TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 151/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        Cochabamba 36/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Franz Armani Condori

Delito                        : Estelionato

Magistrado Relator          : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de mayo de 2017, cursante de fs. 357 a 359, Franz Armani Condori, interpone recurso de casación, impugnando del Auto de Visto de 24 de abril de 2017, de fs. 349 a 354 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Nora Zambrana Melgarejo de Vidaurre, contra el recurrente y Cinda Cecilia Alconz Colque (declarada rebelde), por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia de 16 de octubre de 2015 (fs. 291 a 296), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Franz Armani Condori, absuelto de pena y culpa de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, por no existir prueba suficiente, disponiendo la cesación de todas las medidas personales dispuestas en su contra.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Nora Zambrana Melgarejo de Vidaurre (fs. 303 a 308 vta.), interpusieron recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista de 24 de abril de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró procedente el recurso planteado y anuló la Sentencia apelada, ordenando el reenvío de la causa para la sustanciación de nuevo juicio oral por otro Tribunal de Sentencia, motivando la interposición del recurso de casación en análisis.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 580/2017-RA de 10 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente indica que la acusadora particular, en su apelación restringida no denunció la concurrencia de defectos absolutos por fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, ni por valoración defectuosa de la prueba; sin embargo, el Auto de Vista recurrido habría anulado la Sentencia por valoración defectuosa de la prueba, haciendo mención a la fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y a la fundamentación jurídica, por lo que el fallo impugnado, tendría como base, el análisis de una cuestión no apelada; en consecuencia, no contendría una debida motivación o razonamiento lógico en la respuesta a la denuncia de la recurrente; consiguientemente, el Tribunal de alzada no hubiera cumplido con lo previsto por el art. 124 del CPP, por vulnerar el debido proceso en su elemento de falta de fundamentación y motivación, cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 27/2013 de 8 de febrero, 319/2012-RRC de 4 de diciembre y 431 de 15 de octubre de 2005.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, dejar sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 580/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 369 a 370 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Franz Armani Condori, para el análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  Del recurso de apelación restringida.


Contra la Sentencia de 16 de octubre del 2015, pronunciada por el Tribunal Tercero de Sentencia de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la acusadora particular interpuso recurso de apelación restringida, fundando su impugnación en los siguientes agravios:


  1. Que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea interpretación de la prueba producida en juicio, por haber restado valor a la prueba testifical de cargo de Walter Ayala Pelaez, Justina Copa Carvajal, Gladis Sofía Rivera Mamani y la declaración de la víctima, producida por el Ministerio Público; la cual había acreditado que el imputado Franz Armani Condori y su esposa Cinda Cecilia Alconz Colque, quienes eran propietarios de la caseta comercial Nº 68 ubicada en el centro comercial los “Molinos el Gallo”, el 25 de febrero del 2010 le transfirieron el mencionado inmueble en calidad de venta real por la suma de $us. 18.000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses), inmueble del cual no tomó posesión porque se encontraba ocupado por una persona de nombre Pantaleón, quien presuntamente tendría con el imputado y su esposa, una relación de anticresista que no fue registrado en Derechos Reales. Precisa, que en el documento de transferencia, los vendedores declararon que la compradora podía tomar posesión inmediata del inmueble, lo cual no ocurrió jamás, hecho que demostraría el dolo y premeditación del imputado, quien no tenía posesión física del bien transferido porque el mismo no era libre, prueba que reitera, no fue valorada correctamente por los juzgadores, quienes le restaron importancia y credibilidad, sin considerar que además la esposa del imputado, Cinda Cecilia Alconz Colque, posterior a la venta realizada a favor de la víctima, volvió a transferir el referido inmueble a Ana María Villarroel Arias, quien hizo registrar su derecho propietario, documento que si bien no había sido firmado por el acusado, demostraría la comisión del delito de Estelionato.


En cuanto a la prueba documental de cargo, signada como M.P.1.3, M.P.1.6, M.P.1.10, M.P.1.12, M.P.1.9 y M.P.11, refiere que no fue valorada por el A quo, con el argumento de que la misma infringía el principio de inmediación y que era irrelevante; aclara que no registró su derecho propietario sobre la caseta referida, porque el abogado que elaboró el documento de transferencia, transcribió de manera equivocada dos números de la matrícula consignada en el folio real, defecto que ninguno de los vendedores quiso rectificar después de recibir el dinero, situación que fue aprovechada por la esposa del acusado, para transferir el inmueble a Ana María Villarroel. Por lo cual afirma, que la prueba no fue irrelevante. Identifica como norma erróneamente interpretada, el art. 173 del CPP, señalando que el A quo no cumplió a cabalidad con lo preceptuado por el art. 360 incs. 3) y 4) del CPP, criterio que había sido respaldado por el Auto Supremo 183 de 6 de junio de 2007.


  1. Bajo el título de “DE LOS HECHOS PROBADOS QUE NO HAN SIDO TOMADOS EN CUENTA DENTRO LA SENTENCIA”, la recurrente alega que durante el juicio, se acreditó: i) La transferencia de la caseta Nº 68 ubicada en el comercial “Los Molinos” efectuada el 25 de febrero del 2010 por el imputado y su esposa Cinda Cecilia Alconz Colque; ii) La cancelación de la suma de $us. 18.000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses), por concepto de pago de la venta real; iii) Que, los vendedores el momento de firmar la transferencia del inmueble, no tenían la posesión del mismo; iv) Que, los testigos declararon que el momento de la venta realizada, el inmueble no era libre, pues se encontraba ocupado por una persona que decía ser anticresista; v)  Que, pese a que los vendedores, en la cláusula quinta y sexta del contrato de venta, declararon que el inmueble se encontraba libre de graven, nunca le entregaron la caseta porque existía un impedimento físico para que ingresar al mismo; y, vi) Que, una vez constatado que existió error en la mención del folio real, porque el abogado se equivocó en dos números, los vendedores no quisieron firmar un contrato de rectificación.


  1. Alega, que existió errónea interpretación y aplicación de las normas procesales en materia penal, porque el A quo hizo una errónea valoración de la prueba documental y testifical, incumpliendo lo preceptuado en el art. 173 del CPP, pues no les había asignado valor a las pruebas, y por otro lado no expresó la razón por las cuales les da ese valor probatorio; tampoco habían dado cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 360 incs. 3) y 4) del CPP, emitiendo una sentencia generalizada y poco fundamentada, al no existir hechos acreditados y no acreditados.


II.2.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista impugnado, resolvió los motivos de apelación, descritos precedentemente, bajo los siguientes argumentos, expuestos en el único considerando, acápite II:


  1. En cuanto, a la denuncia instituida en la existencia de la errónea interpretación de la prueba testifical producida en juicio, haciendo referencia a lo establecido por los Autos Supremos 33 de 9 de junio del 2011 y 074/2013-RRC de 19 de marzo, el Tribunal de alzada alegó que no puede valorar nuevamente la prueba producida en juicio para establecer hechos, conductas y circunstancias, por lo que la apelante debe atacar la logicidad de la Sentencia impugnada, no siendo aceptable la revisión de cuestiones de hecho y la apreciación de la prueba, en el caso de autos de la testifical de cargo, para arribar a conclusiones que sostuvo la víctima desde su propia óptica, pues dicha actuación importaría la realización de actividad de revaloración, por lo que el Ad quem no dio mérito a la circunstancia planteada.


El Tribunal de apelación argumentó, respecto a la falta de valoración de la prueba documental, que de la revisión del acta de audiencia de Juicio Oral estableció que la prueba fue judicializada sin ninguna observación; sin embargo, si bien el fallo de mérito contendría la fundamentación descriptiva de la prueba, en la actividad valorativa habría omitido fundamentar de manera justificada y razonada, la no valoración de la prueba identificada por la apelante, señalando respecto a la misma que no se valoran por vulnerar el principio de inmediación y por ser irrelevantes; argumento que no contendría respaldo argumentativo y deja dudas, al no existir una explicación lógica y sostenible de las razones del por qué no se valoraron las citadas pruebas, cual el fundamento para considerar que vulneran la inmediación y por qué resultaron irrelevantes, cuando la prueba cuya falta de valoración se cuestionó, no habría sido observada ni excluida, por lo que hacía imprescindible la explicación de las razones para establecer la imposibilidad de su valoración, defecto que tornó arbitraria y transgresora del debido proceso, tomando en cuenta que la decisión de mérito fue fundada en la insuficiencia de la prueba conforme establece el art. 363 inc. 2) del CPP, sin explicar suficientemente por qué no valoró la prueba; hizo que el de alzada, de curso al reclamo planteado.


  1. En cuanto, a los agravios planteados en apelación restringida, referidos a los hechos probados que no han sido tomados en cuenta dentro la sentencia y de la errónea interpretación, así como de la aplicación de normas procesales en materia penal; el Tribunal de alzada resolvió los dos agravios de manera conjunta, identificando en principio los fundamentos expuestos por la recurrente a tiempo de expresar las referidas circunstancias, precisa que ambos reclamos, tienen relación con el defecto de sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, que conforme lo señalado por el Auto Supremo 65/2012-RA de 19 de abril, referido a la exigencia de la fundamentación fáctica, probatoria descriptiva e intelectiva- y fundamentación jurídica, en el caso de autos, el A quo habría realizado la fundamentación probatoria descriptiva; sin embargo, a tiempo de realizar la fundamentación intelectiva a decir del Ad quem- no explicó las razones del porqué no valora determinada prueba o porqué le restó eficacia considerándola irrelevante, deficiencia que afectaría lo esencial de la resolución de fondo, pues no existiría una adecuada fundamentación, al carecer también de fundamentación fáctica y jurídica, pues el A quo tendría facultad para modificar la calificación provisional realizada por la parte acusadora, con base al principio de legalidad y sin que dicha actuación implique lesión del principio iura novit curia; por lo que el referido reclamo tuvo mérito.


III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE  CONTRADICCIÓN


En el caso presente, este Tribunal admitió el recurso de casación, interpuesto por el imputado, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la invocación de precedentes y la precisión de la presunta contradicción con la resolución impugnada.


III.1.  La labor de contraste en el recurso de casación


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2. Análisis del caso concreto.


El recurrente a tiempo de denunciar incongruencia entre los agravios alegados en apelación restringida y la resolución impugnada, por pronunciamiento extra petita, invocó como precedentes contradictorios:


El Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, dictado dentro del proceso penal seguido por GGQ contra  NVR por la presunta comisión del delito de Daño Simple, tuvo como antecedente, la constatación por parte del Tribunal de casación, que el de alzada incurrió en vulneración del debido proceso en su elemento de la debida fundamentación y motivación, a tiempo de resolver los agravios planteados en apelación fundados en la existencia de los defectos previstos por los incs. 1) y 6) del art. 370 del CPP.


El Auto Supremo 431 de 15 de octubre del 2005, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro contra MCM y otro, por la presunta comisión del delito de Falsedad Material, tuvo como situación fáctica, que el Tribunal de apelación suplió la fundamentación con la mención de los requerimientos de las partes procesales y que lo afirmado no tiene relación con los antecedentes del proceso, lo cual vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva.


Los dos precedentes descritos, tienen una contexto diferente al planteado en el caso de autos, pues en los mismos se alude el incumplimiento del art. 124 del CPP; en cuanto, a la insuficiente fundamentación del fallo del Tribunal de apelación; en cambio en el caso de autos, la denuncia está dirigida a la inobservancia del art. 398 de la norma adjetiva penal, por pronunciamiento ultra petita. Por lo que, al no existir situación procesal análoga, este Tribunal se halla impedido de ejercer su función unificadora de jurisprudencia, respecto a los precedentes descritos.


El Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra LCA, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y otros, tuvo como hechos, la constatación por parte del Tribunal de casación, que el de alzada no se pronunció respecto a los agravios fundados en la existencia de los defectos de sentencia previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP. Motivando el pronunciamiento de la siguiente doctrina legal aplicable:


De acuerdo al entendimiento ratificado por el Auto Supremo Nro 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación  restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se viertan los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.


En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el art. 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el art. 398 del citado compilado procesal pues los Tribunal de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y la tutela judicial efectiva, no siendo suficiente acudir a fundamentos evasivos y referidos a defectos que conforme al art. 399 del Código de Procedimiento Penal pudieron ser observados en su oportunidad en el marco del respeto al principio pro actione.


De lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista motivo de impugnación fue dictado sin observar las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas.”


De lo redactado, se establece la existencia de una situación procesal análoga entre los hechos que generaron la doctrina legal aplicable descrita vulneración del art. 398 del CPP- y el motivo de casación, incongruencia entre lo apelado y lo resuelto; por lo que cumpliendo el mandato previsto por el art. 419 del CPP, corresponde a este Tribunal, determinar si existe o no, la contradicción denunciada.


Antes de ingresar al fondo de la temática planteada, es oportuno precisar que  la vulneración del precepto contenido en el art. 398 del CPP está vinculado a la inobservancia del principio procesal tantum devolutum quantum apellatum, en la cual se puede presentar dos situaciones conocidas como “pronunciamiento infra petita o citra petita” que hace referencia al desconocimiento de lo dispuesto por el art. 17.II de la Ley 025, en cuanto a la competencia del Tribunal de apelación, quien no se pronuncia y guarda silencio sobre alguna circunstancia planteada en apelación restringida, también conocido como incongruencia omisiva; la otra forma de vulneración de los preceptos citados, es el “pronunciamiento ultra petita” , defecto que hace alusión al desborde de la proposición jurídica que delimita la competencia de alzada, es decir que el Ad quem se pronuncia sobre aspectos no cuestionados en el recurso de alzada, sin tener competencia.


Sobre esta última forma de incongruencia Orlando A. Rodríguez, expresa que: “La Corte o Tribunal de Casación no puede desbordar la propuesta formulada por el censor en la demanda de sustentación, bien sea escrita, como en la formulada del cargo en la audiencia pública, por lo que no puede tomar en consideración sino la causal o causales invocadas, y le queda vedada la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las inconsistencias, imprecisiones o falencias detectadas, o considerar causales diferentes a las propuestas”.


En el caso de autos el recurrente denunció que el Tribunal de apelación desbordó su competencia a fin de anular la Sentencia, pues había determinado que el fallo de mérito incurrió en defectuosa valoración de la prueba y la concurrencia de defectos absolutos por fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia, respecto a éste último defecto, en el fallo impugnado se habría hecho mención a la fundamentación descriptiva, fáctica, intelectiva y jurídica. Aspectos que sostiene el recurrente, no fueron motivo del recurso de alzada planteado por la acusadora particular.


Al respecto, en cuanto a la defectuosa valoración probatoria que no sería motivo del recurso de alzada y que a decir del impugnante fue base de la nulidad de la Sentencia, este Tribunal de casación, conforme lo descrito en el acápite II.2 de la presente resolución, establece que el Auto de Vista impugnado, resolvió el primer agravio de apelación separándolo en dos aspectos: i) errónea interpretación de la prueba testifical producida en juicio; y, ii) falta de valoración de la prueba documental. La primera circunstancia alegada, vinculada a la defectuosa valoración de la prueba testifical, fue declarada sin mérito; estableciéndose del contraste del Auto de Vista impugnado y el recurso de apelación restringida, que este primer aspecto resuelto, si fue parte del primer agravio planteado en alzada, conforme se desprende de lo descrito en el acápite II.1 del presente fallo y lo cual desvirtúa el argumento expuesto en casación por el imputado, en sentido de que la parte acusadora no hubiera denunciado la existencia de defectuosa valoración probatoria, empero además también se advierte que el referido motivo de apelación fue declarado “sin mérito”; es decir, que no fue base para la nulidad de la Sentencia, como equivocadamente sostiene el recurrente.


En el mismo agravio planteado, se identificó la denuncia de falta de fundamentación probatoria intelectiva, defecto que fue constatado por el Tribunal de apelación, quien dio lugar al cuestionamiento, en virtud a que si bien el A quo había cumplido con la valoración probatoria descriptiva, a tiempo de señalar que la prueba documental vulneró el principio de inmediación y eran irrelevantes, omitiría fundamentar esa determinación, asimismo asevera que la referida prueba no fue observada ni excluida, falta de fundamentación que a decir del Ad quem torna arbitraria y transgresora del debido proceso.


De lo que se concluye que la resolución de alzada descrita precedentemente, fue emitida en estricta observancia de la norma prevista por el art. 398 del CPP y en observancia del principio de limitación, pues el fallo impugnado guarda relación con las circunstancias planteadas en el primer agravio de apelación, expuesto por la acusadora particular; y de la cual, éste Tribunal advierte conforme lo descrito en el acápite II.1 del presente fallo, que el defecto fundado en la errónea valoración de la prueba, si fue motivo de apelación restringida por parte de la acusadora particular, quien planteo el agravio bajo el título de “I DE LA ERRONEA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA PRODUCIDA EN JUICIO:” en el punto 1.1.; en este motivo, se expresó dos cuestiones como refirió precedentemente, una referida a la errónea valoración de la prueba testifical y la otra relacionada a la falta de fundamentación de la prueba documental. La constatación del segundo aspecto cuestionado, dio como resultado la nulidad de la Sentencia; toda vez, que el A quo, como se expresó en el párrafo anterior, no había fundamentado su determinación de considerar que la prueba documental de cargo violentaba el principio de inmediación y porque razón la misma era irrelevante, deficiencia que ciertamente quebranta lo previsto por el art. 173 del CPP, que determina que el Juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada elemento de prueba, aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor; en el caso de autos el Tribunal de alzada, verificó que el de mérito no dio publicidad a las razones que tuvo para considerar irrelevante la prueba documental y porqué razón consideró que la misma transgrede el principio de inmediación, lo cual obviamente generó la sensación de arbitrariedad e impidió al Tribunal de alzada establecer la corrección o no de la decisión asumida por el A quo.


Otro argumento para anular la Sentencia y que guarda relación con el segundo aspecto alegado en el recurso de apelación, fue la verificación por parte del Tribunal de apelación, de que el A quo incurrió en el defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP; toda vez, que el de mérito a tiempo de realizar la fundamentación intelectiva, no explicó las razones para restar eficacia y considerar irrelevante la prueba de cargo, lo cual afectaría la resolución de fondo; asimismo, habría verificado que el fallo de mérito carece de fundamentación fáctica y jurídica. Estos argumentos fueron expuestos por el Ad quem a tiempo de resolver el segundo y tercer agravio, por los cuales la acusadora particular, argumentó que el Tribunal de Sentencia, no consideró los hechos probados y que incumplió el mandato previsto por los arts. 173 y 360 incs. 3) y 4) de la norma adjetiva penal, al emitir un fallo generalizado y poco fundamentado, además de no existir hechos acreditados y no acreditados. Defecto que en sí, como ya se dijo, tiene relación con la segunda circunstancia identificada en el primer motivo de apelación, en lo que respecta al incumplimiento del art. 173 del CPP y la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 de la Ley 1970; asimismo, el tercer agravio de apelación hace referencia a la falta de fundamentación fáctica, cuando la acusadora señaló que la Sentencia no estableció hechos probados y no probados.




Que, si bien es evidente que la falta de fundamentación jurídica no fue motivo del recurso de alzada y al cual el Ad quem hace referencia en la última parte de la resolución del segundo y tercer motivo de apelación, la simple mención del referido defecto, no afecta el resultado del Auto de Vista impugnado, pues la amplia jurisprudencia emitida como en el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio, entre otros, nos enseña que: “En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba, la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme el vigente sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella. De la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, imposibilita verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.” (las negrillas son nuestras); es decir que el defecto constatado por el Tribunal de apelación en cuanto a la falta de fundamentación probatoria intelectiva de la prueba documental, constituye un defecto insubsanable al tenor de lo dispuesto por el art. 124 del CPP, porque afecta al debido proceso en su elemento de la debida fundamentación, lo cual amerita inexcusablemente la nulidad de la Sentencia, defecto frente al cual la mención errónea sobre la falta de fundamentación jurídica, carece de trascendencia, principio que por definición de Orlando Rodríguez en su obra “Casación y Revisión Penal”, “Ese error debe ser, además de grave, de tal magnitud que necesaria e indefectiblemente tenga repercusiones nocivas para la constitucionalidad y legalidad en el resultado (…), que si no se hubiera presentado, fuera favorable ese resultado, o menos gravoso”, aspecto que en el caso de autos no acontece, pues aún sin la mención de falta de fundamentación jurídica, la resolución impugnada mantendría subsistente su resultado en cuanto a la determinación de nulidad de la Sentencia.


De lo expuesto se establece que la resolución impugnada tuvo como base para anular la Sentencia, la verificación de la falta de fundamentación probatoria intelectiva de la prueba documental por falta de publicidad en las razones que tuvo el de mérito para declarar que la prueba documental infringe el principio de inmediación y que la misma es irrelevante, defecto que conforme el contraste realizado entre la resolución impugnada y el recurso de alzada, si fue una controversia planteada por la acusadora particular y que según el análisis realizado y la doctrina citada, es absoluto y ameritaba la nulidad de la Sentencia como determinó correctamente el Tribunal de apelación. Se reitera que el fallo de mérito no desbordó el límite de su competencia, fijado por el recurso de alzada y que además la supuesta errónea valoración de la prueba, no fue base para anular la Sentencia, como equivocadamente sostuvo el imputado en su recurso de casación.





POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Franz Armai Condori.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos