TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 198/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente        : Potosí 54/2017

Parte Acusadora        : Orlando Cárdenas Núñez

Parte Imputada        : Juan Miguel Sanabria Soliz y otros

Delitos        : Calumnia y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2017, cursante de fs. 784 a 788 vta., Orlando Cárdenas Núñez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 49/17 de 14 de agosto de 2017, de fs. 755 a 762, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Juan Miguel Sanabria Soliz, Luis Román Villafuerte Colquechambi, Freddy Oscar Gonzales Orozco, Bruno Jorge Aruquipa López y Carlos Omar Dávila Díaz, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 002/2017 de 18 de enero (fs. 683 a 695), el Juez Primero de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; declaró a Juan Miguel Sanabria Soliz, Luis Román Villafuerte Colquechambi, Freddy Oscar Gonzales Orozco, Bruno Jorge Aruquipa López y Carlos Omar Dávila Díaz, absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP, ya que la prueba incorporada a juicio no fue suficiente para generar la responsabilidad penal de los acusados, con costas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Orlando Cárdenas Núñez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 702 a 708 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 732 a 737), fue resuelto por Auto de Vista 49/17 de 14 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 7 de noviembre de 2017 (fs. 765), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 15 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente denuncia la infracción al derecho de fundamentación y motivación en el Auto de Vista impugnado, al no resolver en el fondo los agravios denunciados en alzada, los cuales detalla en casación: “En el parágrafo IV-primer motivo-numeral 2 del Auto de Vista, se asevera que el cuestionamiento sobre la sana crítica aplicada por el Juez de Sentencia, conlleva una perspectiva e interpretación particular (…) En el parágrafo IV-primer motivo-numeral 2 del Auto de Vista, se asevera que es necesaria una ponderación subjetiva para analizar si la perspectiva inferencial del recurrente es o no es correcta (…) En el mismo punto se advierte que el agravio referido a la valoración de la prueba radica en el plano descriptivo de la misma, desde una perspectiva particular (…) En el parágrafo IV-segundo motivo-numeral 2 del Auto de Vista, se asevera que para inferir o percatarse que el texto de la Resolución de despido contiene una sindicación, es necesaria una consideración subjetiva…”. Asimismo puntualiza, que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, debió pronunciarse respecto a si es una adecuada interpretación del art. 283 del CP, el exigir que la sindicación sea directa; si es correcto que la prueba no muestra la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, o si por el contrario la valoración hecha de ella es incorrecta; y, si el texto objeto de este proceso se subsume o no a los tipos penales de Calumnia e Injuria.


Señala como precedente contradictorio el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, referido según la glosa transcrita por el recurrente a la exigencia de motivación de las Resoluciones judiciales. De igual forma cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0780/2014 de 21 de abril, referido a la debida fundamentación y su vinculación con el debido proceso; y, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1206/2013 de 1 de agosto, referido al debido proceso y la preminencia que debe darse al derecho fundamental antes que al formal.


  1. Cita el Auto Supremo 282/2014-RRC de 27 de junio, referido según la glosa transcrita en su recurso, al deber de control de la valoración de la prueba por parte del Tribunal de alzada, señalando que el Auto de Vista impugnado contradice el precedente invocado pues no cumple el deber de controlar la correcta valoración de la prueba realizada por el Juez de mérito, limitándose a analizar el cumplimiento de formalidades y de la estructura de la Sentencia, sin analizar si la Resolución de instancia explica claramente los elementos del tipo, si fundamenta adecuadamente el valor otorgado a la prueba, y si las conclusiones en ella contenidas son acordes a la prueba o si por el contrario resultan arbitrarias y caprichosas. Asimismo; señala las conclusiones reclamadas en alzada, las cuales no aclaró el Tribunal de alzada si son resultado del análisis lógico y recto entendimiento de la prueba: Si aseverar que el texto NO es una “sindicación”, conlleva una conclusión respaldada o arbitraria; Si cuando afirma que NO estarían presentes “las circunstancias” en que se habrían cometido los delitos que me sindican; realiza un análisis lógico de la prueba o se aparta de lo evidente; Si al decir que la expresión no sería ofensiva ni existiría animus injuriandi; está respaldando su afirmación en un análisis lógico acorde a la sana crítica; Si cuando dice que la sindicación no tendría relevancia jurídica; está analizando el texto a la luz de los criterios de la lógica y la sana critica; Si cuando se afirma que NO estaría presente el DOLO, se está realizando una afirmación razonable y justa o se está apartando de una valoración adecuada de la prueba.” (sic).


  1. Invoca también el Auto Supremo 190/2014-RRC de 15 de mayo, referido según la glosa transcrita por el recurrente al principio de legalidad en cuanto a la adecuada subsunción y su control por el Tribunal de alzada; denunciando que el Auto de Vista impugnado es contrario al precedente invocado pues omitió controlar la correcta subsunción de los tipos penales acusados realizada por el Juez de Sentencia.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado el 7 de noviembre de 2017, presentando su recurso de casación el 15 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP; toda vez, que el 10 de noviembre fue declarado feriado departamental por su efeméride, por lo que corresponde a continuación verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto a los argumentos del primer motivo del recurso de casación, el recurrente denuncia que el Auto de Vista impugnado no resolvió el fondo de sus agravios planteados en alzada, referidos a defectuosa valoración de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva; a cuyo efecto, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, enfatizando que no es suficiente que el Tribunal de apelación se limite a analizar si la Sentencia cumple con la estructura formal; por lo que, siendo el Auto de Vista dictado en apelación el que supuestamente contradice el citado precedente, corresponde el análisis de fondo del presente motivo.


Respecto a la invocación de las Sentencias Constitucionales 0780/2014 de 21 de abril y 1206/2013 de 1 de agosto, de manera reiterada este Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentes contradictorios, sino sólo las Resoluciones casacionales emitidas por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y los Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los diferentes Tribunales Departamentales de Justicia de conformidad con el art. 416 del CPP; motivo por el cual se deja constancia que no serán tomadas en cuenta para el análisis de fondo del presente agravio.


En cuanto al segundo motivo, el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no controló la correcta valoración de prueba por parte del Juez de Sentencia; a cuyo efecto, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 282/2014-RRC de 27 de junio citado en apelación restringida-, señalando que el Tribunal de alzada debió haber cumplido el deber de controlar la valoración probatoria asumida por el Juez de Sentencia, pues existen elementos no considerados ni analizados, directamente relacionados a los elementos de los tipos penales endilgados; razón por la cual, resulta admisible el motivo en análisis sobre la problemática planteada.


Similar criterio debe ser asumido con relación al tercer motivo, en el cual se constata que el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada no realizó el control de la subsunción jurídica de los tipos penales de Calumnia e Injuria encomendada al Juez de Sentencia; pues invocando el Auto Supremo 190/2014-RRC de 15 de mayo, refiere de manera precisa que la contradicción radica en que el Tribunal de alzada omite y resiste a realizar el procedimiento inferencial de subsunción aduciendo que ello conlleva a consideraciones subjetivas; en consecuencia, también resulta viable el análisis de fondo del presente motivo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Orlando Cárdenas Núñez, de fs. 784 a 788 vta. En cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos