TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 213/2018

Sucre, 28 de marzo de 2018


Expediente        : Tarija 50/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros  

Parte Imputada        : Julio Cesar Gonzales Padilla y otros

Delitos        : Asesinato y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, cursante de fs. 2544 a 2547 vta., Julio Cesar Gonzales Padilla, opone Excepción Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra además de Elías Humberto Linares Chumacero, Sergio Marcial Velásquez Durán, Paúl Vicente Sagredo Garnica y Samuel Fernando Martínez Galeán por el Ministerio Público, Juan Tomás Hoyos y Antonia Guerrero de Hoyos, por la presunta comisión de los delitos de Asesinato en grado de Tentativa, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2), 3) y 6) con relación al 23 del Código Penal (CP).


I. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


El imputado Julio Cesar Gonzales Padilla, formula su pretensión en base a los siguientes argumentos:


  1. Refiere que el hecho ocurrió entre las 2:30 y 6:30 a.m., del día 9 de febrero de 2008, de acuerdo al certificado forense que presentó el Ministerio Público sobre el fallecimiento de Miguel Ángel Hoyos Guerrero.


  1. Al amparo de las previsiones contenidas en el art. 27 inc. 8) y 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y una explicación de la naturaleza de las reglas y excepciones de la prescripción señala que, el plazo para el cómputo inicia el 9 de febrero de 2008 desde la media noche y hasta la fecha de la presentación de su excepción transcurrieron nueve años, nueve meses y cinco días, tiempo que se computa tal como lo señala el art. 30 del CPP. Asimismo, refiere que en aplicación del art. 29 inc. 1) del CPP, en ocho años prescriben los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más años, esto en consideración de que se adecuaría al caso porque el delito de Asesinato tiene como pena treinta años; aspecto que, se adecuaría a la norma ya señalada.


  1. Refiere que el incumplimiento a la normativa señalada constituiría vulneración al principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, aspecto sustentado con las Sentencias Constitucionales 223/2000-R de 15 de marzo, 418/2000-R, 1276/2001-R y 1764/2004-R de 9 de noviembre; por otro lado, también señala que se le vulneraría su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, tal como lo establece el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).


  1. Señala que no se ha operado ninguno de los requisitos de suspensión, ni de  interrupción para el cómputo de la prescripción, por lo que a la fecha el plazo se encuentra abundantemente vencido; en consecuencia, extinta la acción penal por prescripción.


  1. Con relación a los aspectos argumentados en base a los principios de legalidad, in dubio pro reo, proporcionalidad, igualdad, celeridad, seguridad jurídica y probidad, favorabilidad, además de la aplicación de los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 de la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, 308 inc. 4) 27, 28 inc. 8) y 315 del CPP 115.I, 116.II, 178.I, 180.I, 256.I de la CPE, señala que la presente acción penal se extinguió por efecto de la prescripción, por lo que corresponde declarar probada la Excepción de la Extinción Penal por Prescripción planteada.

 

II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Por decreto de 15 de febrero de 2018 (fs. 2568), conforme lo dispuesto por la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre y el art. 314 del CPP, se corrió traslado a la parte adversa teniendo como respuesta, la siguiente:


La representación del Ministerio Público, mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2018, argumentó lo siguiente:


  1. El memorial de solicitud de Extinción de la Acción Penal carece de fundamentación, siendo que dicho presupuesto no solo es propio de la labor del Juez, sino también para la parte recurrente; y en este caso, se advierte que no acompañando prueba idónea y pertinente, la cual posteriormente quienes administran justicia, expresen de manera adecuada los argumentos sobre todas las pretensiones planteadas dentro de todo proceso (art. 314 del CPP); toda vez, que el pronunciamiento sobre un recurso u otra cuestión planteada, aspecto previsto en los Autos Supremos 93/2016-RRC de 16 de febrero, 810/2015-L de 6 de noviembre y 554/2016 de 15 de julio, la Sentencia Constitucional 1306/2011.


  1. Refiere que de la simple lectura del memorial, se puede evidenciar que existe falta de fundamentación y motivación por parte del excepcionista; ya que, en ninguna parte de su memorial señala cuanto tiempo transcurrió; es decir, que no propone un tiempo determinado.


  1. La única puntualización que realiza, alega que no fue declarado rebelde, por lo que no existió interrupción del término de la prescripción; empero, no se advierte la referencia de que no se haya operado alguna causal de suspensión del término de la prescripción, prevista en el art. 32 del CPP, sin adjuntar la prueba pertinente o las fojas donde se encuentran dichas actuaciones para demostrar lo afirmado; por lo que este, va en contradicción con lo establecido por el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio, 750/20116-RRC de 28 de septiembre y 593/2017 de 14 de agosto y las Sentencias Constitucionales 713/2010-R de 26 de julio y 1787/2014 S-3, por lo que se debe tener en cuenta que las exigencias jurisprudenciales se encuentran enmarcadas en los arts. 308 y 314 del CPP, que señalan que el excepcionista tiene la carga respecto de la forma de presentación de toda excepción, que deberá presentarse con prueba idónea y pertinente de modo que permita al Juez o Tribunal emitir un pronunciamiento correcto sobre la pretensión planteada.


  1. Por otro lado, refiere el entendimiento de la verdad material y sus límites, los cuales se contrarían contenidos en la Sentencia Constitucional 1462/2013, de donde señala que no puede dejarse de lado, la exigencia del ofrecimiento probatorio que constituye, no solo como mero formalismo sino como requisito esencial para al cualquier solicitud en el ámbito jurisdiccional; por lo que exigir dicho cumplimiento, no vulnera el derecho al debido proceso y menos al principio de verdad material, sino que al no hacerlo se vulnera el equilibrio armónico entre la carga procesal exigible a los fines del instituto de la prescripción.


  1. Se advierte, que el excepcionista no cumplió con la carga de la prueba idónea y pertinente que demuestre la causa desde su inicio hasta la fecha, no concurrirían causales de suspensión del término de la prescripción y al no haber hecho, el Tribunal Supremo no puede realizar un análisis de fondo ni valoración alguna respecto a la dicha pretensión, argumento que se encuentra sustentado en la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio.


  1. El solo hecho del transcurso del tiempo, no puede ser suficiente para que proceda la prescripción de la acción penal; efectivamente, todo imputado tiene el derecho a ser juzgado en tiempo oportuno y sin dilaciones innecesarias; es más, por parte de la ahora excepcionista ha existido una cantidad de incidentes que fueron planteados durante la tramitación del presente proceso, se debe tomar en cuenta la pluralidad de imputados, la complejidad de la investigación, aspectos comprendidos en el Auto Supremo 769/2016 de 10 de octubre.


  1. Asimismo, señala que debe considerarse que se suspendieron los plazos procesales por las vacaciones judiciales, conforme los previsto por el art. 130 del CPP, siendo que desde la gestión 2008 hasta el año 2017; es decir, 25 días por año de vacación que suman 225 días, periodo que debe ser descontado par el cómputo de la prescripción.


  1. Concluye señalando que al no existir una fundamentación coherente, relacionada con la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción y menos el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente conforme al art. 314 del CPP, modificado por la Ley 586 hace ver que se debe declararse infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


Mediante decreto de 21 de marzo de 2018, se establece que cumplido el plazo para la contestación de la partes, al ser la excepción a resolver de puro derecho, pase a despacho para dictar resolución.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCION OPUESTA


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y la respuesta de la parte contraria, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.

III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”


III.2. De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por prescripción.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la del Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.

Por su parte el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco  años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años, para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

Asimismo, el art. 30 del CPP, refiere que el término de la prescripción empezara a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación.  

Conforme el art. 31 del CPP, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.

Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los casos previstos por el art. 32 del C.P.P., los cuales son:

“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;                

2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;

3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,

4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.

El art. 252 del CP, tipifica el delito de Asesinato y refiere que: “será sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin derecho a indulto, el que matare:


1. A sus descendientes o cónyuge o conviviente, sabiendo que lo son.

2. Por motivos fútiles o bajos.

3. Con alevosía o ensañamiento.

4. En virtud de precio, dones o promesas.

5. Por medio de substancias venenosas u otras semejantes.

6. Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados.

7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido”.


III.3.        Análisis del caso concreto.


Previamente, al análisis del caso, es preciso tener presente que, de acuerdo al art. 17.II de la Ley de Organización Judicial (LOJ), en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, lo que obedece a la congruencia que deben observar los fallos a tiempo de resolver las cuestiones planteadas, sujetándose a los puntos expresamente observados o impugnados en la interposición de los recursos.


Sobre la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción.

Se debe tener en cuenta que en el caso de autos, el imputado plantea su pretensión basada en que el hecho ocurrió entre las 2:30 y 6:30 a.m., del día 9 de febrero de 2008, que el caso se adecua al art. 27 inc. 8) y 29 del CPP y que el plazo para el cómputo inicia el 9 de febrero de 2008 desde la media noche y hasta la fecha de la presentación de su excepción, transcurrieron nueve años, nueve meses y cinco días, tiempo que se computa tal como lo señala el art. 30 del CPP, refiere que en aplicación del art. 29 inc. 1) del CPP, en ocho años prescriben los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de seis o más años, por lo que haría ver que este delito ha prescrito, por que el tiempo transcurrido sobrepasó el establecido por esta norma, señala que no se ha operado ninguno de los requisitos de suspensión ni de interrupción para el cómputo de la prescripción; por cuanto, a la fecha el plazo se encuentra abundantemente vencido; en consecuencia, extinta la acción penal por prescripción. Al respecto, se debe tener en cuenta que si bien el recurrente señala que el plazo empieza a correr desde el 9 de febrero de 2008 y hace referencia al certificado forense; sin embargo de ello, no señala si ese documento emerge de una prueba que consta en los antecedentes, es parte del proceso, constituye una prueba que fue introducida a juicio que fuera parte del análisis de la Sentencia, para la fijar con precisión la circunstancias del hecho y la fecha del mismo, motivo por el cual no corre con la carga argumentativa requerida para esta excepción, sin tener en cuenta que, quién interpone una pretensión, tiene el deber de correr con la carga de la prueba de exponer todos los presupuestos, que hacen a la demostración indubitable del transcurso del tiempo, para que pueda operar dicha prerrogativa que la Ley prevé.


Por otro lado, con relación a que no se encuentra inmerso dentro de las previsiones contenidas en los arts. 31 y 32 del CPP; es decir, que no fueran declarados rebeldes ni mucho menos incurrieron en la adecuación de alguna de las cuatro causales, previstas en el art. 32 de la referida norma penal; en ese contexto, se advierte que el excepcionista, soslaya su deber de exponer fundadamente, de qué modo se produce la Extinción de la Acción Penal por Prescripción, porque no demostró objetivamente, que no concurrió las causales de suspensión o interrupción del término en cuestión; si bien en el punto “V PRUEBA” de su recurso, ofrece cuatro documentales de las cuales no realiza la relación que éstas tienen con los argumentos que fundamenta; y particularmente, respecto del incumplimiento o cumplimiento del art. 32 del CPP, no se adjunta prueba idónea y pertinente, conforme exige el art. 314 del CPP; por cuanto, de manera simple sin respaldo probatorio, señala que no incurrió en la causal de suspensión de la prescripción de acuerdo a los arts. 32 del CPP, expresando que no se cumplió la previsión de los arts. 31 y 32 del CPP, por lo que se advierte el incumplimiento de la previsión del ya señalado art. 314 del CPP.


Por lo referido, queda claro que el impetrante no adjunta a la presente solicitud algún documento que acredite y/o evidencie los extremos mencionados respecto de que no incurrió en las causales de suspensión previstas en el art. 32 de la misma norma: “…1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente; 2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas; 3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y, 4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”; siendo que si bien adjunta a su excepción documental señalada en el punto “V PRUEBA”, no precisa cuales de dichos documentos desvirtúan que hubiera incurrido en dichas causales establecidas en el art. 32 del CPP. 


En consecuencia, no se puede analizar la pretensión del incidentista siendo que no adjunta los elementos probatorios mínimos para realizar dicha labor, de modo que el imputado en el ámbito del art. 314 del CPP, tenía el deber de acreditar lo fundamentado en su memorial de solicitud de Extinción del Acción Penal por Prescripción, debiendo comprender las impetrantes que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.

Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde lo solicitado por el imputado al exponer de manera simple actuados sin el sustento probatorio debido, no corresponde ser analizados dichos extremos a tiempo de resolver la presente excepción toda vez que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió, por lo que corresponde declarar infundada la excepción planteada, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tienen las recurrentes de ofrecer prueba idónea y pertinente.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por prescripción, opuesta por Julio Cesar Gonzales Padilla.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a los sujetos procesales conforme al art. 163 del CPP y posteriormente procederse a la prosecución de la presente casusa.


Regístrese y notifíquese.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos