TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 199/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 173/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Julio Seoane Roca y otro

Delito        : Fabricación de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de octubre de 2017, que cursa de fs. 565 a 567, Julio Seoane Roca y José Rubén Rojas Terrazas, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 48 de 8 de agosto de 2017, de fs. 557 a 562, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 01/17 de 13 de marzo de 2017 (fs. 311 a 313 vta.), la Juez Primera, Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal de Yapacani del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante procedimiento abreviado, declaró a Julio Seoane Roca y José Rubén Rojas Terrazas, autores y culpables de la comisión del delito de Fabricación de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 47 con relación al art. 33 inc. m) de la ley 1008, imponiendo la pena de seis años de presidio, más el pago de dos mil quinientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas a calificarse en ejecución de sentencia.

  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Julio Seoane Roca y José Rubén Rojas Terrazas, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 330 a 332), que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 48 de 8 de agosto de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 29 de septiembre de 2017 (fs. 564), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista, e interpusieron recurso de casación el 6 de octubre del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Los recurrentes acusan, que fueron vulnerados los arts. 370 incs. 5), 6) y 10), 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que la Sentencia y Auto de Vista recurrido evidenciarían, que la Juez procedió en forma indebida e incorrecta al llevar adelante el juicio de procedimiento abreviado en lugar de llevar el juicio oral público y contradictorio, conculcándose el debido proceso, ya que, cuando les preguntaron si se declaraban culpables, respondieron que sí, por cuanto, no se les especificó de qué delito se declaraban culpables, ni la Juez les preguntó si se ratificaban en los acuerdos y si sus personas habían firmado de forma libre y de espontánea voluntad, omisiones que afectan la legalidad de la Sentencia; puesto que, no se les dio la oportunidad de defenderse en juicio oral ni de hacer conocer qué era lo que exactamente había ocurrido, cuando por medio de sus declaraciones en juicio oral podían haber hecho conocer quién era el propietario de la fábrica; sin embargo, pese a que fueron notificados para el juicio oral, antes de ingresar a juicio, apresurado llegaron los Fiscales y se acercaron al abogado Pablo Zambrana López y sin explicarles les hicieron firmar una hoja ya elaborada, bajo la falsa promesa de que se irían con el beneficio de indulto, sin consultarles ni dar lectura de su contenido, instalando en pocos minutos el juicio de procedimiento abreviado, donde se valoró defectuosamente las pruebas y los acuerdos; no obstante, el Tribunal de alzada convalidó los defectos reclamados, violando sus derechos fundamentales como el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa; puesto que, no explicó por qué no era posible en sus casos la pena mínima de 5 años, tampoco fundamentó la circunstancia agravante por el que se les impuso la pena de 6 años, lo que no fue explicado en el acuerdo por lo que acudieron a preguntar a sus abogados de confianza y descubrieron que fueron objeto de una ilicitud y fraude en el planteamiento del acuerdo con engaño de los Fiscales de Sustancias Controladas, que les afirmaron de que se beneficiarían con el indulto, cuando el Decreto Presidencial (DP) 3030 de 24 de diciembre de 2016, concede indulto total a las personas privadas de libertad en recintos penitenciarios que a la fecha de publicación del mencionado Decreto cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que no sería aplicable en sus casos, induciéndoles la Fiscalía y la autoridad jurisdiccional en un error. Añaden que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación, puesto que, se limitó a una enunciación de la prueba presentada por el Ministerio Público, sin otorgarle el valor a cada uno de los elementos probatorios, remplazando la fundamentación por una simple mención de las pruebas durante la sustanciación del procedimiento abreviado; ya que, consideran, que la grosera valoración defectuosa de las pruebas debió ser corregida por el Tribunal de alzada; no obstante, al igual que la Sentencia vulneró los arts. 124 y 173 del CPP; puesto que se basaron en una mera y simple relación de las pruebas aportadas.


  1. Refieren, que indicaron que los acuerdos de procedimiento abreviado no fundamentaron las circunstancias agravantes para imponerles la pena de 6 años; y, que la Sentencia en su tercer considerando referente a la personalidad de los imputados y a la determinación y aplicación judicial de la pena, no fundamentó porque no se podía aplicar la pena mínima de 5 años; no obstante, el Tribunal de alzada no fundamentó por qué confirmó la imposición de la pena de 6 años, puesto que, el delito de Fabricación de Sustancias Controladas tiene previsto una sanción mínima de 5 años y una máxima de 15 años, no logrando considerar de manera objetiva el quantum de la pena, limitándose a realizar consideraciones abstractas, vulnerando los arts. 370 inc. 1), 124 y 173 del CPP y los derechos y garantías que prevé el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), de conformidad con el art. 169 inc. 3) del CPP; por cuanto, al igual que la Sentencia carece de fundamentación, habiéndose basado en simples acuerdos, no considerando sus personalidades, sus situaciones sociales y familiares, que fueron acreditados en el desarrollo del procedimiento abreviado, no apreciando de manera correcta los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, ni sus grados de instrucción, costumbres y principalmente que no registran antecedentes penales en relación a narcotráfico, como tampoco existió agravantes en volúmenes mayores de sustancias controladas; limitándose a enunciar, las circunstancias previstas por los arts. 38 y 40 del CP, empero, sin vincularlos a la fijación de la pena, realizando el Auto de Vista y la Sentencia una enunciación y fundamentación totalmente incongruente y contradictoria de las pruebas que fueron presentadas por el Ministerio Público y la defensa, olvidándose considerar las leyes sustantivas citadas, por lo que existiría una errónea fijación de la pena, ya que, se basaría en consideraciones abstractas y en una simple relación de las pruebas aportadas. Al respecto invocan el Auto Supremo 326/2012 de 12 de noviembre, que afirman sería un caso similar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 29 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 6 de octubre del mismo año, cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Respecto al primer motivo, donde los recurrentes reclaman, que el Auto de Vista recurrido convalidó los defectos reclamados, no considerando que se vulneró los arts. 370 incs. 5), 6) y 10), 124 y 173 del CPP, ya que, la Juez de forma indebida había procedido en llevar el juicio de procedimiento abreviado en lugar de llevar el juicio oral, público y contradictorio, por lo que no tuvieron la oportunidad de defenderse, cuando por medio de sus declaraciones en juicio oral podían haber hecho conocer quién era el propietario de la fábrica; sin embargo, pese a que fueron notificados para juicio oral, antes de ingresar a juicio, sin explicar les hicieron firmar una hoja ya elaborada, bajo la falsa promesa de que se irían con el beneficio de indulto, instalándose en pocos minutos el juicio de procedimiento abreviado, donde se valoró defectuosamente las pruebas y los acuerdos; no obstante, el Tribunal de alzada convalidó los defectos, violando sus derechos fundamentales como el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa; puesto que, no explicó por qué no era posible en sus casos la imposición de la pena mínima, tampoco fundamentó la circunstancia agravante por el que se les impuso la pena de 6 años; además, carecería de fundamentación ya que, se había limitado a efectuar una enunciación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sin otorgarle el valor a cada uno de los elementos probatorios, cuando consideran, que la valoración defectuosa de las pruebas debieron ser corregidas por el Tribunal de alzada; no obstante, al igual que la Sentencia vulneró los arts. 124 y 173 del CPP.


Sobre el referido motivo, los recurrentes no invocaron precedente contradictorio alguno, consecuentemente no cumplieron con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrieron los recurrentes puedan ser suplidas de oficio.


Por otra parte, si bien los recurrentes denuncian la vulneración del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa; no obstante, olvidaron exponer en qué consistiría la disminución o restricción de los referidos derechos; ello es explicar, cómo entienden que se materializó el agravio alegado que se vincule a la existencia de defecto absoluto; con lo que se tiene que tampoco cumplieron con los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, en consecuencia, el motivo en análisis deviene en inadmisible.


En cuanto, al segundo motivo, en el que reclaman que el Tribunal de alzada no fundamentó por qué confirmó la imposición de la pena de 6 años, puesto que, el delito de Fabricación de Sustancias Controladas tiene previsto una sanción mínima de 5 años, no considerando de manera objetiva el quantum de la pena, limitándose a realizar consideraciones abstractas, vulnerando los arts. 370 inc. 1), 124 y 173 del CPP y los derechos y garantías que prevé el art. 116 de la CPE, de conformidad con el art. 169 inc. 3) del CPP; careciendo de fundamentación al igual que la Sentencia, por cuanto, se basó en simples acuerdos, no considerando de manera correcta los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; limitándose a enunciar, las circunstancias previstas por los arts. 38 y 40 del CP; empero, sin vincularlos a la fijación de la pena, realizando el Auto de Vista y la Sentencia una enunciación y fundamentación totalmente incongruente y contradictoria de las pruebas que fueron presentadas por el Ministerio Público y la defensa, olvidándose considerar las leyes sustantivas citadas, por lo que existiría una errónea fijación de la pena.


Del motivo expuesto, los recurrentes incurren en confusión; por cuanto, por una parte denuncian que el Auto de Vista recurrido carece de fundamentación; toda vez, que no habría fundamentado por qué confirmó la imposición de la pena de 6 años, no considerando de manera objetiva el quantum de la pena, limitándose a realizar consideraciones abstractas previstas por los arts. 38 y 40 del CP, sin vincularlos a la fijación de la pena; por otro lado, afirman los recurrentes, que el Auto de Vista incurrió en una fundamentación totalmente incongruente y contradictoria de las pruebas, olvidando considerar las leyes sustantivas citadas, por lo que existiría una errónea fijación de la pena; fundamentos, que se confunden; por cuanto, una cosa es cuestionar que el Auto de Vista carece de fundamentación; ya que, se hubiere limitado a realizar consideraciones abstractas previstas por los arts. 38 y 40 del CP, sin vincularlos a la fijación de la pena, lo que denotaría una insuficiente fundamentación; otra sostener que el Auto de Vista recurrido incurrió en una fundamentación totalmente incongruente y contradictoria de las pruebas, por lo que existiría una errónea fijación de la pena; lo que significaría que los fundamentos del Auto de Vista serían contradictorios e incorrectos donde no existiría el elemento lógica; consecuentemente, ante la evidente confusión en la fundamentación del motivo de casación en la que incurrieron los recurrentes, este Tribunal se ve impedido de poder ejercer su labor encomendada por ley, a través de la comparación del Auto de Vista recurrido con el precedente invocado; pues sumándose a dicha negligencia, se tiene que los recurrentes se limitaron a citar el Auto Supremo 326/2012 de 12 de noviembre, afirmando “que es un caso similar”, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar el Auto Supremo, como se advierte en este caso; sino, que les correspondía a los recurrentes explicar, por qué consideran que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.

Ahora bien, denuncian la vulneración de derechos y garantías que constituyeren defecto del art. 169 inc. 3) del CPP; sin embargo, al no tenerse claro el motivo denunciado, por la confusión en la que incurrieron, se tiene que no cumplieron ni con los presupuestos de flexibilización establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite anterior de la presente Resolución; consecuentemente, el motivo en análisis deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Julio Seoane Roca y José Rubén Rojas Terrazas, de fs. 565 a 567.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos