TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 183/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente                Chuquisaca 36/2017

Parte Acusadora        Ministerio Público y otro

Parte Imputada        Pablo Jorge Quiñones Sejas

Delitos                        Peculado y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de noviembre 2017, cursante de fs. 500 a 512, Pablo Jorge Quiñones Sejas, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 294/017 de 10 de noviembre de 2017, de fs. 450 a 460 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias, Concusión, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 142, 146,151, 154, 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De los antecedentes llegados a casación se establece lo siguiente:


a)         Por Sentencia 17/2016 de 5 de mayo (fs. 268 a 278), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Pablo Jorge Quiñones Sejas, autor y culpable de la comisión de los delitos de Peculado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 142, 154, 224 del CP, imponiendo la pena de ocho años de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 1.- por día, más el pago de costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, siendo absuelto de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Concusión.


b)         Contra la mencionada Sentencia, el imputado Pablo Jorge Quiñones Sejas, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 292 a 328 vta.), resuelto por Auto de Vista 282/016 de 26 de agosto de 2016, (fs. 362 a 371), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 212/2017-RRC de 21 de marzo (fs. 436 a 442 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista 294/017 de 10 de noviembre de 2017, que declaró improcedentes los recursos de apelación incidental e inadmisibles todos los motivos del recurso de apelación restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


c)         Por diligencia de 14 de noviembre de 2017 (fs. 461), el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado; y, el 21 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.



II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


En el memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. Violación de derechos y garantías constitucionales inherentes al acceso a la justicia, el debido proceso, y los principios de seguridad jurídica y legalidad, a partir de la emisión del Auto de apertura 357/2015 de 10 de diciembre, por parte del Tribunal de Sentencia. Sobre esta plataforma, el recurrente requiere la apertura de competencia a partir de la flexibilización de requisitos procesales atendiendo la probable existencia de esas vulneraciones.


  1. En tal sentido, alega violación al plazo previsto en el art. 340 parágrafo III del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que el Tribunal de Sentencia otorgó tres días comunes a las partes, cuando la norma taxativamente dispone un plazo de diez días para la presentación de pruebas. Tiempo que fue breve, restringiendo que el análisis de la acusación y la colecta de prueba sean cumplidos de manera expedita y suficiente. La eventualidad de oponer un reclamo incidental, en perspectiva del recurrente, se vio enfrentado a la limitante prevista en el art. 342 del CPP, que impide que el auto de apertura de juicio oral sea recurrido; sin embargo, sí habría realizado el reclamo ante el propio Tribunal en vía de saneamiento procesal, sin obtener respuesta positiva. A su turno, el Tribunal de apelación consideró que se debió acudir ante quien emitió el mentado auto, pretendiendo dar la imagen de que el acto hubiera sido convalidado.


Invoca como precedente contradictorio al Auto Supremo 26 de 15 de febrero de 2012, del cual extrae tres principios que procesalmente rigen las nulidades acomodándolos a su caso en concreto. De tal manera denuncia la existencia de defecto absoluto en el orden del art. 169 inc. 3) del CPP, por la afectación de lo inserto en el art. 340 parágrafo III del CPP, consiguientemente la lesión de su derecho a la defensa por la restricción en el tiempo a preparar las pruebas, sumado al hecho de que la observación oportuna impidió cualquier tipo de convalidación. 


  1. Con el rótulo de “violación del debido proceso contenido en el art. 340 núm. IV del CPP” (sic), el recurrente alega que el Auto de apertura 357/2015 de 10 de diciembre, concedió un plazo de tres días a efectos de la presentación de pruebas, con tal cómputo y tomando en cuenta la notificación al último sujeto procesal, aquel plazo debía fenecer el 22 de diciembre de 2015; empero, “se ha continuado con el juicio estando vigente el plazos para poder presentar pruebas de  descargo” (sic). Esta situación es entendida como vulneradora del debido proceso, el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y el principio de legalidad, señalando los arts. 115.II, 119.I-II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Sobre este motivo, invoca como precedentes contradictorio el Auto Supremo 26 de 15 de febrero de 2012 (reiterando argumentación desarrollada en el anterior motivo) y el Auto Supremo 067/2013 de 11 de marzo, que ordena al juzgador “interponer la verdad de los hechos ante cualquier situación” (sic).


  1. Aduce queja sobre la fundamentación y motivación del Auto de Vista recurrido, aduciendo que a pesar que el memorial de apelación restringida cumplió con lo estipulado en los arts. 407 y 408 del CPP, la citada resolución lo declaró infundado. De ahí en más el recurso se orienta en precisar:


  1. El recurrente aduce que el Tribunal de apelación, limitó su actuación a resumir el contenido del memorial de apelación restringida, en el argumento de no haberse cumplido los requisitos del art. 408 del CPP, en lo que resulta la aplicación pretendida. En su perspectiva esa posición es incorrecta, ya que la fundamentación se halla contenida a lo largo de todo el memorial (precisa la porción comprendida entre pág. 24-52) inclusive de encontrarse los demás requisitos procesales  -incluyendo la aplicación que se pretende- en más de un párrafo a lo largo del memorial de apelación restringida. Además manifiesta que se vulneran la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica.


Invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 067/2013 de 11 de marzo, señalando a continuación que la “aplicación que se pretende” extrañada por la Sala Penal Primera, es un requisito formal del cual a partir de la invocación del precedente contradictorio deberá verificarse su cumplimiento. 


  1. Bajo el título de “violación a las reglas de la congruencia” (sic), reitera los fundamentos anteriormente reseñados, con la adición de precisar que el requisito procesal extrañado por el Tribunal de apelación, se hallase a lo largo del memorial de recurso con precisión en el curso de las páginas 61-74, y que no se encuentra razón aparente que transmita porqué se dictó la improcedencia.


Invoca como precedente contradictorio al Auto Supremo 067/2013 de 11 de marzo, reiterando la fundamentación explicada en el acápite que antecede, y, enfatizando que “en base al principio de verdad material se puede evidenciar que los mismo están contendidos de manera abundante a lo largo de todo el memorial” (sic).


El recurrente alega que el Tribunal de alzada incurrió en una falta de fundamentación, vulnerando los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política del Estado y la ley adjetiva penal sobre el derecho a recurrir, al haber rechazado su apelación restringida, pese a subsanar las observaciones mediante memorial de subsanación, constituyendo una infracción a la debida fundamentación que debe contener toda resolución. En este caso, refiere que el Tribunal de apelación en relación a los agravios planteados en alzada relativos a la falta de fundamentación de la Sentencia, así como a la inobservancia de las reglas de congruencia entre la acusación y la Sentencia, establecidos en el art. 370 incs. 5) y 11) del CPP y la violación del principio in dubio pro reo, le exigió requisitos que no están previstos y señalados en los arts. 407 y 408 del CPP, realizando una interpretación arbitraria, restrictiva, subjetiva e ilegal del alcance del art. 408 segundo parágrafo de la citada norma adjetiva, infringiendo de esta manera el debido proceso, la debida fundamentación, legalidad y favorabilidad; a cuyo efecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 335/2011 de 10 de junio, 086/2013 de 26 de marzo y 282/2016 de 26 de agosto.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado el 14 de noviembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 21 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Analizados los demás requisitos de admisibilidad, se tiene que en el primer motivo, el recurrente denuncia defecto absoluto en relación a los parámetros contenidos en el Auto de apertura 357/2015 de 10 de diciembre, que pronunciado por el Tribunal de Sentencia dispuso la apertura de juicio oral; alegando que por la naturaleza de ese tipo de resoluciones su recurribilidad es neutralizada por el art. 430 del CPP, sin embargo, que en cada una de las instancias expuso su reclamo solicitando reconsideración.


Ciertamente, la recurribilidad de las decisiones judiciales se regula por la norma positiva, en ella se ajustan tanto las condiciones para cada tipo de caso, esto es, los requisitos formales, así como el tipo de resoluciones que son recurribles y bajo qué tipo de recurso. Casación en la perspectiva de la Ley 1970, es un tipo de recurso reservado para recurrir Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia que a su turno realizan labor de resolución de recursos de apelación restringida sobre sentencias; cadena procesal que no admite por ejemplo otro tipo de actos no circunscritos al catálogo contenido en el art. 370 del CPP, o bien dentro de las condiciones exigibles a recursos de apelación incidental tramitada en juicio oral, esto es, decisiones sobre las que se haya efectuado reserva de recurrir. No admitiéndose en puridad y por determinación legal otro tipo de situaciones procesales.


En el caso del art. 342 del CPP, en la parte que importa al presente caso, manifiesta que el auto de apertura de un juicio no será recurrible. Comprendiéndose con ello la importancia que el legislador ordinario ha dotado al primer acto por el que el juicio oral, parte medular de todo el sistema procesal penal, da inicio; es decir, luego de haberse superado todas aquellas cuestiones no atinentes al objeto central del juicio oral (conformación del Tribunal, delimitación del objeto del juicio en base a las acusaciones, radicatoria del proceso, solo por nombrar algunas), con el fin de dotar al debate de fluidez y procurando su desarrollo alejado de cuestiones que emerjan de cuestiones formales sin sustancia sobre el fondo de la contienda. El diseño legal de la norma, impide que a través de un recurso, como medio procesal, pueda cuestionarse el contenido de un auto de apertura, salvando los casos en los que no se tenga presente la instrumentalización de un recurso en específico.


Ahora bien, surge la cuestionante sobre la postura procesal recursiva deba esta Sala Penal poseer ante un caso como el presente en el que arguyendo la exigencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación abra la competencia en casación de una cuestión sobre la que la norma ha limitado de manera taxativa las posibilidades de recurribilidad.


Sin duda, debe procurarse mantener el equilibrio en la ponderación de los bienes jurídicos denunciados como vulnerados y lo dispuesto por la norma positiva que organiza implícitamente un régimen de atención y trato para un colectivo indeterminado de justiciables. Comoquiera que la secuencia de actos que condujeron a la interposición del presente recurso de casación, tiene el antecedente de una acción recursiva similar, tal es, el también recurso de casación opuesto por Pablo Jorge Quiñones Sejas, debe analizarse si dentro de los márgenes de un supuesto de flexibilización de requisitos de apertura de competencia puede ser considerada una resolución que por expresa disposición normativa es limitada en su recurribilidad a la jurisdicción ordinaria.


La Sala Penal, tiene presente que los supuestos en los que se reclame cuestiones cuya forma procesal no se adscriba a los límites y alcances que la norma reserva para Sentencias y Autos de Vista, no pueden ser revisadas mediante el recurso de casación, como en el caso del auto de apertura de juicio, ello por taxatividad expresa de la norma, por tenerse presente el tiempo transcurrido desde la generación del eventual fallo a recurrir (no se olvide que en el caso de autos se tiene un juicio oral tramitado y concluido, además del curso procesal seguido hasta la interposición de un primer recurso de casación) hasta que llegue que el momento de recurrir en casación; y, la posibilidad de que cuestiones accesorias tengan paralelismo con el núcleo del proceso penal y el juicio oral, para su análisis por medio de un mecanismo reservado para el análisis sustancial de ese tipo de resoluciones.


Sobre el particular, debe tenerse presente el razonamiento jurisprudencial tenido por el Tribunal Supremo de Justicia sobre casos de similar naturaleza, en el Auto Supremo de 712/2016-RA de 19 de septiembre que expuso:


“A los efectos de resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos de casación interpuestos, es necesario…señalar que si bien el derecho de impugnación está reconocido constitucionalmente, no es menos cierto que está regulado por las normas de desarrollo constitucional, como la disposición contenida en el art. 394 del CPP que dispone: “Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código”; lo que  implica, que en el examen de admisibilidad, debe considerarse la legitimación objetiva en el entendido de que es la norma la que limita los recursos a los establecidos en cada caso por la ley procesal penal, para los supuestos expresamente previstos.


Ahora bien, de acuerdo a la regulación normativa del recurso de casación establecido en los arts. 416 al 420 del CPP, el Auto Supremo 397 de 23 de julio de 2004, señaló que: "De conformidad con el art. 416 concordante con el art. 50 del Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación es procedente para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores que resuelvan las apelaciones restringidas interpuestas contra las sentencias de primera instancia", entendimiento que fue reiterado en el Auto Supremo Nº 628 de 27 de noviembre de 2007, precisando que: "...el recurso de casación únicamente procede para impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores en ejercicio de la competencia reconocida por el art. 51 inc. 2) del Código de Procedimiento Penal, es decir, en la sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida que procede exclusivamente respecto a Sentencias emergentes de juicios sustanciados ante el tribunal de sentencia y juez de sentencia o como consecuencia de la aplicación del procedimiento abreviado por parte del juez de instrucción".


En ese sentido, el recurso de casación no procede contra otro tipo de resolución judicial pronunciada por los Tribunales superiores en el ámbito de su competencia y, de manera específica, respecto a aquellas que resuelven los recursos de apelación incidental, de acuerdo a las previsiones del art. 403 del CPP, sin que este criterio signifique una vulneración al derecho a recurrir; toda vez, que éste solamente puede ser ejercido en los casos que la ley ha previsto expresamente como manda el art. 394 del citado cuerpo legal, extremo ratificado por este Tribunal en el Auto Supremo 078/2012-RA de 23 de abril”.


Por ende, casación no es la vía idónea en el tiempo para la consideración de autos de apertura de juicio oral, por disposición expresa del art. 342 del CPP, debiendo declararse la inadmisibilidad de este motivo en particular.


En cuanto al segundo motivo de casación, donde el recurrente señala la vulneración de la norma procesal contenida en los arts. 407 y 408 del CPP, argumentando la contradicción entre el Auto de Vista ahora impugnado y los precedentes contradictorios inmersos en los Autos Supremos 067/2013 de 11 de marzo, 335/2011 de 10 de junio, 086/2013 de 26 de marzo (Sala Penal Primera) y 282/2016 de 26 de agosto, sobre los que manifiesta el deber de los Tribunales de apelación de tener presente aspectos relativos a la verdad material antes que las formas procesales y el deber de fundamentación de esas instancias al momento de resolver recursos de apelación restringida habiendo en esa consecuencia cumplido los requisitos de manera suficiente las exigencias procesales requeridas por los arts. 416 y ss. del CPP, que habilitan la apertura de competencia casacional, deviniendo en admisible el presente motivo en análisis.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Pablo Jorge Quiñones Sejas, de fs. 500 a 512, únicamente para el análisis del segundo motivo; asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista  impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos