TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 158/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        : Cochabamba 37/2017        

Parte Acusadora                María Luisa Valencia Zubieta

Parte Imputada                Francisco Copaña Quispe

Delito                                Despojo

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 17 de mayo de 2017, de fs. 191 a 193, Francisco Copaña Quispe interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 26 de abril de 2017, de fs. 173 a 176, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por María Luisa Valencia Zubieta contra el recurrente, por el delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia de 4 de octubre de 2010 (fs. 80 a 84), la Jueza Primero de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, declaró a Francisco Copaña Quispe, autor de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, con costas a favor de la parte civil, además de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, siendo concedido el beneficio de Perdón Judicial.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Francisco Copaña Quispe, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 129 a 133 vta.), que fue resuelto por Auto de Vista de 26 de abril de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso.


I.2. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 592/2017-RA de 14 de agosto de 2017, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Actividad procesal defectuosa respecto a la limitación de ejercicio de la defensa técnica, en el impedimento de realizar actos tales como presentar testigos y otro tipo de actividad  probatoria, situación en la que el Tribunal de alzada convalidó la actividad procesal defectuosa. Inobservancia del art. 114 respecto a los arts. 9, 1, 5, 8, 13, 84, 92-95 y 100 del CPP, con el argumento que el defensor hubo sido recientemente contratado en vísperas a la apertura de debates de juicio oral y no contó con el tiempo necesario para preparar defensa, pese a que éste solicitó la suspensión de la audiencia. El Tribunal de apelación, consideró que el imputado generó su propia indefensión, atentando de esa manera principios y garantías constitucionales y el debido proceso en alusión a los arts. 115, 116.I, 119.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), disposiciones legales que están referidas a los derechos que el imputado goza constitucionalmente, y que en perspectiva del recurso han sido vulneradas.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  Actos previos a la apertura de Juicio Oral.


  1. A través de memorial de 2 de marzo de 2010, María Luisa Valencia Zubieta, presenta querella contra Francisco Copaña Quispe por el delito de Despojo (art. 351 del CP), en el argumento de que el imputado de manera ilegal procedió a ingresar y asentarse en un terreno ubicado en la provincia de Quillacollo y que fuera propiedad de la querellante quien dice en el tiempo desplegó varios actos de ejercicio de derecho propietario.


  1. Por proveído de 6 de marzo de 2010, la Jueza Primero de Sentencia de Quillacollo en la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, radicó la querella disponiendo la convocatoria a audiencia de conciliación programada para el día 18 de ese mes y año. Acto que fue llevado a cabo sin la presencia del querellado.


  1. Por providencia de fs. 9 vta., se procedió a la notificación cedularia del querellado con la acusación particular, radicatoria y acta de audiencia de conciliación.


  1. El 9 de abril de 2010, la Jueza de sentencia solicitó hasta el 4 de septiembre de ese año a las partes presente las pruebas que consideren pertinentes. Este decreto fue notificado al querellado el 5 de agosto de 2010, como se lee de diligencia de fs. 19.


  1. Por memorial de 30 de septiembre de 2010, Francisco Copaña Quispe, pidió nulidad de esta última notificación, indicando no se lo identificó con precisión; ya que, en ese actuado procesal figura el apellido “Copana”. Resolución que diferida hasta la celebración de audiencia de juicio oral.


II.2.  Juicio Oral: Planteamiento de incidentes y resolución


  1. El 4 de octubre de 2010, inició el juicio oral con la presencia de las partes acompañados de sus abogados y según precisa el acta pertinente, con el acompañamiento de los testigos de cargo, señalando también la no existencia de prueba de la defensa.


  1. A momento de plantearse excepciones e incidentes, el abogado de la defensa, solicitó que la audiencia fuera suspendida, aduciendo reciente contratación y pidiendo se concedan diez días para preparar la defensa técnica, que no había tomado conocimiento de la prueba de cargo propuesta y que en el supuesto de esta situación persistir y su petición sea denegada abandonaría la audiencia renunciando al patrocinio del acusado.


  1. La Jueza de Sentencia, por Auto motivado (fs. 22), rechazó la solicitud de la defensa, manifestando que la propia parte acusada se apersonó al proceso mediante memorial de 30 de septiembre de 2010 y cuya respuesta fue brindada en providencia del 1 de octubre siguiente en el domicilio procesal señalado en ese escrito; así como, haberse tenido presente que la prueba de cargo estaba en Secretaría del juzgado desde el 18 de septiembre de aquel año. Previa negación de solicitud de explicación realizada por la defensa, ésta anunció apelación incidental.


  1. Acto seguido la defensa solicitó suspensión de la audiencia por incomparecencia de testigos [art. 335 inc. 2) del CPP], a lo que se informó por Secretaría que la misma no había ofrecido ningún medio de prueba pese a su notificación, aspectos cuyo resultado fue desestimar la suspensión solicitada.


  1. Previo a la clausura del debate, la defensa y a momento de ejercer la dúplica sobre los alegatos de la parte querellante, la defensa pidió la introducción de prueba extraordinaria consistente en “la denuncia de los hechos en contra de su sobrina la denuncia está en la fiscalía” (sic). La autoridad jurisdiccional, considerando el estado de los debates desestimó la pretensión, adicionando que su admisión importaría violación al art. 340 del CPP. Ante ello la defensa anunció reserva de apelación.


  1. Finalmente, la Juez de mérito falló declarando al acusado autor del delito de Despojo inserto en el art. 351 del CP, condenando a un año de reclusión, con costas a la parte civil y pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia. Por último, atendiendo las circunstancias inmersas en el art. 368 del CPP y siendo viable su aplicación se dispuso la otorgación del beneficio del Perdón Judicial a favor del acusado. Todo ello inserto en la Sentencia 47/2010 de 4 de octubre.


II.3.  Del recurso de apelación restringida.


  1. La Sentencia fue notificada mediante la publicación de edictos el 10 y el 17 de noviembre de 2010, todo ello en razón de que el acusado hubiera abandonado el domicilio señalado en primera instancia, desconociéndose su paradero.


  1. El 3 de diciembre de 2010, Francisco Copaña Quispe opone recurso de apelación restringida contra la Sentencia 47/2010 de 4 de octubre. El memorial de referencia demandó, entre otros tópicos, errónea valoración de la prueba,  errónea calificación del hecho, falta de fundamentación, fundamentos contradictorios y expresa como antecedente la negatoria de suspensión de audiencia a efecto de preparar la estrategia de la defensa, señalando que esa decisión incurre en actividad procesal defectuosa.


Este mismo memorial, en el primer otrosí ofrece en calidad de prueba “todo lo producido en juicio oral” (sic), así como la proposición de doce atestaciones por no haberse producido las mismas en juicio.


  1. El recurso y sus antecedentes fueron remitidos al Tribunal de apelación, según correspondencia (fs. 141) el 18 de diciembre de 2010. Situación ante la que el plazo para proceder al sorteo de la causa, fue suspendido en razón de existir con anterioridad causas pendientes de resolución efecto de acefalías presentadas.


II.4.   Del Auto de Vista de 26 de abril de 2017.


  1. Con aquel antecedente, previa solicitud de priorización se emitió el Auto de Vista descrito anteriormente, en el que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se pronunciaron entre otros aspectos- en torno al reclamo de vulneración al derecho a la defensa, manifestando, previa relación de antecedentes procesales que: 1) El imputado solicitó suspensión de la audiencia en etapa de incidentes, cuando la misma ya era desarrollada sin objeción de su parte; 2) Hizo anuncio de apelación incidental, más no de apelación restringida para habilitar este medio ante eventuales vulneraciones a normas procesales; 3) “No puede atribuirse a la autoridad jurisdiccional la dejadez u omisión atribuible al imputado, quien encontrándose legalmente notificado con la acusación no presentó prueba de descargo y sin que exista la misma pretendió suspender la audiencia después que se instaló…alegando ausencia de testigos así como la contratación reciente de abogado defensor, siendo que tampoco este último aspecto acreditó objetivamente…finalmente, no se habilitó para la impugnación haciendo reserva de apelación restringida…omisiones que le son atribuibles [al acusado]” (sic).


  1. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


Este Tribunal flexibilizando los requisitos para abrir su competencia, admitió la denuncia de vulneración de derechos y garantías constitucionales por una supuesta limitación al derecho a la defensa del recurrente, basado en la negativa de la Juez de grado de dar lugar al pedido del abogado defensor, que solicitó suspender la audiencia de juicio oral, por el lapso de diez días, con el fin de preparar la estrategia de la defensa y la producción de prueba. El recurrente precisó que este hecho fue convalidado por el Auto de Vista impugnado, acarreando la inobservancia del art. 114 respecto a los arts. 9, 1, 5, 8, 13, 84, 92-95 y 100 del CPP y la lesión del debido proceso en alusión a los arts. 115, 116.I, 119.I y 180 de la CPE.


III.1. Consideraciones previas.


III.1.1.  Debido Proceso y Derecho a la Defensa en el Procedimiento Penal Boliviano.


Por el debido proceso toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso, procura resguardar las condiciones para ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez o Tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, la Constitución Política del Estado en sus arts. 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional de Bolivia. Entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) El derecho a la defensa; b) El derecho al juez natural; c) La garantía de presunción de inocencia, d) El derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; e) El derecho a un proceso público, f) El derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) El derecho a recurrir; g) El derecho a la legalidad de la prueba; h) El derecho a la igualdad procesal de las partes; i) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) El derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones; k) La garantía del non bis in ídem; l) El derecho a la valoración razonable de la prueba, ll) El derecho a la comunicación previa de la acusación; m) La concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) El derecho a la comunicación privada con su defensor; y, o) El derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado, cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular (para mayor profundidad véase el Auto Supremo 199/2013 de 11 de julio).


En materia penal el derecho a la defensa, tiene como fin la preservación de un estado de igualdad procesal ante el ejercicio del poder punitivo del Estado y el acometimiento de quien detente la acción penal. Tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas y otra formal, que supone el derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la Sentencia. Este derecho es irrenunciable y la designación de un abogado defensor debe efectuarse sin dilación ni formalidad alguna, desde el momento de la detención, apresamiento o antes de iniciarse la declaración del imputado. La defensa técnica no sólo es un requisito formal pues viabiliza que todos los derechos y garantías reconocidos al imputado sean no sólo resguardados, sino en los hechos ejercitados. La coexistencia de la defensa material y la técnica conforma la naturaleza compleja del derecho de defensa penal, por lo que la exigencia de intervención de abogado defensor se plasma como un requisito de validez del procedimiento, lo que implica, no solo un acto representativo o presencial, sino al contrario confiere rotación y progreso al trámite penal; ya que, la defensa técnica, promueve el principio de contradicción bien sea por medio de la proposición de diligencias de investigación en etapa preparatoria o, confrontando y contradiciendo los argumentos y pruebas producidas en juicio oral.


Ahora bien, cumplida la designación de un defensor y en la expectativa de que éste realice la labor técnica esperada, debe garantizarse un escenario apto a tal fin, ello quiere decir, que todo obstáculo material que emerja de las actuaciones judiciales sea despejado. Como se refirió anteriormente uno de los elementos componentes del debido proceso y de relación directa al derecho a la defensa técnica: i) La atención al tiempo necesario para la preparación de la defensa; y, ii) La facilitación de los medios necesarios para esa preparación.

Sobre el primer aspecto, a efectos de ponderación deberá tenerse presente, la gravedad del delito, las dificultades para obtener pruebas (presentar testigos, producir documentales, generar pericias, etc.) a favor de la defensa, el número de imputados en un mismo proceso, la recurrencia o novedad del problema jurídico que incumba al caso que exigirá un tiempo prudente de análisis y estudio, entre otros factores presentes según la naturaleza de cada caso en concreto.

En lo que es la facilitación de los medios adecuados para preparar la defensa, la doctrina y jurisprudencia en materia de Derechos Humanos, tiene consensuado que implica el derecho del imputado a mantener comunicaciones privadas con su defensor, sin interferencia de ninguna clase; así como, en supuestos donde mecanismos legales no se encuentren activados, comunicarse con otras personas distintas del defensor. Implica también, el acceso a documentos necesarios para la preparación de la propia defensa y muy especialmente aquellos que forman parte del proceso.


III.1.2. Vulneración del derecho a la defensa presupuestos.  


Bolivia a través del art. 115.II de su Constitución Política de Estado, garantiza el derecho a la defensa; postulado constitucional en el que encuentra sintonía los principios sobre los que se asienta el Código de Procedimiento Penal, el Libro Primero de la Primera Parte, es una muestra patente. Sin embargo, el hecho de que la defensa técnica sea obligatoria, no equivale a que sea cabalmente satisfecha la garantía constitucional que tutela el ejercicio de la defensa, ya que también debe ser efectiva. No basta con que al imputado se conceda la oportunidad de ser asistido por un abogado en etapa preparatoria y juicio oral, sino su participación debe ser traducida y perceptible en actos de gestión que vivifiquen el amplio e irrestricto derecho a la defensa.


El consenso en la doctrina y la jurisprudencia, es amplio en torno a los supuestos que generan violación al derecho a la defensa, ya sea material o técnica. Se afirma que esa vulneración se basa en la generación de un absoluto estado de indefensión provocado por acción u omisión del operador de justicia. En cuanto, es la lesión de este derecho en supuestos allegados al ejercicio de la defensa técnica, debe tenerse como parámetros o bien el abandono del proceso de parte del abogado que ejerce la defensa o que su inactividad patente y categórica genere el estado de indefensión señalado. Con ello se distinguirá entre el simple cuestionamiento de disconformidad, sobre la asistencia de un determinado abogado en la pretensión de que el resultado del proceso hubiera podido ser más favorable sin esa intervención y la efectiva negligencia en el ejercicio de actos vitales del proceso, bien por inacción bien por abandono injustificado.


La defensa técnica no sólo se limita al conocimiento del abogado sobre la norma, sino se amplifica en la construcción de una estrategia legal y jurídica sobre cómo será ejercida la defensa, bien sea en lo que reporta la argumentación jurídica e inclusive en la preparación de pruebas que vayan a destruir o mermar la hipótesis acusatoria. Sin embargo, debe quedar esclarecido que las condiciones para tal ejercicio, deben ser garantizadas por los operadores de justicia, más nunca, ser suplantado o ejercido por persona que no sea la propia defensa. Objetivamente, ni siquiera en un supuesto, es posible que las actuaciones propias del ejercicio de la defensa sean realizadas o trazadas por persona que no fuera la misma defensa.


En ese orden de ideas, el imputado no podrá alegar vulneración al derecho a la defensa apoyado en su propia culpa, descuido o negligencia, pues enterado formalmente de la existencia de un proceso penal en su contra, bien puede designar a un abogado de su confianza a fin para que se encargue de velar por sus intereses, más cuando se encuentra de por medio derechos fundamentales, como la libertad personal. Para el caso del ejercicio de la defensa técnica, no bastará demostrar, que el abogado no contó con las condiciones para esa tarea o la denuncia de que no cumplió a cabalidad con sus deberes profesionales, sino es indispensable establecer si tal inactividad condujo a su vez a que la autoridad jurisdiccional, adopte una decisión que pueda ser considerada como una causal generadora de vulneración de derechos y garantías. En otras palabras, debe ponderarse si a pesar de las deficiencias que presentó el abogado, la decisión judicial fue adoptada respetando los derechos y garantías que dan cuerpo a todas y cada una de las etapas procesales; se aplicaron los principios postulados que desde la Constitución y la Ley orientan al Derecho Penal, las pruebas fueron debida y legalmente producidas, incluyendo el hecho de que ellas hubieran sido rebatidas en juicio oral bajo los principios de inmediación y contradicción; y, si las partes contaron con la oportunidad para interponer los recursos legales pertinentes en conformidad con las condiciones que la Ley disponga.


III.2. Análisis del caso en concreto.


El caso que ocupa autos, tiene raíz en la denuncia de existencia de defecto absoluto emergencia de la vulneración del derecho a la defensa del acusado ante la negativa de otorgación de un plazo de 10 días para la preparación de su estrategia jurídica, culpa a esta situación el hecho de la no presentación de testigos o la producción de otro tipo de prueba que hubiera podido respaldar su defensa. Este motivo fue admitido en vía de flexibilización de requisitos de admisibilidad; es decir, una verificación integral sobre la denuncia efectuada, no sujeta necesariamente a las previsiones de nomofilaxis y uniformización de jurisprudencia que los altos tribunales tienen por naturaleza.   


Esa situación procesal extraordinaria ligada a la naturaleza del objeto casacional delimitado en el Auto Supremo 592/2017-RA de 14 de agosto, hace que la Sala deba precisar su análisis en dos flancos, por una parte determinar la situación eminentemente procesal del reclamo; es decir, su aspecto formal en exclusiva; y seguidamente, analizar la existencia o no de afectación emergente de esa formalidad sobre la materia sustantiva del derecho a la defensa.


Ya en materia, el 8 de abril de 2010 se dictó auto de apertura de juicio y por medio de proveído de 9 del mismo mes y año, se solicitó a las partes la presentación de pruebas hasta el 4 de septiembre de 2010. Estos actos fueron notificados a Francisco Copaña Quispe el 5 de agosto de 2010, conforme diligencia sentada (fs. 19). La reacción del acusado se plasmó en el memorial de 30 de septiembre de 2010, en el que manifestando no haber tenido conocimiento de la acusación y demás actuados (precisando que si bien su esposa recibió la documentación por factores ajenos no fue puesta en sus manos) promovió incidente de nulidad de notificación, alegando falta de precisión en la individualización del acusado, pues la acción se dirigió contra el titular del apellido “Copana” cuando él lleva el apellido “Copaña”.


De la relación anterior, se concluye que la notificación de 5 de agosto de 2010 en efecto cumplió su cometido, que la estrategia planteada por la defensa procuró la suspensión del juicio oral en razón de la interposición del incidente de nulidad, sin que se haga referencia mínima a tomar recaudos de tiempo para la colecta y organización de elementos probatorios, si bien se solicitó la suspensión de otro tipo de actos en tanto no se clarifique la resolución de aquel incidente, no se hizo referencia a ningún tipo de argumento que promueva la dotación de tiempo para la generación o colecta de prueba.


El 4 de octubre de 2010, fue iniciado el juicio oral, con la presencia de las partes, sus abogados y testigos de cargo, se argumentó la acusación, para después ingresarse a la fase de planteamiento de excepciones e incidentes, momento en el que el abogado de la defensa pidió la suspensión de la audiencia por el lapso de diez días para la preparación de la defensa técnica alegando la reciente contratación de como de igual forma argüir no conocer la prueba de cargo. La juez de grado, brindó a la solicitud trámite incidental, resolviendo sin lugar a la solicitud, habida cuenta de la comparecencia del acusado y su defensor a través de memorial de 30 de septiembre de 2010 (en el que también se señaló domicilio procesal), así como tenerse presente que las pruebas de cargo se habían depositado en Secretaría del Juzgado desde el 18 de septiembre de aquel año, concluyendo que “la parte imputada desde el 30 de septiembre…gozaba del tiempo suficiente como para muñirse estrechamente de los antecedentes presentados por la parte adversa” (sic).


En lo demás el Acta de audiencia de Juicio Oral, da cuenta que el acto se llevó a cabo conforme a procedimiento; vale decir, con la introducción de prueba, debate bilateral sobre ésta, interrogatorio a los testigos y planteamiento de exclusiones probatorias sobre la prueba documental propuesta; y finalmente, la fundamentación de conclusiones al cierre del juicio oral.


Debe tenerse presente, que los actos procesales que precedieron la audiencia de juicio oral fueron efectuados en el marco que la norma procesal establece y dentro de límites razonables de tiempo en relación a la naturaleza del delito enjuiciado, por lo que no puede alegarse insuficiencia de tiempo en la preparación de la defensa pues enterado que fue el acusado de la existencia del proceso el 5 de agosto de 2010 (fs. 19), bien pudo designar un abogado de su confianza para que pueda ejercer la defensa técnica, no siendo atribuible al Órgano Judicial ese acto propio de la voluntad del hoy recurrente.


En similar perspectiva se halla el ejercicio de la defensa técnica; por cuanto, sin entrar a la valoración del ejercicio particular de las actuaciones en las que el profesional patrocinante basó su estrategia de defensa, es claro que en efecto ejercitó medios defensivos como lo es la presentación del incidente de nulidad de 30 de septiembre de 2010, que sin opinar sobre el fondo, evidencia que se tuvo conocimiento sobre el hecho atribuido la calificación jurídica y la relación de pruebas que la acusación particular propuso, no pudiendo entonces reconocer que el derecho a la defensa fue lesionado, al comprenderse que los antecedentes del caso fueron puestos a conocimiento formal de la parte acusada dentro de un periodo de tiempo considerable en relación a la complejidad del caso. Además, debe tenerse presente que la intervención de la defensa técnica en audiencia de juicio oral se adecuó al marco procesal previsto por la Ley Adjetiva Penal, sin que pueda suponerse situación distinta de manera diferente.


En tal orden de ideas, la Sala considera que lo determinado por el Auto de Vista impugnado sobre la denuncia de vulneración del derecho a la defensa del acusado; es correcta, no advirtiéndose la denuncia de lesión al derecho denunciado en casación por Francisco Copaña Quispe, restando declarar infundado el recurso.  


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Francisco Copaña Quispe.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos