TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 216/2018-RRC

Sucre, 10 de abril de 2018


Expediente                        : La Paz 145/2015

Parte Acusadora                  : Ministerio Público y otro          

Parte Imputada                    : Odón Fernando Mendoza Soto y otros

Delitos                                : Asesinato y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por Resolución 659/2017 de 4 de diciembre, cursante de fs. 15388 vta. a 15392, el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales, concedió la tutela solicitada en la Acción de Libertad, formulado por Carlos J. Mariaca Riveros en representación de Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, dejando sin efecto el Auto Supremo 628/2015-RRC de 26 de noviembre,  de fs. 15311 a 15324, únicamente con relación a la prenombrada imputada y por memoriales presentados por Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, el 9 de junio de 2015 y Odón Fernando Mendoza Soto, el 23 y 24 de junio del mismo año, cursantes de fs. 15174 a 15188, 15193 a 15198 y 15204 a 15233 vta., respectivamente, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 89/2015 de 27 de abril, de fs. 15049 a 15058 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Martha Velásquez de Flores contra Margarita Uzeda Uzeda, Reynaldo Flores Barrera, Berna Porcel, Amparo Lunario Rueda, José Luis Flores López y los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Violación, Asesinato, Encubrimiento, Incumplimiento de Deberes y Falso Testimonio, previstos y sancionados por los arts. 308 última parte, 252 incs. 2), 3), 6) y 7), 171, 154 y 169, todos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 27/2014 de 19 de agosto (fs. 14384 a 14424), la Juez de Partido de Sentencia Liquidador Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a los imputados: Odón Fernando Mendoza Soto, autor de los delitos de Violación y Asesinato, previstos y sancionados por lo arts. 308 ultima parte y 252 incs. 2), 3), 6) y 7) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, María Del Rosario Vargas de Villarroel, Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel, autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, condenando a sufrir la pena de un año de reclusión, José Luis Flores López y Reynaldo Flores Barrera, absueltos de culpa y pena de la comisión de los delitos de Violación y Asesinato en Grado de Complicidad y Falso Testimonio, tipificados por los arts. 308 última parte, 252 incs. 2), 3), 6) y 7) y 169 del CP,  Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel; y, Amparo Lunario Rueda absueltos culpa y pena del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado en el art. 171 del CP.
  2. Contra la mencionada Sentencia, Odón Fernando Mendoza Soto (fs. 14965 a 14974), Silvia Raquel Mejía Laura, Juan Alberto Yebara Ortega y Juan Marcos Quisbert Bautista (fs. 14882 a 14885), Dora María Del Rosario Vargas Villarroel (fs. 14950 a 14951), Martha Velásquez de Flores (fs. 14955 a 14958 vta.), Berna Porcel (fs. 14953 y vta.) y Patricia Alejandra Santos Cabrera, Leopoldo Ramos Errada y Frida Choque de Claros, Fiscales de la Fiscalía Departamental de La Paz (fs. 14960 a 14963), interpusieron recursos de apelación, resueltos por el Auto de Vista 89/2015 de 27 de abril, (fs. 15049 a 15058 vta.), que revocó en parte la Sentencia, declarando a María del Rosario Vargas de Villarroel, autora del delito de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previstos y sancionados por los arts. 154 y 171 en relación al 43 del CP, condenando en concurso real a la pena de cinco años de reclusión, más el pago de daño civil, costas al Estado y multa de cien días a cumplirse en ejecución de Sentencia; asimismo, confirmó la Sentencia en relación a los otros co- acusados.


  1. Notificadas las partes con el referido Auto de Vista, Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, el 9 de junio de 2015 y Odón Fernando Mendoza Soto, el 23 y 24 de junio del mismo año (fs. 15174 a 15188, fs. 15193 a 15198 y fs. 15204 a 15233 vta.), interpusieron recursos de casación, que fueron resueltos por Auto Supremo 628/2015-RRC de 26 de noviembre (fs. 15311 a 15324), que fue dejado sin efecto por el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales mediante Resolución 659/2017 de 4 de diciembre (fs. 15388 vta., a 15392), que concedió la tutela solicitada en la Acción de Libertad formulado por Carlos J. Mariaca Riveros en representación de Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, disponiendo se dicte un nuevo Auto Supremo debidamente motivado únicamente con relación a Dora María del Rosario Vargas de Villarroel.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


I.1.1.1. Del recurso de casación de Dora María del Rosario Vargas de Villarroel.


Previa narración de antecedentes procesales correspondientes al caso, denuncia que el Juzgado de Partido en lo Penal, mediante Sentencia 27/2014 de 19 de agosto, le condenó por el delito de Incumplimiento de Deberes; posteriormente, pese a la interposición de las apelaciones de parte de varios coimputados, incluida la recurrente, sin que ninguna de las partes observara la sanción que le fuera impuesta, el Tribunal de alzada emitió una resolución carente de fundamentación; ya que, la condenó por el delito de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, en relación al Concurso Real, sancionándole con la pena de cinco años de reclusión, más el pago de daño civil, costas al Estado y multa de cien días a cumplirse en ejecución de sentencia, no considerando: i) Que, nunca fue procesada por el delito de Encubrimiento, no existiendo ninguna prueba que establezca su grado de participación en calidad de Encubridora; puesto que, la Juez de mérito estableció que su persona no tiene ninguna participación en la Violación y Asesinato de la menor Patricia Flores Velásquez; y, ii) Sin ninguna prueba literal ni testifical, se la condenó a la pena de cinco años de reclusión, cuando el delito de Incumplimiento de Deberes, es sancionado con la pena de reclusión de un mes a un año, el delito de Encubrimiento tiene la pena de reclusión de seis meses a dos años, se consigna al concurso real en el art. 43 del CP, cuando en realidad corresponde al art. 45 del CP, bajo este razonamiento el incremento a cinco años no corresponde; empero, no explica las razones por las cuales se emite condena de privación de libertad de cinco años, lo que vulnera las leyes y la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 117.


Concluye su recurso alegando, que el Auto de Vista recurrido incurre en violación al principio de inocencia; ya que, no se demostró que su persona hubiere incurrido en la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, vulnerándose el principio nom bis in ídem; puesto que, por las supuestas faltas administrativas en que habría incurrido su persona ya fue sancionado por el Ministerio de Educación; en consecuencia, no corresponde que sea condenada dos veces por un mismo hecho.


I.1.1.2. Recurso de casación de Odón Fernando Mendoza Soto.


  1.        Denuncia Violación del art. 135 del Código de Procedimiento Penal abrogado (CPPabrg) y 180.I de la CPE; en cuanto, a la apreciación de la prueba, en sentido que el Tribunal de alzada refirió que la apelación giró en torno al estudio de la ADN, pero consideró que la acusación se basa en varias pruebas no solo una y que se dispuso su condena, además que no se le vio entre las  08:30 a 11:30 del día de los hechos, sin considerar tanto el Juez como el Tribunal de alzada que para la apreciación de la prueba debe utilizarse las regla de la sana crítica lo cual no fue cumplido, ya que: i) En relación a la afirmación que las huellas plantares encontradas en el depósito donde fue hallada la niña fallecida sería similar a los encontrados en lo azulejos de los baños; sin analizarse que del depósito al baño existe una claraboya que los separa de unos 3 mts. de altura, en el que no se encontró huellas dactilares, sin existir respuesta a como una persona podría escalar una pared tan alta sin las manos; asimismo, en el informe de la PTJ refirió que las características eran similares en el diseño, entonces no son idénticas, además los juzgadores señalaron que llegaba al colegio con resaca dando a entender un supuesto alcoholismo, sin que exista pruebas testificales para sustentar esa afirmación, al contrario existe certificación del hogar de Caritas donde vivía que tienen estrictas reglas para evitar el consumo de alcohol; ii) Contradicción de los informes médicos, habiendo sostenido la Jueza que padecía la enfermedad de una inflamación en el glande de “balanos Prepusitis”, lo cual le limitaba para tener relaciones sexuales, haciendo uso de un palo de escoba para cometer u presunta aberración sexual, contrariamente a este informe se le atribuye la enfermedad “estafilococo albus”, que sería transmisible y según los análisis clínicos realizados al cadáver de la niña se encontró la misma enfermedad, lo cual indica que habría mantenido contacto sexual; iii) Asimismo, se señaló que se encontró fibras de color azul en el cinturón e interior de su pantalón, realizándose análisis pericial, se concluyó que las misma tenían similitud con la chompa que vestía la niña, sin tomarse en cuenta que en dicha unidad educativa se trabaja con niños y niñas de manera general que tenían la misma chompa azul, incluyendo a su hijo y que el en su calidad de regente estaba en contacto con todos y esa podría ser la respuesta de la presencia de estas fibras, además sobre la sangre que fue encontrada en el palo de madera y polera blanca de la menor, identificándose el mismo tipo sanguíneo a la de él, no es suficiente referir aquello, sino debe especificarse que le pertenece a él; en relación a estas pruebas la Juzgadora ya emitió su parecer cuando concluyó que dichas pruebas fueron manipuladas y contaminadas; iv) En relación al pantalón que habría sido lavado varias veces supuestamente con la intención de borrar alguna evidencia, sin llegar a determinar si la mancha en el pantalón era sangre u otra sustancias, sin tomarse en cuenta que manifestó que la prenda fue comprada de segunda mano en la feria de 16 de julio y que vendía productos en el matadero de Achachicala, donde iba a cobrar cada fin de semana donde se habría manchado y lo cual motivó que lave el pantalón hasta sacar la mancha; v) Sobre el testimonio de los investigadores en sentido que un cinturón habría sido utilizado como elemento constrictor para asesinar a la menor, esto fue desvirtuado por el informe de  Carmen Cuiza Campana, señalando que del examen realizado en el cinturón beige y café no se encontró restos de tejido, lo que implica que la declaraciones son solo conjeturas, además que no existe pruebas de los 3 centímetros de ancho referidos; vi) La valoración psicológica realizada  por el Departamento de Psicología de la Policía Nacional fue dirigido para mostrarle como un psicópata sexual, estudio realizado por un criminólogo, sin respaldo de psiquiatra alguno, al contrario el psicólogo clínico Fernando Arce Hockhofler, se le cataloga como paciente conflictivo, pero no corresponde al del psicópata para cometer crímenes; y, vii) Otra de las afirmaciones para condenarle se refirió a que no fue visto el día de los hechos entre las 08:30 y 11:30, pese a que no existía prueba de dicha afirmación, al contrario existió testigo de que estuvo supliendo a la profesora de manualidades.


Finalmente, señala que el Auto de Vista evitó pronunciarse sobre lo reclamado en apelación concerniente a la prueba de ADN, señalando que no puede valorar.


  1.        Arguye la violación del art. 116 de la CPE; toda vez, que la Jueza señaló que se hubiera llevado a cabo todas las fases del proceso en base a las diligencias de policía judicial y análisis de peritos que fueron demostrados en audiencia pública teniendo pleno valor legal; sin embargo, al contrario refirió que desde el levantamiento del cadáver de la niña, existió desorganización y falta de profesionalidad en la recolección de pruebas y que después de catorce años varios elementos se habrían deteriorado; en ese marco no se valoró la prueba del FBI que es la prueba que demuestra que su persona no participó en los delitos atribuidos, persistiendo tanto la Jueza como el Tribunal de alzada en base a indicios y conjeturas subjetivas, y se lo declaró culpable, incurriendo en errónea valoración de los antecedentes, manejando la presunción de que es culpable cuando el mandato constitucional se presume la inocencia del imputado. Citando los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005 y 111 de 31 de enero de 2007. Asimismo, señala que en el proceso penal no se respetó este principio, aplicándose medidas que restringen sus derechos, que en el caso de la libertad solo puede ser restringida con motivación y por hecho probado, lo cual no ocurrió.


  1.        Reclama que el Tribunal de alzada simplemente confirmó la Sentencia apelada, vulnerando la Jueza como lo vocales las garantías y derechos constitucionales del debido proceso, verdad material, defensa, presunción de inocencia, conclusión del proceso en plazo razonable, igualdad procesal, a ser oído, debida fundamentación, non bis in ídem y valoración razonable de la prueba establecido en lo arts. 115, 116.I, 117.I y II, 119, 120.I y 180 con relación al 13 de la CPE y normas de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


i)        En relación al debido proceso, la tramitación de la causa fue reabierta mediante Decreto Ley 10426 en abril de 2011, sin estar presente el espíritu garantista de la Constitución; ya que, el proceso se llevó a cabo bajo el sistema inquisitivo sin las garantías debidas en contradicción del Auto Supremo 136/2013 de 20 de mayo, con las vulneraciones constantes desde que fue anulado el proceso por el Auto Supremo 453 de 16 de noviembre de 2009, a pesar de tener pruebas mayores de inocencia, existieron defectos en la investigación, reapertura del proceso por infracción al principio non bis in ídem, al incumplimiento de sentencias constitucionales y a la nulidad del Auto Final de Procesamiento realizada por los Vocales cuando correspondía conforme al Auto Supremo, que dispuso la nulidad respecto a la mala valoración de la prueba de ADN, la correspondiente nulidad solo hasta la emisión del Auto de Vista y no como dispuso el Tribunal de apelación, este reclamo no fue respondido.


ii)        Sobre la verdad material inserta en el art. 180.I de la CPE, existen elementos discordantes en el expediente; ya que, según la autopsia el crimen se habría producido setenta y dos horas antes; es decir, el domingo 29 de agosto, sin existir en ninguna parte del expediente la contradicción a este aspecto, las pericias del IDIF dieron solo opinión personal, pero coincidieron en que la muerte no sobrepasaba las setenta y dos horas. Tampoco existe prueba de que la niña hubiera fallecido dentro de la escuela, a pesar de las pruebas de luminol; asimismo, no se tiene certeza de como ocurrió la muerte de la menor por las distintas versiones existentes; por ello, se recurrió a la colaboración del FBI para que mediante la prueba de ADN, establecer la verdad de los hechos, en los primeros resultados del análisis, su persona no coincidió con los perfiles que estaban en las evidencias, más adelante tomo conocimiento de la muestra la Jueza Betty Yañiquez, constando que el sobre fue abierto, lo que fue objeto de especulación mediática hasta hoy, teniendo como consecuencia el rechazo de esta prueba, procedimiento arbitrario al anular la única prueba que podía establecer una parte de la verdad; en consecuencia, en vez de existir un pronunciamiento en base al principio in dubio pro reo se trató de construir su culpabilidad. Este informe preliminar que causó tanta polémica, es parte del primer envío, pero lo fidedigno es el informe final de 29 de agosto de 2000, el que traducido al español y legalizado se excluye a su persona de haber tenido contacto con la niña y se identifica a José Luis Flores como contribuyente principal; consiguientemente, se anuló por Auto Supremo su primera condena de treinta años; sin embargo, buscando encontrar evidencia en contra de él, se tomó contacto con una ONG colombiana y no así con el FBI, que estuvo dispuesto a cooperar, para encontrar pruebas contra él, invalidando lo resultados del análisis de ADN del FBI. Cita El Auto Supremo 67/2013 de 11 de marzo, relativo a la verdad material.


iii)        En relación al derecho a la defensa, cuya carga de la prueba está inmerso en los arts. 115.II y 119.II de la CPE, 1, 3, y 135 del CPP de 1972, 8 inc. 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 11 de la Declaración Universal de Derecho Humanos, sobre los elemento de la defensa técnica y material garantizada que no pudo gozar al no poder contar con abogado que le hubiera podido defender en igualdad de condiciones; ya que, al venir de una condición humilde, no podía pagar cantidades desorbitantes que le pedían los abogados libres, así que fue defendido por distintos abogados de defensa pública que solo hicieron acto de presencia. Por esta razón, tratando de mostrar sus argumentos en audiencia fue cortado por la Jueza, quien le señaló que el procedimiento era con la norma de 1972, en el que no existe defensa material, entonces no existió esta defensa en la etapa de debates.


iv)        Refiere la violación del derecho a la conclusión del proceso en un plazo razonable, conforme los arts. 115.II y 180.I de la CPE y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiendo entre el 2003 al 2010 entre la primera Sentencia y el Auto Supremo, presentado varios documentos y recursos, sin que ninguno de los imputados fueron responsables de la retardación, continuando en los siguientes años suspensiones de audiencia, así entre el 2013 y el 2014, hubo catorce audiencias hasta la dictación de la Sentencia; es decir, menos de una audiencia por cada mes.


v)        Indica la violación de la garantía de la igualdad procesal de las partes, conforme el art. 119.I y 180.I de la CPE y 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ya que, la parte civil mediante distintos medios de comunicación echaron mucha maldad sobre él, con mentiras sobre su presunta responsabilidad de los hechos; al respecto, pese a que se presentó memorial a la Jueza para que controle estas mentiras ella no intervino.


vi)   Señala la violación del derecho a ser oído, dispuesto por los arts. 117.I de la CPE, 8.1, 8. Inc.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sentido que este derecho implica conceder al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, lo que no ocurrió; ya que, en reiteradas oportunidades se solicitó a la Jueza para que se pida al FBI desarchive las evidencias que tiene en su potestad; empero, no fue oída dicha solicitud, a mucho insistir dispuso que sí; empero, posteriormente resolvió anular dicha disposición. También, por los temas mediáticos los abogados defensores fueron cambiando sin tener el tiempo apropiado de preparar su defensa, siendo detenido después de diez años de haber cumplido las medidas sustitutivas impuestas y habiéndosele negado su solicitud de cesación, pese a las determinaciones constitucionales.


vii)  Refiere violación de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales conforme el art. 180 de la CPE, en los distintos fallos emitidos, en específico de la resolución que dispuso su detención preventiva y contra el Auto de Vista, habiendo incumplido los juzgadores, la Sentencia Constitucional que estableció la ausencia de fundamentación.


También, refiere que el Tribunal de apelación al no haber atendido estos reclamos conforme el precedente contradictorio Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, como era su obligación de fundamentar cada uno de los agravios y no realizar solo resumen de estos, lo que constituye causal de casación establecido en el art. 298 inc. 1) del CPP de 1972, sin existir ningún otro elemento de prueba para su condena.


viii) Reclama la violación de la garantía del non bis in ídem, establecida en el art. 117.II de la CPE; en sentido que en el presente caso, existe el Auto Supremo 453 de 16 de noviembre de 2009, que al anular la condena determinó la validez de los resultados de la prueba ADN, dictaminando que se valoren las pruebas de forma correcta, que no deja lugar a dudas sobre la imposibilidad de comenzar un nuevo proceso, que tuviera la misma condena que fue anulada (DOS CARACTERÍSTICAS DEL PRINCIPIO: CUANDO SE PROSIGA ACCION PENAL EN DOS ACTUACIONES DISTINTAS DE UN MISMO HECHO Y QUE CONCLUIDO EL TRAMITE CON EJECUTORIA SE REINICIE Y SE VUELVA A PROCESAR POR LO MISMO.)


ix)   Denuncia la vulneración del principio in dubio pro reo, cual es la certeza que debe tener el juzgador a partir de los elementos probatorios, sin tener que el imputado probar su inocencia, en el presente en las resoluciones no se tomó en cuenta las pruebas de su inocencia, así por ejemplo en las excepciones planteadas que tuvieron respuesta satisfactoria; asimismo, distintas consideraciones falaces realizadas en la valoración probatoria con el objetivo de atribuirle los delitos endilgados.


x)        Argumenta, la violación del principio de culpabilidad inserto en los arts. 116.I de la CPE y 13 del CP; ya que no hay pena sin culpa, habiendo sido condenado con argumentos falaces con la finalidad de calmar la presión social, existiendo pruebas de que fue otro quien cometió el delito identificado científicamente.


Solicita se case la resolución impugnada declarando su inocencia.


I.1.2. Requerimiento Fiscal.


Radicada la causa en este Tribunal, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 306 del CPPabrg, por providencia, de fs. 15261, se dispuso pase a Vista Fiscal, habiendo el Ministerio Público, emitido el Requerimiento, de fs. 15273 a 15291, solicitando declare improcedente el recurso de casación de María Del Rosario Vargas de Villarroel, e infundado el recurso de casación interpuesto por Odón Fernando Mendoza Soto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        Requerimiento de apertura de causa, juicio, Sentencia y Auto de enmienda.


En mérito a la denuncia de oficio, se emitió el Auto inicial de la instrucción y como efecto del Auto Final de Procesamiento, se remitió el proceso para el plenario de la causa, que sustanciado concluyó con la Sentencia 27/2014 de 19 de agosto (fs. 14384 a 14424), emitida por la Juez de Partido de Sentencia Liquidador Octavo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró a: Odón Fernando Mendoza Soto, autor de los delitos de Violación y Asesinato, previstos y sancionados por lo arts. 308 ultima parte y 252 incs. 2), 3), 6) y 7) del CP, condenando a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, María Vargas Del Rosario de Villarroel, Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel, autores de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, imponiendo la pena de un año de reclusión, siendo absueltos de culpa y pena los imputados: José Luis Flores López y Reynaldo Flores Barrera de la comisión de los delitos de Violación y Asesinato en Grado de Complicidad y Falso Testimonio, previstos y sancionados por los arts. 308 última parte, 252 incs. 2), 3), 6) y 7) y 169 del CP, Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel; y, Amparo Lunario Rueda del delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado en el art. 171 del CP. Resolución emitida bajo las siguientes consideraciones:


Respecto a Odón Fernando Mendoza Soto.


En el primer considerando, refirió que el proceso se inició con la denuncia de oficio en razón a que la menor AA, de 10 años de edad, fue victimada en el interior del establecimiento Escuela Fiscal Mixta Nº 1 Vicenta Juariste Eguino, efectuado el levantamiento del cadáver, la menor presentó múltiples lesiones con asfixia por estrangulamiento, realizado las diligencias de policía judicial, se dictó Auto Inicial de la Instrucción en contra de Odón Fernando Mendoza; posteriormente, se amplió el sumario penal contra Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, Margarita Uzeda Uzeda, Reynaldo Flores Barrera, Berna Porcel, Amparo Lunario Rueda y José Luis Flores López, concluido la etapa de diligencias se emitió Auto Final de Procesamiento en contra de todos los imputados por los delitos atribuidos.


En el segundo y tercer considerando, señaló que iniciado el proceso en el plenario, prestaron sus declaraciones confesorias los acusados, se abrió el periodo de debates, llevándose a cabo las audiencias y recepcionándose las pruebas de cargo concerniente a: testificales, periciales bolivianas, periciales colombianas, documentales; asimismo, se recibió las literales de descargo de literales, testificales y finalmente, las declaraciones ratificatorias de peritos; consiguientemente, se cerró los debates y se dio apertura a las conclusiones.


En el considerando cuarto, en base al art. 135 del CPPabrg, concluyó que: i) El hecho motivo de juzgamiento se produjo el 27 de agosto de 1999, que se llevó a cabo en uno depósito de material de educación física de la Escuela Vicenta Juariste Eguino, siendo la víctima la menor AA de 10 años, quien cursaba estudios primarios en dicha entidad; ii) Los hechos comenzaron el viernes 27 de agosto de 1999, cuando a horas 08:20 a.m. la menor AA, fue acompañada por su madre y dejada en el establecimiento; sin embargo, la menor no participó de la formación como se evidencia de las declaraciones de los profesores y encargados del lugar; aspecto que, no fue puesto en conocimiento de los responsables y menos de la directora, presumiéndose que se trataba de una falta más, siendo que en la hora de salida y como emergencia de la búsqueda de la madre de su niña, se asumió la desaparición de la menor procediéndose a su búsqueda por varios días, hasta que el 31 de agosto de 1999, fue encontrada en el depósito del establecimiento, muerta y con grandes signos de violencia física; y, iii) Siendo la causa de la muerte asfixia por estrangulación, traumatismos y violencia sexual.


En el quinto considerando, argumentó que según el informe médico legal, estableció las agresiones físicas que a la postre llevaron a la muerte de la menor, cuyos hechos fueron cometidos por personas con frustraciones en toda índole y con disfuncionalidad social, sumándose los medios empleados; así en atención a los elementos probatorios expuestos en su conjunto, en relación a Odón Fernando Mendoza Soto, se tiene que; i. “los exámenes llevados adelante concluyen que las marcas dejadas en las paredes y el azulejo del baño, corresponden a un mismo diseño” (sic), refiriéndose a las huellas plantares de Odón Fernando Mendoza; asimismo, establece que los relieves del calzado de comparación del imputado tiene características similares de diseño, lo cual es corroborado por un informe complementario de pruebas de tinta, que se realizó en el bota pié del acusado y que también se advierte que corresponde a dicho calzado, esto conforme al informe huellográfico que indica que: “GUARDAN RELACIÓN EN CUANTO SE REFIERE AL DISEÑO MORFOLOGICO” (sic); ii. Se estableció que el acusado Odón Fernando Mendoza, de forma constante llegaba al colegio con “Resaca”; asimismo, el día fatal del suceso habría compartido bebidas espirituosas en el entierro de la madre de una de las profesoras; también, el día que desapareció la menor, el imputado no fue visto entre horas 08:30 y 11:30, tratando de justificar que fue encomendado a otras diligencias fuera de la escuela, aspecto desvirtuado por la propia directora de la escuela y la declaración de una de las tías de un alumno; iii. La niña sufría cierto grado de discapacidad que tenía carácter sumiso y obediente, teniendo presente el orden y la autoridad, que llevo a concluir que la niña no mostro resistencia respecto a su agresor; iv. De acuerdo al informe médico (fs. 267 a 268), el acusado sufría de la enfermedad de “Balano Prepusitis”, que es una inflamación del glande, lo cual constituye una limitación para poder tener relaciones sexuales, por lo cual habría utilizado otros medios como el palo de escoba e introducirlo en la vagina y así satisfacer sus aberraciones sexuales; asimismo, consta el informe y resultados de cultivos de laboratorio de 16 de julio (fs. 269 a 272), en el que sostiene que Odón Fernando Mendoza, padecía también otra enfermedad el “Estafolicoco Albus”, que se transmite por contagio y en el cadáver de la menor por los análisis clínicos médicos, se evidencio que esas muestras se presentaba, “lo cual también conlleva a deducir que Odón Fernando Mendoza, habría tenido contacto genital con la menor…” (sic), corroborado por otro estudio clínico realizado por Antonio Tórrez Balanza, quien concluyó refiriendo que: “se encontró cierta relación de gérmenes tanto en la muestra objetiva de la vagina de la menor con la de la secreción balano prepucial obtenidas de Odón Mendoza Soto” (sic); y, v. Mediante otro estudio pericial efectuado por Carmen Cuiza Campana, se estableció que las fibras de color azul encontradas en el cinturón y al interior del pantalón de Odón Fernando Mendoza, correspondía a una chompa azul y el día de los hechos, la menor estaba vestida con una chompa azul; además en dicho estudio se identificó la similitud de las muestras comparativas de restos de sangre grupo O RH (+), que corresponde a la víctima y al sospechoso, tanto en la media panty azul, polera blanca, malla color amarillo, hisopo de algodón con muestra vaginal, hisopo de algodón con muestra rectal, palo de madera y otros, lo que lleva a comprender que el procesado tuvo contacto con la menor el día de los hechos. Asimismo, se determinó que las prendas del acusado, fue lavada repetidamente hasta desgastarlo a la altura de la pierna, sin poderse establecer si dicha mancha corresponde a mancha de sangre, este lavado repetido no fue explicado coherentemente por el imputado.


A lo anterior, debe sumarse que los investigadores concluyeron que se usó como elemento constrictor de 3 centímetros de ancho, un cinturón que pertenece al imputado que sirvió para asfixiar y estrangular a la menor, así de los “resultados del examen del cuello de la menor y del cinturón, se determina que dicho cinturón es del mismo diámetro del usado en el hecho” (Resaltado nuestro), inclusive la menor a momento del ahorcamiento estaba viva.


Por otra parte, sobre la valoración psicológica, efectuada por el Departamento de la Policía Nacional (fs. 136 y vta.), señala que el imputado “Muestra reticencia al contacto social, el cual generalmente tiende a evitarlo o confrontarlo de manera agresiva cuando percibe a las personas como peligrosas”(sic), además usa la racionalización para evitar sus propios sentimientos o impulsos, ejerciendo excesivo control sobre su conducta, muestra sentimiento de omnipotencia, teniendo necesidad de sentirse grande, lo cual le proporciona una falsa seguridad; asimismo, el informe criminológico (fs. 274 a 276) de la valoración biopsicosocio-criminológico en la parte conclusiva indica, del resultado de las pruebas aplicadas se desprende que el sujeto presenta rasgos y síntomas de alcoholismo crónico, personalidad confabuladora, simuladora, agresiva, rasgos de perversión sexual y tendencia a la pedofilia.


Las pruebas periciales llevan a concluir que el imputado, tuvo participación directa en los hechos, quien habiendo llegado a la escuela con resaca encontró a la menor en dicho establecimiento y en uso de su autoridad sometió a la niña, teniendo contacto físico con la menor, conociendo perfectamente las instalaciones de la escuela, además del depósito donde fue encontrada la menor, “afirmando haberla visto a la hora de salida para luego señalar que se equivocó de día” (sic), además, el día de los hechos en horas de la mañana, manifestó que por encargo de la Directora habría acompañado a dos alumnos a sus domicilios; aspecto que, fue desvirtuado por versión de la propia Directora, habiendo el imputado posteriormente rectificado dicha versión, señalando entonces que el día del suceso habría ido al dentista y que luego fue a visitar y cenar con sus hijos, lo cual también fue desvirtuado por otras declaraciones y certificaciones del albergue donde habitaba, estas contradicciones hacen que sus afirmaciones carezcan de veracidad. Acudiendo entonces la juzgadora a la aplicabilidad del art. 144 del CPPabrg, que recomienda acudir a los indicios que deben ser objetivos, precisos concordantes y unívocos.


En el sexto considerando indicó que vio conveniente apartarse de los siguientes elementos probatorios como: a) El estudio de genética realizado por el Perito Sergio Emilio Quispe del IDIF, que ya contiene elementos confusos en relación al origen de los hechos relatados e investigados en relación a José Luis Flores; y, b) El informe presentado por el FBI, que fue cuestionado por las partes sobre la veracidad de su contenido y la alteración de las tres primeras fojas, en ese sentido “este informe has sido extensamente discutido y observado; primero, por su contenido; y segundo, por la veracidad del mismo; toda vez, que se ha cuestionado el mismo señalando que varias hojas del mismo, así como su complementario hubieran sido cambiadas y también es de considerar que tal informe se aparta completamente de los datos de la investigación y no aporta mayores luces para su resolución, lo cual hace que en criterio de esta juzgadora no merezca consideración” (sic); asimismo, no se considera el informe del Perito Enrique Galarza por haber hecho estudio solo de dos cuerpos del proceso y no de la totalidad, tampoco los peritajes colombianos al no haberse presentado en el plazo otorgado, ni la designación del equipo multidisciplinario y algunas declaraciones testificales.


En el séptimo considerando, sobre la falta de cualquier tipo de participación, refirió la juzgadora que el imputado “no puede alegar cosa juzgada y el principio `non bis in idem´, ya que no está siendo juzgado dos veces, al contrario, el proceso ha sido nuevamente encausado debido a la nulidad pronunciada…” (sic).


Respecto de la Directora Dora Vargas de Villarroel.


Está procesada en su condición de Directora del establecimiento Vicente Juarista Eguino y conforme el Auto inicial de instrucción, fue acusada por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, llegando a advertir, que la misma soslayó cumplir con sus funciones de directora primero, por no poner en conocimiento de las autoridades superiores la conducta del regente Odón Fernando Mendoza Soto; toda vez, que era conocedora de las denuncias de los padres de familia y de la Secretaria del establecimiento, sobre las agresiones que este habría cometido en contra de algunos alumnos del establecimiento, no habiendo hecho uso de su autoridad en condición de Directora, menos haber realizado acto alguno, ya sea de carácter investigativo, preventivo o correctivo sobre la conducta del regente Odón Fernando Mendoza Soto.


Añade, que por otro lado, contrastando sus propias funciones y las contenidas en el manual de funciones administrativas, ha permitido que la portera se ocupe de otras funciones más allá de sus propias obligaciones, asignándole tareas de preparado de leche a cambio de una remuneración mensual, permitiendo de esa forma que el control de ingreso de los alumnos quede en total descuido.


Por otro lado, tampoco se advierte que haya asumido actos ciertos y reales para proceder a la búsqueda de la niña desaparecida, menos haber dado oportuna comunicación a las autoridades pertinentes, aspectos que hacen que su conducta concurra en la tipificación del art. 154 del CP.


Advierte, que el proceso disciplinario al que fue sometida y en cuya sustanciación fue sancionada, resulta ser completamente diferente y excluyente de las sanciones que previene el Código Penal; toda vez, que la primera de estas refiere simplemente al carácter administrativo de la falta y de la sanción, mientras que la segunda de ellas castiga la comisión del delito y lo sanciona de forma personal, mediante la ejecución de una pena.


Notificada con tal determinación, la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, solicitó explicación, complementación y enmienda (fs. 14868 y vta.), que fue resuelto por Auto de 25 de agosto de 2014 (fs. 14869), que en vía de enmienda dispuso: “Que, en el `Quinto Considerando´ de la Resolución Nº 27/2014, se ha consignado que la Directora del establecimiento Dora Vargas de Villarroel ha sido acusada por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, tipificados por los arts. 154 y 171 del Código penal, SE ENMIENDA dicha consideración, debiendo consignarse correctamente como: `la Directora del establecimiento Dora Vargas de Villarroel ha sido acusada por el delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el art. 154 del Código Penal´, manteniéndose firme y subsistente el resto de la resolución citada”.

 

II.2.  De los recursos de apelaciones restringidas.


Notificadas las partes con la Sentencia, interpusieron recurso de apelación: Silvia Raquel Mejía Laura, Juan Alberto Yebara Ortega y Juan Marcos Quisbert Bautista (fs. 14882 a 14885), Dora María Del Rosario Vargas Villarroel (fs. 14926 a 14927 y 14950 a 14951), Martha Velásquez de Flores (fs. 14955 a 14958 vta.), Berna Porcel (fs. 14953 y vta.), los fiscales Patricia Alejandra Santos Cabrera, Leopoldo Ramos Errada y Frida Choque de Claros de la Fiscalía Departamental de La Paz (fs. 14960 a 14963) y Odón Fernando Mendoza Soto (fs. 14965 a 14974).


II.2.1. Del recurso de Dora María Del Rosario Vargas Villarroel.


Denuncia que la Sentencia le resulta contraria; puesto que, no existiría ninguna prueba en su contra por la supuesta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes; ya que, durante el proceso penal se demostró que fue sancionada en un proceso administrativo en el Ministerio de Educación y en observancia del principio procesal nom bis in ídem, no podría ser condenada dos veces por lo mismo; toda vez, que no se individualizó cuál la prueba que originó la condena, no habiéndose considerado, que en la Sentencia dictada por el Juez Sexto de Partido en lo Penal, el 14 de mayo de 2003, estableció de manera concluyente que: “Que, con referencia a la Directora y Profesora de nombres Dora María del Rosario Vargas Villarroel y Amparo Lunario Rueda, HAN SIDO JUZGADAS EN LA VÍA ADMINISTRATIVA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN y sancionadas conforme normas de Código de Educación, SE LES EXCLUYE DEL PRESENTE PROCESO PENAL; ya que, no pueden ser sancionadas por doble partida por el principio jurídico universal NON BIS IN IDEM, por lo que no pueden ser procesadas dos veces”, evidenciándose que no existe una correcta y adecuada valoración de la prueba.


II.2.2. Del recurso de Odón Fernando Mendoza Soto.


Denuncia que se dejó de lado la sana crítica; toda vez, que la prueba de ADN realizada por el FBI, se encuentra en actuados plenamente legalizado, documentos que supuestamente fueron mutilados, habiendo el Juez instructor recibido el peritaje, pero este se excusó, haciéndose cargo otra Juez, saliendo versiones de que los informes del FBI fueron abiertos, lo cual es evidente y normal; ya que, estos documentos fueron abiertos por el Juez de instrucción; ahora bien, el informe original consta de 6 páginas y la traducción de 8 páginas, comparando dichos informes serían los mismos.


Existen los informes del IDIF entre 1999 y 2000, que llegó al Juzgado de Instrucción, los cuales llegan a la conclusión de no incriminarle en el hecho atribuido, existiendo el informe final que supuestamente fueron mutiladas, así el primero llegó en idioma inglés, que fue enviada por el entonces Juez de Instrucción para que se la traduzca, que naturalmente significó la apertura del sobre, este hecho posteriormente fue observado; asimismo, se habla de dos páginas faltantes; sin tomarse en cuenta, que el primer informe cuenta con 6 y la traducción tiene 8. En segundo lugar, existe el informe del IDIF sobre el análisis de toda la caja de evidencia, ambos informes no lo incriminan en el hecho acusado. La prueba de ADN señalada, son las pruebas más contundentes que desvirtúa la esencia de la Sentencia.


También, el informe de médico forense es contundente al indicar que el lugar de la muerte de la niña, no fue donde la encontraron y que su data de muerte era de 72 horas y el cuerpo habría sido hallado después de cinco días; otro ejemplo, es el pantalón que fuera lavado y en el que no se encontró rastros de sangre y solo ADN masculino, así indicó el informe del IDIF, también observa el apelante que el análisis realizado por el laboratorio 16 de julio, en relación a la presencia de dos tipos de Estafilococos, el que tenía el imputado era el estafolicocos dorado y el de la niña estafolicocos albus, este último según el perito, puede ser desarrollado a causa de falta de higiene, lo cual ocurrió, al estar detenido varios días en celdas policiales; asimismo, se determinó que tuviera herpes y si tuvo acceso carnal con la menor debió haberla contagiado; aspecto que, se pidió se ampliara en el informe del médico, dando a concluir las contradicciones en que incurrió los investigadores.        


De igual forma, se violó el art. 144 del CPP de 1972 su inc. 7) en relación a que el pantalón fuera lavado, al no considerarse que los indicios deben fundarse en hechos ciertos. Otro aspecto, contradictorio es la declaración ratificatoria del Tte. Ocampo, quien no pudo explicar porque no existían huellas plantares del imputado en el muro, si fue por donde pasó de un ambiente a otro.


Sobre el envió de las pruebas a Colombia para el análisis respectivo, la misma que fue obstaculizada por la parte civil; ya que, la autoridad judicial dio plazo para que se realice las mismas, hasta finales de octubre; sin embargo, las cajas de evidencias había llegado al laboratorio de Colombia en noviembre; es decir, un mes después de otorgarse el plazo.


Según el Auto Supremo 453 de 16 de noviembre de 2009, consideró que el caso era cosa juzgada, lo cual no fue tomado en cuenta, al ser una decisión que no puede ser modificada ni alterada posteriormente, las pruebas de ADN como el análisis del FBI lo excluyen de los sucesos acaecidos.


Así para la comparación del ADN realizada por peritos colombianos y del IDIF el 27 de agosto de 2012, en su informe -bajo la dirección de Sergio Quispe Mayta- señalaron que, no encontraron manchas de interés forenses en las 78 evidencia y 10 muestras de ADN, excluyéndole a él e identificando a José Luis Flores por encontrarse su ADN en el contenido vaginal de la menor, en el guardapolvo, polera, chompa y panty de la víctima. Asimismo, sobre las fibras color azul encontradas en mi pertenencia y en la chompa de la víctima, la perito Carmen Cuiza solamente indicó que la fibra era similar, de igual manera en el informe se habla de huellas plantares y los relieves de calzado con características similares, que fue considerado por la Jueza como ciertas, todos estos elementos hacen que existiera una clara violación de los arts. 134 y 135 del D.L. 10426, sin cumplir las exigencias para la valoración.


Tiene observación respecto al informe del supuesto criminólogo quien a pesar de que admitió no ser psicólogo, no presentó la batería de test realizado, solo presentó las conclusiones, al contrario del informe psicológico realizado por Fernando Arce Hochkofler que refirió que el perfil psicológico de Mendoza, no corresponde al de un psicópata capaz de cometer crímenes de premeditación.


Se vulneró el principio non bis in ídem, al no dejarle ejercer su defensa material, conforme se evidencia de las actas de audiencia, señalándole la Jueza que no debe confundirse, que está siendo juzgado con el procedimiento de 1972, reconociendo la ausencia de defensa material, vulnerando la normativa nacional e internacional, lo cual está vinculado con el derecho a la defensa.


Finalmente, denuncia sobre su derecho a la defensa, que no tuvo un abogado de confianza que le asistiera y ante dicha situación tenía el derecho de defenderse personalmente, lo que le fue negado afirmando que no existía defensa material. Asimismo, reclama la aplicación del art. 116 de la CPE, que en caso de duda se rija por lo más favorable al imputado; toda vez, que está siendo procesado por más de once años.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, el Tribunal de alzada pasó a resolver el recurso mediante Auto de Vista 89/2015 de 27 de abril, de la siguiente manera:

En el primer considerando, realizó un relato de los antecedentes del proceso en torno a la Sentencia que fue dictada en contra de los acusados: Odón Fernando Mendoza Soto, Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, José Luis Flores López, Reynaldo Flores Barrera, Margarita Uzeda Uzeda, Berna Porcel y Amparo Lunario Rueda, quienes fueron sentenciados conforme a su participación en el hecho atribuido a sus personas.


En el segundo considerando, refirió las notificaciones desarrolladas para el planteamiento de las apelaciones respectivas, haciendo una narración sintética de los agravios que denuncian, Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, Berna Porcel, Martha Velásquez de Flores, El Ministerio Público y Odón Fernando Mendoza Soto.


En el tercer considerando, conforme a los antecedentes relatados dicho Tribunal de alzada llegó a las conclusiones de orden legal, doctrinal y constitucional, describiendo el objeto del recurso de apelación de Sentencia en aplicación del art. 284 del D.L. 10426, habiendo sido cumplidos las apelaciones presentadas con este requisito previo; asimismo, en razón de la doctrina legal aplicable, se entiende el derecho que se tiene a la impugnación de una decisión judicial adversa en aplicación de la constitución y normas de carácter internacional en materia de derechos humanos.


En el cuarto considerando, responde a las cuestiones planteadas por los apelantes, en relación a:


Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, refiere el Tribunal de alzada que, en la Sentencia se sabe que como Directora era conocedora de las denuncias de los padres de familia y de la Secretaria del establecimiento, sobre las agresiones que habría cometido el acusado Odón Fernando Mendoza, en contra de algunos alumnos, no habiendo hecho uso de su autoridad para prevenir algún acto, -para este Tribunal- la actitud pasiva y omisiva ha coadyuvado en la comisión del hecho futuro; ya que, existe un autor sentenciado, inclusive de la misma sentencia se sabe que no habría comunicado en forma oportuna a las autoridades pertinentes.


Por otro lado, como Directora le asignó otras obligaciones a la portera a cambio de una remuneración, cuando la tarea de una portera es la de vigilar la entrada y salida de toda persona como su nombre lo indica “portera”.


Citando las Sentencias Constitucionales 1369/2001-R, 934/2003-R y 757/2003. “el Auto de septiembre de 2002 por el que se amplía la causa contra los recurrentes, carece de motivación y de elementos de convicción para sustentar la ampliación; tampoco se ha individualizado a los supuestos partícipes del delito, ni la conducta y la tipicidad que les correspondería a cada uno de ellos, incumpliendo las exigencias de los Arts. 85 y 129.3) del Código de Procedimiento Penal - 1972” (sic).

Odón Fernando Mendoza Soto, argumentó el Tribunal de alzada que “Con relación al art. 115.II de la Constitución Política del Estado, señala que toda persona tiene el Derecho de ser oída en un proceso oral público, con las debidas garantías por un Tribunal competente, bajo el principio de presunción de inocencia, el Derecho de elegir un defensor de confianza, en el presente caso también se ha sometido al acusado a un proceso penal, no pudiendo aplicarse el principio de favorabilidad, porque la acusación no se ha basado en una sola prueba, sino en varias pruebas como son las huellas plantares de calzado de propiedad de Odón Mendoza Soto, las cuales fueron encontradas en la pared contigua al depósito, en comparación de los relieves del calzado es de Odón Mendoza Soto, además la conducta de este al llegar al colegio en forma constante después de haber compartido bebidas espirituosas.


Que, además se ha considerado que para la condena se ha tomado en cuenta que ese día fatídico no habría sido visto desde horas 8:30 a 11:30, quién además trató de justificar de forma contradictoria su ausencia. Se ha probado también la participación en el hecho por la enfermedad denominada `estafolicoco albus´ misma que se transmite por medio de un contagio y en los análisis clínicos a la niña se determinó que en dichas muestras se presentaba esta enfermedad. Inclusive es la propia declaración de la Directora que a la ausencia del acusado niega que le hubiese encomendado algún mandado. Siendo otra prueba las fibras de color azul en el cinturón del acusado, siendo que la víctima llevaba chompa azul ese día, así como la mancha de sangre en la prenda de vestir del mismo, sumándose el cinturón como elemento constructor de 3 centímetros de ancho que según los estudios sirvió para asfixiar y estrangular a su víctima, es decir no solamente sirvió para condenar al acusado la valoración psicológica sino también las pruebas en el proceso enunciadas. Consecuentemente la resolución se encuentra debidamente motivada en este aspecto” (sic).


Con relación a la apelación de Martha Velásquez de Flores, apela que la Directora de la escuela habría encomendado ciertas funciones o Odón Mendoza Soto, existirían dos quejas de malos tratos a dos niños; por otro lado, las pruebas producidas generadas por el FBI y así como el IDIF fueron recolectadas con pruebas mal adquiridas, así también la Directora María del Rosario Vargas Villarroel obligaría a un niño a declarar que habría visto salir a la niña AA, apela en relación a la valoración del actuar de la Directora María del Rosario Vargas de Villarroel, así como de María Uzeda Uzeda y Berna Porcel en relación a la tipificación del delito de Encubrimiento. En relación a ello la Sentencia afirma que la Directora de dicha escuela habría encomendado ciertas funciones a Odón Fernando Mendoza Soto; asimismo, señala que el mismo habría presentado dos quejas debido a que habría agredido a dos niños y suma una tercera vez, que fue puesto en conocimiento por parte de la secretaria, también se tiene que dicho acusado desde un inicio del proceso habría obstaculizado y prolongado el mismo; por otro lado, las pruebas producidas generadas por el FBI y así como el IDIF, fueron recolectadas con pruebas mal adquiridas, así también la Directora María del Rosario Vargas de Villarroel, obligó a un niño a declarar que habría visto salir a la niña AA, ello con la finalidad de cambiar el hecho y así se compara con la declaración informativa prestada por Odón Fernando Mendoza Soto, quien señaló que habría visto salir con un sujeto a la niña AA, apela en relación a la valoración del actuar de la Directora María del Rosario Vargas de Villarroel, así como de Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel en relación a la tipificación del delito de Encubrimiento, también se aduce que el abogado que le habría patrocinado a la precitada es amigo del perito del FBI; y consiguientemente, se habrían manipulado ese elemento de prueba; consiguientemente, interpone su recurso de apelación en cuanto respecta a la absolución del delito de Encubrimiento a favor de María del Rosario Vargas de Villarroel, Margarita Uzeda Uzeda y Berna Porcel. En el análisis de la conducta de la acusada María del Rosario Vargas de Villarroel se subsume al delito de Encubrimiento pues el art. 171 del CP, consiste el hecho de ocultar a los culpables del delito o hacer desaparecer los vestigios de éste, con el fin de impedir la acción de la justicia o de auxiliar a los responsables para que estos puedan beneficiarse del delito que cometieren. Respecto a la polémica si el encubrimiento debe ser considerado una figura independiente, acogiendo la teoría de la independencia, al ser la conducta fuera del tipo el delito, en el presente caso la acusada si incurrió en el delito de encubrimiento.    


Consiguientemente, revocó en parte la Sentencia apelada declarando a María Del Rosario Vargas Villarroel, autora del delito de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previsto y sancionado por los arts. 154 y 171 con relación al 43 del CP, condenando a la pena de cinco años de reclusión, más el pago civil, costas al estado y multa de cien días, a cumplirse en ejecución de Sentencia. Por otro lado, se confirmó la Sentencia en relación a lo demás acusados.


II.4.  Del Auto Supremo 628/2015-RRC de 26 de noviembre.


Conforme a los datos del proceso, se advierte que la presente causa fue radicada anteriormente ante la Sala Penal de éste Tribunal, como emergencia de los recursos de casación interpuestos por los imputados Dora María del Rosario Vargas de Villarroel (fs. 15174 a 15188) y Odón Fernando Mendoza Soto (fs. 15193 a 15198 y 15204 a 15233), impugnando el Auto de Vista 89/2015 de 27 de abril, que merecieron el pronunciamiento del Auto Supremo 628/2015-RRC de 26 de noviembre, que respecto al recurso de Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel arguyó que: “Conforme se estableció en el acápite III.1 de esta Resolución, claramente el art. 303 del CPP de 1972, establece que el término para interponer el recurso de casación es de diez días, que correrá de momento a momento, desde la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista pertinente. Así, en el presente recurso, se constata que la recurrente no cumplió con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 25 de mayo de 2015, conforme se evidencia de diligencias de notificación de fs. 15079, habiéndose entregado copia de ley en domicilio procesal señalado, interponiendo el recurso de casación el 9 de junio del mismo año, de acuerdo a nota de recepción de fs. 15188; en consecuencia presentó fuera del término de diez días, incumplimiento la previsión de la norma adjetiva citada.

Ante el incumplimiento del plazo relativo a la presentación del recurso de casación de acuerdo con el art. 307 inc. 1) del CPP, corresponde declarar el presente recurso por su improcedencia”.

Con relación a Odón Fernando Mendoza Soto declaró Infundado el recurso de casación.

II.5.  De la Resolución 659/2017 de 4 de diciembre.


Ante la demanda de acción de libertad formulado por Carlos J. Mariaca Riveros en representación de Dora María del Rosario Vargas Villarroel en contra del Auto Supremo 628/2015-RRC de 26 de noviembre, el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante Resolución 659/2017 de 4 de diciembre, concedió la tutela solicitada, disponiendo primero la libertad inmediata de la accionante; asimismo, dejó sin efecto el Auto Supremo referido únicamente con relación a Dora María del Rosario Vargas de Villarroel ordenando se emita un nuevo Auto Supremo debidamente motivado, en mérito a las siguientes consideraciones:


Que el defecto denunciado es grave, por lo que debió ser observado aún de oficio por el Tribunal Supremo, que en aplicación de la Sentencia Constitucional 1617/2013 de 4 de octubre que estableció la facultad de ingresar al análisis de fondo ante groseras vulneraciones a los derechos fundamentales, se ingresa al análisis de fondo debido a que se considera que en el presente caso existe una grosera vulneración al derecho a la libertad.


Que la denuncia concreta se halla referida a dos puntos, el primero a la aplicación retroactiva del art. 154 del CP modificado por la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 que establece una pena de uno a cuatro años de privación de libertad, a un hecho que había sucedido el 27 de agosto de 1999, cuando el tipo penal aplicable vigente a momento de la comisión de los hechos establecía una pena de un mes a un año. Que analizados los hechos denunciados, se tiene que la ley vigente a ese momento era el código penal que establecía una pena de un mes a un año, pena que se halla establecida en el auto inicial de instrucción, auto final de instrucción, auto de procesamiento y sentencia, por lo que hasta ese momento se aplicó la ley vigente a momento de la comisión de los hechos, habiendo sido condenada la acusada a la pena máxima de reclusión que era un año.


Que a través del Auto de Vista “87/2015” de 27 de abril, se revoca la Sentencia y se condena a la accionante a cinco años, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento y aplicando las reglas de concurso, de lo que se tiene, que el Código Penal tipificó el art. 154 como Incumplimiento de Deberes, cuya pena de reclusión era de un mes a un año, el art. 171 como Encubrimiento, tiene una pena de seis meses a dos años, el art. 45 señala que será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el Juez aumentar el máximo hasta la mitad, que las normas transcritas y aplicadas las reglas del concurso, la pena del delito más grave es de dos años correspondiente al delito de Encubrimiento y aplicando las reglas de concurso, incrementando la mitad de la más grave, se llega a tres años como pena máxima, no siendo posible  llegar a cinco años, por lo que al momento de incrementar la pena a cinco años, el Auto de Vista “87/2015” de 17 de abril, aplicó el tipo penal modificado de Incumplimiento de Deberes, establecido en la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, que establece una pena de uno a cuatro años, por lo que los vocales quebrantaron el principio de reserva legal, que establecía una pena de forma taxativa de un mes a un año y aplicaron otra de uno a cuatro años, que no se encontraba dentro del Código Penal vigente a momento de la comisión de los hechos, habiendo existido una aplicación material de la ley penal sustantiva desfavorable en forma retroactiva.


Que como segunda denuncia de violación del derecho a la libertad, señala la incorporación del tipo penal de encubrimiento, siendo que por ese tipo penal jamás fue acusada, procesada, conforme se evidencia del auto de procesamiento, sentencia y auto complementario de 25 de agosto de 2014 de la sentencia, que aclara que solo fue juzgada por el delito de Incumplimiento de Deberes, este hecho no se hallaría vinculado sino al debido proceso; sin embargo, producto de su aplicación y condena en el Auto de Vista es que ingresa al análisis de las reglas de concurso real e ideal, disponiendo aplicar el concurso real aplicando la pena de un año más, lo que índice de forma directa en la condena de la accionante, que incrementando sin razón en un año la pena a aplicarse, sumando en total cinco años, cuando la única pena aplicable era de un año, por lo que en este caso también concedió la tutela.


III. RESOLUCIÓN DEL RECURSO


III.1.        El recurso de casación en el Código de Procedimiento Penal abrogado.


La primera Disposición Final del vigente Código de Procedimiento Penal, establece que entrará en vigencia plena, veinticuatro meses después de su publicación y se aplicará a todas las causas que se inicien a partir del 31 de mayo de 2001; es así que, en aplicación de tal normativa, la extinta Corte Suprema de Justicia, por Circular 37-1 de 12 de noviembre de 2001, instruyó que todas las causas ingresadas a los despachos judiciales hasta el 30 de mayo de 2001, serán tramitadas y concluidas con el régimen procesal anterior y que todas las denuncias o querellas en trámite en la Policía Técnica Judicial o Fiscalía, anteriores a la vigencia plena del actual Código de Procedimiento Penal y que ingresen a los despachos judiciales después del 31 de mayo de 2001, serán tramitadas y concluidas de acuerdo al nuevo sistema procesal penal. Así también, la Sentencia Constitucional 0812/2003- R de 17 de junio de 2003, precisó que: “…de la línea jurisprudencial emergente de la interpretación de la Primera Disposición Final de la Ley 1970, se extrae claramente que la iniciación de la causa se da cuando se dicta el Auto Inicial de la Instrucción, pues antes de ello, no se puede hablar del inicio de la misma…”.


En el caso de autos, se tiene de los antecedentes, que el presente proceso, tuvo su inicio el 10 de septiembre de 1999, conforme la Resolución 440/99 del Auto Inicial de la Instrucción, por lo que su trámite de manera correcta se sujetó a las disposiciones del CPPabrg, disposición legal aplicable al caso de autos.


Ahora bien, en previsión de lo dispuesto por el art. 296 del CPPabrg, aplicable al caso de autos, procede el recurso de nulidad o casación, por inobservancia o quebrantamiento de las formas procesales prescritas bajo pena de nulidad, y por violación de la ley sustantiva en la decisión de la causa; a este efecto, en cuanto al contenido del recurso de casación, es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 301 y 303 del citado cuerpo legal. En ese sentido, conforme señala el art. 301 del CPPabrg, se debe fundamentar el recurso de casación, cumpliendo con requisitos insoslayables, como la especificación de los motivos del recurso, con cita de la ley o leyes procesales cuya inobservancia se impugna, o de las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse en el recurso y señalar en qué consiste el quebrantamiento o vulneración de esas normas; asimismo, el art. 303 del CPP de 1972, establece que el término para interponer el recurso de casación es de diez días, que correrá de momento a momento, desde la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista pertinente. Finalmente, cumplido con el plazo para la interposición del recurso de casación o nulidad, el Tribunal de casación resolverá: a) Declarando improcedente, entre otros motivos, por el incumplimiento de los requisitos señalados en el art. 301 del mismo cuerpo de leyes; b) Determinará establecer en infundado, cuando del examen resulta no ser evidente la violación de las leyes acusadas; c) Casará la resolución que se recurre, cuando sea evidente la violación de las leyes sustantivas denunciadas; y, d) Anulará reponiendo hasta el vicio más antiguo, al establecerse que se incurrió en una de las causales del art. 297 de la norma adjetiva abrogada.


III.2. Análisis del caso concreto.


III.2.1. Del recurso de casación interpuesto por Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel.


De la revisión de antecedentes, se observa que la recurrente no cumplió con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, habida cuenta que fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 25 de mayo de 2015, conforme se evidencia de diligencias de notificación, cursante de fs. 15079, interponiendo el recurso de casación el 9 de junio del mismo año, de acuerdo a nota de recepción, de fs. 15188; en consecuencia, se tiene que lo presentó fuera del término de diez días, que prevé el art. 303 del CPP de 1972.


No obstante, en cumplimiento a la Resolución 659/2017 de 4 de diciembre, emitida por el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de Garantías Constitucionales, que concedió la tutela solicitada en la Acción de Libertad, formulada por el representante de la imputada Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel, dando lugar a que se deje sin efecto el Auto Supremo 628/2015-RRC de 26 de noviembre, únicamente con relación a la prenombrada imputada ante la “vulneración al derecho a la libertad”; en cuyo mérito, es preciso puntualizar:


Sobre la revisión de oficio, el 27 de agosto de 1999 cuando ocurrió el hecho juzgado, se encontraba en vigencia el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ abrogada) que establecía: “Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes”.


De lo anterior, se tiene que si en obrados se observaban defectos absolutos que atentan derechos fundamentales, debían ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o de Casación, en ejercicio de la facultad conferida por el citado artículo, facultad restringida sólo para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen la nulidad; en consecuencia, ante la “grosera vulneración al derecho a la libertad” advertida por el Tribunal de garantías, corresponde ingresar al análisis de fondo del recurso formulado por la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel que fue identificado en el apartado I.1.1.1 de este Auto Supremo; en cuyo efecto, se tiene que: 


Respecto a que el Tribunal de alzada carente de fundamentación, la condenó por el delito de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento en relación al Concurso Real, no considerando que nunca fue procesada por el delito de Encubrimiento, ni existió ninguna prueba que establezca su grado de participación en calidad de Encubridora.


Ingresando al análisis del presente punto, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, se tiene que emitido el auto inicial de la instrucción, se amplió el sumario penal en contra de Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, por la supuesta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes previsto por el art. 154 del CP y en base a la existencia de los referidos Autos se emitió el Auto final de la instrucción de procesamiento (fs. 4076 a 4085 vta.), contra la totalidad de los procesados, en el caso de análisis contra Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, por el delito establecido en el art. 154 del CP; en cuyo efecto, se dio inicio al desarrollo del juicio, emitiéndose la Sentencia 27/2014 de 19 de agosto, que si bien en su parte considerativa a tiempo de establecer la responsabilidad penal de la procesada Dora María Vargas de Villarroel, alegó que fue acusada por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento previstos por los arts. 154 y 171 del CP, la declaró autora de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, condenando a la pena de un año de reclusión, notificada con tal determinación, la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, solicitó Explicación, Complementación y Enmienda, que fue resuelto por Auto de 25 de agosto de 2014, que en vía de enmienda dispuso: “Que, en el `Quinto Considerando´ de la Resolución Nº 27/2014, se ha consignado que la Directora del establecimiento Dora Vargas de Villarroel ha sido acusada por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, tipificados por los arts. 154 y 171 del Código penal, SE ENMIENDA dicha consideración, debiendo consignarse correctamente como: `la Directora del establecimiento Dora Vargas de Villarroel ha sido acusada por el delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el Art. 154 del Código Penal´, manteniéndose firme y subsistente el resto de la resolución citada”.


Ahora bien, el Auto de Vista impugnado, ante los recursos de apelación restringida interpuestos, a tiempo de responder al recurso de la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, que reclamó que no existiría ninguna prueba en su contra por la supuesta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, abrió su competencia y desestimó la denuncia, alegando que en la Sentencia se sabía que como Directora, era conocedora de las denuncias de los padres de familia y de la Secretaria del establecimiento, sobre las agresiones que habría cometido el acusado Odón Mendoza, en contra de algunos alumnos, no habiendo hecho uso de su autoridad para prevenir algún acto, que -para este Tribunal- la actitud pasiva y omisiva ha coadyuvado en la comisión del hecho futuro; ya que, existe un autor sentenciado, inclusive de la misma sentencia se sabe que no habría comunicado en forma oportuna a las autoridades pertinentes. Añadió que, como Directora le asignó otras obligaciones a la portera a cambio de una remuneración, cuando la tarea de una portera era la de vigilar la entrada y salida de toda persona como su nombre lo indicaba “portera”.


Así también a tiempo de responder al recurso de apelación restringida de la acusadora particular Martha Velásquez de Flores, que reclamó en relación a la valoración del actuar de la Directora María del Rosario Vargas de Villarroel, así como de María Uzeda Uzeda y Berna Porcel en relación a la absolución del delito de Encubrimiento; el Tribunal de alzada señaló que, en el análisis de la conducta de la acusada María del Rosario Vargas de Villarroel, se subsume al delito de Encubrimiento, pues el art. 171 del CP, consiste en el hecho de ocultar a los culpables del delito o hacer desaparecer los vestigios de éste, con el fin de impedir la acción de la justicia o de auxiliar, a los responsables para que estos puedan beneficiarse del delito que cometieren. Añadió, que si bien el encubrimiento debía ser considerado una figura independiente, acogiendo la teoría de la independencia, al ser la conducta fuera del tipo el delito, en el presente caso, la acusada si incurrió en el delito de encubrimiento, por lo que revocó en parte la Sentencia declarando a María Del Rosario Vargas Villarroel, autora del delito de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previsto y sancionado por los arts. 154 y 171 con relación al 43 del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, más el pago civil, costas al estado y multa de cien días, a cumplirse en ejecución de Sentencia.


De esa necesaria relación de antecedentes, en cuanto al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, no se advierte que el Tribunal de alzada hubiere incurrido en carencia de fundamentación como asevera la recurrente; toda vez, que explicó que la actitud pasiva y omisiva había coadyuvado en la comisión del hecho futuro, que de la misma sentencia sabía que no habría comunicado en forma oportuna a las autoridades pertinentes; que además, como Directora le asignó otras obligaciones a la portera a cambio de una remuneración, cuando la tarea de una portera era la de vigilar la entrada y salida de toda persona como su nombre lo indicaba “portera”, argumentos que si bien no son extensos; sin embargo, permiten comprender por qué la conducta de la imputada se había subsumido al delito de Incumplimiento de Deberes, lo que tiene estrecha relación con lo concluido en la Sentencia conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.1 de esta Resolución; consecuentemente, este aspecto de impugnación, no tiene mérito.


Ahora bien, respecto a la condena por el delito de Encubrimiento, se tiene que el Tribunal de alzada, evidentemente incurrió en carencia de fundamentación, como arguye la procesada; puesto que, no observó que la ampliación del auto inicial de la instrucción, auto final de la instrucción de procesamiento y desarrollo del juicio contra la imputada, fue llevado a cabo únicamente por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, emitiéndose Sentencia condenatoria por el delito de Incumplimiento de Deberes, si bien en su parte considerativa la Sentencia alegó que la procesada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, fue acusada por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento; no obstante, por Auto de 25 de agosto de 2014, en vía de enmienda señaló que Dora Vargas de Villarroel fue acusada por el delito de Incumplimiento de Deberes, tipificado por el Art. 154 del CP, manteniendo firme y subsistente el resto de la Sentencia; en cuyo efecto, el Tribunal de alzada no podía condenar por el delito de Encubrimiento; ya que, trae consigo un modo de actuar diferente al delito por el que fue acusada y procesada la recurrente (Incumplimiento de Deberes), pues para el caso de Encubrimiento implica el acto doloso que en virtud de promesa anterior, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho; es decir, supone la comprobación de hechos diferentes y no una mera modificación de la labor de subsunción; pues si bien, la calificación jurídica de los hechos puede ser modificada durante el proceso por la parte acusadora o por el juzgador, ello no debe atentar contra el derecho de defensa, siendo ello viable sólo cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación; aspecto que, no ha sucedido en el caso sujeto a análisis; puesto que, la condena por el delito de Encubrimiento realizada por el Tribunal de apelación emerge de una modificación total de los hechos objeto de juzgamiento contra la procesada, extremo que no le está permitido; ya que, si bien es posible que pueda modificar la calificación legal de los hechos acusados; empero, no puede cambiar la calificación legal si esta variación implica la modificación o inclusión de hechos que no fueron contemplados en la acusación, ni sometido a averiguación o investigación; en tal sentido, la carencia de fundamentación respecto a la condena por el delito de Encubrimiento deviene en fundado.


Respecto a que sin ninguna fundamentación, prueba literal ni testifical, se le incrementó la pena a cinco años de reclusión, cuando el delito de Incumplimiento de Deberes es sancionado con la pena de reclusión de un mes a un año, el delito de Encubrimiento tiene la pena de reclusión de seis meses a dos años, consignando al concurso real en el art. 43 del CP cuando en realidad corresponde al art. 45 del CP, lo que vulnera el art. 117 de la CPE.


Ante la emisión de la Sentencia condenatoria con pena de un año de reclusión, por el delito de Incumplimiento de Deberes contra la procesada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, la acusadora particular interpuso recurso de apelación restringida denunciando la absolución del delito de Encubrimiento a favor de la acusada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel y otras; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada abrió su competencia y señaló que, la conducta de la acusada María del Rosario Vargas de Villarroel se subsume al delito de Encubrimiento, por lo que revocó en parte la Sentencia declarando a María Del Rosario Vargas Villarroel, autora del delito de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, previsto y sancionado por los arts. 154 y 171 con relación al “43” del CP, condenándole a la pena de 5 años de reclusión, más el pago civil, costas al estado y multa de 100 días, a cumplirse en ejecución de Sentencia.


De lo anterior, se tiene que el Auto de Vista recurrido, no consideró que se juzgó un hecho que ocurrió el 27 de agosto de 1999, cuando se encontraba vigente el Código Penal de 1972, donde el tipo penal de Incumplimiento de Deberes previsto por el art. 154 establecía la pena de reclusión de un mes a un año, por lo que fue condenada la procesada en la sentencia con la pena de un año, teniéndose que hasta ese momento se aplicó la Ley vigente a tiempo de la comisión del hecho; sin embargo, el Auto de Vista recurrido aludiendo la aplicación de la reglas del concurso real la condenó a la pena de 5 años, por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento; no comprendiéndose de dónde surge la pena de 5 años; puesto que, efectuando una relación de la pena de los delitos, se tendría: el delito de Incumplimiento de Deberes cuya pena establecida era de un mes a un año, el delito de Encubrimiento con una pena de seis meses a dos años y considerando la aplicación del art. 45 del CP abrogado que establecía “El que con designios independientes, con una o más acciones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad”; en su observancia, la pena del delito más grave hubiere sido el delito de Encubrimiento donde la pena habría sido de dos años y aplicando las reglas de concurso real, incrementando la mitad del más grave se habría llegado a una pena total de tres años de reclusión; sin embargo, el Tribunal de alzada al incrementar la pena a 5 años ciertamente incurrió en carencia de fundamentación; puesto que, sin la debida explicación, impuso una pena que no se encontraba dentro del Código Penal vigente a tiempo de la comisión de los hechos, vulnerando el art. 117.I de la CPE.


Ahora bien, sin embargo, de la referida precisión de las penas, conforme se expresó en el análisis del primer punto, se evidenció que el Tribunal de alzada con carencia de fundamentación y de manera ilegal condenó a la imputada por el delito de Encubrimiento, lo cual no correspondía; por cuanto, no fue acusada, procesada ni juzgada por dicho tipo penal; entonces, tampoco correspondía la aplicación del concurso real previsto por el art. 45 del CP y no como erróneamente señaló el Auto de Vista recurrido el “art. 43”.


De los argumentos expuestos, se concluye, que habiendo sido acusada, procesada y condenada en Sentencia la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel con la pena de un año de reclusión por el delito de Incumplimiento de Deberes, el Tribunal de alzada no podía incrementar más la pena; puesto que, la pena impuesta por el Juez de juicio fue la pena máxima conforme se tiene del art. 154 del CP abrogado, consecuentemente, el incremento de la pena a 5 años no corresponde, por lo que el presente motivo también deviene en fundado.


Finalmente, en cuanto a que el Auto de Vista incurrió en violación al principio de inocencia; ya que, no se demostró que su persona hubiere incurrido en la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, vulnerándose el principio nom bis in ídem; puesto que, por las supuestas faltas administrativas en que habría incurrido su persona, fue sancionada por el Ministerio de Educación, por lo que no correspondería que sea condenada dos veces por un mismo hecho.


Conforme se precisó en el análisis del primer punto, emitida la sentencia condenatoria por el delito de Incumplimiento de Deberes contra la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, formuló recurso de apelación restringida donde reclamó que no existía ninguna prueba en su contra por la supuesta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, que durante el proceso penal se demostró que fue sancionada en un proceso administrativo en el Ministerio de Educación y en observancia del principio procesal nom bis in ídem, no podría ser condenada dos veces por lo mismo; respecto a lo cual, el Tribunal de apelación desestimó las denuncias alegando, que en la Sentencia se sabía que como Directora era conocedora de las denuncias de los padres de familia y de la Secretaria del establecimiento, sobre las agresiones que habría cometido el acusado Odón Mendoza, en contra de algunos alumnos, no habiendo hecho uso de su autoridad para prevenir algún acto, concluyendo, que la actitud pasiva y omisiva ha coadyuvado en la comisión del hecho futuro; ya que, existe un autor sentenciado, inclusive de la misma sentencia sabía que no habría comunicado en forma oportuna a las autoridades pertinentes. Añadió, que como Directora le asignó otras obligaciones a la portera a cambio de una remuneración cuando la tarea de una portera era la de vigilar la entrada y salida de toda persona como su nombre lo indicaba “portera”.


De los argumentos expuestos por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido se tiene que no incurrió en vulneración al principio de inocencia como alegó la recurrente; toda vez, que explicó que se encontraba demostrado que la conducta de la imputada Dora María del Rosario Vargas de Villarroel, se subsumió al delito de Incumplimiento de Deberes; por cuanto, como Directora era conocedora de las denuncias de los padres de familia y de la Secretaria del establecimiento, sobre las agresiones que habría cometido el acusado Odón Mendoza, en contra de algunos alumnos, no habiendo hecho uso de su autoridad para prevenir algún acto, ello en plena concordancia con lo señalado en la Sentencia, que además de lo anterior, advirtió que el proceso disciplinario al que fue sometida y en cuya sustanciación fue sancionada, resulta ser completamente diferente y excluyente de las sanciones que previene el Código Penal, aclarando que la primera refiere al carácter administrativo de la falta y de la sanción, mientras que el segundo castiga la comisión del delito de forma personal, mediante la ejecución de una pena, fundamento que resulta coherente; toda vez, que cada uno de los procesos (administrativo y penal) se basó en vulneración de diferentes bienes jurídicos, que son tutelados por distintas ramas, ámbitos y normas, razón por la cual el fundamento de las sanciones son diferentes, por lo que no existe vulneración al principio non bis in ídem; por cuanto, el fundamento de las sanciones son diferentes.


Por los fundamentos expuestos, al no resultar evidente la vulneración a los principios de presunción de inocencia, ni non bis in ídem, el presente punto deviene en infundado.


III.2.2. Del recurso de casación interpuesto por Odón Fernando Mendoza Soto.


De la revisión de antecedentes, se evidencia que el recurrente cumplió con el requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación, ya que fue presentado dentro del término de diez días, en observancia a lo previsto por el art. 303 del CPP de 1972, al haber sido notificado con el Auto de Vista impugnado, el 16 de junio de 2015, interponiendo su recurso de casación (fs. 15193 a 15198 y  15204 a 15233 vta.) el 23 del mismo mes y año.


  1. El recurrente denuncia como primer motivo, la violación del art. 135 del CPPabrg. y 180.I de la CPE, sobre la apreciación de la prueba, que la juzgadora no aplicó las reglas de la sana crítica, ya que: a) En relación a la afirmación que las huellas plantares, encontradas en el depósito donde fue hallada la niña fallecida, sería similar a las encontradas en lo azulejos de los baños, no se habría analizado que del depósito al baño existe una claraboya que los separa por unos 3 mts. de altura, que implica que debió haberse encontrado huellas dactilares de ser cierta la acusación, pero no fue así, sumado a esto se encuentra el reclamo que en el informe elaborado por la PTJ, se dijo que las características eran similares en el diseño, lo cual no significa que fueran idénticas y se le atribuyo que llegaba al colegio, con resaca dando a comprender a un supuesto alcoholismo, sin existir pruebas de esa afirmación.


Respecto a estos reclamos, claramente se encuentran dirigidos a la resolución de juicio y no así al Auto de Vista impugnado, confundiendo el sentido del art. 299 del CPPabrg, como si en esta fase recursiva ingresáramos a un nuevo juicio, acusando cual la valoración correcta de la prueba mediante argumentos de como debió valorarse y no el control efectivo que deben realizar los vocales sobre la Sentencia; considerando respecto a la valoración de la prueba, en el presente caso, la juzgadora aplicó los arts. 134, 135  y 144 del CPP de 1972, aspecto que también afirma el Tribunal de alzada, lo que significa que para la atribución de los ilícitos acusados consideró la prueba en su conjunto en aplicación de las reglas de la sana crítica; no siendo evidente el reclamo planteado, ni la vulneración de los principios establecidos en el art. 180.I de la CPE; b) Respecto a la denuncia de la contradicción de los informes médicos; ya que por un lado, la Jueza sostiene que padece de la enfermedad de “balanos Prepusitis”, por lo cual estaba limitado de tener relaciones sexuales y por el contrario dice que tiene la enfermedad de “estafilococo albus” que sería transmisible, habiéndose encontrado dicha enfermedad en la menor, por lo cual habría mantenido contacto sexual con la niña, esta denuncia al igual que la anterior, apunta en su acusación a la Sentencia dilucidada en fase anterior al Auto de Vista, que es a la que tiene que impugnar, correspondiendo en esta etapa verificar si el Tribunal de alzada ejerció su competencia realizando el control de la Sentencia y si es posible subsanarla, equivocando el recurrente el planteamiento de este motivo como si fuese una instancia de apelación de la Sentencia, la cual está limitada al art 299 del CPP de 1972. Por otra parte, en su apelación no denunció este aspecto, lo que sostuvo fue la presencia de dos tipos de Estafilococos, que él tenía el estafolicocos dorado y el de la niña era el estafolicocos albus, este último según el perito podía desarrollarse a causa de la falta de higiene; entonces, no puede pretender reclamar un aspecto que no lo hizo en su momento ante el Tribunal de apelación; ya que, el Tribunal de Casación procede contra el Auto de Vista. Más aún, cuando la denuncia en casación resulta equivoca, por lo que en la Sentencia la juzgadora claramente estableció la concurrencia de estas dos enfermedades  y que de ninguna manera resultaban contradictorias, señalando que el sufría la enfermedad de “Balano Prepusitis”, que constituye una limitación para poder tener relaciones sexuales; por lo cual, habría utilizado otros medios como el palo de escoba para introducir en la vagina de la menor y así satisfacer sus aberraciones sexuales; también el acusado tenía otra enfermedad el “Estafolicoco Albus”, que se transmite por contagio y en el cadáver de la menor por los análisis clínicos médicos se evidenció que esas muestras se presentó esta enfermedad, lo que derivó en deducir que Odón Fernando Mendoza, tuvo “contacto genital con la menor…” (sic); corroborado por otro estudio clínico realizado por Antonio Tórrez Balanza, quien concluyó refiriendo que se encontró cierta relación de gérmenes, tanto en la muestra objetiva de la vagina de la menor con la de la secreción balano prepucial obtenidas de Odón Mendoza Soto”; entonces, no existió la contradicción insinuada en este motivo y la juzgadora aplicó correctamente las reglas de la sana crítica en la valoración efectuada en base a los informes periciales; c) Asimismo, sobre las fibras de color azul encontradas en el cinturón e interior de su pantalón, que según el análisis pericial tenían similitud con la chompa que vestía la niña; no se tomó en cuenta que en dicha unidad educativa se trabajaba con niños y niñas de manera general que tenían la misma chompa azul, inclusive su hijo y respecto a la sangre que fue encontrada en el palo de madera y polera blanca de la menor, identificándose el mismo tipo sanguíneo a la de él, no es específico; a estos reclamos, debe señalarse que se acusa a la Sentencia en la que se dilucido claramente estos aspectos que menciona sobre la valoración realizada por la jueza, los cuales sirvieron como parte integral de un todo para la consideración en base al art. 144 del CPP de 1972 de la prueba de indicios y presunciones con las condiciones requeridas, para establecer la responsabilidad del acusado en base a las reglas de la sana crítica y de la legalidad pertinente, equivocando nuevamente su planteamiento ante esta autoridad cual si fuera una apelación a la Sentencia y no así un recurso de casación como correspondía; d) Sobre el reclamo de que el pantalón que habría sido lavado varias, veces supuestamente con la intención de borrar alguna evidencia, sin llegar a determinar si la mancha en el pantalón era sangre u otra sustancias, sin considerar la juzgadora que manifestó que la prenda fue comprada de segunda mano y que se habría manchado, lo que motivó que lave el pantalón hasta sacar la mancha; en relación a esta denuncia de no consideración de su exposición, aspecto que no resulta pertinente; toda vez, que se impugna la Sentencia y no así al Auto de Vista, sobre esta fase es clara lo que establece el art. 299 del CPPabrg, sobre qué elementos y que aspectos debe contener el recurso de casación, vinculado naturalmente a la violaciones normativas que hubieren cometido los tribunales de apelación; más allá de eso, se observa que hace alegaciones subjetivas que fueron dilucidadas por la juzgadora, en atribución del principio de inmediación y la sana critica en el momento de la valoración de estos elementos probatorios, así se desprende de la conclusión a la que arribo en el quinto considerando de la Sentencia al señalar que se determinó que las prendas del acusado fue lavada repetidamente hasta desgastarlo a la altura de la pierna, sin poderse establecer si dicha mancha corresponde a mancha de sangre, este lavado repetido no fue explicado coherentemente por el imputado; lo cual hace evidente que la Juzgadora en base a las reglas de la sana crítica llego a dicha conclusión, que como ya se dijo consideró este indicio en el conjunto de otros elementos probatorios para determinar la responsabilidad del acusado y no como pretende el recurrente que solo este elemento probatorio haya servido para inculparlo a los hechos acusados; e) La afirmación de los investigadores, que un cinturón fue usado como elemento constrictor para asesinar a la menor, lo cual fue desvirtuado por el informe de Carmen Cuiza Campana, quien señaló que en el cinturón beige y café no se encontró restos de tejido, lo que implica que la declaraciones son solo conjeturas, además que no existe pruebas de los 3 centímetros de ancho referidos; nuevamente el recurrente acusa aspectos discernidos en el juicio que derivo en la emisión de la Sentencia, pero inclusive no denuncia la mala valoración sino que según el criterio del acusado realiza su propia valoración en relación al cinturón que fuera usado, como elemento constrictor y que este aspecto fuera desvirtuado por la perito; temática ultima que fue dilucidada por quien le compete la valoración de la prueba y el otorgamiento del valor correspondiente, que es la Juzgadora y si el acusado no estaba de acuerdo con esta decisión implicaba dirigir su denuncia ante el Tribunal de alzada, y posteriormente, de no ser atendible su reclamo, en esta fase ejercería su reclamo vinculado al actuar de los vocales, conforme establece el art. 299 de 1972; f) La valoración psicológica realizada por el Departamento de Psicología de la Policía Nacional, fue dirigido mostrando como un psicópata sexual, estudio realizado por un criminólogo, sin respaldo de psiquiatra alguno, al contrario el psicólogo clínico Fernando Arce Hockhofler, le cataloga como paciente conflictivo, pero no un psicópata para cometer crímenes. De igual manera como los anteriores reclamos, estas pruebas fueron valoradas en la etapa correspondiente, confundiendo el recurrente al plantear en esta fase, cual si correspondiera a la apelación a la Sentencia; además, la Juzgadora no consideró solo este elemento probatorio para endilgarlo de los delitos acusados, sino que consideró el conjunto de elementos probatorios desplegados en el juicio, aplicando naturalmente lo arts. 134, 135 y 144 del CPP de 1972; y, g) Habiendo existido testigo de que estuvo supliendo a la profesora de manualidades el día de los hechos, se usó este elemento para condenarle; al igual que anteriores reclamos insiste en un agravio que pudiera haber sufrido en la valoración de la prueba atacando la Sentencia y no así al Auto de Vista como corresponde; sin embargo, de lo señalado, debe precisarse que el Tribunal de alzada ratificó la versión establecida y valorada por la juzgadora en sentido que el día de los hechos el imputado refirió una versión que fue encomendado por la directora a realizar unas diligencias, pero fue desmentido por la propia Directora, este aspecto fue dilucidado en juicio oral y traducido en la Sentencia de acuerdo a las reglas de la sana crítica y confirmado por el Auto de Vista.


Finalmente, denuncia el recurrente que el Auto de Vista evitó pronunciarse sobre lo reclamado en apelación concerniente a la prueba de ADN, al indicar que no puede valorar, sobre este punto, si bien los vocales no argumentan de manera ampulosa las denuncias vertidas; sin embargo, lo hacen en el marco de los criterios rectores concernientes a una debida fundamentación; ya que, conciben la apelación del recurrente en sus dos vertientes el uno apuntando a una errónea valoración de la prueba y otro a la prueba de ADN, que no fuera considerada por la juzgadora como elemento probatorio; habiendo respondido el Tribunal de alzada  que en la acusación no se consideró una sola prueba sino varias, haciendo una fundamentación respecto a esas pruebas consideradas por la juzgadora como son: las huellas plantares, la ausencia del imputado en horas de la mañana el día de los hechos, la comprobación de la enfermedad del “estafolicoco albus” en el imputado como en la niña, la contradicción que fue descubierta por declaración de la Directora de la Escuela, las fibras de color azul encontrada tanto en las prendas del acusado como en la chompa de la menor, el cinturón del imputado usado como elemento constrictor, la mancha de sangre en la prenda de vestir de Odón Mendoza y la valoración psicológica, esto en plena concordancia con lo señalado en Sentencia por la juzgadora, quien conforme la sana crítica y los arts. 134, 135 y 144 del CPP de 1972, atribuyó la responsabilidad del recurrente en los delitos endilgados, razonando el por qué no otorgo valor a la prueba que ahora extraña el denunciante.


  1. Como segundo motivo denuncia la violación del art. 116 de CPE; toda vez, que la Jueza señaló que se hubo llevado a cabo todas las fases del proceso en base a las diligencias de policía judicial y análisis de peritos que fueron demostrados en audiencia pública teniendo pleno valor legal; sin embargo, al contrario refirió que desde el levantamiento del cadáver de la niña existió desorganización y falta de profesionalidad en la recolección de pruebas; en ese marco no se valoró la prueba del FBI que es la prueba que demuestra que su persona no participó en los delitos atribuidos, persistiendo tanto la Jueza como el Tribunal de alzada en base a indicios y conjeturas subjetivas declararle culpable incurriendo en errónea valoración de los antecedentes, manejando la presunción de que es culpable cuando el mandato constitucional se presume la inocencia del imputado. Asimismo, reclama que en el proceso penal no se respetó este principio, aplicándose medidas que restringen sus derechos, que en el caso de la libertad solo puede ser restringida con motivación y por hecho probado. El principio de inocencia, está concebido como un postulado básico de todo ordenamiento jurídico procesal, implica que toda persona debe ser tratada como si fuera inocente desde el punto de vista del orden jurídico, mientras no exista una Sentencia penal de condena; motivo por el cual la situación jurídica del individuo frente a cualquier tipo de imputación es la de un inocente, sin que pueda aplicársele ninguna consecuencia penal, mientras no se declare formalmente su culpabilidad; este principio, tiene como base fundamental en nuestra legislación el art. 116.I de la CPE, que dice: "Se garantiza la presunción de inocencia…”. Asumido este criterio rector se evidencia que el reclamo planteado no tiene coherencia, toda vez que reclama la actuación contradictoria de la juzgadora, habiéndole declarado culpable en base a conjeturas; esto implica que el recurrente a momento de plantear su recurso debe hacerlo de manera fundamentada que requiere de una lógica; aspecto que, se extraña en esta denuncia; toda vez, que una cosa es el principio de inocencia como elemento rector que debe asumir toda autoridad judicial en todas las fases del proceso, considerando al imputado como inocente hasta la demostración ejecutoriada de su responsabilidad y otra cosa diferente es la función supuestamente contraria de razonamiento intelectual realizado por la juzgadora, sin existir algún nexo entre ambos elementos, deviniendo consecuentemente este pedido como inatendible por el absurdo y contradictorio pedido. En relación a que no se respetó este principio durante el proceso penal, limitando sus derechos y que la libertad, solo puede restringirse con motivación y por el hecho probado y que ello no habría sucedido, este reclamo resulta muy genérico sin identificar cuales las actuaciones en las que se vulnero dicho principio por parte del juzgador, más al contrario se evidencia que tanto la jueza como el Tribunal de alzada conforme establece la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica trato al imputado junto a los otros co-procesados, bajo estricto respeto del principio de inocencia, otorgando todas las posibilidades para asumir su defensa y atender sus reclamos; tal es así que, el acusado en todo momento contó con un abogado que le asista en la fase de las investigaciones preliminares, el plenario, la apelación restringida y ahora en casación.


  1. Reclama como tercer motivo, que el Tribunal de alzada simplemente confirmó la Sentencia apelada, vulnerando la Jueza como lo Vocales las garantías y derechos constitucionales establecido en lo arts. 115, 116.I, 117.I y II, 119, 120.I y 180 con relación al 13 de la CPE y normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así se tiene que:


a)        En relación al debido proceso, reclama que en base a la Ley 10426 se hubiere cometido vulneración al debido proceso al reaperturar la causa, anulando los Vocales hasta la fase del Auto de Procesamiento, cuando lo que correspondía era la nulidad solo hasta el Auto de Vista conforme dispuso el Auto Supremo 453 de 16 de noviembre de 2009; al respecto, debe  señalarse que no resulta evidente la supuesta nulidad solamente hasta el Auto de Vista, como sostiene el denunciante; ya que, el precedente citado señala que: “se concluye que, efectivamente, el Tribunal de Alzada, al emitir el Auto de Vista recurrido, no advirtió que el Juez del Plenario procedió a una valoración inadecuada de las pruebas de cargo y descargo, con pleno rechazo de las procedentes del Departamento Federal de Investigación de los Estados Unidos de América, conocido como FBI por sus siglas en inglés respecto a su nombre propio de "Federal Bureau of Investigation" (fojas 2135 a 2183), razón por la cual, en lo concerniente a la causa abierta contra Odón Fernando Mendoza Soto, corresponde aplicar la disposición contenida en el inc. 4) del art. 307 del Código de Procedimiento Penal de 1972 de conformidad a la regla establecida por el inc. 7) del art. 297 del mismo Código (…) ANULA OBRADOS hasta fojas 3642 inclusive, y DISPONE que la mencionada Sala Penal Primera, sin esperar turno y previo sorteo, haga efectiva la subsanación y pronuncie el fallo que corresponda”. De ello se infiere que se hubiera realizado una valoración inadecuada, tanto de las pruebas de cargo como descargo con rechazo de las que procedieron del FBI, anulando obrados para que se subsane la misma y se pronuncie el fallo que corresponda; en este caso, el Tribunal de apelación en aplicación de este Auto Supremo, dispuso subsanar la misma mediante el desarrollo de un nuevo juicio oral, lo cual no implica una desobediencia al Auto Supremo; sino todo lo contrario un cumplimiento, para que el juzgador en estricta aplicación de sus competencias pueda analizar de manera correcta todas las pruebas de cargo y descargo y entre ellas las remitidas por el FBI, tal y como sucedió por la Jueza Octavo de Partido que realizó un correcta valoración de todas las pruebas puestas en juicio oral y argumentando las razones por las que no correspondía atender la prueba emitida por el FBI, así el Tribunal de apelación, habiendo anulado la Sentencia pronuncio el fallo que le correspondía en estricta aplicación de la Resolución judicial de casación, por lo que no resulta evidente la denuncia formulada.


b)        Reclama vulneración de la verdad material, previsto en el art. 180.I de la CPE, al existir elementos discordantes en el expediente, ya que según la autopsia el crimen se habría producido 72 horas antes, es decir, el domingo 29 de agosto, sin tener certeza que la menor falleció en el interior de la Escuela; tampoco, se tiene certeza como ocurrió la muerte de la menor; por esta razón se recurrió a la colaboración del FBI, para que mediante la prueba de ADN se establezca la verdad de los hechos, así, pese a los resultados que le resultaron favorables, pero fueron anulados por la autoridad en procedimiento arbitrario la única prueba que podía establecer una parte de la verdad. En esta denuncia la realiza en dos sentidos sobresalientes; primero que, la muerte de la niña data 72 horas antes de cuando se la encontró; y segundo, la manera en que se produjo la misma, para ello con el fin de tener la certeza de lo sucedido se habría recurrido al FBI, para el análisis del ADN, cuyos resultados fueron desestimados; según el recurrente no existía la certeza de cómo ocurrieron los hechos y que esta carencia quedo suplida con el análisis efectuado por el FBI, contrariamente a este criterio la juzgadora dentro de los límites de la sana critica, valorando las pruebas en su conjunto en aplicación de los arts. 134 y 135, además, del 144 del CPP de 1972, determinen que el recurrente tenía la responsabilidad penal de los hechos acusados,  explicando el por qué no otorgaba valor a la prueba que ahora reclama como válida el denunciante; de esta manera el principio procesal de la jurisdicción ordinaria de la verdad material contenida en el art. 180.I de la CPE, no fue vulnerada por la juzgadora, como pretende insinuar el recurrente.


  1. Denuncia vulneración del derecho a la defensa, contenido en los arts. 115.II y 119.II de la CPE; 1, 3, y 135 del CPP de 1972; 8 inc. 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 11 de la Declaración Universal de Derecho Humanos, sobre la defensa técnica y material, que no pudo gozar al no poder contar con un abogado que le hubiera podido defender en igualdad de condiciones; ya que, por las presiones y acoso que sufrían sus abogados nadie quiso defenderlo y los abogados de defensa pública solo hicieron acto de presencia, entonces trató de mostrar sus argumentos, pero en audiencia fue prohibido por la Jueza, quien le señalo que el procedimiento se regía por la norma de 1972 en el que no existe defensa material. Es evidente que el derecho a la defensa consiste como “el derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano" (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en "Constitución y proceso", Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección"; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" y el art. 119.II prevé que “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”; a su vez este criterio también se encuentra señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Tenidas estas consideraciones en relación a lo denunciado, que por el cambio constante de abogados deseaba asumir su derecho a la defensa material y que no le fuera aceptado, para responder a este reclamo se requiere hacer una diferenciación en cuanto a los elementos de la defensa material  y la defensa técnica; ya que, la primera se refiere a la facultad que tiene toda persona imputada de un delito a poder intervenir en todas las fases del proceso afín de hacer valer su oposición, mediante sus opiniones personales, lo que es diametralmente opuesto a la característica de la defensa técnica, que es la intervención de una persona preparada en derecho para interponer y hacer uso de los elementos de carácter técnico que manejan los abogados; en el presente caso, el denunciante contó con la asistencia constante de un abogado defensor durante toda la tramitación del proceso, no siendo posible atender el argumento de que los abogados que le defendían no eran de su confianza y que por la presión social y política no contaba con uno, sino que le fuera impuesto y que por eso pretendía asumir su defensa, esto supone que confunde en su reclamo los papeles o entendimiento entre ambos tipos de defensa; habiendo pretendido en realidad asumir la defensa técnica a pesar de contar con un abogado defensor, lo que no es posible; ya que, solo le está reservada el derecho a la defensa material; ahora bien, si pretendía asumir la defensa material, es decir, contribuir al esclarecimiento de la verdad dando su parecer y oponerse a situaciones que tuvieran incidencia en la decisión final de la juzgadora, podía hacerlo, -pero ese aspecto no argumenta en su reclamo- y de habérsele prohibido o restringido denunciar como una vulneración a ese derecho; en el presente caso, primero confunde en su reclamo los derechos de la defensa técnica como material y segundo no asume un reclamo sobre la defensa material especificando cuales los momentos, las circunstancias y el agravio que le provocó este impedimento, por la no intervención a juicio; consiguientemente, no es viable atender una denuncia de vulneración del derecho constitucional a la defensa material, por las razones señaladas.


d)        Denuncia la violación del derecho a la conclusión del proceso en un plazo razonable, conforme los arts. 115.II y 180.I de la CPE y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que entre los años 2003 al 2010 presentó varios documentos y recursos sobre este reclamo, sin que los imputados fueran responsables de la retardación. Respecto a esta temática es menester señalar que por Auto Supremo 004/2013-RRC de 3 de enero, este Tribunal estableció el siguiente entendimiento: “…es necesario hacer notar en cuanto a la solicitud de extinción de la acción por duración máxima del proceso formulada en el otrosí del memorial del recurso, que no es posible atender la misma debido a que la Sentencia Constitucional 1716/2010-R de 25 de octubre, en su ratio decidendi dispuso: `...el tribunal de casación no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas: `1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y, 3) Las solicitudes de extradición´. Al margen de esta restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc. 2) del código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el Tribunal de casación, las partes que intervienen en el proceso no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso. De ello se infiere que si bien la excepción de extinción de la acción penal puede oponerse en cualquier etapa del proceso, ello no implica que se deba presentar ante la autoridad donde se encuentre la causa´; en cuyo mérito, tomando en cuenta lo determinado en la referida Sentencia y que las decisiones y Sentencias Constitucionales son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; se concluye que el Tribunal Supremo de Justicia, a momento de resolver el presente caso, carece de competencia para considerar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso penal, cuyo entendimiento se hace extensible a los procesos sustanciados con el Código de Procedimiento Penal de 1972”. (El resaltado es nuestro). En este sentido, no corresponde dilucidar la presente denuncia, pues en todo caso, el recurrente debió plantear la excepción respectiva ante la autoridad competente.


e)        Reclama la violación de la garantía de la igualdad procesal de las partes, conforme el art. 119.I y 180.I de la CPE y 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; toda vez, que la parte civil mediante distintos medios de comunicación echaron mucha maldad sobre él, mintiendo sobre su presunta responsabilidad de los hechos, presentándose memorial a la jueza para que controle estas mentiras, sin lograr su intervención. Es correcto, para que un proceso pueda llevarse a cabo con todos los derechos y garantías contempladas en la Constitución y los Pactos Internacionales se requiere que exista el debido proceso, dentro de este derecho se contempla diversos elementos que la componen, por ejemplo el derecho: a la defensa, al Juez natural, a ser asistido por un traductor o intérprete, a recurrir, a la legalidad de la prueba y a la igualdad procesal de las partes, entre otros, en ese sentido según la CPE en su art. 119.I señala que: “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina”, esto significa que se otorga a las partes las mismas oportunidades de defensa y de acceso a los recursos posibles, tanto a quien ha sido imputado por un delito, como al que activa la persecución penal, así  el guardián de este derecho, es la autoridad judicial ante quien se ventila el conflicto penal; en el presente caso, la acusación de que la Jueza no atendió los reclamos para que se conserve el derecho a la igualdad procesal de Odón Mendoza, carece de veracidad; ya que, dentro del trámites realizados ante esta autoridad ambas partes estuvieron en condiciones de igualdad, otorgándole la posibilidad de defenderse y acusar de manera amplia y sostenida, en todas las fases del proceso, hasta la emisión de la Sentencia, más aún cuando las autoridades judiciales en apelación y casación atendieron las peticiones solicitadas, siempre y cuando estas correspondan; ahora bien, es otro el tema que los medios de comunicación habrían provocado la supuesta desigualdad, este aspecto no repercute en la decisión judicial; ya que, la administración de justicia no permite la supuesta influencia por ningún medio de comunicación, presión social o política; la autoridad judicial en la fase del juicio y debates resguardo los derechos y garantías que le corresponde, por ello este motivo carece de mérito.


f)        Denuncia la violación del derecho a ser oído, dispuesto por los arts. 117.I de la CPE, 8.1, 8. inc.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; por no concederle el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, al haber pedido en reiteradas oportunidades a la Jueza para que se solicite al FBI, para desarchivar las evidencias que tiene en su potestad, pero no fue oído. Por otra parte, como sus abogados cambiaron constantemente no tuvieron el tiempo suficiente para defenderlo adecuadamente. Si bien el recurso de casación responde a las infracciones tanto sustantivas como adjetivas que cometen los tribunales de alzada; sin embargo, cuando se realiza el reclamo de manera directa sin haber solicitado o impugnado los aspectos emergentes de la Sentencia ante los Vocales, ello implica la imposibilidad de este Tribunal de ingresar a considerar dichos agravios; en el presente caso, el derecho a ser oído no fue reclamado en la apelación restringida; por ello, no es posible considerar la presente denuncia; toda vez, que el Tribunal de casación procede contra los Autos de Vista dictados por los tribunales de segunda instancia que confirmen, revoquen o anulen las sentencias de primera instancia, en el presente motivo, no sucede este aspecto; consiguientemente, no es atendible su pedido.


g)        Reclama la violación de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales conforme el art. 180 de la CPE, en los distintos fallos emitidos, en específico de la Resolución que dispuso su detención preventiva y contra el Auto de Vista. El recurrente se limita a cuestionar la debida fundamentación de varios fallos emitidos en el presente caso, citando el art. 180 de la CPE, pero sin la debida argumentación que constituye una carga procesal a todo sujeto que interviene en la tramitación de la causa que pretenda recurrir de una Resolución mediante un recurso, pues las formas exigidas, tienen la finalidad de contribuir a la celeridad procesal, mediante la claridad y precisión en la formulación de dicho reclamo; en el presente motivo, al plantear su denuncia tenía la obligación no solo de precisar el artículo vulnerado, sino de argumentar dicha violación por ser una carga procesal exigible a su persona, identificando cual es la Resolución impugnada, teniendo en cuenta que en casación solo procede contra los fallos emitidos por el Tribunal de apelación; por consiguiente, el presente motivo carece de mérito.


Asimismo, al referir que el Tribunal de apelación no cumplió con su obligación de fundamentar cada uno de los agravios y solo realizó un resumen de estos, constituiría causal de casación establecida en el art. 298 inc. 1) del CPP de 1972. Este reclamo que el Tribunal de apelación solo hubiera realizado una narración de los motivos de su apelación no es evidente; toda vez, que en el considerando I se verifica que hace una descripción de los antecedentes que derivaron en la emisión de la Sentencia, en el considerando II realiza la síntesis de los reclamos de la apelación restringida de los apelantes (al que tal vez se refiere el recurrente), en el considerando IV responde los vocales a todas las apelaciones planteadas por las partes y en el caso del recurrente manifiesta lo descrito en el apartado II.3. de esta Resolución; entonces no puede pretender esgrimir un criterio incorrecto, señalando que solo se hizo un descripción de sus motivos, en consecuencia, no es atendible su reclamo.


h) Reclama la violación de la garantía del non bis in ídem, establecido en el art. 117.II de la CPE; en sentido que en el presente caso, existe el Auto Supremo 453 de 16 de noviembre de 2009 que al anular la condena determinó la validez de los resultados de la prueba ADN, dictaminando que se valoren las pruebas de forma correcta, que no deja lugar a dudas sobre la imposibilidad de comenzar un nuevo proceso, que tuviera la misma condena que fue anulada. Para responder a esta denuncia se debe comprender las características de este principio; que se puede dar en dos escenarios marcados; el primero, cuando se prohíbe el juzgamiento o procesamiento doble por el mismo hecho en dos causas distintas; y segundo, que una vez concluido el proceso con la dictación de la Sentencia ejecutoriada se pretenda reabrir el mismo caso por el que ya fue juzgado, en el presente motivo, el recurrente apunta al segundo caso, lo cual no sucedió, sino que al emitirse el Auto Supremo que anuló el Auto de Vista y conforme los criterios ya desglosados en el punto 3.a) de esta Resolución, dispuso se emita nueva Resolución, que en ninguna manera señaló que el Tribunal de alzada no tenía posibilidad de proceder a anular el juicio, entonces el proceso no fue concluido con la emisión de la Resolución de casación; por ello no puede hablarse de la vulneración del principio non bis in ídem, deviniendo el presente motivo como infundado.


i)        Denuncia la vulneración del principio in dubio pro reo,  cual es la certeza que debe tener el juzgador a partir de los elementos probatorios, sin tener que probar el imputado su inocencia, pero en el presente caso, en las resoluciones emitidas no se tomó en cuenta las pruebas de su inocencia. El principio citado y denunciado como vulnerado se encuentra constitucionalizado en el art. 116.I que refiere que durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado, de lo que se infiere que la aplicación de este principio le corresponde al juzgador en la fase interna del razonamiento desplegado como ocasión de sancionar al imputado por los delitos acusados; en el presente caso, no se observa la menor dubitación o duda de parte de la juzgadora sobre la responsabilidad del imputado; por ello, no es evidente el reclamo de mérito, a esto se suma que este reclamo, no fue planteado en la apelación restringida y menos puede pretender que en esta fase de casación se le otorgue respuesta favorable; ya que, la casación procede contra los fallos emitidos por el Tribunal de alzada, que en el presente motivo no ocurrió.


j)        Denuncia, la violación del principio de culpabilidad inserto en los arts. 116.I de la CPE y 13 del CP; ya que no hay pena sin culpa, habiendo sido condenado con argumentos falaces con la finalidad de calmar la presión social, existiendo pruebas de que fue otro quien cometió el delito identificado científicamente. Este motivo recurrido en casación tampoco fue denunciado en la apelación restringida; y por ello, no puede pretenderse que se otorgue una respuesta en favor del denunciante; toda vez, que como se dijo y conforme establece el art.  299 del CPP de 1972, el recurso de casación procede contra los Autos de Vista emitidos por los Tribunales de Segunda instancia; además el argumento utilizado por el recurrente de no tener culpa y que la sanción impuesta a su persona fue por la presión social no es evidente, la juzgadora mediante una debida fundamentación y del conjunto de las pruebas tanto de cargo como de descargo desplegadas en juicio oral estableció que el imputado Odón Mendoza es culpable de la comisión de los delitos acusados; en consecuencia, el presente motivo deviene como infundado.


Por todo lo expuesto, en cumplimiento del art. 307 inc. 2) del CPP de 1972, habiéndose establecido del examen de autos que no es evidente la violación de las normas denunciadas por el recurrente, corresponde devenir por infundado el presente recurso.




POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por una parte, en desacuerdo con el Requerimiento Fiscal, de fs. 15273 a 15291, con la atribución conferida por el art. 59 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial abrogada y en aplicación del art. 307 inc. 3) del CPP de 1972, CASA el Auto de Vista 89/2015 de 27 de abril (fs. 15049 a 15058 vta.), únicamente con relación a la procesada Dora María Del Rosario Vargas de Villarroel y deliberando en el fondo confirma la Sentencia 27/2014 de 19 de agosto (fs. 14384 a 14424) que la condena por el delito de Incumplimiento de Deberes con la pena de un año de reclusión, así como el Auto de enmienda de 25 de agosto de 2014 (fs. 14869); y por otra parte, en acuerdo con el Requerimiento Fiscal, en aplicación del art. 307 inc. 2) del CPP de 1972, deliberando en el fondo, declara INFUNDADO, el recurso de casación presentado por Odón Fernando Mendoza Soto (fs. 15193 a 15198 y 15204 a 15233 vta.).

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos