TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 201/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente                Santa Cruz 175/2017

Parte Acusadora        Ministerio Público

Parte Imputada        Luís Fernando Riaño Doblado y otros

Delito                Transporte de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de agosto de 2017, cursante de fs. 1848 a 1849, Luís Fernando Riaño Doblado, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 45 de 26 de julio de 2017, de fs. 1839 a 1845, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Carlos Eduardo Nieva Ruiz y Kevin Rivera Soruco (ambos declarados rebeldes), Walkiria Goncalves de Oliveira, Camila Carolina de Matos Vilas Boas y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De los antecedentes llegados a casación se establece lo siguiente:


  1. Previo al proceso sustancial mediante Resoluciones 11/2015 y 67/2015 de 10 de septiembre (fs. 1616 a 1621 y 1666 a 1675), las imputadas Camila Carolina de Matos Vilas Boas y Walkiria Goncalves de Oliveira, mediante procedimiento abreviado fueron sentenciadas a ocho años de presidio, renunciando ambas a recurrir en apelación restringida; por otra parte, por Sentencia 17/2017 de 22 de marzo (fs. 1813 a 1818 vta.), la Juez Técnica (Presidenta) del Tribunal Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Luís Fernando Riaño Doblado, absuelto de pena y culpa del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto en el art. 55 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, por existir duda razonable sobre su responsabilidad penal ante la insuficiencia de la prueba de cargo aportada por la acusación pública, siendo de voto disidente el Juez Freddy Coronel Alanoca, quien consideró la participación del imputado en el delito inmerso en grado de Complicidad.


b)         Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1825 a 1833), que fue resuelto por Auto de Vista 45 de 26 de julio de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente el recurso planteado y anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia llamado por Ley.


c)         Por diligencia de 21 de agosto de 2017 (fs. 1847), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 28 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. El recurrente aduce que no se advierte que el Ministerio Público haya efectuado reserva de apelación en cualquiera de los supuestos de defectos de procedimiento inobservados por el Tribunal que sustanció el juicio oral, requisito indispensable según el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Denuncia que el Ministerio Público indujo en error al Tribunal de apelación al dar por hecho el lazo matrimonial entre el recurrente y Camila Carolina Matos, extremo que no se probó en juicio oral, más aún, contradictoriamente se habló que tenían cuartos separados, cuando sería lógico que si tal lazo existiría habitarían un mismo lecho.


  1. Arguye que la alusión a una “balanza gramera” que no fue sometida a pericia para que pueda afirmarse la existencia de sustancia controlada; en todo caso, la presencia de ese objeto obedece a la actividad desarrollada por el recurrente, esto es, “joyero”.


  1. El Tribunal de Sentencia, valoró las pruebas considerando que no tienen relación con sustancias controladas y no se probó el nexo causal con el delito acusado, como tampoco se fundamentó la forma en que serían utilizadas esas pruebas para fundar una Sentencia condenatoria ya que no se “explican ni precisan cuáles son los preceptos erróneamente aplicados” (sic).   


  1. Con el rótulo de “Jurisprudencia aplicable” (sic), se transcribe una porción del Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, para finalmente solicitar la revocatoria del Auto de Vista recurrido.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 21 de agosto de 2017, interponiendo su recurso de casación el 28 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP.


En cuanto se refiere a los demás requisitos de admisibilidad, pues se denota que los mismos no fueron cumplidos por el recurrente en lo absoluto, pues a más de transcribirse un fragmento del Auto Supremo 200/2012-RRC de 24 de agosto, y mencionar que fuera un precedente contradictorio, no se advierte al menos el mínimo esfuerzo en el cumplimiento de los requisitos que habiliten la apertura de competencia en casación, pues la situación de hecho similar que se reporte como contradictoria no está expuesta en el memorial del recurso. La negligencia argumentativa llega más allá pues, a más de referir dos suposiciones sobre el estado civil del recurrente y cuál la procedencia de una herramienta de pesaje, el texto del recurso simplemente cae en la especulación, su nexo con los antecedentes del proceso y más exactamente con la Resolución que se impugna es inexistente. En consecuencia esta Sala Penal se ve impedida de abrir su competencia por el incumplimiento de los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, tanto en el recurso de casación como por la vaguedad de los argumentos que el recurrente expone, aún acudiendo a los criterios de flexibilización argüidos y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución deviniendo en consecuencia en inadmisible el recurso de casación en análisis.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Luís Fernando Riaño Doblado, de fs. 1848 a 1849.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos