TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 173/2018-RA

Sucre, 21 de marzo de 2018


Expediente                Santa Cruz 158/2017

Parte Acusadora        Ana Cristina Vaca Gómez

Parte Imputada        Orlando Parada Vaca y otros

Delitos                Falsificación de Documento Privado y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de septiembre 217, de fs. 1615 a 1622, Ana Cristina Vaca Gómez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 44 de 17 de julio de 2017, de fs. 1596 a 1603 vta., y el Auto Complementario 177 de 25 de agosto de 2017, de fs. 1609 a 1610, pronunciados por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Orlando Parada Vaca, Yovanna Díaz Espinoza y María Olga Mendía Gandarilla, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 200 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)         Por Sentencia 20 de 25 de octubre de 2016 (fs. 1336 a 1342 vta.), el Juez Segundo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Orlando Parada Vaca y María Olga Mendía Gandarilla absueltos de la comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, el primero en grado de autoría y la segunda en grado de Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 200 y 203 con relación al art. 23 del CP, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares de carácter personal o real impuestas en su contra.


b)         Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Ana Cristina Vaca Gómez interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1347 a 1352), que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante el Auto de Vista 44 de 17 de julio de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, siendo rechazadas las solicitudes de complementación y enmienda de la parte acusadora y acusada, mediante Resoluciones 177 de 25 de agosto de 2017 (fs. 1609 a 1610) y 188 de 8 de septiembre de 2017 (fs. 1614 y vta.).


c)        Por diligencia de 5 de septiembre de 2017 (fs. 1611), fue notificada la recurrente con el Auto Complementario 177 de 25 de agosto de 2017; y, el 12 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente previa reseña de hechos anteriores al inicio del proceso y consideraciones sobre el proceso propiamente dicho, denuncia que el Auto de Vista recurrido, en lugar de reparar las infracciones, reiteró los defectos de la Sentencia; puesto que, en relación a su denuncia concerniente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto, el Juez de mérito, realizó un análisis de los delitos de Falsificación de Documento Público, cuando en su acusación siempre sostuvo que los documentos fraguados eran sobre un documento privado, por lo que el Juez debió analizar la tipicidad en relación a los delitos acusados y no sobre delitos no acusados; no obstante, el Tribunal de alzada arguyó que “…este Tribunal de alzada no constata que la sentencia contenga divagación en sus fundamentos con relación a la falsedad de un documento público…”; lo que denotaría un absoluto desconocimiento de los antecedentes procesales, así como de las normas sustantivas y adjetivas; toda vez, que los delitos acusados son de orden o acción pública, conforme lo prevén los arts. 16 y 20 del Código de Procedimiento Penal (CPP); constituyendo lo manifestado por el Tribunal de alzada una infracción ante el reclamo efectuado, por cuanto, no resolvió conforme al art. 398 del CPP, ya que “no puede divagar en otros aspectos no pronunciados por el juez a-quo y menos reclamados en el recurso de apelación restringida” (sic). Añade, que sobre la observación del Tribunal de apelación en torno a que supuestamente no se tendría claro cuál era la aplicación que pretendió al invocar una errónea aplicación de la norma sustantiva, basta con revisar su recurso de apelación restringida para concluir que lo que pretendía era la condena de los acusados o en su defecto la nulidad del juicio.


  1. Manifiesta que el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación ante su reclamo concerniente a que no existió fundamentación de la sentencia o que sea insuficiente o contradictoria; donde arguyó que el Juez de mérito, al referirse sobre los hechos no probados indicó que la acusación particular no explicó en qué consistieron los actos antijurídicos de Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, aspecto falso, ya que, de su acusación particular se verifica la descripción de los hechos, así como la adecuación de la conducta de cada uno de los acusados; también denuncia que respecto a las pericias grafológicas que concluyeron de manera coincidente que la firma de María Olga Mendía Gandarilla es falsificada; sin embargo, consideró la declaración de la mencionada imputada; por último señaló que el Juez alegaría que la pericia resultaría incompleta, sin referirse a cuál de las dos pericias; no obstante, el Tribunal de alzada de manera “tangencial”, no dice nada respecto a la afirmación del Juez de origen de que las pericias serían incompletas; tampoco explica por qué razón se otorgó mayor valor a la declaración de la acusada María Olga Media Gandarilla frente a las dos pruebas periciales, cuando le correspondía analizar la credibilidad de dicha declaración y extraer conclusiones útiles para formar su convicción y contrastarla con el resto del elenco probatorio, tampoco fundamentó, por qué la pericia resultaría incompleta, ya que, no se refirió a cuál de las dos pericias, ni en qué consistiría la anomalía de la pericia.


  1. Refiere, que en apelación restringida arguyó que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o en valoración defectuosa de la prueba; puesto que, el Juez arguyó “En éste caso no hay claridad y precisión de los hechos, la querellante ha ofrecido una prueba pericial sin que esta haya sido ratificada ante el juicio oral por el perito que lo realizó, aspecto u omisión que impide establecer los alcances de la tipicidad antes señalada”; afirmación que consideró temeraria, que de la revisión de la actas de juicio oral se constataría que los peritos Carlos Oporto Días y Weimar Campos Nava asistieron al juicio, fijándose los puntos de pericia, siendo interrogados por todos los sujetos procesales, incluido el propio juzgador, por lo que resultó falso que dicha prueba vulnere algún derecho de los acusados, evidenciándose una valoración defectuosa de la prueba, ya que, el Juez no solo mintió respecto a que el perito no ratificó su peritaje en juicio oral, sino que ante una simple declaración de la acusada sin otro medio que lo respalde dictó Sentencia absolutoria; a cuyo efecto, cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007. Añade, que resulta cierto lo afirmado, ya que, el Juzgador efectuó razonamiento contradictorio que vulnera los principios de la sana crítica, al emitir conclusiones opuestas a los hechos acreditados en el proceso; sin embargo, esa terrible irregularidad incurrida por el Juez de mérito, no fue reparada por el Auto de Vista recurrido, ya que, no dice nada respecto a las afirmaciones efectuadas por el Juez, incurriendo en una Resolución infundada.


En el otrosí 1ro de su recurso, cita los Autos Supremos 207 de 28 de marzo de 2007, 223 de 28 de marzo de 2007 y 449 de 12 de septiembre de 2007.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fue notificada con el Auto de rechazo a su solicitud de complementación y enmienda al Auto de Vista impugnado el 5 de septiembre de 2017 (fs. 1611), presentando su recurso de casación el 12 del mismo mes y año, conforme consta del cargo electrónico de recepción de fs. 1615; cumpliendo de esta manera con el primer párrafo del art. 417 del CPP.


Ahora bien respecto a los motivos primero y segundo, donde el recurrente reclama que; i) el Auto de Vista recurrido no resolvió conforme al art. 398 del CPP; puesto que, en relación a su denuncia concerniente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva arguyó, que “…este Tribunal de alzada no constata que la sentencia contenga divagación en sus fundamentos con relación a la falsedad de un documento público…”; lo que denotaría, un absoluto desconocimiento de los antecedentes procesales, así como de las normas sustantivas y adjetivas; toda vez, que los delitos acusados son de orden o acción pública, conforme lo prevé los arts. 16 y 20 del CPP; constituyendo lo manifestado por el Tribunal de alzada una infracción, ya que, “no puede divagar en otros aspectos no pronunciados por el juez a-quo y menos reclamados en el recurso de apelación restringida” (sic); y, ii) el Auto de Vista recurrido incurrió en insuficiente fundamentación ante su reclamo concerniente a que no existió fundamentación de la Sentencia o que sea insuficiente o contradictoria; por cuanto, de manera “tangencial”, no diría nada respecto a la afirmación del Juez de mérito, respecto a que las pericias serían incompletas; tampoco explicó, porque razón se otorgó mayor valor a la declaración de la acusada María Olga Mendía Gandarilla, frente a las dos pruebas periciales, correspondiéndole analizar la credibilidad de dicha declaración y extraer conclusiones útiles para formar su convicción y contrastarla con el resto del elenco probatorio, menos fundamentó, por qué la pericia resultaría incompleta.


Al respecto, sobre los referidos reclamos, se advierte que, la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que hubiere incurrido el Auto de Vista recurrido respecto de algún precedente en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, aspecto que impide a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio.


En consecuencia al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, se establece que los motivos sujetos a análisis no cumplen con los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, menos con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, situación por el que devienen en inadmisibles.


Finalmente respecto al tercer motivo, en el que refiere que ante su denuncia de que la sentencia se basó en hechos inexistentes o en valoración defectuosa de la prueba; puesto que, el Juez no solo mintió respecto a que el perito no ratificó su peritaje en juicio oral, sino que ante una simple declaración de la acusada, sin otro medio que lo respalde, emitió Sentencia absolutoria, efectuando razonamientos contradictorios que vulneran los principios de la sana crítica; el Tribunal de alzada no reparó dicha irregularidad, ya que, no dice nada respecto a las afirmaciones efectuadas por el Juez, incurriendo en una Resolución infundada. Al respecto la recurrente invoca los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 207 de 28 de marzo de 2007, 223 de 28 de marzo de 2007 y 449 de 12 de septiembre de 2007; no obstante, respecto al primero y segundo se limitó a citarlos y realizar la transcripción de ciertas partes del precedente; con relación a los demás Autos Supremos se limitó a efectuar una mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste con ninguno de los precedentes invocados; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento de la carga procesal impuesta recurrente, no basta con citar y transcribir partes de los Autos Supremos; sino, que corresponde al recurrente explicar, por qué considera que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos del precedente invocado, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente motivo.


Por los fundamentos expuestos, se establece que el motivo sujeto a examen, no cumplió con los requisitos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, ni con los presupuestos de flexibilización, establecidos y explicados por este Tribunal en el acápite anterior de la presente Resolución; consecuentemente, deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ana Cristina Vaca Gómez, de fs. 1615 a 1622.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos