TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 157/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        : Oruro 17/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Valentín Choquecallata Chacolla 

Delitos                                : Falsedad Material y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de mayo de 2017, cursante de fs. 349 a 353, Edgar Jhonny, Emilio Walter y Esther Aidee todos de apellidos Retamozo Arroyo, en su condición de herederos de la querellante Angélica Rosa Arroyo Salas de Retamozo, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 11/2017 de 8 de marzo, de fs. 242 a 251 pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Angélica Rosa Arroyo Salas de Retamozo (fallecida) contra Valentín Choquecallata Chacolla, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 7/2016 de 24 de febrero (fs. 143 a 160 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Valentín Choquecallata Chacolla, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 203 del CP, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares personales dispuestas en su contra; a cuyo fin, se dispuso la notificación al Juez de Instrucción en lo Penal-Cautelar que conoció en etapa preparatoria el presente proceso penal.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Angélica Rosa Arroyo Salas de Retamozo (fs. 166 a 175 vta.) y el representante del Ministerio Público (fs. 177 a 179), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 11/2017 de 8 de marzo, que declaró improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 599/2017-RA de 18 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

                                             

La parte recurrente aduce que formulado su recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada ordenó su aclaración por lo que subsanó la observación; no obstante, alegaría que no existe petitorio, cuando acontece todo lo contrario, consecuentemente no debía admitirse su recurso, ingresando el Auto de Vista en contradicción, pues sin fundamento alguno confirmó la sentencia, ante su denuncia de que existió errónea aplicación de la ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal, ya que, de las acusaciones, querella, informe del investigador del caso, imputación, no se tiene que la Minuta sea objeto de la acción penal, porque no es un documento público, sino un instructivo que reviste legalidad cuando es reconocido por las partes ante autoridad competente, plasmándose en un Testimonio, quedando el Protocolo de Escritura Pública en archivo de Notaría, debidamente firmado y con huellas de quien participa en la suscripción, por lo que extraña no haberse entendido los antecedentes mismos de la Sentencia recurrida, donde se encuentran los hechos fácticos sobre los cuales se investigó y fue base del juicio oral; sin embargo, pese a esta observación en sentido que el mismo Tribunal se apartó del verdadero contenido de la acusación, acusó la insuficiente fundamentación de la sentencia; empero, el Auto de Vista recurrido sin mayores fundamentaciones arguyó que este punto presentaría confusión: “Donde puede existir confusión, si para el Tribunal de Alzada debió investigarse sobre la ilegalidad de la Minuta, entonces el marco penal sobre el cual se basó las Acusaciones está incorrecta y debió aplicar el principio Iura Novit Curia, es decir identificar que la Minuta a criterio del Tribunal reviste calidad de documento privado, señalando la norma civil sobre la que se apoya y recién señalar que existe prueba insuficiente o que no existe sobre este aspecto” (sic); por cuanto, la Minuta no fue objeto de querella y menos acusación, pero sí el protocolo de escritura pública firmado ante Notario de Fe Pública, en el cual no firma ni pone su huella la víctima y producto de esto es el Testimonio de la gestión 2004, que fue presentado por el acusado ante Derechos Reales en la gestión 2010, entonces el marco penal ha sido erróneamente expuesto en la Sentencia, más cuando dicho Tribunal considera que no puede ingresar a considerar el delito de Falsedad Material; por cuanto, habría prescrito (resolución del juez cautelar); sin embargo, no es posible emitir una Sentencia por Uso de Instrumento Falsificado sin conocer el documento falso, lo contrario es crear nueva línea sobre delitos, que es lo que realizó el Tribunal de Sentencia, sentando nuevos lineamientos sobre los elementos de un nuevo tipo penal.


Citan el Auto Supremo 55 de 9 de marzo de 2010, referido a la falta de fundamentación en las resoluciones.


I.1.2. Petitorio.


Los recurrentes solicitan se revoque el Auto de Vista impugnado, ordenando el reenvío a otro Tribunal de Sentencia.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 599/2017-RA de 18 de agosto, cursante de fs. 379 a 382, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los herederos de la acusadora particular, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Bajo el acápite enunciación del hecho y circunstancias  objeto del juicio alega, que las acusaciones fiscal y particular acusaron a Valentín Choquecallata Chacolla (imputado), por la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado; a los que se opuso excepción de extinción de la acción penal por prescripción, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 442/13 de 13 de marzo de 2013, que declaró probada la excepción, disponiéndose el archivo de obrados; respecto a lo cual, la acusadora particular interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por Auto de Vista 83/2013 de 7 de octubre, declarando procedente en parte, disponiendo revocar el Auto interlocutorio 442/2013, solo en lo que respecta al delito de Uso de Instrumento Falsificado, ordenando proseguir con el proceso penal hasta su conclusión, en lo demás confirmó la prescripción por el delito de Falsedad Material.

 

Es así que, que por Sentencia 7/2016 de 24 de febrero, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Valentín Choquecallata Chacolla, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, bajo las siguientes conclusiones:






Bajo el título contradicciones de los acusadores, concluyó:




II.2.        Del recurso de apelación restringida de la acusadora particular.


       Notificada con la Sentencia, Angélica Rosa Arroyo Salas de Retamozo interpuso recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:


       Errónea aplicación de la Ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal; puesto que, la sentencia en el considerando VI numeral 6 bajo el título de contradicciones de los acusadores tiene que la prueba presentada por los acusadores no guarda ninguna relación entre lo que se acusa y la propia prueba presentada, porque no se definía que es lo que se tiene como objeto falso, cuando en el considerando III titulado enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio, en forma clara, congruente y objetiva describe como las acusaciones describen que el 2009, la víctima se declara heredera al fallecimiento de su esposo Emilio Retamozo, apersonándose a Derechos Reales para el registro de su bien inmueble de la calle Bolívar, trámite rechazado por error en su apellido y datos técnicos, procediendo con la demanda para subsanarlos, por lo que nuevamente se presenta a Derechos Reales para su registro donde es rechazado por ser propietario el imputado, ante la transferencia que supuestamente su persona hubiere realizado, que ante la revisión en Notaría de Fe Pública Nº 17 del protocolo de escritura pública y de la documentación que fue puesta a conocimiento del Notario, advierte que su persona no firmó el protocolo y menos la fotocopia de su cédula de identidad, no habiéndose presentado ante aquella notaría el 2004; sin embargo, el 2010 el imputado usando el Protocolo Nº 44/2004 presenta a Derechos Reales para registrarlo, si bien al momento de prestar su declaración el acusado ante el Ministerio Público, presentó una fotocopia simple de una documento privado de 3 de octubre de 1997, sobre la venta que hace su persona al imputado con la aceptación de su esposo Emilio Retamozo, en el proceso dicho documento fue sometido a estudio pericial cuya conclusión señaló que la firma no correspondía a su persona, documento privado que el imputado presentó al Juzgado de partido Quinto en lo Civil, para su reconocimiento de firmas y rúbricas mientras en forma paralela se ventilaba el proceso penal; entonces, son el protocolo de escritura pública de 2004 y el documento privado de 1997 los documentos falsos utilizados por el acusado a su favor, ingresando en contradicción la sentencia adecuándose al defecto del art. 370 inc. 8) del CPP.


       Añade, que en el mismo numeral del considerando VI de la sentencia alegó que la versión de la víctima que no realizó transferencia y menos suscribió documentos de transferencia, resulta una evidente contradicción por la minuta de 20 de mayo de 2004 suscrita con el acusado, firmado por la hija de la víctima, lo que contradice la versión de la víctima, argumentos que incurren en contradicción pues en el considerando III, alegó que sobre la extinción del delito de Falsedad Material no incumbía al Tribunal, además que por la prueba de cargo y descargo, no cursa medio probatorio que evidencie la filiación de la víctima con la abogada.


       Que el Tribunal arguyó, que la propia prueba documental de cargo tiene una serie de incongruencias; empero, no explica ni describe aquella serie de incongruencias, habiendo identificado la circunstancia en que se cometió el delito, el lugar el tiempo identificando como falso del protocolo de escritura pública 444/2004; sin embargo, no fundamenta las acusaciones acerca de la ilegalidad de una minuta, menos se investiga, apartándose el Tribunal del contenido verdadero de las acusaciones ingresando en una insuficiente fundamentación.


       Que la Sentencia señaló del tiempo, acerca del Uso de Instrumento Falsificado, tomando como fecha el 20 de mayo de 2004, momento en el que se suscribe la minuta, afirmando que el imputado habitaba el bien inmueble transferido desde el 3 de octubre de 1997, junto a su familia que la contradicción entre las acusaciones se contrasta a la prueba de descargo aplicando de forma equivocada al art. 326 del CPP; puesto que, afirma aspectos no contenidos en la acusación mezclando con la prueba de descargo a la que le otorga plena legalidad y objetividad, no considerando que se acusó el Uso de Instrumento Falsificado al momento de presentarse ante Derechos Reales un Testimonio el 2010, producto de la firma de un protocolo de escritura pública ante Notario, denotando que la sentencia contiene una contradicción entre el fundamento y descripción de los hechos de las acusaciones; puesto que, no le resulta posible tomar en cuenta únicamente datos parciales para luego asegurar que existe contradicciones, cuando debió respetarse el fundamento y la relación circunstanciada de hecho que se adecua a los elementos del tipo penal debiendo realizar una correcta concreción del marco legal, considerando el contenido íntegro de las acusaciones que entre ellas guardan relación y coherencia y no abordar aspectos que no constan en ellas como el hecho de considerar que el centro de investigación era una minuta cuando la investigación se centró en un protocolo de escritura pública.


       Que la Falsedad Material, demostrada sobre un documento legalmente realizado mediante una pericia conlleva a entender que el Uso de Instrumento Falsificado es de interés únicamente a quién beneficia, por lo que se demostró que el documento fue falsificado y fue usado por el imputado.


II.3.  Del decreto de 22 de julio de 2016.


Remitido los antecedentes a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por decreto de 22 de julio de 2016 (fs. 195), observó el recurso de apelación restringida de la acusadora particular manifestándole que realizó la fundamentación respectiva; empero, no señaló de qué normativa se estaría realizando esta apelación, por lo que con carácter previo dispuso que en el plazo de tres días subsane las observaciones anotadas bajo alternativa de rechazo del recurso, conforme determina el art. 399 del CPP.


II.4.        De la subsanación al recurso de apelación restringida de la acusadora particular.


En cumplimiento de lo observado, la acusadora particular por memorial de fs. 199, arguyó: i) Errónea aplicación de la Ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal acude a los arts. 407 y 370 inc. 8) del CPP; ii) Errónea aplicación de la ley sobre la valoración de los medios de prueba legalmente incorporados a juicio, que concluye en un defecto de Sentencia, siendo la base normativa el art. 370 inc. 6) del CPP; iii) Insuficiente fundamento en Sentencia, consecuencia de una valoración defectuosa de la prueba que constituye defecto conforme al art. 370 inc. 5) del CPP; y, iv) Inobservancia del art. 361 del CPP, que se adecua a una inobservancia de la ley, conforme el art. 407 del CPP.


II.5.  Del decreto de 1 de agosto de 2016.


Subsanadas las observaciones, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, de conformidad al art. 411 del CPP admitió los recursos planteados y ante la falta de solicitud de audiencia pública de fundamentación oral complementaria, ordenó pase el expediente a despacho para dictarse la correspondiente resolución, previo sorteo de la causa.


II.6.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente los recursos de apelación restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos vinculados al motivo de casación:


Que respecto al primer agravio, refiere que la apelante Angélica Rosa Arroyo de Retamozo, señaló errónea aplicación o inobservancia de la ley, sin precisar norma sustantiva o adjetiva penal que se aplicó erróneamente o se inobservó, que señala errónea concreción del marco penal; sin embargo, no fundamenta debidamente, que si bien alude errónea aplicación de la norma sustantiva, por errónea concreción del marco penal; no precisa, porque considera norma sustantiva erróneamente aplicada, en la especie no se tiene aplicada norma sustantiva, sino se tenía un fallo absolutorio; es decir, no se aplicó norma sustantiva, si considera errónea concreción del marco penal, en su lugar qué norma debió ser aplicada, extremos no explicados por la parte recurrente.


Que el Tribunal Constitucional, ha dejado establecido a través de las Sentencias Constitucionales 1056/2003-R, 727/2003-R y 1146/2003-R  el primer supuesto de la inobservancia de la ley; por otro lado, puntualiza los alcances del art. 407 del CPP que prevé “El recurso de apelación restringida, será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la Ley”; que el primer supuesto se presenta cuando la autoridad judicial no ha observado la norma, o lo que es lo mismo ha creado cauces paralelos a los establecidos en la Ley; en el segundo caso, si bien se observa la norma, la autoridad judicial la aplica en forma errónea, por lo que corresponde puntualizar que la inobservancia de la Ley o la aplicación errónea, puede ser tanto de la Ley sustantiva como la Ley adjetiva, la norma sustantiva puede ser erróneamente aplicada: 1) Errónea calificación de los hechos (tipicidad); 2) Errónea concreción del marco penal; y, 3) Errónea fijación judicial de la pena; sentido en el que debe quedar establecido que se presenta el supuesto de violación de la Ley, por errónea aplicación de la norma penal sustantiva, cuando la sentencia ha incurrido en una errónea concreción del marco penal, circunstancia que en el caso que se analiza no se observa, se tiene un fallo absolutorio y no una condenatoria para acusar una errónea concreción del marco penal, por lo que no se advierte que el Tribunal hubiere incurrido en el defecto acusado, limitándose la parte recurrente sus argumentos a tópicos que no corresponde precisamente a demostrar el supuesto acusado, no evidencia la errónea concreción del marco penal en una sentencia absolutoria, lo que se pudo acusar es la inobservancia de la ley sustantiva en relación al delito de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado; empero, acusa errónea concreción del marco legal, cuando no se concretó el marco penal, que pudo haber sido reclamado por el acusado y no precisamente por la parte querellante que alega errónea concreción del marco penal lo que hace entrever que el recurso de apelación restringida no está debidamente fundamentado en el marco de las exigencias de la ley adjetiva penal, que de la lectura del fallo, en el considerando IV motivos de derecho que fundamentan la sentencia (Subsunción), en su punto pertinente el Tribunal llegó a establecer que los puntos referidos en la relación de hechos, en contrastación con la prueba generada en juicio oral, previo el análisis valorativo efectivizado en antecedentes, se deduce que no se pudo probar las acusaciones y la prueba fue insuficiente para demostrar fehacientemente la relación inequívoca de la participación del acusado con relación a los hechos referidos en la fundamentación de las acusaciones; es decir, los hechos acusados no fueron probados, el hecho acusado no se subsume en el tipo penal y por voto unánime el Tribunal pronunció sentencia absolutoria, obrando conforme a los antecedentes del proceso en aplicación objetiva de la ley, por lo que el punto acusado no cuenta con sustento legal.


Que, asimismo refiere al art. 342 del CPP; ya que, el Tribunal debió precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio; empero, a criterio del Tribunal la contradicción sería entre las acusaciones y la prueba, pues quien acusa un hecho ilícito está en la obligación de probar. Además señala, que ha momento de prestar su declaración el acusado presentó una fotocopia simple de un documento privado de 3 de octubre de 1997, sobre la venta que hace angélica Rosa Arroyo Salas de Retamozo a Valentín Choquecallata Chacolla, documento sometido a estudio pericial; cuya conclusión, señala que la firma no le corresponde a la víctima, resultando el protocolo de escritura pública de 2004 y el documento privado de 1997, falsos que fue utilizado por el acusado, siendo la verdadera línea directriz punto central de las acusaciones; empero, la sentencia ingresa en contradicción en su contenido adecuándose al art. 370.8) del CPP; señala el Tribunal de alzada, que el punto acusado resulta ser el inc. 1) del art. 370 del CPP; sin embargo, acusa defecto de sentencia prevista en el inc. 8) del art. 370 del CPP; empero, no esgrime fundamento alguno, no precisa porque razones considera defecto de sentencia prevista en el inc. 8) del art. 370 del CPP; es decir, como cambia el defecto de sentencia acusado inicialmente en el inc. 1) del art. 370 del CPP, la incoherencia de los argumentos del recurso es objetiva y manifiesta.


Que, respecto a que las acusaciones acerca de la ilegalidad de una minuta no evidencia una investigación, que el Tribunal se aparta del contenido verdadero de las acusaciones e ingresa en una insuficiente fundamentación, que sobre el delito de Uso de Instrumento Falsificado, toma en cuenta el 20 de mayo de 2004, momento en que se suscribe la minuta, habiendo afirmando que el acusado habitaba el bien inmueble supuestamente transferido desde 3 de octubre de 1997, junto a su familia, lo que sería contrario a las acusaciones. Si bien afirma insuficiente fundamentación del fallo, resulta ser otro tópico que debió merecer su fundamentación en el marco del defecto de sentencia establecido en el art. 370 del CPP, que la parte recurrente realiza una fundamentación altamente confusa e incoherente, sin precisar, qué defecto de sentencia pretende demostrar, insuficiente fundamentación del fallo, defecto de sentencia previsto en el inc. 8) o inc. 1) del art. 370 del CPP; es decir, la parte recurrente incurre en una fundamentación altamente confusa, que no le permite absolver los agravios referidos, en el marco del art. 398 del CPP, limitándose en señalar el delito de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, que se hallaría demostrado en el marco de las Sentencias Constitucionales 2663/2010 de 6 de diciembre, 0906/2010-R de 10 de agosto; empero, no esgrime porqué razones se menciona dichas Sentencias Constitucionales que no constituyen precedentes contradictorios, señalando además el Auto Supremo 55 de 9 de marzo de 2010, sin explicación alguna, por lo que desestimó la denuncia de la parte recurrente por carecer de sustento legal y jurídico.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el presente caso, este Tribunal admitió el primer motivo de casación a los fines de evidenciar si formulado el recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada ordenó su aclaración, y subsanada la observación, alegaría que no existe petitorio, cuando acontecería todo lo contrario; consecuentemente, no debía admitirse su recurso, ingresando el Auto de Vista en contradicción y sin fundamento alguno confirmó la sentencia, no considerando su denuncia de que existió errónea aplicación de la ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal, por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.


III.1. Del precedente invocado.


El recurrente invocó el Auto Supremo 55 de 9 de marzo de 2010, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, donde constató que el Tribunal de alzada incurrió en revalorización de la prueba y en una insuficiente fundamentación; por cuanto, se había limitado a dar una explicación de orden doctrinal y jurídico sobre el carácter propio de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado; aspecto por el que fue dejado sin efecto la Resolución recurrida, puesto que contradijo las siguientes doctrinas legales aplicables: “El Tribunal de Alzada, al resolver un recurso de apelación restringida, no debe revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho, pues todo ello está a cargo de los Jueces y Tribunales, sino que tiene que actuar con sujeción a sus específicas atribuciones consistentes en anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, a no ser que, ante una clara inobservancia de la Ley o su errónea aplicación, no sea necesaria la realización de un nuevo juicio"; y,


La base de la decisión debe estar formada necesariamente por el elemento intelectual denominado "fundamentación", pues, si ese elemento falta por no existir o ser incompleto o insuficiente, tal decisión estará afectada en su eficacia". (El resaltado es propio).


Al respecto, el precedente establece dos doctrinas, donde la segunda doctrina legal aplicable fue sentada; por cuanto, el Auto de Vista entonces recurrido incurrió en una indebida e insuficiente fundamentación respecto a la denuncia del recurso de apelación restringida; reclamo que resulta similar al caso de autos, pues la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en una fundamentación contradictoria e insuficiente ante su reclamo efectuado en su recurso de apelación restringida; consecuentemente, corresponde ingresar al análisis de la denuncia.


III.2.        Sobre la debida fundamentación.


El Auto Supremo 59/2012 de 30 de marzo, refiriéndose a los argumentos evasivos, entendió que éstos transgreden lo previsto en el art. 124 del CPP, por lo que estableció que:El Auto de Vista debe contener suficiente fundamentación y circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución en el recurso de apelación restringida, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida motivación y cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad que se encuentran determinados en el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012 de la Sala Penal Primera, de la misma forma el Tribunal de Alzada debe emitir los criterios jurídicos correspondientes al caso, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente, o se haga alusión a aspectos referidos a la ausencia de formalidades, pues la fundamentación evasiva que es vertida para declarar la improcedencia del recurso, y evitar resolver el fondo del mismo, vulnera lo previsto por los arts. 124, 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal. Sí el Tribunal de Alzada advirtiera en el recurso de apelación restringida, omisiones o defectos de forma con relación a los requisitos exigidos en los arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, deberá hacer conocer este aspecto al recurrente, precisando de manera clara y expresa las carencias de forma que se observan, a fin de que el apelante corrija o amplíe su recurso de apelación restringida, otorgando el plazo de tres días indefectiblemente bajo apercibimiento de rechazo para que subsane esos defectos, como previene el art. 399 del Código de Procedimiento Penal; en ese entendido, el Tribunal de Alzada no declarará la improcedencia del recurso de apelación restringida con el fundamento de carencia de los requisitos de forma, sin que previamente se haya concedido al recurrente el plazo previsto en el artículo precedentemente citado, a fin de que el recurso de apelación restringida se encuentre libre de defectos, para que el Tribunal de Apelación se pronuncie sobre el fondo de los puntos impugnados; lo contrario vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que se constituye en defecto absoluto. (Las negrillas son propias).


III.3. Análisis del caso concreto.


De los argumentos expuestos por la parte recurrente en la formulación de su recurso de casación, se tiene que denuncian, que formulado su recurso de apelación restringida, el Tribunal de alzada ordenó su aclaración y subsanada la observación, alegaría que no existe petitorio, cuando acontece todo lo contrario; consecuentemente, consideran que no debía admitirse su recurso, ingresando el Auto de Vista en una fundamentación contradictoria e insuficiente respecto a su reclamo de que existió errónea aplicación de la ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal; puesto que, no entendió los antecedentes de la Sentencia, donde observaron, que el Tribunal se apartó del verdadero contenido de la acusación, por lo que acusaron la insuficiente fundamentación de la Sentencia; empero, el Auto de Vista recurrido sin mayores fundamentaciones arguyó que este punto presentaría confusión: “Donde puede existir confusión, si para el Tribunal de Alzada debió investigarse sobre la ilegalidad de la Minuta, entonces el marco penal sobre el cual se basó las Acusaciones está incorrecta y debió aplicar el principio Iura Novit Curia; es decir, identificar que la Minuta a criterio del Tribunal reviste calidad de documento privado, señalando la norma civil sobre la que se apoya y recién señalar que existe prueba insuficiente o que no existe sobre este aspecto” (sic); por cuanto, la Minuta no fue objeto de querella y menos acusación, sino el protocolo de escritura pública firmado ante Notario de Fe Pública, en el cual no firma ni pone su huella la víctima y producto de esto es el Testimonio del 2004, que fue presentado por el acusado ante Derechos Reales en la gestión 2010, exponiéndose el marco penal erróneamente en la sentencia, más cuando consideró que no podía ingresar a considerar el delito de Falsedad Material; por cuanto, habría prescrito conforme a la resolución del Juez cautelar.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia absolutoria con relación al delito de Uso de Instrumento Falsificado, la acusadora particular formuló recurso de apelación restringida donde como primer agravio acusó la errónea aplicación de la Ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal, cuyos fundamentos fueron extractados en el acápite II.2 de este Auto Supremo; respecto a lo cual, el Tribunal de alzada por decreto de 22 de julio de 2016, observó el recurso interpuesto, arguyendo que la apelante no había señalado, de qué normativa se estaría realizando la apelación, por lo que dispuso que en el plazo de tres días subsane las observaciones; en cuyo efecto, la acusadora particular arguyó que la errónea aplicación de la Ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal acude a los arts. 407 y 370 inc. 8) del CPP; consecuentemente, el Tribunal de alzada por decreto de 1 de agosto de 2016, admitió el recurso de apelación restringida y emitió el Auto de Vista recurrido que respecto a la errónea aplicación de la Ley por inadecuada y errónea concreción del marco penal, conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.6 de este Auto Supremo, desestimó la denuncia, alegando que la recurrente incurrió en confusión, que el punto acusado le resultó ser el inc. 1) del art. 370 del CPP; sin embargo, se había acusado defecto de sentencia prevista en el inc. 8) del art. 370 del CPP, que no se había precisado porque razones consideraba defecto de sentencia previsto en el inc. 8) del art. 370 del CPP; que la incoherencia de los argumentos del recurso era objetiva y manifiesta, incurriendo la parte recurrente en una fundamentación altamente confusa que no le permitía resolver los agravios referidos, resultándole la postulación de la recurrente carente de sustento legal y jurídico.


De esa relación necesaria de antecedentes, se tiene que evidentemente el Auto de Vista recurrido, por una parte, incurrió en una fundamentación contradictoria como alegan los recurrentes; puesto que, el Tribunal de alzada por decreto de 1 de agosto de 2016, admitió el recurso interpuesto; en consecuencia, implícitamente asumió la subsanación y el cumplimiento de las observaciones que efectuó, por lo que a tiempo de ingresar al análisis del motivo concerniente a la errónea aplicación de la Ley, por inadecuada y errónea concreción del marco penal, le correspondía resolver de manera fundamentada los puntos cuestionados por la acusadora particular y no limitarse a señalar que la recurrente respecto a dicha denuncia incurrió en confusión lo que no le permitía resolver el agravio referido; puesto que, si no hubiere sido clara la denuncia, conforme alega la parte recurrente, le correspondía al Tribunal de alzada no admitir el recurso, lo que no sucedió en el caso de autos, por lo que al no haber observado en su oportunidad la falta de cumplimiento de subsanación a los requisitos para la formulación del recurso de apelación restringida, le corresponde pronunciarse de manera fundamentada sobre el reclamo y no fundar su decisión en la falta de precisión de la norma sustantiva o adjetiva penal; más aún, cuando concluyó, que lo que acusaba la apelante resultaría ser el inc. 1) del art. 370 del CPP; empero, no ingresó a fundamentar si la denuncia era o no evidente; lo que por otra parte, evidencia que también incurrió en una insuficiente fundamentación como aseveran los recurrentes al reclamar que sin fundamento alguno confirmó la sentencia.


Por los fundamentos expuestos, se concluye que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción al precedente invocado que fue extractado en el acápite III.1 de este Auto Supremo, cuya segunda doctrina estableció que toda decisión debe estar formada necesariamente por la “fundamentación” y cuando ésta resulta contradictoria e insuficiente como se constató en el caso de autos, tal decisión se encuentra afectada en su eficacia, aspecto no observado por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista recurrido; puesto que, habiendo admitido el recurso de apelación restringida, la debida fundamentación no se traduce en una exigencia de forma, sino más bien de fondo; consecuentemente, el presente motivo deviene en fundado.

POR TANTO

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara  FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Edgar Jhonny, Emilio Walter y Esther Aidee todos de apellidos Retamozo Arroyo, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 11/2017 de 8 de marzo, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo y remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos