TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 217/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 41/2017        

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Honorato Alcoba Solano y otros

Delitos                        : Tráfico de Sustancias Controladas y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de febrero de 2017, cursante de fs. 678 a 683 vta., Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 91 de 25 de noviembre de 2016, de fs. 660 a 663, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Liz Roxana Rodríguez Lino, Reina Yucra Paredes y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, previstos y sancionados por los arts. 48 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) y 185 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 44 de 6 de mayo de 2015 (fs. 619 a 629), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico, autores  de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio, más doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día y al pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absueltos del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, sin costas y sin declaración de denuncia falsa o temeraria, determinando la confiscación a favor del Estado, del inmueble ubicado en el barrio Normandía, cantón Paurito, UV 250, manzano 1, lote 5, registrado bajo matrícula 7012020006207, vehículo tipo camioneta, marca Toyota Hilux, con placa de control 2496-BZF, vehículo tipo vagoneta, marca Toyota Corolla, con placa de control 2311-RUP y $us. 32.300 (treinta y dos mil trescientos dólares norteamericanos 00/100). Respecto a Liz Roxana Rodríguez Lino y Reina Yucra Paredes, fueron absueltas de pena y culpa por los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico (fs. 639 a 646 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 91 de 25 de noviembre de 2016, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado, confirmando la Sentencia y motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 432/2017-RA de 9 de junio, se extraen el  motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Sostienen los recurrentes que el Tribunal de apelación obvió resolver su primer agravio denunciado en su recurso de apelación restringida, referido a la incorrecta aplicación de la norma sustantiva, en el que solicitó la aplicación de la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 309 de 29 de octubre de 2012; por lo tanto, incurrió en incongruencia omisiva y en infracción al principio tantum devolutum quantum y el deber de fundamentación, incurriendo en defecto absoluto inconvalidable, ante la violación de su derecho a la defensa y al debido proceso.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitaron que deliberando en el fondo, se revoque el Auto de Vista 91/2016 y conforme al art. 363 incs. 1), 2) y 3) del CPP, se los absuelva de culpa y pena con costas.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 432/2017-RA de 9 de junio, cursante de fs. 692 a 697, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 44 de 6 de mayo de 2015, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico, autores de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, siendo absueltos del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipificado por el art. 185 Bis del CP, en base a los siguientes argumentos:


  1. A Honorato Alcoba Solano y su esposa Cristina Coca Torrico, el día viernes 9 de noviembre de 2012, se les encontró en la requisa de las habitaciones de su inmueble ubicado en el barrio Normandía, evidencias y restos de sustancias controladas en ollas y utensilios, se encontró también la sustancia manitol, que utilizaban con el fin de “alargamiento” de la cocaína, para su posterior embalado con cinta masking y comercialización.


  1. Se encontró en poder de los imputados una importante cantidad de dinero producto de su actividad ilícita; ya que, no supieron justificar adecuadamente su origen, a lo que se suma otra cantidad de dinero que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía, encontraron en el inmueble de la Urbanización Palma Dorada, calle Los Batos.


  1. No existieron suficientes elementos probatorios para generar en el Tribunal la convicción de que los imputados son autores del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 Bis del CP, ante la falta de realización de una investigación técnico financiera de los ingresos y ganancias de estas personas, que puedan acreditar que a sabiendas habrían adquirido, poseído y utilizado la suma de los $us.- 32.300, así como los dos inmuebles, los dos vehículos secuestrados y joyas, sabiendo y estando consientes que eran producto de su actividad ilícita ligada al Tráfico de Sustancias Controladas.


II.2.  De la apelación restringida.


Los imputados Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico, interpusieron recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:


  1. La existencia del defecto de la Sentencia comprendido en el art. 370 inc. 6) del CPP, debido a que la Sentencia se basó en una defectuosa valoración de las pruebas, al no haber valorado las mismas de acuerdo a la sana crítica.


  1. No se ha compulsado las pruebas de forma conjunta y armoniosa; ya que, de forma incoherente el asignado al caso Sof. José Celestino Bustamante Gutiérrez, manifestó al Tribunal que el inmueble donde se encontró la sustancia controlada sería de Honorato Alcoba, no habiéndose demostrado durante toda la investigación si este extremo es cierto o no. Asimismo, en su declaración no manifiesta que los imputados Honorato Alcoba y Cristina Coca Torrico, se les hubiera encontrado de forma flagrante en posesión de sustancias controladas o manipulando algún elemento para la elaboración de la misma.


  1. El Tribunal Sexto de Sentencia, incurrió en errónea apreciación y valoración de la prueba al sentenciar a dos personas a los que no se encontró en posesión de sustancias controladas y mucho menos fueron autores del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; ya que, de la prueba documental judicializada, no se presentó un estudio realizado por el IDIF, a efectos de que se compruebe que los acusados estarían legitimando ganancias ilícitas, producto del narcotráfico.


  1. El Tribunal de mérito basa su fundamentación solamente en el argumento de que Cristina Coca Torrico, tendría antecedentes policiales por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas.


  1. No se valoró la explicación del abogado defensor de los imputados; empero, se tomó como verdad incontrastable la testifical del asignado al caso para demostrar que los imputados serían los autores de los delitos endilgados.


  1. De forma contradictoria, -en lo que a participación en los delitos acusados respecta- el Tribunal de alzada no emplea con los apelantes el mismo razonamiento utilizado para absolver a las co-imputadas Liz Roxana Rodríguez Lino y Reina Yucra Paredes.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto, confirmando la Sentencia 44 de 6 de mayo, bajo los siguientes argumentos:


  1. Inicialmente aclara que “el único defecto de la sentencia que denuncian los recurrentes como agravios de la sentencia recurrida, es el establecido en el art. 370 inc. 6) del C.P.P.” (sic).


  1. Los recurrentes no realizaron de manera individualizada, clara y fundamentada, una adecuación de la Sentencia 44/2015 a cada uno de los Autos Supremos señalados; es decir, no se expresaron de qué manera la Sentencia impugnada no se acomoda a la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos citados, o del por qué dicha Resolución es contraria a los precedentes invocados.


  1. Los recurrentes incumplieron las previsiones del art. 408 del CPP, al no expresar cómo se debió aplicar u observar la norma sustantiva o adjetiva; como tampoco, expresaron con claridad qué derechos o garantías fueron vulnerados con la emisión de la Resolución de mérito.


  1. Se encuentra una falta de lealtad procesal por parte de los recurrentes, al demandar que no se comprobó que los imputados hayan cometido el ilícito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, cuando de la revisión de la Sentencia, se percata que el Tribunal Sexto de Sentencia declaró a los recurrentes absueltos de culpa y pena del delito reclamado.


  1. Los recurrentes no expresaron qué agravio le causa reclamar sobre la “personalidad y antecedes de los acusados”, fundamentalmente si revisada la Sentencia, se advierte que la misma condenó a los recurrentes por el ilícito de Tráfico de Sustancias Controladas aplicándose la pena mínima.


  1. Los recurrentes no han cumplido con los requisitos de fundamentación, expresión de agravios y forma de interposición de una apelación restringida, al incumplir las previsiones establecidas por los arts. 407 y 408 del CPP.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Precisado el motivo referido a la incongruencia omisiva incurrida por parte del Tribunal de alzada, al no resolver la denuncia de incorrecta aplicación de la norma sustantiva por parte del Tribunal de mérito, este Tribunal deberá verificar si el Auto de Vista recurrido contradice la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 309 de 29 de octubre. En consecuencia, corresponde resolver la problemática planteada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la LOJ, que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación, vienen a constituir entonces criterios interpretativos, que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


De ello se concluye, que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.


III.2.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.3. Análisis del caso concreto.


       Los recurrentes denuncian que el Tribunal de apelación obvió resolver el primer agravio de su alzada, referido a la incorrecta aplicación de la norma sustantiva.


       Como precedente contradictorio, se invocó el Auto Supremo 309/2012 de 29 de octubre, dictado dentro del proceso penal seguido por Silvia Quiroga Reyes y Lorena Carla Vera Montaño en representación de IGENAR Bolivia S.R.L., contra Rzoset Mónica Morales Vera, por la presunta comisión del delito de Cheque en Descubierto, donde se constató que el Auto de Vista impugnado carecía de correcta y adecuada fundamentación, incurriendo el Tribunal de alzada en vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, al no haber resuelto todos los puntos cuestionados y al no haber ceñido la Resolución de fondo a motivaciones claras y suficientes; razón por la cual fue dejado sin efecto, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Se considera que existe incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) cuando en el Auto de Vista no se resolvieron todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso en concreto sin que estos sean esquivos o imprecisos, lo contrario constituye infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, siendo obligación del Tribunal de Apelación, realizar la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie.”


Ahora bien, precisado el objeto procesal y el contenido de la doctrina legal aplicable del precedente invocado por los recurrentes, corresponde a este Tribunal establecer si existe la vulneración al principio tantum devolutum quantum y el deber de fundamentación en la emisión del Auto de Vista impugnado.


A tal efecto, se advierte que los recurrentes en el tercer párrafo de su recurso de apelación restringida, previo a denunciar los agravios expuestos en el acápite II.2. de la presente Resolución, señalaron que“…se evidencia una incorrecta aplicación de la Ley sustantiva, las pruebas de cargo judicializadas, evidenciaron que las acciones realizadas por los acusados no se subsumen en el tipo previsto y sancionado por el Art. 48 de la ley No. 1008 y Art. 185 bis del código penal, al haberse comprobado la participación activa de las mismos en el hecho investigado por la Fiscalía, ya que se comprobó con las pruebas de cargo ofrecidas por parte del Ministerio Público que los ACUSADOS se encontraban en el lugar de los hechos y existiría la participación activa referente al hecho antijurídico acusado por el Ministerio Público”  (sic).


Por su parte, el Tribunal de alzada estableció que el único defecto de Sentencia denunciado en alzada era el previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; asimismo, se advierte que en los fundamentos de dicho Auto de Vista, se estipuló que “los recurrentes no han cumplido con los requisitos de fundamentación, expresión de agravios y forma de interposición de una apelación restringida, por haberse incumplido los Arts. 407 y 408 del C.P.P., que relacionado con el Art. 398 del C.P.P., impiden que este tribunal revisor y garantista de derechos y garantías de las partes, ingrese a considerar el fondo de la cuestión planteada.” (sic); esto en el entendido que, la norma le impone al recurrente la obligación de expresar cómo debió aplicar u observar una norma sustantiva o adjetiva, o cómo es la forma de aplicación correcta de una norma sustantiva o adjetiva.


A partir del criterio de que el Tribunal de alzada tiene la obligación de responder cada una de las pretensiones expuestas en apelación por los impugnantes; en el caso de autos, se advierte que dicho Tribunal no resolvió todos y cada uno de los puntos denunciados por el apelante al obviar resolver la denuncia del defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP; por el contrario, existe incoherencia entre los fundamentos y la parte resolutiva; toda vez, que el Auto de Vista impugnado luego de establecer que los recurrentes no cumplieron con los requisitos de fundamentación, expresión de agravios y forma previstos por los arts. 407 y 408 del CPP, declararon “ADMISIBLE E IMPROCEDENTE el recurso de apelación restringida interpuesto” (sic); es decir, el Tribunal de alzada de manera contraria observó el incumplimiento de los arts. 407 y 408 del CPP, relativos a la forma de interposición del recurso de apelación restringida, pero en la parte dispositiva declaró la admisibilidad del recurso, cuando en todo caso si consideraba que el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente no cumplía con las previsiones de forma estatuidas por los arts. 407 y 408 del CPP, en observancia al principio pro actione debió aplicar el precepto legal señalado en el art. 399 del mismo cuerpo adjetivo penal, haciendo saber de forma clara al apelante el yerro incurrido, a los efectos de tener identificado el marco del control de legalidad que debe ejercer con relación a la Resolución impugnada.


Sobre el alcance del citado principio, este Tribunal se pronunció mediante Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril entre otros-, diciendo que “Compete a  los  Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación  interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.” (Negrillas ilustrativas).


Por lo señalado, al ser evidente lo denunciado por los recurrentes, en sentido que el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, incumplió con el deber de fundamentación que deben contener las Resoluciones judiciales respecto a los puntos apelados, quebrantando el principio tantum devolutum quantum apellatum, se encuentran razones valederas para dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado; puesto que, las autoridades que lo emitieron, incurrieron en contradicción con el precedente invocado por la parte recurrente, al no dar una respuesta material a los agravios y optar por fundamentos evasivos en contradicción al principio pro actione como se demostró anteriormente.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Honorato Alcoba Solano y Cristina Coca Torrico, de fs. 678 a 683 vta. y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 91 de 25 de noviembre de 2016, de fs. 660 a 663, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, dicte un nuevo fallo en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos