TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 154/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 18/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Arminda Corina Herrera Gonzales

Delitos                                : Uso Indebido de Influencias y otro

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de mayo del 2017, cursante de fs. 764 a 769 vta., Rubén Darío Bobarín Padilla en representación del Concejo Municipal de Sucre, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 93/2017 de 8 de mayo, de fs. 738 a 745 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Arminda Corina Herrera Gonzales, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Concusión, previstos y sancionados por los arts. 146 a 151 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 032/2016 de 29 de agosto (fs. 617 a 639 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Arminda Corina Herrera Gonzáles, absuelta de pena y culpa por la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Concusión, previstos y sancionados por los arts. 146 y 151 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 644 a 649 vta.) y Rubén Darío Bobarín Padilla en representación del Concejo Municipal de Sucre (fs. 691 a 701) y memorial de subsanación (fs. 723 y vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 93/2017 de 8 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró inadmisible el recurso planteado por el Ministerio Público e improcedente el recurso presentado por el representante del Concejo Municipal de Sucre, manteniendo incólume la Sentencia confutada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 587/2017-RA de 10 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


  1. La parte recurrente, denuncia que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva, por los siguientes aspectos: i) Haciendo referencia al argumento expuesto por el Tribunal de apelación, a tiempo de resolver el primer motivo de su recurso de apelación restringida, fundado en la presunta errónea aplicación de la ley sustantiva, en lo que respecta al tipo penal previsto por el art. 146 del CP, refiere que el mismo no habría sido resuelto porque el Tribunal de apelación había recurrido a argumentos genéricos e impertinentes, refiriendo que se valoró la prueba de manera individual y conjunta, cuando dicho aspecto no fue motivo de su recurso de apelación; asimismo, señaló que la prueba fue suficiente para demostrar la acusación sin que la defensa hubiera podido desvirtuar la misma; por lo que refiere, que de ser así la Sentencia debió ser condenatoria por el delito de Uso Indebido de Influencias; ii) En el mismo motivo primero de apelación, también reclamó la falta de aplicación de los arts. 8 con relación al 146 del CP, porque el Tribunal de mérito habría señalado que si exigió el pago de $us. 500.- (quinientos dólares estadounidenses) a $us. 1000.- (mil dólares estadounidenses), pero que no habían sido cancelados por negativa de las víctimas, frustrando la comisión del delito, razón por la que el recurrente habría referido que la conducta de la acusada se subsume al tipo penal de Uso Indebido de Influencias en grado de Tentativa; aspecto que, el Tribunal de alzada no había resuelto; iii) En el mismo error habría incurrido el Tribunal de apelación, al no dar respuesta en cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva respecto al tipo penal de Concusión, aspecto reclamado en el motivo primero de su recurso de apelación restringida; iv) Tampoco habría resuelto la denuncia de falta de fundamentación jurídica en cuanto a los tipos penales previstos por los arts. 146 y 151 del CP, planteado en el segundo motivo de apelación restringida; invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 26/2013 de 8 de febrero y 142/2013 de 28 de mayo, precisando que la contradicción radica en la falta de resolución de todos los motivos de apelación, lo cual conforme la doctrina legal sentada por los precedentes invocados, sería obligación del Tribunal de apelación, incongruencia omisiva de la Resolución impugnada, que había violado el debido proceso consagrado como garantía jurisdiccional en el art. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), en su vertiente de congruencia previsto por el art. 398 del CPP, fundamentación establecida por el art. 124 de la misma norma Adjetiva Penal, el derecho a recurrir tutelado por el art. 180.II de la CPE, defecto del Auto de Vista que tendría relevancia constitucional, al hacer ineficaz su recurso de apelación, pues la falta de resolución del motivo identificado afectaría su derecho a recurrir, por lo que al amparo del art. 169 inc. 3) del CPP, correspondería dejar sin efecto el Auto de Vista que impugna.


  1. Denuncia que, el Tribunal de apelación a tiempo de resolver el cuarto motivo de apelación, expuso argumentos evasivos e incongruentes a los denunciados, convirtiéndose dicha resolución en arbitraria, pues el A quo en la fundamentación jurídica de la Sentencia en cuanto al delito de Uso Indebido de Influencias, no había señalado que la acusada hubiera recibido los dineros como dirigente de su agrupación política, sino que la misma había exigido el pago de $us. 500.- (quinientos dólares estadounidenses) y $us. 1.000.- (mil dólares estadounidenses), los cuales no habían sido cancelados; razones que determinan a decir del recurrente la incongruencia omisiva del Auto de Vista, que vulnera el debido proceso en sus elementos derecho a la tutela judicial efectiva, motivación y acceso a la justicia, constituyendo dicho defecto absoluto, conforme lo previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP.


I.1.3. Petitorio.


El recurrente solicita que se conceda su recurso y ante los evidentes defectos absolutos, pronuncien el correspondiente Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista, emitiendo una resolución debidamente motivada sobre todos y cada uno de los puntos reclamados, en el primer, segundo y cuarto motivos de la apelación restringida.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 587/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 779 a 781 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Rubén Darío Bobarín Padilla en representación del Concejo Municipal de Sucre, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 32/2016 de 29 de agosto (fs. 617 a 639 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Arminda Corina Herrera Gonzáles, absuelta de pena y culpa la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Concusión, previstos y sancionados por los arts. 146 y 151 del CP, ya que la prueba aportada no fue suficiente para generar responsabilidad penal en la imputada, en base a los siguientes argumentos:


  1. Refiere, respecto del delito de Uso Indebido de Influencias se tiene que ninguno de los testigos refiere haber visto o que les conste este pago, de lo que se establece que no existe prueba para afirmar que Arminda Herrera Gonzales, hubiera obtenido algún beneficio o ventaja para sí o tercero, lo que constituye otro elementos objetivo de este tipo penal, en virtud de lo cual se puede afirmar que los hechos relatados no se adecuan al tipo penal acusados.


  1. Respecto del delito de Peculado, se observa que el sujeto activo debe ser un servidor o servidora público o autoridad, quien con abuso de esa condición o función, en forma directa o indirecta, ya sea por exigir u obtener dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero; en el presente caso, en lo concerniente al tema de cobro y aporte de dineros, el mismo se circunscribe a un tema interno de la Nueva Alternativa Ciudadana (NAC), por lo que Arminda Herrera no pudo actuar como servidora pública o autoridad, al margen de considerar que luego de la ruptura interna que se produjo al interior de la agrupación NAC, fueron los militantes que en las diferentes reuniones dispusieron en forma voluntaria, que siga aportando con el 5% de los sueldos; además de devolver la suma de dinero que había sido entregada a Arminda Corina Herrera Gonzales a la agrupación, para las elecciones municipales, tal como se tiene de la Resolución 01/2013 de 5 de marzo, suscrito por los militantes de la NAC (que trabajaban en el H. Concejo Municipal) por lo que no puede concluirse; ya que no existe prueba, que la acusada haya exigido, menos obtenido (porque no hay constancia de aquello), un beneficio ilegítimo en su favor, por lo que con relación al delito de los hechos objeto del proceso, no se acomoda a los elementos constitutivos del tipo penal de Concusión, concluyéndose en consecuencia que la prueba aportada por la parte acusadora, fue insuficiente para generar convicción en el Tribunal de Sentencia sobre la responsabilidad de la imputada en los hechos acusados en su contra, porque la labor de subsunción del hecho a la norma penal o delito acusado, en base a la prueba aportada por la parte acusadora (art. 146 y 151 del CP), se concluye que no se pudo acreditar la existencia de todos los elementos objetivos de estos delitos, por lo que tampoco se puede ingresar al análisis de la existencia del elemento subjetivo de estos delitos.  


II.2.        De la apelación restringida.


Contra dicha Sentencia Rubén Darío Bobarín Padilla en representación del Consejo Municipal de Sucre, interpuso apelación restringida bajo los siguientes argumentos:


  1. Denuncia la existencia de inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP, con relación a los delitos de Uso Indebido de Influencia y Concusión (arts. 146, 151 con relación al 8 del CPP).


  1. También denunció la insuficiente fundamentación de la Sentencia, como defecto absoluto que vulnera derechos y garantías fundamentales y como defecto de la Sentencia que habilita la apelación restringida en la causal prevista en el art. 370 inc. 5) del CPP, relacionadas con los arts. 124 y 359 del CPP.


  1. Denuncia que la Sentencia se basó en valoración defectuosa de la prueba y como consecuencia de ello infringió los arts. 173, 359 y 370 inc. 6) del CPP, relacionadas con los arts. 146 y 151 del CP.


  1. Señala que en la Sentencia existió contradicción entre la parte considerativa y la dispositiva, previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Rubén Darío Bobarín Padilla en representación del Concejo Municipal de Sucre y confirmó la Sentencia, con los siguientes argumentos:

  1. Respecto de que el Tribunal a quo habría realizado una errónea calificación de los hechos, en virtud a que se llega a la conclusión de que la acusada era servidora pública, cuando sucedieron los hechos, además, de que esos hechos se dieron en las oficinas del Concejo  Municipal, de la verificación de la Sentencia se tiene que ciertamente, que los aludidos cobros de dinero por parte de la procesada, no fueron realizados en su calidad de servidora pública, sino que dichos cobros fueron realizados como dirigente de la agrupación NAC, con el fin de que los integrantes de esa agrupación cumplan con el compromiso de restituir los gastos de la campaña, extremo que se acredita como un fin lícito.


Por otra parte y sobre el mismo tema señala que una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda Resolución debe ser debidamente motivada; es decir, no solamente es necesario la descripción que debe efectuar el Juez o Tribunal respecto a la prueba desfilada en juicio, sino la fundamentación, explicar el por qué le mereció crédito y valoró positiva o negativamente y que en autos el Tribunal de Sentencia, pronunció su resolución describiendo y valorando de forma individual y conjunta la prueba introducida al juicio asumiendo plena convicción de que la misma era suficiente para demostrar los términos de la acusación, sin que  la defensa haya podido desvirtuarla, lo que sin lugar a dudadas, permitió afirmar al Tribunal de alzada que no existió insuficiente fundamentación en la Sentencia; por lo que, no se violentó el debido proceso en esa vertiente, las conclusiones a las que arribó el tribunal de primera instancia, resultan ser razonables, se ha actuado observando los derechos del acusado, como de los denunciantes, sin advertirse carencia de motivación pues existe concisa y clara justificación que sustenta la decisión asumida, exponiendo una fundamentación probatoria descriptiva incorporando al fallo los medios de prueba, exteriorizando como derivó de ellos la información para sustentar los hechos probados, porque le merecieron crédito y no como vincula cada uno con el resto del elemento de prueba; de este modo, conoció y desarrollo el iter lógico el Tribunal, para arribar al convencimiento de la no participación o del accionar de la acusada a los tipos penales descritos, deviniendo en improcedente la apelación.


  1. En este punto se acusó la insuficiencia de fundamentación de la Sentencia; en este caso, dicha resolución en lo formal, se halla debidamente estructurada, guarda relación y congruencia entre la acusación y la Sentencia, al contener el relato de los hechos, en función a los tipos penales acusados y respecto a la valoración probatoria a que se refiere el art. 173 del CPP acusado de infringido; cabe señalar, no obstante la defectuosa fundamentación expuesta en el recurso, se debe tener en cuenta que cuando se acusa la comisión de errores de derecho o de hecho en la apreciación y valoración de la prueba  para conseguir la censura de la decisión y su anulación o reposición del juicio a otro Tribunal, debe tenerse en cuenta que la prueba será apreciada y valorada por el Tribunal de primera instancia según su conciencia y con arreglo a las normas de la lógica, la experiencia o de la sana crítica, como enseña el art. 173 del CPP. Evidenciándose que el Tribunal a quo, en la fundamentación probatoria de la Sentencia recurrida, procedió a valorar de manera individual y conjunta toda la prueba producida, cumpliendo a cabalidad con la necesaria fundamentación probatoria tanto descriptiva como intelectiva; pues, se procedió a identificar cada uno de los elementos de las pruebas producidas por las partes en el juicio y establecer su conducta, asignándoles el valor correspondiente, habiendo justificado en debida forma, el por qué le asigna determinado valor a un determinado elemento de prueba y por qué a otros no, introduciéndose luego a la valoración probatoria intelectiva dicha prueba en la que sustentó sus conclusiones, las que posteriormente le han permitido sustentar la fundamentación jurídica y la decisión de fondo del presente proceso penal; ello en estricta observancia de las exigencias impuestas por los arts. 173 y 124 del CPP, así se constata de la compulsa, principalmente de la fundamentación fáctica de ahí que la vulneración de dichas normas procesales no resulta evidente, aspectos por los cuales el Tribunal de alzada determinó declarar improcedente el presente motivo. 


  1. Con relación al tercer motivo, señala que se denunció la valoración defectuosa de la prueba, respecto a este motivo, se evidencia que el apelante expone su propio análisis y valoración de dichos elementos; olvidando que para abrir la atribución de control de legalidad del Tribunal de alzada sobre la valoración probatoria, lo que debe exponer específicamente, es lo dicho en la Sentencia respecto de ellos, para partir de la especificación de fundamentar el hecho y derecho el por qué, cómo, cuál de las reglas de la san crítica hubiese infringido, en tal abordaje el Auto de Vista, qué normas y por qué las hubiere infringido con ella, exponiendo cual en su criterio- fuere la correcta aplicación o interpretación que debiera darse a tales normas y por qué; en consecuencia, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales que invoca y con ello la concurrencia del defecto absoluto que acusa. Al no haber el apelante formulado su impugnación en los términos referidos, no se abrió legalmente la competencia del Tribunal de la alzada para que de manera excepcional pueda pronunciarse sobre la valoración probatoria que se observa que por regla, es atribución privativa del Tribunal a quo, dado que ante él se materializan los principios del contradictorio e inmediación respecto a ella, los que a su vez tienen sustancia, trascendencia, en la etapa de fundamentación probatoria al momento de dictar la Sentencia. Por lo que, no es evidente lo manifestado, por lo que el Tribunal de alzada declara improcedente este motivo.


  1. En este punto se acusa la existencia de contradicción de la Sentencia entre la parte considerativa y la dispositiva en el que se alega falta de congruencia entre la Sentencia y la acusación; por lo que hace referencia que la jurisprudencia establecida en el Auto Supremo 185 de 26 de abril de 2010 emitido por la Sala Penal Primera al referirse a los modos en que pueden vulnerarse la congruencia y basado en ese argumento señala que de la lectura de la Sentencia, en la parte correspondiente a la fundamentación jurídica se determinó y aclaró que la parte recurrente omite considerar el argumento central del A quo, ya que el Tribunal a quo no estableció que la acusada realizó los cobros como servidora pública, solo refiere que en ese momento ella era funcionaria pública y esos cobros realizados fueron parte de una agrupación política que se comprometió a devolver el dinero invertido en la campaña, en lo sustancial y que fue el argumento que esgrimió el Tribunal  a quo que la acusada no recibió esos dineros como funcionaria púbica sino como dirigente de su agrupación política; por ello, que esa contradicción supuesta es la fundamentación jurídica de la Sentencia no es evidente. De Tal modo que lo alegado por el apelante, no refleja ni tiene consistencia que amerite modificación sustancial del objeto procesal al que se sometió el contradictorio, lo que hace colegir que tampoco se advierte contradicción entre los aseverado, que más bien se encuentra correcta y adecuadamente razonado por el Tribunal a quo, por lo que este motivo también lo declaró improcedente.


III. VERIFICACIÓN DE LA PROBABLE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

En el recurso de casación plateado el recurrente denunció que: 1) El Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva porque no se pronunció respecto del primer y segundo motivo de su recurso de apelación restringida; y, 2) El Tribunal de alzada es contradictorio con el precedente invocado porque no se pronunció respecto del cuarto motivo de su recurso de apelación restringida, por lo que corresponde verificar dichos extremos.


III.1. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley de la LOJ y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso; sino debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.


III.3.        Consideraciones doctrinales y normativas sobre la incongruencia

       omisiva.


El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e interés legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.


En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


Igualmente, refiere el versado Couture, que: El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.


III.4. Análisis del caso concreto.

Respecto de las denuncias realizadas por la parte recurrente, es preciso evidenciar si existió contradicción del Auto de Vista con relación al precedente invocado y la supuesta existencia de vulneración de derechos y garantías constitucionales, bajo el supuesto de que la resolución impugnada hubiera incurrido en incongruencia omisiva al momento de resolver los agravios planteados en los recursos de apelación restringida interpuesto por los ahora recurrentes.

Respecto del primer motivo, del recurso de apelación restringida, el recurrente a tiempo de denunciar incongruencia omisiva, identificó que el Auto de Vista no se pronunció respecto de sus motivos primero y segundo, con relación a la temática planteada el recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 26/2013 de 8 de febrero y 142/2013 de 28 de mayo, los cuales en su doctrina legal de manera concurrente contiene la siguiente doctrina legal:


“En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los puntos impugnados que se encuentre en el recurso de apelación restringida, aspecto que deriva en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los artículos 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales”.


De la doctrina legal señalada y el supuesto defecto del Auto de Vista (incongruencia omisiva), son referidos a la falta de pronunciamiento de alguno de los puntos apelados (porque no se pronunció respecto de su primer y segundo motivos de su recurso de apelación restringida), de donde se advierte la similitud del hecho fáctico, por lo que corresponde verificar este extremo.  


Con relación a que en el primer motivo el recurrente señala en su recurso de casación, que el argumento expuesto por el Tribunal de apelación a tiempo de resolver el primer motivo de su recurso de apelación, restringida fundado en la presunta errónea aplicación de la ley sustantiva, en lo que respecta al tipo penal previsto por el art. 146 del CP, refiere que el mismo no habría sido resuelto, porque el Tribunal de apelación había recurrido a argumentos genéricos e impertinentes, refiriendo que se valoró la prueba de manera individual y conjunta, cuando dicho aspecto no fue motivo de su recurso de apelación; asimismo, señaló que la prueba fue suficiente para demostrar la acusación sin que la defensa hubiera podido desvirtuar la misma; por lo que refiere, que de ser así la Sentencia debió ser condenatoria por el delito de Uso Indebido de Influencias.


Al respecto, verificando la supuesta falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada respecto de esta denuncia, se tiene que el Auto de Vista sí emite una respuesta a este motivo, argumentando incluso que se llegó a la conclusión de que la acusada era servidora pública, cuando sucedieron los hechos, además de que esos hechos se dieron en las oficinas del Concejo  Municipal, y estos hechos los confrontó con la Sentencia para afirmar que la resolución del Tribunal de Sentencia se tiene que ciertamente, que los aludidos cobros de dinero por parte de la procesada, no fueron realizados en su calidad de servidora pública, sino que dichos cobros fueron realizados como dirigente de la agrupación NAC, con el fin de que los integrantes de esa agrupación cumplan con el compromiso de restituir los gastos de la campaña, extremo que se acredita como un fin lícito, de este modo, conoció y desarrolló el iter lógico dicho Tribunal, para arribar al convencimiento de la no participación o del accionar de la acusada a los tipos penales descritos; en consecuencia, tal como se dijo anteriormente el Auto de Vista advirtió una respuesta de manera fundada a la denuncia planteada por el ahora recurrente, al momento de interponer su recurso de apelación restringida, por lo que no corresponde dar curso a su pretensión.


Por otro lado, en el mismo motivo primero de apelación, también reclamó la falta de aplicación de los arts. 8 con relación al 146 del CP, porque el Tribunal de mérito habría señalado que si exigió el pago de $us. 500.- (quinientos dólares estadounidenses) a $us. 1.000.- (mil dólares estadounidenses), pero que no habían sido cancelados por negativa de las víctimas, frustrando la comisión del delito; razón por la que el recurrente habría referido que la conducta de la acusada se subsume al tipo penal de Uso Indebido de Influencias en grado de Tentativa, aspecto que el Tribunal de alzada no había resuelto. Con relación a esta afirmación, tal como se dijo en el párrafo anterior el Tribunal de alzada, sustentó que la decisión del Tribunal de Sentencia para desestimar el delito de Uso Indebido de Influencias, tiene su argumento en el hecho de que dichos cobros no los hizo en calidad de funcionaria pública, sino que dichos cobros fueron realizados como dirigente de la agrupación NAC, con el fin de que los integrantes de esa agrupación cumplan con el compromiso de restituir los gastos de la campaña, extremo que se acreditó como un fin lícito,  argumento del cual se tiene como respuesta al motivo planteado siendo que dicha afirmación; por un lado, da respuesta a los extrañado; y por otro, de manera fundada afirma que la Sentencia actuó de manera correcta al entender que no se configuraron los elementos constitutivos del tipo penal aludido por lo que mucho menos podía configurarse el grado de tentativa establecido en el art. 8 del CP, por lo que dicha denuncia carece de mérito.


Asimismo, el recurrente señala que en el mismo error habría incurrido el Tribunal de apelación, al no dar respuesta en cuanto a la denuncia de errónea aplicación de la norma sustantiva respecto al tipo penal de Concusión, aspecto reclamado en el motivo primero de su recurso de apelación restringida; y que tampoco, habría resuelto la denuncia de falta de fundamentación jurídica en cuanto a los tipos penales previstos por los arts. 146 y 151 del CP, planteado en el segundo motivo de apelación restringida; tal como se dijo anteriormente (que los aludidos cobros de dinero por parte de la procesada, no fueron realizados en su calidad de servidora pública, sino que dichos cobros fueron realizados como dirigente de la agrupación NAC, con el fin de que los integrantes de esa agrupación cumplan con el compromiso de restituir los gastos de la campaña, extremo que se acredita como un fin lícito) constituye argumento para desestimar también la supuesta comisión del delito de Concusión siendo que se fundamentó que dichos cobros no los realizó en su calidad de funcionaria pública sino como dirigente de la Agrupación NAC y fueron para restituir los gastos realizados en la campaña que los mismos miembros de dicha agrupación realizaron; aspecto que, sustenta para descartar ambos delitos como el del Uso Indebido de Influencias y Concusión, por lo que hace ver que el Tribunal de alzada dio respuesta a su pretensión, haciéndolo de manera fundada basado en el análisis de la aplicación de la Ley sustantiva, previstos en los arts. 146 y 151 del CP; por cuanto,  el motivo carece de mérito.


Con relación al segundo motivo, en el que se denuncia incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, porque el mismo no habría resuelto el cuarto motivo de su recurso de apelación restringida, lo que generó la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos derecho a la tutela judicial efectiva, motivación y acceso a la justicia; al respecto es preciso verificar dichos extremos con la finalidad de evidenciar si lo denunciado es cierto; en consecuencia, se tiene que el cuarto motivo de su recurso de casación se halla referido al defecto en el que hubiera incurrido el Auto de Vista comprendido en el art. 370 inc. 8) del CPP; es decir, que exista contradicción en su parte dispositiva o entre ésta y la parte considerativa; en ese sentido, verificado el Auto de Vista se tiene que el Tribunal de alzada de manera puntual se refiere a este punto apoyado en la doctrina lega aplicable del Auto Supremo 185 de 26 de abril de 2010, emitido por la Sala Penal Primera, al referirse a los modos en que pueden vulnerarse la congruencia y basado en ese argumento señala que de la lectura de la Sentencia, en la parte correspondiente a la fundamentación jurídica se determinó y aclaró que la parte recurrente omite considerar el argumento central del A quo; ya que, no estableció que la acusada realizó los cobros como servidora pública, solo refiere que en ese momento ella era funcionaria Pública y esos cobros realizados fueron parte de una agrupación política que se comprometió a devolver el dinero invertido en la campaña, en lo sustancial y que fue el argumento que esgrimió el Tribunal A quo que la acusada no recibió esos dineros como funcionaria pública sino como dirigente de su agrupación política; al respecto, con relación a la supuesta contradicción en la fundamentación jurídica de la Sentencia no es evidente porque lo alegado por el apelante, no refleja ni tiene consistencia que amerite modificación sustancial del objeto procesal al que se sometió el contradictorio, lo que hizo a la fundamentación del Auto de Vista advierta  que tampoco existió contradicción entre lo aseverado, que más bien se encuentra correcta y adecuadamente razonado por el Tribunal a quo; motivos por los cuales el Tribunal de alzada sustenta que no existió contradicción entre la parte dispositiva y la considerativa de la Sentencia basado en los argumentos que conforman el principio de congruencia; lo cual hace ver que se pronunció de manera puntual respecto de la temática extrañada; y también, emitió una respuesta a los argumentos denunciados por el recurrente, por lo que este motivo resulta infundado.

En consecuencia, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia en cuanto a la inexistencia de la comisión de los delitos Uso Indebido de Influencias y Concusión, previstos y sancionados por los arts. 146 y 151 del CP, obró de manera correcta con la debida fundamentación al haberse pronunciado respecto de todos los motivos expuestos en su recurso de apelación restringida, contenido en su argumento la debida motivación explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia. Por todos los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados; en consecuencia, no resulta cierta la denuncia que el Auto de Vista incurrió en incongruencia omisiva expuesto en el recurso de casación interpuesto, siendo que se advirtió lo contrario, siendo que se emitió un Auto de Vista enmarcado en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; por ende, no corresponde dar curso a lo solicitado al no haberse evidenciado la contradicción con los precedentes invocados, ni se demostró la vulneración de los derechos supuestamente vulnerados, correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rubén Darío Bobarín Padilla en representación del Concejo Municipal de Sucre.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos