TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 166/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        Pando 24/2017

Parte Acusadora              Ministerio Público y otro

Parte Imputada                Adrián Daniel Sillerico Da Silva

Delitos                                Incumplimiento de Deberes y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 23 de mayo de 2017, cursante de fs. 35 a 38, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado por Jorge Felipez Yavi y Edgar Ramiro Espinoza Martínez, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 26 de abril de 2017, de fs. 30 a 32, pronunciado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la entidad recurrente, contra Adrián Daniel Sillerico Da Silva, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Peculado, previstos y sancionados por los arts. 154 y 142 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 32/2016 de 20 de septiembre (fs. 4 a 8), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Adrián Daniel Sillerico Da Silva, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, con costas daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto del delito de Peculado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando representado por Gunar Zeballos Buezo y Miguel Ángel Vaca Vásquez (fs. 11 a 14), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 26 de abril de 2017, dictado por la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 634/2017-RA de 24 de agosto, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente denuncia que en el juicio oral se demostró con prueba idónea los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes; sin embargo, los juzgadores no valoraron las pruebas aportadas en el momento de emitir Sentencia, por lo que impugnó en recurso de apelación restringida la insuficiente fundamentación fáctica, probatoria y jurídica; empero, el Tribunal de alzada vulneró el debido proceso y a la seguridad jurídica por cuanto: i) Emitió una resolución sin fundamentación y motivación jurídica, al declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida y confirmar la Sentencia con relación a la absolución por el delito de Peculado de forma totalmente incoherente y fuera de contexto jurídico, sin cumplir lo señalado por el art. 124 del CPP, no observando que la Sentencia simplemente se abocó a realizar una relación de los hechos y no así del derecho, no se aplicó la sana crítica ni la lógica en el análisis de los hechos, resultando los fundamentos del Auto de Vista impugnado, contrarios al ordenamiento jurídico a los principios constitucionales de contar con una Sentencia justa, oportuna y acorde a los hechos demostrados en juicio; ii) La Sentencia como el Auto de Vista impugnado, carecen de fundamentación y motivación en contravención al art. 173 del CPP, frente a delitos de corrupción que provoca daño económico afectando al patrimonio del Estado; por cuanto, no señalan cuáles las pruebas que eximirían de responsabilidad por el delito de Peculado, ni establecen los fundamentos de hecho y de derecho para determinar la absolución, sin tomar en cuenta los contratos administrativos, aspectos no observados por el Tribunal de alzada; iii) Denuncia defectuosa fundamentación en cuanto a su denuncia, de que la Sentencia carece de fundamentación; en cuanto, a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; puesto que, no aplicó correctamente la dosimetría referente a las agravantes y atenuantes, que constituye un derecho de las partes a conocer las razones en virtud de las cuales se toma una determinada decisión, omisión que vulnera los derechos a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, por el evidente desajuste entre el fallo y los términos planteados en el recurso de apelación restringida.


I.1.2. Petitorio.


La entidad recurrente, solicita se revoque el Auto de Vista recurrido; en consecuencia, se anule la Sentencia de primera instancia.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 634/2017-RA de 24 de agosto, cursante de fs. 46 a 48 vta., éste Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, ante la concurrencia de presupuesto de flexibilización para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia. 


Conforme se tiene en la relación del hecho, en la gestión 2007 Adrián Daniel Sillerico Da Silva (imputado), recibió en tres oportunidades desembolsos de montos de dinero bajo el siguiente detalle: el 7 de septiembre de 2007 recibió Bs. 13. 224.-, el 25 de septiembre de 2007 recibió Bs. 50.192.-, el 9 de noviembre de 2007 recibió Bs. 818.-, haciendo un total de Bs. 64.234.-, recibiendo en calidad de exfuncionario de la Ex prefectura de Pando ahora Gobierno Autónomo Departamental de Pando en el desempeño de mensajero, montos de los que no presentó descargos dentro del período que correspondía.


Por Sentencia 32/2016 de 20 de septiembre, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, declaró a Adrián Daniel Sillerico Da Silva, autor de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, con costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo absuelto de pena y culpa del delito de Peculado, bajo la siguiente verdad histórica de los hechos:


  1. Le da valor a la declaración del acusado en audiencia de juicio oral, que conforme a la prueba MP2, en la fecha de los tres desembolsos, fungía como funcionario público de la ex prefectura de Pando, en el cargo de personal de apoyo I, así se tiene del memorándum de designación de funciones 524/2007 y el contrato respectivo, que en la gestión 2007 en los meses de septiembre a noviembre, el acusado recibió un total de Bs. 64.234.- en tres oportunidades, de lo que no fue presentado ningún descargo, lo que se encuentra corroborado por la prueba MP3 (certificación de deuda) y el libro mayor-auxiliar de cuentas 2007 (prueba MP7), aspecto acreditado mediante la documentación presentada como pruebas MP4, 5 y 6, correspondiente a los tres desembolsos, conforme se tiene acreditado con los comprobantes de contabilidad, hojas de ruta, informes, certificaciones presupuestarias y solicitudes de recursos adjuntas en las pruebas citadas, montos de dinero para distintos objetivos que salieron a nombre del imputado de los que no existe documento de descargo, enmarcándose su conducta en el delito de Incumplimiento de Deberes.


  1. Que, los tres desembolsos a nombre del imputado habrían sido entregados a Guillermo Rioja Ballivián (Secretario de Desarrollo Sostenible y Pueblos Indígenas), inmediato superior del imputado conforme constata de la prueba MP4, donde Guillermo Rioja sin fundamentación alguna, solicita de manera expresa al Secretario financiero el cambio de nombre del cheque, correspondiente a la hoja de ruta CD 2404/07, alegando que el monto de 13.224.- deberá salir a nombre del imputado; aspecto que, no entiende el Tribunal de porqué un monto destinado a “ayuda de los damnificados…” debía salir a nombre de un mensajero que no tenía ninguna atribución de recibir dinero a su nombre, peor administrar dichos recursos al no tener la competencia para ello, por lo que Guillermo Rioja Ballivián, debió ser acusado por el Ministerio Público y por la propia Gobernación, resultándole creíble la versión contada por el acusado quien alegó, que recibió el dinero y ante la confianza que existía con su jefe le entregó a éste, sin saber el uso que le dio a dichos recursos, lo cual conlleva a que no se hayan realizado los descargos respectivos, arguyendo el acusado que era la secretaria que debía llenar los descargos, demostrando con ello su ignorancia en cuanto a lo que significa la presentación de descargos por dinero recibido, por lo que lo manifestado por el imputado denota sinceridad en su testimonio, no pudiendo aplicársele ninguna pena por el delito de Peculado, al haberse entregado dichos recursos a Guillermo Rioja Ballivián, que debe ser investigado a efectos de recuperar el dinero desembolsado.


Bajo el acápite fundamentación de la pena, concluye que por unanimidad de votos se determinó que el imputado será sancionado con la pena de un año de reclusión, por ser declarado autor del delito de Incumplimiento de Deberes, de conformidad a los arts. 37 y 38 del CP, que el acusado pese a haber sido declarado rebelde, se apersonó al Tribunal de forma voluntaria y asumió el proceso en el estado en el que se encontraba demostrando grado de preocupación por lo sucedido; en cuanto, a la personalidad es una persona con grado de instrucción técnico, estilista que ahora se dedica a las funciones públicas en la Gobernación, teniendo treinta y ocho años de edad, que genera una oportunidad de reinsertarse a la sociedad, no cuenta con antecedentes penales ya que los acusadores no demostraron lo contrario.


II.2.        Del recurso de apelación restringida.


       Notificado el Gobierno Autónomo Departamental de Pando con la Sentencia, formuló recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. Violación e insuficiente fundamentación probatoria y jurídica del debido proceso; ya que, en la valoración de las pruebas signadas como MP2 y MP3, pruebas consistentes en una certificación de deuda de 28 de septiembre de 2011, que certifica la deuda del imputado ex funcionario de la prefectura de Pando de Bs. 64.234.- (sesenta cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos) así también, de las pruebas MP4 y MP7 que establece las solicitudes de fondos públicos de la sub prefectura, actual gobernación, procediéndose a desembolsar recursos económicos en tres oportunidades, haciendo un total de Bs. 64.234.- (sesenta cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos), que fueron otorgados en distintas fechas, se demostró en juicio que el imputado fue servidor público de la ex prefectura de Pando el 2007, que cumplía funciones como personal de apoyo en la unidad de turismo dependiente de la dirección de desarrollo humano, además el acusado no presentó descargos dentro el período fiscal, conforme demostró con prueba documental emitida por la unidad de Contabilidad General dependiente de la secretaría departamental de economía y finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, por lo que el imputado aprovechando su condición de funcionario público dispuso de los recursos económicos arbitrariamente al no presentar descargos correspondientes, adecuándose su accionar al delito de Peculado; empero, el Tribunal de mérito no fundamentó porqué otorgó determinado valor a las pruebas, ni especificó con claridad la tipificación del hecho en los elementos constitutivos en relación del delito de Peculado, pues no existe, fundamento expreso y claro sobre la absolución, menos que la insuficiencia de la prueba hubiere causado error en la calificación del hecho, evidenciándose que la Sentencia no cumplió con la subsunción de los hechos al tipo penal de Peculado, incumpliéndose el art. 124 del CPP, desatándose dicha situación en una falta de valoración de dichos medios probatorios, constituyendo defecto absoluto, ya que no existe criterios solidos que fundamenten la valoración de las pruebas.


  1. “DEFECTOS Y VIOLACIONEN LA VALORACIÓN DE LA PENA”; que la sentencia en su acápite de adecuación del hecho a los tipos penales acusados, estableció que el imputado recibió recursos el cual se demostró mediante la prueba GAP 2 y 3, consistente en certificación de deuda, emitida por la analista de fondos en avance y Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Secretaría de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, que certifica la deuda del imputado, en ese sentido de todos los elementos de convicción y pruebas judicializadas en el juicio oral, que fueron ofrecidas producidas y valoradas se concluyó con la existencia del hecho, la autoría y participación del imputado en la comisión del ilícito de Peculado, previsto por el art. 142 del CP, que se consume en el momento de apropiarse y se perfecciona con ese acto, aunque no causare perjuicio, habiendo en el caso el imputado adecuado su conducta al delito de Peculado, ya que no realizó sus descargos a la fecha, apropiándose de los recursos del Estado, aspecto no valorado por el Tribunal de mérito, evidenciándose que las aseveraciones de la Sentencia no demuestran consecuencia de un análisis integral de todos los antecedentes y hechos probados en juicio, cuando se tiene como probado el perjuicio no solo al querellante; sino también al Estado, omitiendo explicar cuáles son los aspectos que dieron lugar a la Sentencia absolutoria, en el marco de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; ya que, no se aplicó correctamente la dosimetría con referencia a las agravantes y atenuantes, no habiendo tomado en cuenta el delito de Peculado que contiene como núcleo central apropiarse de dineros, valores o bienes, causando daños a los intereses del Estado por mala administración.

               

II.3.        Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando a través del Auto de Vista impugnado, declaró improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:


  1. Respecto al primer agravio, alegó que de la revisión y lectura del acta de registro de juicio oral, se establece que en la gestión 2007 el acusado recibió en tres oportunidades, desembolsos de dinero haciendo un total de Bs. 64.234.00.- (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos) de los que no hizo los descargos correspondientes, aspecto corroborado por la unidad de contabilidad general de la Gobernación de Pando, con dichos antecedentes el Ministerio Público realiza la acusación, solo por el delito de Incumplimiento de Deberes, por no haber realizado los descargos respectivos, por su parte la Gobernación de Pando acusa por los delitos de Peculado e Incumplimiento de Deberes.


Que el fundamento principal del Tribunal de Sentencia, para imponer sentencia absolutoria por el delito de Peculado en favor del acusado, radica que de acuerdo a las pruebas producidas en el desarrollo del juicio oral, el acusado no es responsable del delito de Peculado por no haberse demostrado la apropiación de los dineros recibidos en calidad de fondo de avance, que de acuerdo a la declaración del acusado y su intervención evidentemente admite haber recibido dinero en tres oportunidades en la suma de Bs. 64.234.- (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos), que salieron a su nombre, procedió a cobrar y entregar el dinero a Guillermo Rioja Ballivian (jefe de desarrollo sostenible y pueblos indígenas), que era su jefe inmediato superior, desconociendo el destino de dicho dinero, pues en su condición de mensajero no le explicaron por qué salieron los cheques a su nombre y que desconoce para que son los fondos de avance. Que en la valoración de la prueba MP4, se establece que Guillermo Rioja Ballivian, solicita al secretario financiero el cambio de nombre de cheque, alegando que el cheque por el monto de Bs. 13.224.- (trece mil doscientos veinticuatro bolivianos), deberá salir a nombre del acusado y así en forma posterior salieron el segundo y tercer cheque a nombre del acusado, no siendo admisible que un mensajero tenga las responsabilidades de cobrar cheques o que tenga la atribución de recibir dineros; en conclusión, el Tribunal al haber llegado a la convicción de la no responsabilidad del acusado en el delito de Peculado, ha realizado una correcta valoración de la prueba producida en juicio; además que, el acusado en su declaración manifestó que cobró dichos dineros y que fueron entregados a su jefe inmediato superior, quien ordenaba que los cheques salgan a nombre del acusado; si bien, es consciente de haber recibido en distintas oportunidades la suma de Bs. 64.234.- (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos), indicando que los entregó a su jefe, desconociendo la finalidad de dichos recursos en qué fueron invertidos, ninguna de las pruebas de cargo demuestran la conducta del acusado respecto a la apropiación de los dineros recibidos, ni su utilización en beneficio personal, por lo que la conducta del imputado no se adecua al tipo penal de Peculado.


La conducta del imputado de no presentar en el tiempo oportuno los descargos respectivos de los dineros recibidos y no así la apropiación de dichos dineros recibidos, hace que su conducta se subsuma al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, por tratarse de un exfuncionario público de la ex prefectura del Departamento de Pando.


  1. En cuanto al segundo agravio, era evidente que el acusado cobró los 3 cheques que salieron a su nombre por orden de su jefe inmediato superior, una vez cobrado el dinero fue entregado a su jefe Guillermo Rioja, por lo que la Gobernación de Pando no ha demostrado con prueba fehaciente, que el acusado se haya apropiado de dicho monto de dinero, además se debe considerar que el acusado en su condición de mensajero de la ex prefectura de Pando, no estaba entre sus obligaciones el de recibir grandes cantidades de dinero, por lo que se concluyó que el imputado fue utilizado por su jefe inmediato superior, para que proceda a cobrar el dinero y entregárselo posteriormente a su jefe.


Con relación al delito de Incumplimiento de Deberes, el Tribunal realizó una relación circunstanciada de los hechos, la fundamentación fáctica, la producción de las pruebas de cargo, la descripción del tipo penal, los bienes jurídicos protegidos, la respectiva valoración de las pruebas  y la determinación de la verdad histórica de los hechos, en el momento de la valoración de las pruebas producidas en juicio, el Tribunal de Sentencia al llegar a la convicción que la conducta del acusado no se adecua al delito de Peculado, realizó la fundamentación exigida por Ley.


Respecto a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, que se hubiera omitido explicar el delito de Peculado, que no se aplicó la dosimetría con referencia a las agravantes y atenuantes, manifiesta que el Tribunal absuelve por el delito de Peculado, no aplica dosimetría porque no determinó ninguna pena por el delito de Peculado.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA


El presente recurso fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, porque la parte recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica; por cuanto, incurrió en: i) Insuficiente fundamentación y motivación jurídica al declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida y confirmar la Sentencia con relación a la absolución del delito de Peculado, no observando que la Sentencia sólo se abocó a realizar una relación de los hechos y no así de derecho sin aplicar la sana crítica y la lógica en el análisis de los hechos; ii) Carencia de fundamentación en contravención al art. 173 del CPP; por cuanto, no señaló cuáles serían las pruebas que eximirían de responsabilidad por el delito de Peculado, ni establecería los fundamentos de hecho y derecho que determinen la absolución, cuando se está ante un delito de corrupción que provoca daño económico al patrimonio del Estado; y, iii) Carencia y defectuosa fundamentación ante su denuncia de que la sentencia carece de fundamentación en cuanto a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; puesto que, no se aplicó correctamente la dosimetría referente a las agravantes y atenuantes. Al respecto, corresponde realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y posteriormente resolver las problemáticas planteadas.


III.1. El debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones.

Entre los componentes que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a las personas, se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, que a lo largo de la jurisprudencia ha sido ampliamente desarrollada; no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento, es así que el Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia Constitucional (SC) 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la Sentencia Constitucional 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la Sentencia Constitucional 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: “Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso”.

Así también, sobre la debida fundamentación, la doctrina legal aplicable de este Tribunal en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder de manera fundamentada, no siendo necesaria una respuesta extensa o ampulosa, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias del art. 124 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.

Sintetizada la denuncia en la que la parte recurrente reclama que el Auto de Vista recurrido vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica; por cuanto, incurrió en: i) Insuficiente fundamentación y motivación jurídica al declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida y confirmar la Sentencia con relación a la absolución del delito de Peculado, no observando que la Sentencia sólo se abocó a realizar una relación de los hechos y no así de derecho sin aplicar la sana crítica y la lógica en el análisis de los hechos; ii) Carencia de fundamentación en contravención al art. 173 del CPP; por cuanto, no señaló cuáles serían las pruebas que eximirían de responsabilidad por el delito de Peculado, ni establecería los fundamentos de hecho y derecho que determinen la absolución, cuando se está ante un delito de corrupción que provoca daño económico al patrimonio del Estado; y, iii) Carencia y defectuosa fundamentación ante su denuncia de que la sentencia carece de fundamentación en cuanto a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; puesto que, no se aplicó correctamente la dosimetría referente a las agravantes y atenuantes.


A fines de evitar reiteraciones innecesarias los puntos i) y ii) serán analizados de manera conjunta; toda vez, que abordan la misma temática que es la insuficiente o carencia de fundamentación; es así, que respecto a la falta de fundamentación y motivación jurídica al declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida y confirmar la Sentencia con relación a la absolución del delito de Peculado, no habiendo observado que la Sentencia sólo se abocó a realizar una relación de los hechos y no así de derecho sin aplicar la sana crítica y la lógica en el análisis de los hechos, en contravención del art. 173 del CPP; puesto que, no señaló cuáles serían las pruebas que eximirían de responsabilidad del delito de Peculado, ni establecería los fundamentos de hecho y derecho que determinen la absolución.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia absolutoria con relación al delito de Peculado, el representante del Gobierno Autónomo Departamental de Pando formuló recurso de apelación restringida manifestando como primer agravio, que en la valoración de las pruebas signadas como MP2 y MP3, prueba consiste en una certificación de deuda de 28 de septiembre de 2011 certifica la deuda del imputado ex funcionario de la prefectura de Pando de Bs. 64.234.- (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos), así también de las pruebas MP4 y MP7 establecen las solicitudes de fondos públicos de la sub prefectura, actual gobernación, procediéndose a desembolsar recursos económicos en tres oportunidades haciendo un total de Bs. 64.234.- (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos), que fueron otorgados en distintas fechas; demostrando que el imputado fue servidor público de la ex prefectura de Pando el 2007 que cumplía funciones como personal de apoyo en la unidad de turismo dependiente de la dirección de desarrollo humano, además el acusado no presentó descargos dentro el período fiscal conforme demostró con prueba documental emitida por la unidad de Contabilidad General dependiente de la secretaría departamental de economía y finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, adecuándose la conducta del imputado al delito de Peculado; empero, el Tribunal de mérito no fundamentó porqué otorgó determinado valor a las pruebas, ni especificó con claridad la tipificación del hecho en los elementos constitutivos en relación del delito de Peculado, no existiendo fundamento expreso y claro sobre la absolución, menos que la insuficiencia de la prueba hubiere causado error en la calificación del hecho, evidenciándose que la Sentencia no cumplió con la subsunción de los hechos al tipo penal de Peculado, incumpliéndose el art. 124 del CPP, desatándose dicha situación en una falta de valoración de dichos medios probatorios, añadiendo en la fundamentación del segundo agravio, que los razonamientos insertos en la sentencia, no demostrarían que son consecuencia de un análisis integral de los antecedentes y hechos probados, omitiendo explicar cuáles son los aspectos, circunstancias y razonamientos que dieron lugar a la sentencia absolutoria.


Al respecto, el Tribunal de alzada abrió su competencia y desestimó la denuncia; puesto que, constató que el fundamento principal del Tribunal de sentencia para imponer sentencia absolutoria por el delito de Peculado en favor del acusado, había radicado que de acuerdo a las pruebas producidas en el desarrollo del juicio oral, no se había demostrado la apropiación de los dineros recibidos en calidad de fondo de avance; aclaró que, de acuerdo a la declaración del acusado y su intervención evidentemente había admitido haber recibido dinero en tres oportunidades en la suma de Bs. 64.234.-  (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos) que salieron a su nombre, procedió a cobrar y entregó el dinero a Guillermo Rioja Ballivian (jefe de desarrollo sostenible y pueblos indígenas), que era su jefe inmediato superior del acusado, desconociendo el destino de dicho dinero, que en su condición de mensajero no le explicaron por qué salieron los cheques a su nombre y que desconocía para que eran los fondos de avance.


Continuando con los fundamentos de la Resolución recurrida, añadió que en la valoración de la prueba MP4 se estableció que Guillermo Rioja Ballivian, solicitó al secretario financiero el cambio de nombre de cheque, alegando que el cheque por el monto de Bs. 13.224.- (trece mil doscientos veinte cuatro bolivianos) deberá salir a nombre del acusado y así en forma posterior salieron el segundo y tercer cheque a nombre del acusado, no siendo admisible que un mensajero tenga las responsabilidades de cobrar cheques o que tenga la atribución de recibir dineros; concluyendo, que el Tribunal de mérito al haber llegado a la convicción de la no responsabilidad del acusado en el delito de Peculado, realizó una correcta valoración de la prueba producida en juicio; ya que, además el acusado en su declaración manifestó que cobró dichos dineros y que fueron entregados a su jefe inmediato superior, quien ordenaba que los cheques salgan a nombre del acusado; siendo consciente haber recibido en distintas oportunidades la suma de Bs. 64.234.- (sesenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro bolivianos) que los entregó a su jefe, que ninguna de las pruebas de cargo demuestran la conducta del acusado respecto a la apropiación de los dineros recibidos ni su utilización en beneficio personal, por lo que la conducta del imputado no se adecuó al tipo penal de Peculado.


A tiempo de resolver el segundo agravio de apelación restringida aclaró, que si bien era evidente que el acusado cobró los 3 cheques que salieron a su nombre por orden de su jefe inmediato superior, una vez cobrado el dinero era entregado a su jefe Guillermo Rioja, no habiendo la Gobernación de Pando demostrado con prueba fehaciente que el acusado se haya apropiado de dicho monto de dinero, considerando que el acusado en su condición de mensajero de la ex prefectura de Pando, no estaba entre sus obligaciones el de recibir grandes cantidades de dinero, por lo que se concluyó que el imputado fue utilizado por su jefe inmediato superior, para que proceda a cobrar el dinero y entregárselo posteriormente a su jefe.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que el Tribunal de alzada no incurrió en insuficiente fundamentación a tiempo de declarar improcedente el recurso de apelación restringida como alega la parte recurrente; por el contrario, confirmó la sentencia absolutoria en relación al delito de Peculado; puesto que, constató que si bien el acusado cobró los 3 cheques que salieron a su nombre, había sido por orden de su jefe inmediato superior, que una vez cobrado el dinero fue entregado a su jefe Guillermo Rioja, no habiéndose demostrado con prueba fehaciente que el acusado se haya apropiado de los dineros recibidos ni su utilización en beneficio propio, por lo que concluyó que el Tribunal de sentencia al declarar absuelto al imputado de la comisión del delito de Peculado efectuó una correcta valoración de la prueba producida en juicio, lo que evidencia que el Auto de Vista recurrido no incumplió el art. 124 del CPP; toda vez, que contiene una debida fundamentación en correspondencia a lo reclamado por la parte recurrente, ni contraviene el art. 173 de la referida norma procesal penal; por cuanto, realizó un control de la valoración probatoria efectuado por el Tribunal de mérito; ya que, aclaró que la conducta del imputado no se adecuó al delito de Peculado, porque constató que no se había demostrado con prueba fehaciente que el acusado se hubiere apropiado de los dineros recibidos, que si bien verificó que el imputado era un ex funcionario público de la ex prefectura de Pando y que no presentó en tiempo oportuno los descargos respectivos, hizo que su conducta solo se subsumiera al delito de Incumplimiento de Deberes por el que fue condenado; empero, no así al delito de Peculado, lo que evidencia que existe un fundamento expreso y claro del porqué el Tribunal de alzada confirmó la sentencia absolutoria con relación al delito de Peculado; toda vez, que no concurrió el elemento “apropiare de dinero”.


Por los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal de alzada respecto a este punto cumplió con los parámetros de fundamentación que fue explicado en el apartado III.1 de esta Resolución; puesto que, resulta expresa; ya que, señaló con fundamentos expresos y claros del porqué confirmó la sentencia absolutoria con relación al delito de Peculado en favor del imputado; toda vez, que constató que no se encontraba demostrado que el imputado se hubiere apropiado de los montos de dinero; fundamento que sustenta su decisión, clara; por cuanto, es  comprensible, completa; toda vez, que del análisis que desarrollo a la sentencia, le permitió llegar al conocimiento de los hechos para emitir su decisión legítima; pues evidenció que la convicción asumida por el Tribunal de mérito, de que la conducta del imputado no se adecuó al delito de Peculado porque no se había evidenciado que se hubiere apropiado de los dineros recibidos, devino de una correcta valoración de la prueba; y lógica, pues cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarios, no advirtiéndose vulneración al debido proceso ni seguridad jurídica; por cuanto, no incurrió en insuficiente fundamentación como alega la parte recurrente; en consecuencia, el motivo analizado deviene infundado.


Respecto a la carencia de fundamentación; puesto que, no señalaría cuáles las pruebas que eximirían de responsabilidad por el delito de Peculado.


Al respecto, de la revisión del recurso de apelación restringida conforme se tiene de antecedentes, se advierte que el referido cuestionamiento no fue puesto a conocimiento del Tribunal de alzada; entonces, resultaría ilógico, exigir pronunciamiento fundamentado alguno, sobre una temática que dicho Tribunal no tuvo oportunidad de conocer; aspecto que evidencia, que de ninguna manera se quebrantó el derecho al debido proceso ni a la seguridad jurídica como alega la parte recurrente; por cuanto, el Auto de Vista recurrido resolvió los puntos expresamente recurridos en apelación restringida, no encontrándose en ellos el punto que recién trae a casación; toda vez, que dicho reclamo debió efectuarlo en la interposición de su recurso de apelación restringida, lo que no ocurrió; en consecuencia, el presente cuestionamiento dentro del motivo sujeto a análisis deviene en infundado.


Sobre la carencia y defectuosa fundamentación ante su denuncia de que la sentencia carece de fundamentación en cuanto a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP; puesto que, no se aplicó correctamente la dosimetría referente a las agravantes y atenuantes.


De la revisión de antecedentes el recurrente en el segundo agravio de su recurso de apelación restringida, arguyó que la sentencia en su acápite de adecuación del hecho a los tipos penales acusados estableció que el imputado recibió recursos el cual se demostró mediante la prueba GAP 2 y 3 consistente en certificación de deuda, emitida por la analista de fondos en avance y jefe de la Unidad de Contabilidad de la Secretaria de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno autónomo Departamental de Pando, que certifica la deuda del imputado, por lo que la conducta del imputado se adecuaría al delito de Peculado; ya que, no realizó sus descargos a la fecha, apropiándose de los recursos del Estado, aspecto no valorado por el Tribunal de mérito, evidenciándose que las aseveraciones no demuestran consecuencia de un análisis integral de todos los antecedentes y hechos probados en juicio, omitiendo explicar cuáles son los aspectos que, dieron lugar a la sentencia absolutoria en el marco de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, ya que no se aplicó correctamente la dosimetría con referencia a las agravantes y atenuantes; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada señaló, que si bien era evidente que el acusado cobró los 3 cheques que salieron a su nombre por orden de su jefe inmediato superior, una vez cobrado el dinero fue entregado a su jefe Guillermo Rioja, la Gobernación de Pando no había demostrado con prueba fehaciente que el acusado se hubiere apropiado de dicho monto de dinero, aclarando, que se debía considerar que el acusado en su condición de mensajero de la ex prefectura de Pando, no estaba entre sus obligaciones en de recibir grandes cantidades de dinero, por lo que se había concluido que el imputado fue utilizado por su jefe inmediato superior para que proceda a cobrar el dinero y entregárselo posteriormente.


Respecto a los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, que se hubieran omitido explicar el delito de Peculado, que no se había aplicado la dosimetría con referencia a las agravantes y atenuantes; aclaró el Tribunal de alzada, que el Tribunal al absolver por el delito de Peculado, no aplicó dosimetría porque no determinó ninguna pena por el delito de Peculado.


De los fundamentos expuestos, se constata que el Auto de Vista recurrido respecto a este motivo no incurrió en carencia ni defectuosa fundamentación; toda vez, que de manera expresa, clara, completa, legítima y lógica explicó que si bien era evidente que el acusado cobró los 3 cheques que salieron a su nombre, fue entregado a su jefe inmediato superior Guillermo Rioja, no habiéndose demostrado que el acusado se hubiere apropiado de dicho monto de dinero, aspecto por el que se emitió sentencia absolutoria con relación al delito de Peculado, al que lógicamente no tendría porque el Tribunal de mérito haber aplicado los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, respecto de dicho tipo penal; toda vez, que dichos artículos deben ser observados únicamente cuando se emite sentencia condenatoria con pena; aspecto que, no ocurrió en el caso de autos con relación al delito de Peculado que reclama la parte recurrente; consecuentemente, no se advierte que se haya vulnerado el debido proceso ni la seguridad jurídica; puesto que el Tribunal de alzada cumplió con emitir una Resolución con la debida fundamentación cumpliendo con los parámetros expuestos en el acápite III.1 de este Auto Supremo, evidenciándose que no incurrió en carencia ni defectuosa fundamentación, por lo que el presente motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, representado por Jorge Felipez Yavi y Edgar Ramiro Espinoza Martínez.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos