TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 189/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente        : Santa Cruz 168/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Juan Carlos Salvador Antezana

Delito        : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2017, cursante de fs. 1045 a 1050, Juan Carlos Salvador Antezana, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 61 de 21 de agosto de 2017, de fs. 1027 a 1034, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rene Yabeta Salvador, Alberto Manuel Alarcón Montalván y el recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 11/2017 de 21 de abril (fs. 561 a 571 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Juan Carlos Salvador Antezana,  autor y culpable, de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio y diez mil días multa a razón de Bs. 1.- por día, más costas, averiguables en ejecución de sentencia; por otra parte, Rene Yabeta Salvador y Alberto Manuel Alarcón Montalván, fueron absueltos del delito endilgado en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Carlos Salvador Antezana (fs. 920 a 927), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 61 de 21 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 7 de noviembre de 2017, (fs. 1035), la parte recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 10 del mismo mes y año interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Bajo el acápite de “Errónea aplicación de la ley Sustantiva” (sic), señala el recurrente que el Juez de mérito al dictar en su contra la Sentencia de 10 años de presidio por el tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas; y, el Tribunal de alzada al confirmarla, se habrían apartado del principio de legalidad; puntualizando que el Juez de Sentencia no observó las reglas aplicables para la subsunción del tipo penal endilgado a su persona. Luego de señalar de manera disgregada 7 supuestas contradicciones en relación al Tnte. Miguel Vargas Torrico, como único testigo de cargo presentado por el Ministerio Público; puntualiza que tanto el Juez de mérito como el Tribunal de alzada, lo acusan por el simple hecho de estar acompañado de los imputados que fueron absueltos de culpa y pena en juicio; empero, indica que esa absolución lo favorece al existir poca documentación que lo incrimine, para lo cual hace referencia al principio in dubio pro reo.


Finalmente cita como precedente contradictorio el Auto Supremo “232/2007”, señalando que tanto el Juez de mérito como el Tribunal de alzada fundamentan sus Resoluciones en base a presunciones, sin la suficiente prueba para sentenciarlo, cita también la Sentencia Constitucional Plurinacional 1662/2012 de 1 de octubre, la cual hace referencia a la Sentencia Constitucional “2769/2010-R de diciembre”, referidas según la glosa transcrita por el recurrente, al principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustancial, al formal.


  1. Denuncia el recurrente que el Tribunal de apelación habría incurrido en incongruencia omisiva al no resolver y fundamentar todas y cada una de las cuestiones planteadas en su alzada, tales como el punto concerniente a las circunstancias y atenuantes especiales, en observancia a los principios de certeza y tutela judicial efectiva; para lo cual cita como precedente contradictorio el Auto de Vista “03/2006” emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de la Paz, referido según la glosa transcrita a la falta de fundamentación de la Sentencia; remitiéndose el fallo citado, a la doctrina sentada por los Autos Supremos 166 de 12 de mayo de 2005 y 384 de 26 de septiembre de 2005.


  1. Bajo el acápite de “errónea aplicación e imposición de la pena” (sic), el recurrente denuncia que no se ha fundamentado en derecho el por qué se lo habría condenado a “4 años de pena privativa de libertad” (sic), haciendo mención de que no se hubiera efectuado una interpretación de los alcances de los arts. 37, 38 y 40 del Código Penal (CP). Cita como precedente el Auto de Vista dictado por la entonces Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, mismo que -señala el recurrente- fue sometido a un amparo constitucional cuyo resultado se encuentra en la Sentencia Constitucional 0727/2003-R de 3 de junio; cita también la Sentencia Constitucional 0543/2005-R de 19 de mayo; ambas referidas -según el recurrente- a la falta de fundamentación en derecho de la pena impuesta. Asimismo señala que la Resolución de mérito, viola su derecho a la seguridad jurídica, para lo cual invoca la Sentencia Constitucional “287/1999-R”, referida según la glosa transcrita en el memorial de casación, a la definición doctrinaria del citado principio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado el 7 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 10 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Como primer motivo del recurso de casación el recurrente básicamente denuncia, que el Juez de mérito lo condenó a la pena de 10 años de presidio en base a contradicciones, presunciones y sin la suficiente prueba, aspectos que fueron ratificados por el Tribunal de alzada; sin embargo se advierte, que a tiempo de exponer su agravio, el recurrente se limita a simplemente citar el Auto Supremo “232/2007”, sin cumplir con la carga procesal de indicar en términos claros y precisos cuál la contradicción existente entre el Auto de Vista 61 y el precedente citado. Respecto a la invocación de la Sentencia Constitucional 1662/2012 de 1 de octubre, de manera reiterada este Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que tales Resoluciones no constituyen precedentes contradictorios, sino solamente los fallos en casación emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y los Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los diferentes Tribunales Departamentales de Justicia de conformidad con el art. 416 del CPP; por lo descrito, el motivo expuesto deviene en inadmisible.


En el segundo motivo de su recurso, el recurrente denuncia incongruencia omisiva incurrida por el Tribunal de apelación, al no resolver en alzada el punto concerniente a las circunstancias previstas por el art. 38 del CP; y, las atenuantes especiales, advertidas por el art. 39 del mismo cuerpo sustantivo penal; sin embargo, se advierte al igual que el motivo anterior, que el recurrente se limitó a citar como precedente contradictorio el Auto de Vista “03/2006”, sin cumplir con la carga procesal de indicar en términos claros y precisos cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado, en consecuencia este motivo resulta también inadmisible.


Respecto al tercer motivo, mediante el cual se denuncia la errónea aplicación e imposición de la pena; se advierte que el recurrente incurrió una vez más en carencia recursiva, al limitarse a citar el precedente contradictorio sin establecer en forma clara y concreta cuál el agravio ocasionado por el Auto de Vista impugnado y su contradicción con el precedente invocado, además no resulta comprensible lo citado en el recurso respecto a “la Corte Superior de Justicia de este Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Auto de Vista dictado por la Sala Penal Segunda de esta respetable corte superior de justicia y cometida a un amparo Constitucional cuyo resultado se encuentra en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0727/2003-R de fecha 3 de junio de 2003…” (sic), párrafo que denota absoluta ambigüedad y no es conforme las exigencias previstas en los arts. 416 y 417 del CPP; aclarando una vez más que las Sentencias Constitucionales invocadas (0543/2005-R y 0727/2003-R), conforme a la normativa especial y la propia línea jurisprudencial, no se constituyen en precedentes y por tanto, no se concibe en tal calidad dentro de esta clase de recurso, deviniendo el presente motivo en inadmisible.


El análisis del presente recurso permite a éste Tribunal concluir que el recurrente en su argumentación se limita a exponer expresiones de disconformidad sobre la  labor que realizó el Juez de mérito en la emisión de la Sentencia condenatoria y el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista impugnado, sin fundamentar la contradicción en términos claros y precisos entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados; los cuales debieron ser expuestos a partir de la comparación de hechos, las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida; de la misma forma, si bien se denuncia la vulneración de principios tales como la legalidad, indubio pro reo, verdad material, seguridad jurídica; empero, no fundamenta de forma clara y precisa de qué manera se ha restringido o disminuido estos principios, menos explica el resultado dañoso del presunto defecto, incumpliendo también los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal para que vía excepcionalidad pueda ingresarse al fondo; aspectos que no pueden ser suplidos de oficio, pues para posibilitar la admisión vía flexibilización, el recurrente debe cumplir con los presupuestos establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución.


Finalmente, cabe señalar que el recurrente en el “Otrosí Primero” de su memorial de casación, cita una pluralidad de Autos Supremos y Autos de Vista, limitándose únicamente a señalarlos como precedentes contradictorios, sin precisar de forma fundamentada la situación de hecho similar y establecer el sentido jurídico contradictorio entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados; exigencia fundamental cuyo cumplimiento es obligatorio, para que a partir de ello, este máximo Tribunal, desplegando su labor unificadora, establezca la doctrina legal aplicable en los términos que regula el art. 419 del CPP.


En consecuencia, se establece que el recurso de casación deducido, no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP y como se dijo, tampoco con los presupuestos de flexibilización para su admisión; correspondiendo declarar su inadmisibilidad.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos Salvador Antezana, de fs. 1045 a 1050.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos