TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 207/2018

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 179/2017

Parte Acusadora        : Remigio Acuña Mamani

Parte Imputada        : Claudia Lenny Mollinedo Cruz y otros

Delito        : Despojo 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de octubre de 2017, cursante de fs. 723 a 725, Fausto Condori Guzmán y Claudia Lenny Mollinedo Cruz, oponen Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por Remigio Acuña Mamani contra los excepcionistas y otra, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


  1. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA

ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN


Los imputados Fausto Condori Guzmán y Claudia Lenny Mollinedo Cruz, formulan Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, bajo los siguientes argumentos:


  1. Registra la acusación como fecha de comisión de los hechos delictivos endilgados el 27 de enero de 2011, día en el que supuestamente se hubiera cometido el ilícito de Despojo; concluyendo que, desde la data de comisión del hecho (27 de enero de 2011), hasta el 26 de octubre de 2017, han trascurrido seis años y nueve meses.


  1. Al haber trascurrido a la fecha de la interposición de la excepción planteada, seis años y nueve meses de acción penal; el término de cinco años, establecido en el art. “29 numeral 1” (sic) del Código de Procedimiento Penal (CPP) para que proceda la prescripción, se encuentra cumplido.


  1. No se ha generado ninguna de las causales de suspensión del término de la prescripción, previstas en los incs. 1), 2), 3) y 4) del art. 32 del CPP; puesto que, el tiempo corrió de forma simple y llana.


  1. Como cuarto argumento de su excepción, indican los exepcionistas que en ningún momento procesal han sido declarados rebeldes; en consecuencia, el plazo jamás fue interrumpido; de ahí que, no se encuentran dentro de los alcances previstos por el art. 31 del CPP.


Finalmente, citan los imputados Fausto Condori Guzmán y Claudia Lenny Mollinedo en el “Otrosí 1” de su memorial de excepción, que: “En calidad pruebas ofrecemos el expediente procesal a través de la cual se podrá establecer que nuestras personas jamás fuimos declarados rebeldes y que no somos responsables de la mora procesal.” (sic).


II. TRÁMITE A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Por providencia de 6 de diciembre de 2017, de fs. 734, conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a la parte contraria y practicada la diligencia conforme consta en el oficio de Sala Plena 71/2018 de 7 de marzo,  se tiene vencido el plazo para la contestación de las partes, sin respuesta a la excepción planteada.


III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Interpuesta la Excepción de Prescripción, corresponde a este Tribunal resolver el planteamiento de los imputados a través de una Resolución fundada conforme las previsiones del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones   incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


La Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA”.


En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación del recurso de casación por parte de los propios excepcionistas en contra del Auto de Vista 55 de 2 de agosto, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, tiene competencia para resolver la excepción opuesta.


III.2. De la prescripción.


El Código de Procedimiento Penal, señala de forma expresa que de conformidad a los arts. 308 inc. 4) en relación al 27 inc. 8) del CPP, concordante con el art. 29 incs. 1) y 3) de dicha ley: “La  acción penal prescribe: 1) En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad, cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con pena privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad”, disposición legal concordante y complementada por el art. 101 del CP (derogado por la disposición final sexta del CPP, posteriormente incorporada por el art. 14 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999) que en su apartado segundo señala: “En los delitos sancionados con pena indeterminada, el Juez tomará siempre en cuenta el máximum de la pena señalada”.


La prescripción se computa desde la media noche del día en que se cometió el delito o cesó su consumación y no se interrumpe por el inicio de la acción penal; ya que, esa interpretación vulneraría el principio de inocencia que favorece a todo imputado y la jurisprudencia vigente con relación a esta temática.


Sobre el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta lo establecido en el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el CP. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP:


1. Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente.


2. Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas.


3. Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,


4. En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.


Ahora bien, de acuerdo a la norma procesal vigente, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas la prescripción continúa corriendo; independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del CP, establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.


Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes de manera arbitraria podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.


El vigente Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambió radicalmente el sistema anterior; puesto que, ya no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia Constitucional  1510/2002-R de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción, al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 del CPP; entendimiento que fue reiterado en la Sentencia Constitucional 0187/2004-R de 9 de febrero, en la que se determinó que: “…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción”. En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R de 25 de enero.


Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente, lo que implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada; en ese entendido, este Tribunal mediante Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio, estableció que el imputado tiene el deber de acreditar que durante toda la causa no fue declarado rebelde y de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso.


III.3. Análisis de la solicitud.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, respecto al delito de Despojo, planteada por los imputados Fausto Condori Guzmán y Claudia Lenny Mollinedo Cruz, quienes en el memorial de interposición de la excepción, previo a la exposición de los argumentos expuestos en el acápite I. de la presente Resolución, rememoran el entendimiento establecido por la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, misma que estableció que la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal, comprensión también expuesta en el acápite III.1. de la presente Resolución.


A continuación, bajo el acápite de “Fundamentación para la procedencia de la excepción de prescripción” (sic), los exepcionistas desarrollan un análisis normativo de la prescripción como institución jurídica; a tal efecto, citan nuestra norma adjetiva penal en sus arts. 308, 27, 28, 27 inc. 8, 30, 31 y 32, realzando la importancia de la disposición contenida en el art. 30 del CPP y las causales para la interrupción y suspensión del término de la prescripción contenidas en los arts. 31 y 32 del citado cuerpo adjetivo penal.


En el caso de Autos, para resolver la problemática planteada es necesario dejar claramente establecido que la sola realización de alguna de las formas comisivas previstas por el art. 351 del CP, tipifica la conducta del sujeto activo sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia; además de ello, es también necesario considerar que el quantum de la pena del injusto penal citado es de seis (6) meses a cuatro (4) años, conforme lo prescrito por el art. 351 del CP; en consecuencia, el tipo penal por el que se sustanció el presente proceso prescribiría en cinco años conforme lo establece el inc. 2) del art. 29 del CPP [No conforme erróneamente citan los exepcionistas en sus argumentos: “Art. 29 numeral 1” (sic)], siempre y cuando la prescripción no se hubiere suspendido y/o interrumpido.


Del análisis de la problemática en cuestión, se advierte que los imputados Fausto Condori Guzmán y Claudia Lenny Mollinedo Cruz en los argumentos de su excepción, sin individualizar y fundamentar de forma separada se limitaron a señalar el 27 de enero de 2011 como dato concreto temporal, a los efectos del cómputo de inicio del término de la prescripción, enfatizando que han transcurrido seis años y nueve meses desde el inicio de la acción penal, que no operaría en su caso ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción y el ofrecimiento del cuaderno procesal como prueba de no haber sido declarados rebeldes, como tampoco ser responsables de la mora procesal, todo lo mencionado sin una adecuada y suficiente fundamentación.


Por otra parte, se observa que los actuados procesales ofrecidos como prueba, no permiten a este Tribunal tener la certidumbre de que ambos imputados durante el proceso penal, hubieran sido declarados rebeldes, de modo que los recurrentes en el ámbito del art. 314.I del CPP, tenían el deber de acreditar que desde el inicio de la causa no fueron declarados en rebeldía; sin soslayar que los exepcionistas confunden el instituto de prescripción con el de duración máxima del proceso, al señalar que no son “responsables de la mora procesal” (sic).


Además de ello, también tenían el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del termino en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los antecedentes pertinentes del proceso; debiendo comprender los exepcionistas que este Tribunal casacional le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustentan entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la Constitución Política del estado (CPE).


En consecuencia, al no existir ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la solicitud de prescripción de la acción penal y menos una fundamentación del por qué no concurren las causales de suspensión; y toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrieron los exepcionistas, corresponde declarar infundada la excepción planteada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, opuesta por los imputados Fausto Condori Guzmán y Claudia Lenny Mollinedo Cruz, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268, con los efectos previstos por el art. 315.III, ambos del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes conforme al art. 163 de la citada norma adjetiva penal.


Regístrese y hágase saber.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos