TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 214/2018

Sucre, 29 de marzo de 2018


Expediente                Tarija 33/2017

Parte Acusadora        Ministerio Público y otros

Parte Imputada   : Juan Carlos Acuña Canedo

Delito                Prevaricato


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de marzo del 2018, cursante de fs. 786 a 797 vta., Juan Carlos Acuña Canedo, opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, contra la acción penal seguida por la presunta comisión del delito de Prevaricato, previsto y sancionado por el art. 173 del Código Penal (CP), dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del Consejo de la Magistratura y Félix Gerónimo Oxa contra el oponente.


  1. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD FORMULADA


Al amparo de lo dispuesto por los arts. 27 inc. 10) y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el imputado detalla los tiempos en que se desarrolló las etapas procesales del presente caso, refiriendo que: la denuncia fue realizada el 17 de diciembre del 2012 por Félix Gerónimo Oxa, por la presunta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a la Leyes, Incumplimiento de Deberes y Prevaricato, que la etapa preliminar de investigación debió concluir en 20 días computables a partir del 18 de diciembre del mismo año, fecha en la que se informó al Juez Cautelar el inicio de investigaciones; sin embargo, a solicitud del Ministerio Público se amplió del plazo por 90 días, concluyendo el 7 de abril del 2013; empero, la imputación sería del 12 de agosto del 2013; es decir, después de 4 meses y 5 días; la audiencia de aplicación de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre del referido año, se habría suspendido por inasistencia del Ministerio Público.


La etapa preparatoria que debía concluir el 2 de abril del 2014, recién hubiese concluido el 17 de abril del 2014 con la presentación de la acusación formal, una vez sorteada la acusación el 12 de noviembre, había suscitado conflicto de competencia, resuelto el 14 de noviembre y radicando la causa el 2 de diciembre, corriendo traslado de la acusación el 10 de diciembre; empero, por error en la identificación de la víctima, recién el 10 de febrero del 2015, se hubiese notificado al Consejo de la Magistratura, quien presentó adhesión a la acusación formal, esta última mora sería atribuible al Tribunal de Sentencia 2do de la Capital, dictándose auto de apertura de juicio el 28 de abril del 2015; empero, el 8 de junio del mismo año, el caso fue derivado al Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, quien señaló audiencia de celebración de juicio para el 12 de octubre del 2014, que fue suspendido por inasistencia del Consejo de la Magistratura y el mismo día porque el representante distrital no tendría poder suficiente para actuar dentro del proceso; posteriormente, el 18 de noviembre del 2015, se habría suspendido el juicio porque el Tribunal se encontraría sustanciando otro juicio.


Agrega que su persona se presentó a todas las audiencias señaladas y que las suspensiones y mora procesal no es atribuible a su persona quien únicamente por motivos de salud, no asistió a la audiencia fijada para el 29 de diciembre del 2015 y que en otra oportunidad la audiencia se suspendió el 30 de diciembre del 2015, debido a que sus abogados no pudieron asistir por las vísperas de fin de año; posteriormente, se había instalado la audiencia el 27 de enero del 2016, concluyendo el 29 del mismo mes y año con la sentencia que considera injusta; sin embargo, el caso aún no contaría con sentencia ejecutoriada en virtud al recurso de apelación interpuesto por el imputado en fecha 25 de febrero del 2016, de la cual la audiencia de fundamentación complementaria fijada para el 7 de abril, se había suspendido hasta el 18 del referido mes y año, en virtud a que un vocal no se encontraba presente, posterior a la suspensión realizada el 8 y 11 de abril del 2015 Félix Gerónimo Oxa víctima- había interpuesto incidentes de actividad procesal defectuosa, resolviéndose su recurso el 7 de junio del 2017, resolución contra la cual hubiese interpuesto casación el 23 de junio.


Por lo relatado, considera que el plazo legal razonable establecido por el art. 133 del CPP, se halla vencido y que los presupuestos establecidos por la referida norma adjetiva penal, se hallan cumplidos para la extinción de la acción; a cuyo fin, pide se tenga presente que su actuación fue diligente que no fue declarado rebelde, que el caso no es complejo y que haciendo descuento de las vacaciones judiciales desde el inicio de la investigación penal, estos llegarían a 150 días, por lo que el plazo de duración del proceso hasta la interposición del incidente, sería de 4 años y 286 días.


Hace referencia a lo previsto por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos,  115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 133 del CPP, jurisprudencia y legislación internacional, así como la Sentencia Constitucional 1231/2013, señalando en el acápite VIII que ofrece en calidad de prueba, todo el proceso y en especial los actuados de los cuales detalla las fojas.


  1. RESPUESTAS A LA EXCEPCION OPUESTA

Por decreto de 2 de marzo de 2018 (fs. 799) conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, se corrió traslado a las demás partes procesales, que responden con los siguientes argumentos:


II.1.        El Ministerio Público.


Por memorial presentado el 9 de marzo del 2018 (fs. 802 a 809), el Ministerio Público evocando los argumentos del imputado, señala que para resolver el incidente se debe considerar las Sentencias Constitucionales 0551/2010-R de 12 de julio, 0428/2016-S3 de 6 de abril y 0275/2016-S2 de 23 de marzo y el Auto Complementario 0079/2004-ECA de 29 de septiembre, que habrían establecido que para la procedencia de la extinción debe concurrir: 1) El transcurso del tiempo; y, 2) Ponderación integral de varios elementos que hacen a cada caso en particular, como son la conducta de las partes que intervienen en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, así como las condiciones de operatividad de los órganos a cargo de la investigación y tramitación del mismo, conforme a la realidad que atraviesa nuestro país. Asimismo, señala que los Autos Supremos 289/2016-RRC de 21 de abril, 167/2016-RRC de 7 de marzo, 628/2015-RRC-L de 18 de septiembre, 794/2015-RRC-L de 6 de noviembre 415/2016-RRC de 13 de junio, 323/2017-RRC de 3 de mayo y 308/2017 de 2 de mayo, habrían establecido que: No habrá lugar a la extinción, cuando el imputado por exceso de previsión por uso de los distintos medios de defensa y recursos que el sistema le dispensa, provoque dilación del proceso, pues el mismo no sería atribuible al Órgano Judicial o al Ministerio Público; que la falta de reclamo de violación o afectación a derechos y garantías, provoca preclusión del derecho y no hay vulneración por actos de propia negligencia. Que en el caso de autos, no existiría memorial alguno presentado por el incidentista, que demuestre el reclamo de la duración de la investigación preliminar, la duración de la etapa preparatoria y del juicio, así como tampoco sobre la celebración del juicio, falta de reclamo que a decir del Ministerio Público debe ser entendida como ausencia de afectación a los intereses o derechos del imputado como el de ser juzgado en un plazo razonable, quedando convalidado el incumplimiento de los plazos procesales, al no haber hecho el reclamo oportuno; asimismo, señala que el incidentista, hace referencia a los plazos procesales, sin referirse a los recursos interpuestos por éste, los cuales no podrían ser motivo de cómputo.


Agrega que también, debe considerarse que los hechos juzgados tuvieron repercusión en la dilación del proceso y generó gasto económico al Estado al incumplir sus roles y funciones, además de haber percibido sueldo mientras cometía ilícitos, generando sobrecarga y mora procesal en los juzgados. Señala también, que en el caso de autos debe aplicarse el art. 36 de la Ley 004 que incorporó el art. 29 bis del CPP, relacionado con el art. 112 de la CPE, además que el recurrente interpuso recurso de casación sin considerar que tendría como lógica consecuencia la dilación de la conclusión del proceso.


Finalmente, solicita tener presente la mora estructural, que de acuerdo a lo determinado en las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio, 284/2010-R de 10 de diciembre y 0949/2012 de 22 de agosto y el Auto Supremo 30872017 de 2 de mayo, las vacaciones judiciales no deben ser consideradas a efectos de la duración máxima del proceso, así como los días inhábiles y feriados.


II.2.        La víctima y el Consejo de la Magistratura.


Notificados el 14 de marzo del 2018 (820 y vta.) la víctima y el Consejo de la Magistratura, con el incidente de extinción por duración máxima del proceso; por memoriales presentados el 21 y 23 del mismo mes y año, responden al incidente planteado, fuera del plazo de tres días previsto por el art. 314 del CPP.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA PRETENSION OPUESTA


Planteada por el imputado la excepción encaminada a la extinción de la acción penal, corresponde a este Tribunal emitir la respectiva resolución.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación de recurso de casación por parte del propio excepcionista contra del Auto de Vista 017/2017 de 07 de junio, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia, conocer el incidente de extinción de la acción penal, por duración máxima del proceso, planteado por el imputado. 


III.2.        De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


La CPE del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) arts. 3 con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, disponiendo: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


La garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues, lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.


III.3. Análisis del caso concreto.


Conforme las consideraciones argumentativas expuestas en el acápite precedente, a fin de resolver el incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, además del plazo previsto por el art. 133 del CPP y las causales de suspensión del mismo, como se estableció a través de la Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre y su Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre, siguiendo el entendimiento asumido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; se debe analizar los siguientes tres aspectos: i) La complejidad del asunto, ii) La actividad procesal del interesado; y, iii) La conducta de las autoridades judiciales.


El planteamiento realizado por el imputado, se centró en el segundo y tercer aspecto referido, pues alegó que su conducta durante el proceso, fue diligente y que la mora procesal es atribuible al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a la víctima, aspectos que corresponde verificar en la presente resolución.


El imputado inició su fundamento señalando que la presente acción tuvo su origen en la denuncia realizada por Félix Gerónimo Oxa el 17 de diciembre del 2012; revisado los  antecedentes del proceso (Fs. 67 a 69), se establece que el mismo es evidente, así como la fecha de informe de inicio de investigación de 18 de diciembre del mismo año y la ampliación de la etapa preliminar, informado el 10 de enero del 2013 al Juez contralor de garantías por las representantes del Ministerio Público; posteriormente, también se constata la presentación de imputación formal de 12 de agosto del referido año, etapa procesal que culminó con la presentación de la acusación realizada el 17 de abril del 2014.


  1. En cuanto a la conducta diligente del imputado en la etapa preliminar que duró desde el 17 de diciembre del 2012 y que debería fenecer el 7 de abril del 2013, según el imputado corresponde precisar que: Los antecedentes de la etapa preliminar no cursan en los actuados remitidos a este Tribunal, por lo cual no se puede establecer la supuesta conducta diligente que hubiese tenido el imputado antes de acogerse a su derecho de no declarar -04 de febrero del 2013- y hasta la formulación de la imputación; sin embargo, de la revisión minuciosa de antecedentes se observa que el imputado durante esta etapa procesal, dos días antes del vencimiento de la etapa preliminar, el 5 de abril del 2013 presentó excepción de falta de acción (fs. 212 a 220), la cual fue rechazada por Auto de 12 de julio del 2013 (fs. 231 a 232), fallo apelado por memorial de 26 de julio del mismo año (fs. 240 a 244 vta.), resuelto por Auto de Vista 10/2014 S.P. 2da. de 13 de febrero (fs. 251 a 525 vta.), que declaró sin lugar el recurso y confirmó el rechazo de la excepción interpuesta, resolución notificada a las partes el 18 de febrero del 2014 y remitida al juzgado de origen el 20 del mismo mes y año (fs. 254).


Si bien las excepciones e incidentes son un mecanismo de defensa, los mismos se encuentran sujetos a un determinado trámite procesal, así como los recursos interpuestos contra estos, los cuales imposibilitan en ciertos caso como en el presente, el cumplimiento de los plazos de cada etapa procesal, el cual no puede ser considerado dilatorio y menos atribuible al ente encargado de la investigación penal o al Órgano Judicial, circunstancia que el imputado de manera desleal, no expresó en el memorial de excepción de extinción, pretendiendo ignorar esta mora causada por el trámite del incidente que fue declarado infundado, forma de resolución ratificada por el Tribunal de apelación en virtud al recurso interpuesto por el mismo incidentista.


  1. Durante la etapa preparatoria que duró desde el 13 de agosto del 2013 -fecha en la que se notificó al sindicado con la imputación formal, hasta la presentación de la acusación realizada el 17 de abril del 2014; se advierte que la conducta del acusado no fue siempre diligente como manifestó en el incidente motivo del presente análisis, pues evidentemente el Juez de control de garantías constitucionales, por providencia de 13 de agosto del 2013, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el día 8 de octubre a horas 09:00, fecha en la cual a decir del incidentista se suspendió el acto por inasistencia del Ministerio Público; aspecto que es una verdad a medias, pues conforme al acta, que cursa a fs. 22, se establece que además de la inasistencia de la entidad encargada de la investigación de la acción penal, el imputado hoy excepcionista, no se encontraba acompañado de su abogado, por lo que esa fue otra razón por la cual se suspendió la audiencia señalada.


Asimismo, durante la etapa preparatoria, planteó incidente de Nulidad, presentado el 12 de diciembre del 2013 (fs. 55 a 63 vta.), resuelto por Auto de 27 de febrero del 2014 (fs. 257 a 258 vta.), declarado sin lugar.


  1. Durante la etapa preparatoria de juicio, el imputado tampoco fue diligente al asistir a la audiencia conclusiva señalada para el 21 de agosto de 2014 (fs. 279 y 300), sin la asistencia de su abogado, razón por la cual se suspendió la misma para el 3 de noviembre, fecha en la que no se pudo llevar acabo el acto, por ser feriado nacional de “Todos Santos” con suspensión de actividades laborales, por lo que por decreto de 5 de noviembre del 2014, el Juez Cautelar, dispone el sorteo de la acusación y la remisión del caso; una vez sorteada la acusación el Tribunal de Sentencia 2do de la capital de Tarija, suscita conflicto de competencia en virtud a las nuevas disposiciones legales contenidas en la Ley 586, que deroga la celebración de audiencia conclusiva, conflicto que fue resuelto por Auto de Vista 5/2014 de 19 de noviembre (fs. 312 a 313 vta.), que declaró competente al Tribunal de Sentencia, para continuar con la sustanciación de la causa. Este tiempo -21 de agosto hasta el 01 de diciembre del 2014 fecha en la que se remite actuados al A quo-, es atribuible al imputado, pues la suspensión de 21 de agosto se debió a que acudió a la audiencia fijada, sin la asistencia de su abogado; por lo que la nueva audiencia fijada para el acto suspendido -3 de noviembre- ya no pudo efectivizarse, en principio porque el referido día es feriado nacional, y segundo y primordialmente, debido a la promulgación de la Ley 586 de 30 de octubre del 2014.


  1. Posteriormente, una vez radicada la causa con la acusación, el imputado interpuso incidente de nulidad de actividad procesal defectuosa, porque en la acusación se consignó al Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial como víctima, provocando que por decreto de 29 de enero del 2015, se deje en suspenso el auto de apertura de juicio, mientras dure la tramitación del incidente planteado, del cual de la revisión de actuados no se observa su resolución y se fija audiencia de juicio oral para el 12 de octubre del 2015.


  1. De la revisión del acta de juicio oral, se establece que la defensa del imputado interpuso excepción de prejudicialidad, excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso e incidente de actividad procesal defectuosa, este último porque a decir del excepcionista el etapa preliminar no habría tenido control jurisdiccional; que fueron declarados infundados por “Auto Interlocutorio 41/2016 de 27 de enero de 2015” (sic), (fs. 588 vta. a 591).


  1. Finalmente de la revisión del Auto de Vista 17/2017 de 7 de junio, se advierte que el imputado apeló de la resolución que declaró infundados las excepciones e incidentes que planteó en audiencia de juicio oral, que fueron declarados sin lugar.


Conforme lo descrito precedentemente, se establece que el imputado no señaló de manera completa todos los actos que ocasionaron el incumplimiento de los plazos procesales, además de las circunstancias referidas, el incidentista si bien se refirió a la sumatoria de días por cuenta de vacación, en su solicitud de extinción de la acción por duración máxima del procesono consideró que conforme la jurisprudencia constitucional en la SCP 0255/2014 de 12 de febrero: “…no siendo en consecuencia suficiente establecer llanamente el transcurso de los tres años a efectos de que opere la extinción de la acción por duración máxima del proceso, sino que debe demostrarse que no fue el procesado quien generó aquella retardación sino las autoridades judiciales sin que concurra la mora judicial u otros impedimentos que paralicen el normal desarrollo del proceso; es decir, que debe demostrarse que los periodos que generan dilación no son imputables al recurrente, debiendo también tomarse en cuenta los plazos relativos a vacaciones y otros inhábiles a efectos de la ponderación de una demora real e injustificada…” (las negrillas son nuestras); días inhábiles a los que el imputado no se refirió en la excepción motivo del análisis; advirtiéndose consiguientemente que el mencionado memorial, carece de la debida y completa fundamentación, aspecto que no puede ser suplido de oficio por este Tribunal; toda vez, que podría comprometer su imparcialidad, a la cual se debe sujetar, conforme lo previsto en el art. 178.I. de la CPE.


Finalmente, siempre en el ámbito de la ponderación de esos factores, si bien los recursos de apelación y casación son un medio de defensa previstos por ley y en el caso particular no pueden ser considerados como actos dilatorios; pues por un lado, debe tomarse cuenta que cada uno de los medios de impugnación cuentan con un procedimiento que debe ser observado al estar establecido taxativamente en la norma procesal penal, que obviamente requieren de tiempos que no pueden ser considerados ligeramente como ineficacia del Órgano Judicial.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los arts. 44 in fine y315 del CPP, INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, interpuesta por Juan Carlos Acuña Canedo.


En  cumplimiento  de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se  advierte a las partes que  la  presente resolución no es recurrible.


Notificadas las partes con la presente resolución, conforme al art. 163 del Código de Procedimiento Penal, procédase al sorteo de la causa para el análisis de fondo del recurso de casación interpuesto.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos