TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 180/2018-RA

                               Sucre, 21 de marzo de 2018        


Expediente                : Pando 44/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Gabriel Gutiérrez Safade y otros

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de octubre de 2017, cursante de fs. 150 a 157, el Ministerio Público interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 6 de octubre de 2017, de fs. 102 a 105 vta., pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Eva Jeanneth Cuqui Rivero, Carlos David Durán Cartagena y Gabriel Gutiérrez Safade, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 16/2017 de 27 de marzo (fs. 62 a 67 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Gabriel Gutiérrez Safade, autor del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio, así como al pago de diez mil días multa en razón de Bs. 1.- por día; además, la absolución de Eva Jeanneth Cuqui Rivero y Carlos David Durán Cartagena, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 23 a 25) y el imputado Gabriel Gutiérrez Safade (fs. 69 a 73), formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista de 6 de octubre de 2017, emitido por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró procedente el recurso formulado por la parte imputada y revocó la Sentencia absolviendo a Gabriel Gutiérrez Safade del delito de Tráfico de Sustancias Controladas; además, de improcedente la apelación del Ministerio Público, confirmando la sentencia absolutoria de los otros dos imputados, por otra parte mediante Resolución de 24 de octubre de 2017 (fs. 109 y vta.), fue resuelta la solicitud de complementación y enmienda de Gabriel Gutiérrez Safade.


  1. Por diligencia de 8 de noviembre de 2017 (fs. 110), fue notificada la parte recurrente con el Auto Complementario de 24 de octubre de 2017; y, el 19 de octubre del mismo año, planteó el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La parte recurrente señala que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización probatoria en contravención a normas y principios que rigen el sistema procesal penal; en ese ámbito, refiere que el Auto de Vista tergiversando los alcances y el valor probatorio que el Tribunal de Sentencia otorgó a las pruebas MP-22 y MP-01, conforme al art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), asignó un nuevo valor probatorio a dichas pruebas, así como a la documentación adjunta, asumiendo que no habría el elemento de intencionalidad del imputado de traficar con la sustancia química secuestrada, pese a que esas circunstancias no le están permitidas al Tribunal de apelación, cuyas funciones están limitadas no sólo a las pretensiones de las partes, sino también a ingresar en razonamientos que signifiquen revalorizar la prueba aportada en el juicio oral. En este punto, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 455/2015-RRC-L de 4 de agosto.


  1. Como segundo motivo, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en una extralimitación de sus facultades, porque dispuso la absolución del imputado, actuando de manera oficiosa al considerar que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva respecto a la concreción de los hechos y su adecuación al marco penal sustantivo, cuando el apelante no cumplió siquiera con los requisitos mínimos de procedibilibidad al momento de interponer su apelación restringida, por cuanto se limitó de manera simple a denunciar la existencia de errónea valoración de la prueba sin establecer cuál debió ser la valoración correcta o cuál de las reglas de la sana crítica fueron incumplidas conforme el art. 173 del CPP, menos señaló cuál la norma sustantiva afectada, si fue erróneamente aplicada o fue inobservada por el Tribunal de sentencia. En ese sentido, señala que correspondía al Tribunal de alzada ordenar la subsanación del recurso de acuerdo al art. 399 del CPP, o circunscribir su actuación a lo señalado por el apelante y no extralimitar sus funciones teniendo en cuenta que el decisum no puede fundarse en planteamientos no alegados por las partes procesales. Invoca los Autos Supremos 311/2015-RRC de 20 de mayo, 272/2015-RRC de 27 de abril y 102/2015-RRC de 12 de febrero.


  1. También denuncia que el Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva, pues pese a que el Ministerio Público alegó en su apelación restringida la concurrencia de los defectos previstos en el art. 370 inc. 5) del CPP, al no existir debida motivación de la resolución judicial apelada, así como valoración defectuosa de la prueba y existencia de contradicción en su parte argumentativa y resolutiva de acuerdo al defecto previsto por el art. 370 inc. 8) del CPP, con la precisión de los elementos probatorios que no fueron valorados conforme a la sana crítica consistentes en las pruebas MP-09, MP-17, MP-21, MP-01 y MP-22; el Tribunal de alzada no hizo referencia alguna a estos puntos de apelación incumpliendo su obligación prevista en el art. 398 del citado Código, invocando los Autos Supremos 257/2015-RRC de 10 de abril y 086/2013 de 26 de marzo. Agrega, que esa omisión también se produjo con relación a los puntos alegados en el memorial de contestación a la apelación restringida de la parte imputada, siendo que el traslado que se corre conforme el art. 409 del CPP, no solo es considerado como un postulado formal, sino que forma parte de los alegatos que deben ser considerados y resueltos por el Tribunal de apelación; al respecto, invoca el Auto Supremo 311/2015-RRC de 20 de mayo.

  1. Por último, el Ministerio Público denuncia que el Auto de Vista impugnado incurrió en un error de juzgamiento al modificar la Sentencia condenatoria contra Gabriel Gutiérrez Safade por una sentencia absolutoria, en vulneración al debido proceso, al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, pese que el Tribunal de origen aplicó correctamente el entendimiento contenido en el Auto Supremo 128/2015-RRC-L de 9 de marzo, al haberse acreditado que el carbonato de calcio estaba siendo internado al país desde el exterior, llegándose a importar esa sustancia conforme la prueba judicializada en el acto de juicio, pese a que la empresa RONBOL no contaba con autorización previa y por ende no estaba autorizada para la importación de esa sustancia controlada, que se encuentra inmersa en el catálogo establecido por el DS 25846, la Resolución Ministerial MPSSP 223, el art. 18 del DS 25846 y el art. 23 incs. a) y d) del DS 22373, así como el Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas y Precursores de Uso Industrial, por los cuales se regula el tratamiento y trámite que se debe cumplir obligatoriamente para la internación desde el exterior de cualquier sustancia química controlada, no siendo posible considerar que el Tribunal de alzada haya omitido tomar en cuenta los preceptos legales señalados.  


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.

       

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de esta Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, le corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se establece que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 12 de octubre de 2017, presentando su recurso de casación el 19 del mismo mes y año, pues si bien en el timbre respectivo se deja constancia de la frase “timbre errado” (sic), no cabe a esta Sala Penal duda alguna sobre la fecha de presentación del recurso en la indicada fecha dado que se consigna sin ningún error el número 201600631, que corresponde a la presente causa de acuerdo al identificador Nujer del sistema Sirej; sin soslayar el hecho de que el imputado Gabriel Gutiérrez Safade solicitó la complementación y enmienda del Auto de Vista recurrido motivando la emisión de la Resolución de 24 de octubre de 2017 de fs. 109 y vta. siendo notificada al Ministerio Público, el 8 de noviembre de la citada gestión; lo que demuestra que el recurso fue formulado dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese entendido, se advierte que en el primer motivo, la representación del Ministerio Público denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización probatoria para asumir que no se habría acreditado el elemento de intencionalidad del imputado de traficar sustancias controladas; a cuyo efecto, la parte recurrente identifica las pruebas que hubiesen sido sometidas a dicho valor e invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 455/2015-RRC-L de 4 de agosto, relievando a título de contradicción, que el Tribunal de apelación pese a tener la labor de control de logicidad sobre la valoración efectuada por el inferior, revalorizó la prueba cuando en todo caso debió disponer la reposición del juicio al haber encontrado defectuoso el procedimiento lógico asumido por el Tribunal de Sentencia, por lo que estando cumplidos los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, corresponde el análisis de fondo del presente motivo.


En el segundo motivo, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada se extralimitó en sus facultades al haber declarado la absolución del imputado al asumir la existencia de un defecto de sentencia, pese a que el apelante no cumplió con las exigencias de admisión de su apelación, por lo que debió en todo caso aplicar el art. 399 del CPP y no fundar su determinación en planteamientos no alegados por las partes. En este punto, el recurrente invoca los Autos Supremos 311/2015-RRC de 20 de mayo, 272/2015-RRC de 27 de abril y 102/2015-RRC de 12 de febrero, expresando respecto al primero que el Auto de Vista no cumplió con las previsiones de los arts. 407 y 408 del CPP, al ingresar a un análisis normativo del tipo sustantivo con relación al delito previsto por el art. 48 de la Ley 1008, cuando el apelante no hizo mención alguna que exista una indebida o errónea aplicación de la ley sustantiva; y, en cuanto a los dos restantes precedentes invocados, al no haberse limitado a los puntos apelados de manera ambigua por el apelante. En consecuencia, estando invocados los precedentes y precisada la contradicción alegada con la resolución recurrida, también corresponde el análisis de fondo de la problemática planteada.


Con relación al tercer motivo, se evidencia que el representante del Ministerio Público, denuncia la existencia de incongruencia omisiva respecto a los siguientes dos aspectos nítidamente identificados: el primero, a los defectos de sentencia previstos por el art. 370 incs. 5) y 8) del CPP, relativos a la inexistencia de debida motivación, a la valoración defectuosa de la prueba y a la existencia de contradicción en su parte argumentativa con la resolutiva; y el segundo, con relación a los puntos alegados en el memorial de contestación. Con ese fin, el recurrente invoca para la primera temática los Autos Supremos 257/2015-RRC de 10 de abril y 086/2013 de 26 de marzo, sosteniendo que la contradicción hubiese quedado demostrada con la falta de pronunciamiento sobre los aspectos denunciados y fundados por el Ministerio Público en su apelación restringida; y para la segunda temática el Auto Supremo 311/2015-RRC de 20 de mayo, dejando sentado que el Tribunal de alzada al no haber considerado en su fundamentación la contestación ampulosa realizada por el Ministerio Público a la apelación de la parte imputada vulneró el debido proceso, pese a que el precedente dejó establecido que la respuesta al recurso normada por el art. 409 del CPP, no es un simple postulado formal; argumentos que resultan suficientes para hacer viable su análisis de fondo.


Ingresando al análisis de verificación respecto al cuarto motivo, se constata que el Ministerio Público denuncia que el Auto de Vista impugnado incurrió en error de juzgamiento al modificar la situación del imputado de culpable a absuelto, pese a la aplicación correcta por parte del Tribunal de origen del entendimiento desarrollado en el Auto Supremo 128/2015-RRC-L de 9 de marzo, invocado en calidad de precedente contradictorio, que hubiese establecido una línea de juzgamiento como criterio general de aplicación a  todos los casos donde se tenga existente la figura de internación o la extracción de sustancias controladas de un país a otro. En su planteamiento, la parte recurrente relieva que el Tribunal de alzada al declarar la absolución del imputado, omitió considerar varios preceptos legales que se hallan individualizados en casación y que consideran la posibilidad de que el titular incurra en un tráfico ilícito, por lo que estando precisado el precedente supuestamente contradictorio y cumplida la carga argumentativa de establecer la posible contradicción, resulta también viable el análisis de fondo de la presente temática inmersa en el motivo en análisis.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación, interpuesto por el Ministerio Público, de fs. 150 a 157. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos