TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 152/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        Oruro 15/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Rene Roberto Mamani Llave

Delitos                        : Falsedad Material y otros

Magistrada Relatora        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de mayo del 2017, cursante de fs. 116 a 120, Norma Consuelo Delgado Medina, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 19/2017 de 17 de abril, de fs. 95 a 100, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Rene Roberto Mamani Llave, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 22/2016 de 10 de junio (fs. 41 a 51), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Rene Roberto Mamani Llave, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados en los arts. 198, 199 y 203 del CP.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Norma Consuelo Delgado Medina (fs. 55 a 74), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 19/2017 de 17 de abril, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 588/2017-RA de 10 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Que, el Tribunal de apelación argumentó: i) Ante su denuncia del defecto de la Sentencia, previsto en el inc. 6) del art. 370 del CPP, en el que si bien el Tribunal de Sentencia a tiempo de rechazar las exclusiones  sobre las pruebas MP-3, MP-4, MP-5, dispuso que sean introducidas al juicio oral, valoró las mismas defectuosamente con el argumento de que no eran suficientes para acreditar el delito de Uso de Instrumento Falsificado. En el punto II.3 del Auto de Vista impugnado, pretendiendo convalidar el defecto, señalando que la Sentencia apelada cumplía con el requisito de debida fundamentación, suscribiendo cada uno de los elementos de prueba, afirmación que a decir de la parte recurrente es errada, porque no se hubiese dado valor la prueba de cargo mencionada precedentemente, ya que éstas contrastadas con la MP-2 (consistente en el certificado de defunción), demostrarían la falsedad además de la existencia del delito de Uso de Instrumento Falsificado, al efecto invoca el Auto Supremo 183 de 6 de febrero del 2007; y, ii) En cuanto a la conclusión expuesta en el punto II.3 del Auto de Vista recurrido, referida a la imposibilidad de revalorar prueba en alzada, aclara que su persona nunca pretendió dicha actuación y por el contrario, en observancia del Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, solicitó que el Tribunal de alzada ejerza control sobre la valoración probatoria efectuada por el Juez de Sentencia, a efectos de verificar si esta se ajustaba a las reglas de la sana crítica y que además contenga la debida fundamentación y que estas no sean contradictorias en desmedro de las partes.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita se declare fundado su recurso y se deje sin efecto la Sentencia, continuando el juicio contra el acusado, por el delito de Uso de Instrumento Falsificado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 588/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 130 a 132, este Tribunal admitió el recurso de casación, formulado por Norma Consuelo Delgado Medina, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.   De la Sentencia.


Por Sentencia 22/2016 de 10 de junio, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Rene Roberto Mamani Llave, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados en los arts. 198, 199 y 203 del CP.


En el considerando V destinado al voto de los juzgadores sobre los motivos de hecho y de derecho, punto V.B “Valoración de la prueba esencial producida”, el de mérito después de realizar una descripción de la prueba de cargo MP-1 hasta MP-12; refiere que las mismas no resultan ser indicadores de las circunstancias de los hechos que se investigaron, al no vincular objetivamente con los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado; al respecto, la literal MP-10 consistente en el informe preliminar, habría señalado que: “…no existen suficientes elementos de convicción que puedan sustentar la autoría de los señores EDWIN SALINAS MAMANI, RENE ROBERTO MAMANI LLAVE, FLORA JALLAZA CALLAHUARA y RAFAEL SALIAS GONZALES en los delitos de FALSEDAD IDEOLOGICA y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO …” (sic).


En cuanto a las pruebas de descargo argumentó: “… LA A-ID-1 que es una minuta de compra y venta A-ID-2 y documento privado de compra y venta, ambas son documento privado y no público faccionados por el abogado que no tiene vinculación con los ilícitos denunciados de Falsedad de Documento Públicos y el Uso de Instrumento Falsificado, la A-ID-3 REJAP prueba que RENE ROBERO MAMANI LLAVE no cuenta con antecedente penal y la prueba A-DI-4, entrevistas policiales que no son consideradas por no reunir las exigencias de la normativa procesal penal, tratándose de prueba que debe ingresar en Juicio Oral y ser sometida a contra el interrogatorio declaraciones no valoradas para esta decisión, excepto la de la víctima quien se ratifica en su denuncia y vino a audiencia a declarar “ (sic).


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Contra la resolución mencionada, la acusadora particular, interpuso recurso de apelación restringida, fundando su impugnación en el siguiente motivo, entre otros:


En el punto 2.1 de su recurso, alegó que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, por contener una fundamentación insuficiente y hasta contradictoria, al omitir un criterio de valoración respecto a la prueba documental y testifical de cargo y descargo; asimismo, acusó defectuosa valoración de la prueba, por ausencia de la misma y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, como elemento integrador del debido proceso; en el inc. b) del referido motivo, la recurrente denuncia que el A quo  no ingresó al análisis de la prueba literal codificada como MP-3, MP-4 y MP5, a fin de establecer si éstas, tienen o no vínculo con el delito de Uso de Instrumento Falsificado, al respecto transcribió los Autos Supremos 170/201-RCC de 19 de junio y 256/2015-RRC de 10 de abril, para posteriormente bajo el título de “CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRECEDENTE INVOCADO Y LA SENTENCIA IMPUGNADA”, señalar que el A quo se limitó a enunciar las pruebas MP-3, MP-4 y MP-5, mismas que consideró como indicadores de los hechos investigados y que no fueron vinculados objetivamente con los delitos acusados, sin considerar que es deber suyo el establecer de manera precisa las razones por las cuales no les otorgó credibilidad.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista impugnado, resolvió el motivo de apelación, descrito precedentemente, bajo los siguientes argumentos, expuestos en el considerando II, punto II.3:


En cuanto a la denuncia instituida en la existencia de los defectos previstos por los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, señaló que la forma de redacción del recurso, hizo poco comprensible el inc. 5) del art. 370 de la norma adjetiva penal, al no especificar sobre cuál de los tres supuestos descritos por la norma mencionada, funda el agravio planteado; al respecto, el Tribunal de apelación, después de realizar una conceptualización sobre las tres hipótesis del defecto de sentencia mencionado, argumentó que en ningún caso pueden darse al mismo tiempo las tres teorías, evidenciando la carencia de una debida fundamentación de la circunstancia alegada.


Respecto a la denuncia sobre la supuesta existencia del defecto de Sentencia, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, norma que también prevé tres supuestos, en el cual habría incurrido el A quo, en criterio del impugnante, porque no existe en el fallo de mérito un criterio de valoración de la prueba documental y testifical de cargo y descargo; el Tribunal de alzada, refirió que el defecto denunciado, va vinculado a la defectuosa valoración de la prueba; sin embargo, la impugnante no habría precisado qué pruebas no merecieron valoración; es decir, que no especificó la codificación de la prueba cuya falta de valoración cuestionó. Sin embargo, determinó que de la lectura de la resolución de mérito, en el considerando V punto V.B, el A quo estableció, que las pruebas producidas no resultaron ser indicadores de las circunstancias de los hechos investigados, que no fueron vinculantes con los delitos acusados; también había referido en cuanto a la prueba de descargo, como esencial; empero, no vinculantes objetivamente con los delitos sindicados, por lo que resultaron insuficiente para subsumir la conducta del acusado a los tipos penales que se le imputó. Concluyó señalando, que no es evidente la existencia de los defectos previstos por los incs. 5) y 6) del art. 370 de la Ley 1970, al contrario la Sentencia, se encontraría debidamente motivada y fundamentada, pues al margen de describir cada uno de los elementos de prueba, explicaría que es lo que se llegó a establecer con la misma, así como con la declaración de la víctima, la cual consideró insuficiente. Que, en el fallo impugnado, no advirtió afirmaciones imposibles, hechos no ciertos o prueba que demuestre aspectos diferentes, sumado a ello estaría el hecho de que la recurrente no especificó debidamente los defectos de los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, careciendo de sustento legal y jurídico.


III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE  CONTRADICCIÓN


En el caso presente, este Tribunal admitió el segundo motivo del recurso de casación, interpuesto por la acusadora particular, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la invocación de precedentes y la precisión de la presunta contradicción con la resolución impugnada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


Los recurrentes denuncian que: i) El argumento expuesto por el Tribunal de apelación en el punto II.3 del Auto de Vista impugnado; en cuanto, al agravio fundado en la defectuosa valoración de las pruebas MP-3, MP-4 y MP-5, consideradas por el A quo como insuficientes para acreditar el delito de Uso de Instrumento Falsificado; señalando que la Sentencia cumplió con el requisito de la debida fundamentación, suscribiendo cada uno de los elementos de prueba, sería errada, porque no se hubiese dado valor a la prueba mencionada, las cuales contrastadas con la MP-2 demostrarían la falsedad y la existencia del delito de Uso de Instrumento Falsificado; ii) En cuanto a la conclusión expuesta por el Ad quem en el punto II.3 del Auto de Vista impugnado, referida a la imposibilidad de revalorar prueba, aclara que su persona nunca pretendió dicha actuación, sino que se ejerza control de la valoración probatoria efectuada, verificando si se cumplió las reglas de la sana crítica, si contenía la debida fundamentación y si la misma no era contradictoria en desmedro de las partes:


En cuanto al primer planteamiento, la recurrente invocó como precedente contradictorio:


El Auto Supremo 183 de 6 de febrero del 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por REM contra RFLA, por la presunta comisión de los delitos de Peculado y Uso Indebido de Influencias, el cual tuvo como antecedente fáctico, la constatación por parte del Tribunal de casación: i) Que, estando los hechos demostrados y valorados por el A quo, el Tribunal de apelación, debió subsumir la conducta del acusado a los tipos penales previstos por los arts. 142 y 146 del CP, sin que dicha labor signifique revaloración probatoria, ii) Que, evidenció que el Tribunal de mérito, omitió fundamentar la Sentencia, al no establecer los hechos probados y no probados, limitándose a realizar una relación de: la prueba de ambas partes, el cargo que ostentaba el imputado, el procedimiento de adquisición de bienes y otros aspectos. Determinando que el de mérito incurrió en mala apreciación de la prueba y que del análisis de la sentencia y Auto de Vista entonces impugnado, se tuvo probado que el acusado fue autor de los delitos de Peculado y Uso Indebido de Influencias; toda vez, que concurrieron en su conducta, los elementos esenciales y estructurales de los tipos penales acusados. Motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Que, el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el Art. 1 de la Ley Nº 1970, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a la reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del Art. 370 incisos 1) 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal.”


En el caso de autos, la recurrente denuncia que el Tribunal de apelación pretendió convalidar la Sentencia que incurrió en defectuosa valoración probatoria de las literales MP-3, MP-4 y MP-5, a las cuales no se les había dado valor y que las mismas contrastadas con la MP-2, demostrarían la existencia del delito de Uso de Instrumento Falsificado. Situación que es análoga al contenido en el precedente invocado, en el cual el Tribunal de Casación, constató que el Ad quem, confirmó una sentencia que incurrió mala apreciación de la prueba, la cual probaría la existencia de los delitos acusados; por lo que cumpliendo el mandato previsto por el art. 419 del CPP, corresponde a este Tribunal, determinar si existe o no, la contradicción denunciada.


De la revisión del Auto de Vista impugnado, como se establece de lo descrito en el punto II.2 de la presente resolución, si bien el Tribunal de apelación argumentó que la Sentencia cumplió con el requisito de la debida fundamentación; en cuanto, a los elementos probatorios incorporados al proceso, en realidad no ejerció control de logicidad sobre la actividad probatoria desplegada por el A quo, por las razones que expondremos más adelante. La afirmación del Tribunal de alzada, es cuestionada por la impugnante, quien la considera errónea, porque en su criterio el defecto existe; toda vez, que el Tribunal de Sentencia no le otorgó valor a las pruebas signadas como MP-3, MP-4 y MP-5. Antes de ingresar en el análisis concreto de la problemática planteada, corresponde precisar que: los defectos de sentencia previstos por el art. 370 del CPP, son independientes y autónomos, por ello el párrafo segundo del art. 408 de la norma adjetiva penal, establece que quien ejerce la actividad recursiva, debe indicar separadamente cada violación con sus fundamentos.


Bajo dicho entendimiento, se tiene que una de las hipótesis descritas por el inc. 5) del art. 370 de la Ley 1970, es que “no existe fundamentación de la Sentencia” y cuando relacionamos el defecto con la actividad probatoria, nos referimos a la “ausencia” de fundamentación probatoria, ésta que también tiene dos momentos conocidos como fundamentación probatoria descriptiva y fundamentación probatoria intelectiva; finalmente, ésta última se halla divida en individual y conjunta. En cambio, el supuesto referido a la defectuosa valoración probatoria, defecto que se encuentra  descrito por el inc. 6) de la misma norma adjetiva penal referida precedentemente, se halla vinculado a los errores cometidos a tiempo de apreciar intelectivamente la prueba, sea por violar los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la experiencia; es decir, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.


En el caso de autos, como se dijo en principio, el Ad quem no hizo el control de logicidad; en cuanto, a la apreciación intelectiva de la prueba realizada por el de mérito; toda vez, que advirtió que la impugnante a tiempo de denunciar defectuosa valoración de la prueba “por falta de criterio de valoración de la prueba documental y testifical de cargo y descargo”, no había precisado la codificación de la prueba, cuya falta de valoración cuestionó. Empero, además de la falta de carga argumentativa evidenciada por el Tribunal de apelación, este Tribunal de casación, advierte en el planteamiento recursivo, una fundamentación contradictoria, cuando la recurrente señala que “existe defectuosa valoración probatoria”; es decir, error en la apreciación intelectiva de la prueba y de manera totalmente incongruente, afirma que dicho defecto se configura por la falta de asignación de valor a las pruebas; es decir, ausencia de fundamentación probatoria, argumentos que son excluyentes; toda vez, que si no se asignó un valor probatorio a una prueba “x”, es imposible que cometer errores en la inexistente apreciación intelectiva de la prueba; argumento inconsistente que revelan falta de claridad en la proposición jurídica, que impidió al Tribunal de apelación, conocer el verdadero sentido de su recurso.


Asimismo, conviene precisar que, de la revisión del segundo agravio planteado en la apelación restringida por la acusadora particular, se advierte que la recurrente, decidió plantear de manera conjunta, dos defectos de sentencia que como se dijo, son autónomos e independientes inc. 5) y 6) del art. 370 del CPP-, en la cual si bien la recurrente hizo referencia a las pruebas MP-3, MP-4 y MP5, fue para alegar que sobre las mismas existe “ausencia” de valoración; es decir, que no fueron analizadas y que no se explicó porque razón el de mérito no les otorgó credibilidad. Argumento de la impugnante, que como entendió el Tribunal de apelación, está referido a la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP; es decir, la falta de fundamentación; en cuanto, al material probatorio incorporado en juicio al proceso. En suma, no es evidente que el Tribunal de apelación hubiera convalidado la supuesta defectuosa valoración probatoria, cuando del contraste de los antecedentes del proceso, se establece que el de alzada, no hizo control de logicidad; en cuanto, a la actividad probatoria desarrollada por el de mérito, en virtud a la defectuosa proposición jurídica planteada por la acusadora particular, quien no precisó qué pruebas fueron defectuosamente valoradas y que reglas de la sana critica fueron inobservadas o erróneamente aplicadas.

 

El segundo aspecto identificado en el inciso ii) del motivo analizado, la recurrente a tiempo de aclarar que su pretensión en apelación restringida, era que el de alzada ejerza control sobre la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de mérito, estableciendo si la misma se hallaba debidamente fundamentada y si la misma no era contradictoria, invocó como precedente:


El Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra OEMT, por la presunta comisión del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, tuvo como antecedente, que la Sentencia se basó en hechos no acreditados.


Estableciéndose que la situación fáctica del precedente invocado, referido a que la Sentencia se basó en hechos no probados, es diferente a la alegada en el caso de autos, referida a que su pretensión no era la revaloración probatoria sino su control por parte del Tribunal de apelación. Sin embargo, la pretensión de la recurrente, fue considerada y ampliamente explicada en cuanto a su improcedencia, en el primer aspecto del motivo de casación planteado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Norma Consuelo Delgado Medina.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos