defensa.


En Bolivia, el principio de congruencia (externa), se encuentra establecido en el art. 362 del CPP, que al referirse a la sentencia, señala de forma imperativa que ningún imputado puede ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación; concordante con la normativa precitada, el inc. 11) del art. 370 del cuerpo legal precitado, establece que constituye defecto de Sentencia, la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación; las disposiciones precitadas; a su vez, guardan coherencia con las siguientes normas legales: El art. 242 del CPP, que en su primer párrafo señala: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación” y el art. 348 del referido Código, que respecto a la ampliación de la acusación sostiene: "Durante el juicio, el fiscal o el querellante podrán ampliar la acusación por hechos o circunstancias nuevos que no hayan sido mencionados en la acusación y que modifiquen la adecuación típica o la pena”, para luego señalar: “Admitida por el juez o tribunal la ampliación de la acusación, se recibirá nueva declaración al imputado y se pondrá en conocimiento de las partes el derecho que tienen a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, conforme a lo dispuesto en el Artículo 335 de este Código".


De la normativa precitada se evidencia que el sistema procesal penal vigente, de manera implícita, en cuanto a la redacción de la Sentencia, acoge el principio de congruencia fáctica; lo que significa, la posibilidad de aplicar el principio iura novit curia, que únicamente establece la prohibición de incluir hechos nuevos que no hayan sido objeto de la acusación, lo que no compromete, bajo ningún aspecto, la imparcialidad de juzgador ni vulnera el derecho a la defensa.


En aplicación del citado principio, las partes deben limitarse a probar los hechos sometidos a litigio, sin que sea necesario probar los fundamentos aplicables a derecho, quedando vinculado el juzgador a someter el fallo a los hechos probados, por lo que ante la evidencia de que dichos hechos no se ajustan a la pretensión jurídica, amparándose en este principio, puede aplicar un derecho distinto al invocado en la acusación, cambiando la calificación jurídica, con la finalidad de adecuar los hechos probados a la normativa legal que corresponda, más si la modificación es favorable al imputado. Esta facultad, es excepcional y debe estar debidamente fundamentada, teniendo como condición, la de no apartarse de los hechos comprobados ni alterarlos.


De la normativa citada precedentemente, se tiene que este principio procesal, es aplicable en Bolivia, siempre y cuando se cumpla con las condiciones señaladas anteriormente; es decir, el juzgador bajo ningún aspecto puede modificar, suprimir ni incluir hechos que no hubieran sido parte del pliego acusatorio, debiendo emitir resolución sobre la base fáctica probada en juicio. Al respecto, este Tribunal máximo de justicia, estableció doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, que señala: “Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la acusación en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación” (Las negrillas son propias).


En conclusión de conformidad al  principio de congruencia, ninguna persona puede ser condenada por un hecho distinto al atribuido en la acusación; sin embargo, cuando los hechos comprobados no se adecuen a la calificación jurídica realizada en la  acusación, tomando en cuenta que el juzgador tiene la facultad privativa de realizar la subsunción del hecho al tipo penal correspondiente, se encuentra facultado para aplicar el principio iura novit curia, siempre que el objeto de protección jurídica sea el mismo (misma familia de delitos), ello en consideración a que la exigencia de congruencia dispuesta en la normativa procesal penal, se refiere a la coherencia que debe existir entre los hechos acusados o base fáctica y la Sentencia (congruencia fáctica) y no respecto a la calificación jurídica asignada por el acusador, por lo que la aplicación de este principio no compromete la imparcialidad del juzgador, ni coloca en estado de indefensión a las partes, que tuvieron oportunidad de defenderse o alegar a favor o en contra, sobre los hechos y circunstancias descritas en el pliego acusatorio.


III.3. Facultad del Tribunal de apelación ante la errónea aplicación de la norma sustantiva.


El Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre estableció: “este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho.


En tal sentido, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; debe concebirse la posibilidad en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva sentencia, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución, de no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito.


En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena”.


De ello, se comprende que cuando los hechos se encuentran establecidos, el Tribunal de alzada ante la errónea aplicación de la norma sustantiva, en la que hubiere incurrido el Tribunal de Sentencia, en observancia de la última parte del art. 413 del CPP, puede emitir nueva sentencia.


III.4. Análisis del caso concreto.


Sintetizada la denuncia, en la que la recurrente refiere, que el Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo de manera clara estableció la falta de fundamentación del quantum de la pena, no disponiendo modificar el tipo penal; sin embargo, el Auto de Vista recurrido con una fundamentación indebida, carente, ambigua, vaga y contradictoria cambió la calificación del tipo penal de Robo a Hurto, limitándose a referir que eran hermanastros y que eran familia, atentando el principio de congruencia que debe existir entre la Sentencia y la acusación, vulnerando los principios del Juez natural e inmediación; ya que, sin que haya ordenado la reposición del juicio, condenó a la acusada por un hecho distinto al atribuido en la acusación, lo que violaría el debido proceso en sus tres dimensiones como principio, garantía y derecho.


Ingresando al análisis, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, se tiene que emitida la Sentencia condenatoria por la comisión delito de Robo Agravado, la imputada Basilia Acarapi Huanca, formuló recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 20/2015 de 15 de abril, que recurrido en casación fue dejado sin efecto por Auto Supremo 166/2016-RRC de 7 de marzo, que conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.5 de esta Resolución, constató que la Resolución entonces impugnada: i) respecto a la denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva incumplió con su deber de responder de manera fundamentada; y, ii) respecto al quantum de la pena, incurrió en insuficiente fundamentación; en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió nuevo Auto de Vista, que en relación al defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, arguyó que contrastado la Sentencia en lo específico y en lo que corresponde a la parte considerativa referente al análisis de la prueba literal o documental, así como la fundamentación jurídica realizada, no establecía una adecuada subsunción en relación a los hechos sometidos al proceso, así como los hechos establecidos como ciertos, que al fundar una sentencia condenatoria que declara la comisión del delito de Robo Agravado previsto por el art. 332 inc. 4) en relación al inc. 1) del art. 326 del CP, no había realizado una correcta aplicación de la Ley sustantiva; ya que, la descripción típica del delito de Robo Agravado tenía como esencia en su verbo rector en la descripción que señala el art. 331 de apoderarse de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o violencia, intimidación en las personas, cuya conducta necesariamente debe ser desplegada en el momento de cometerse el hecho, extremos no establecidos en la decisión apelada, de que en las cosas u objetos o en las personas haya existido esa violencia, que en el contradictorio del juicio, debió establecerse la violencia física o psíquica provocada por la imputada hacia la parte contraria y tenía que ser suficiente para intimidar a momento de incurrir en este ilícito.


Continuando con los fundamentos de la Resolución recurrida, refiere que sin anular la Sentencia podrá realizar una fundamentación complementaria que: “Si bien es cierto en la emisión de la Sentencia penal apelada tanto en el pliego acusatorio de la Fiscalía y la acusación particular se estableció que la acusada ingreso a la propiedad del querellante, no es menos cierto que en la relación entre Román Ramírez Huanca y Basilia Acarapi Huanca existe la relación de ser medios hermanos, así como de que la acusada sustrajo cuadratracks y otros enseres del querellante”, no quedándole duda, de que dicha conducta hace que la imputada de una manera ilegítima se haya apoderado de cosa mueble ajena, que en la doctrina esa figura constituye una figura simple de Robo que lo caracteriza la forma como ha dado lugar a obtener la cosa ajena que se concretiza en la ilegitimidad del apoderamiento donde la autora sabe y conoce que no es suya como así se tiene establecida con las pruebas analizadas en testigos y documentales que constituyen la comunidad de la prueba y que en la forma espontánea como se presentaron los hechos así como la probanza realizada por los acusadores hace que el hecho de apoderamiento ilegítimo bajo el principio procesal iura novit curia se subsuma en el delito de Hurto previsto por el art. 326 inc. 1) del CP; toda vez, que se tiene señalado por el Tribunal de mérito que la acusada en forma anterior le había amenazado a Román Ramírez Huanca hermano medio y Mercedes Rodríguez Herrera que iba a limpiar la casa, para lo cual actuó de manera premeditada, por lo que concluye que la conducta de la imputada se subsume en el tipo penal de Hurto Agravado.


Respecto a la dosimetría penal, señaló que la Sentencia estableció que la acusada era una persona de cincuenta y cinco años de edad, con grado de instrucción básica, que es madre de familia humilde y el hecho sería cometido entre familia; vale decir, de hermana a hermano y que ello en un criterio de interpretación también constituía una atenuante, no estableciendo el Tribunal ad quo un agravante que diera lugar a que la sanción penal sea más allá de la finalidad propia que prevé la Constitución Política del Estado en su art. 118, que no fue observado a momento de imponerse la sanción, por lo que declaró con mérito la impugnación. En base a dichos argumentos, declaró a la acusada Basilia Acarapi Huanca autora de la comisión del delito previsto por el “art. 326 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal”.


De esa necesaria relación de antecedentes, por una parte se evidencia, que el Tribunal de alzada, no incurrió en contradicción con el Auto Supremo 166/2016-RRC; puesto que, la referida Resolución emitida en el caso de autos, no solo dispuso que el Tribunal de alzada se pronuncie de manera fundamentada respecto al quantum de la pena como asevera la recurrente; sino, que también dispuso que emita respuesta fundamentada en cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva. Respecto a lo cual, por otra parte, evidentemente efectuó la modificación del tipo penal de Robo Agravado a Hurto Agravado; empero, no se advierte que el Auto de Vista recurrido, hubiere incurrido en una fundamentación indebida y carente como afirma la recurrente; por cuanto, claramente explicó, que de un análisis de la prueba documental, así como de la fundamentación jurídica realizada por el Tribunal de sentencia, evidenció que no estableció una adecuada subsunción en relación a los hechos sometidos al proceso, que al fundarse una sentencia condenatoria por la comisión del delito de Robo Agravado, no había realizado una correcta aplicación de la Ley sustantiva; puesto que, no encontró establecido el verbo rector como apoderarse de una cosa mueble ajena, con fuerza en las cosas o violencia, intimidación en las personas, aclarando, que dicha conducta necesariamente debía ser desplegada en el momento de cometerse el hecho; sin embargo, en el caso de autos no habían concurrido, argumentos que no resultan ambiguos, vagos ni contradictorios; sino que, por el contrario muestran que el Tribunal de alzada a tiempo de realizar la calificación jurídica no se limitó a referir que eran hermanastros y que eran familia; por lo que explicó que en el contradictorio del juicio, para adecuarse la conducta de la imputada al tipo penal de Robo Agravado, debía establecerse la violencia física o psíquica provocada por la imputada hacia la parte contraria y tenía que ser suficiente para intimidar a momento de incurrir en el ilícito; aspectos que, no habían concurrido, precisando, que la forma espontánea como se habían presentado los hechos, así como la probanza realizada hacía que el hecho de apoderamiento ilegítimo se subsuma en el delito de Hurto, situación por la que subsumió la conducta de la imputada en el ilícito de Hurto Agravado; obrar que conforme los entendimientos expuestos en el acápite III.3 de este Auto Supremo, le está permitido; pues ante la denuncia de errónea subsunción del tipo penal, en el que hubiera incurrido el Tribunal de juicio, corresponde al Tribunal de alzada efectuar su labor de control respecto a la subsunción y advirtiendo que el Tribunal de juicio incurrió en error al adecuar la conducta, directamente en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP, en base a los hechos ya probados y establecidos en Sentencia, puede y tiene plena facultad para enmendar el mismo, dictando directamente nueva Resolución de manera fundamentada sin necesidad de ordenar la reposición del juicio para modificar la calificación del tipo penal; ello, en previsión de que no resulta razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro Juez realice una correcta subsunción del hecho cuando ya se encuentra debidamente establecido, lo que de ninguna manera vulnera los principios del Juez natural ni inmediación; en consecuencia, tampoco se advierte que el Auto de Vista recurrido haya incurrido en contradicción con el Auto Supremo 166/2012-RRC de 20 de julio; puesto que, el Tribunal de alzada dentro de su competencia sobre la base de los hechos probados efectuó una nueva calificación jurídica dentro de la misma familia de delitos por el que inicialmente fue condenada la imputada, lo que de ninguna manera atenta al principio de congruencia ni vulnera el debido proceso en sus tres dimensiones.

De los argumentos expuestos, se tiene que la modificación en la calificación jurídica del hecho acusado, obedeció al juicio de tipicidad que correspondía efectuar al Tribunal juzgador; no obstante, ante dicha omisión fue corregido por el Tribunal de alzada, que se encuentra facultado para casos como este, en aplicación del principio iura novit curia, lo que no contraviene el principio de congruencia, ni implica restricción al derecho de acceso a la justica de la recurrente; toda vez, que no modificó ni se desvinculó de los hechos acusados; consecuentemente, al no advertirse que el fallo recurrido haya incurrido en contradicción con los precedentes invocados que fueron extractados en el apartado III.1 de este Auto Supremo, el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gabriela Soledad Mayta Rodríguez.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos