TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 146/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        : Chuquisaca 17/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y Otra 

Parte Imputada                : Abel Yarhui Jacome 

Delitos                : Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente con
   Agravante

Magistrado Relator        Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de mayo de 2017, cursante de fs. 352 a 355 vta., Abel Yarhui Jacome, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 94/2017 de 8 de mayo, de fs. 337 a 342, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Felipa Tardío Paco contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis, con las agravantes previstas en el art. 310 incs. 2), 3) y 4) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 20/2015 de 10 de diciembre (fs. 268 a 278 vta.), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Abel Yarhui Jacome, autor de la comisión del delito de Violación de Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis, concordante con el art. 310 incs. 3) y 4) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas y reparación de daños a calificarse en ejecución de Sentencia. Posteriormente el imputado, interpone Explicación, Complementación y Enmiendo contra la referida Sentencia, donde mediante Auto 284/2016 de 15 de septiembre se enmienda la Sentencia modificándose la pena por una sanción de veinticinco años de presidio, rechazándose a su vez la solicitud de Complementación.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Abel Yarhui Jacome (fs. 290 a 294 vta.) que previo memorial de subsanación (fs. 316 a 319), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 94/2017 de 8 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedente el recurso planteado, manteniendo incólume la Sentencia apelada.


I.1.1. Motivos del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 586/2017-RA de 10 de Agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Que en la respuesta otorgada por la Resolución de alzada al segundo motivo denunciado en su apelación restringida, se incurrió en incongruencia, porque no se resolvió su cuestionamiento esencial referido a la insuficiencia de fundamentación probatoria, intelectiva y descriptiva sobre el estado de salud mental del acusado. Invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 170/2013-RRC, que estaría referido a los parámetros que deben observarse en la labor de valoración de la prueba y que su inobservancia incumbe desconocimiento del debido proceso, que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación al tenor de lo preceptuado por el art. 169 del CPP y que la falta de fundamentación del Auto de Vista por la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos que fundaron los recursos de apelación, constituye un vicio de incongruencia omisiva.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita que se dicte Auto Supremo dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido y disponer la línea jurisprudencial vinculante respectiva presentada como precedentes contradictorios. En consecuencia, en el fondo establezcan la línea doctrinal respectiva y dispongan que el Tribunal de apelación emita nuevo Auto de Vista.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 586/2017-RA de 10 de Agosto, cursante de fs. 364 a 366 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Abel Yarhui Jacome, para el análisis de fondo del segundo motivo identificado precedentemente para la contrastación únicamente con relación al precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo 170/2013-RRC de 19 de junio.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 20/2015 de 10 de diciembre, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a Abel Yarhui Jacome, autor de la comisión del delito de Violación Infante, Niña, Niño o Adolescente con agravante, previsto y sancionado por el art. 308 bis, concordante con el art. 310 incs. 3) y 4) del CP, imponiendo la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, con costas y reparación de daños a calificarse en ejecución de Sentencia, reduciéndose posteriormente la pena a veinticinco años de presidio vía enmienda, en base a los siguientes argumentos:


  1. Que, la violación de niño, niña o adolescente es un delito de los llamados “de propia mano”; es decir, que la autoría depende de la realización corporal de la acción dado que lo reprochable del acto es precisamente su ejecución corporal de tal modo que solo pueden ser autores, quienes estén en condiciones de llevar a cabo por sí la acción prohibida. Para la comisión de este delito nos encontramos ante un delito pluriofensivo porque conjuntamente con el bien jurídico protegido -libertad sexual- concurren otros como la integridad física y psíquica de la víctima, recibiendo; sin embargo, protección el bien jurídico principal de la capacidad de la persona de decidir las prácticas sexuales que desea. Para la comisión de este delito se requiere la concurrencia del dolo directo, es de conocimiento y voluntad del agente de hacer sufrir el acto sexual o análogo al sujeto pasivo, la doctrina coincide en reconocer que el dolo en este delito es el animus libidinoso.


  1. Del relato de los hechos y de las conclusiones de hecho o conclusiones fácticas de la presente Sentencia se determinan las que resultan evidentes. Que, el 22 de noviembre de 2012 la menor AYT en circunstancias en las que se encontraba en su habitación, habría sido víctima de abuso sexual por su padre Abel Yarhui Jacome, donde la menor fue encontrada tendida en el piso y el acusado detrás de ella abusándola sexualmente; y al verse descubierto, este se levantó y se subió el pantalón. Por otro lado, se ha tenido un reflejo en la prueba bastante evidente a partir de los certificados medico forenses, anticipo de prueba e Informe Pericial de Paola Gonzales, además del acta de audiencia, donde no se ha ingresado al debate de los elementos objetivos del tipo penal; por cuanto, existió de parte de la defensa expreso reconocimiento del hecho y la participación del acusado; por ende, se tienen plenamente concurrentes los mismos.


  1. Con relación a la capacidad del acusado a comprender la antijuricidad de su acción se tiene un Informe Pericial de Jaime Gonzales que ha sido ratificado en audiencia y que básicamente planteaba una serie de interrogantes respecto a la capacidad de comprensión por una grave disminución de inteligencia del ahora acusado, se entiende que esta evaluación técnica que realiza este perito es un principio de prueba puesto que al haber sido judicializado amerita un valor probatorio suficiente; empero, existe una contradicción con el informe pericial emitido por otro perito dentro del propio juicio oral, en particular de la Lic. Huici, que también tiene sustento técnico y científico a partir del cual es posible afirmar que en definitiva y a partir de la compulsa y valoración conjunta de los elementos de prueba y antecedentes probatorios, afirman que el ahora acusado, no padece de ninguna forma de disminución de la inteligencia; puesto que, no es una persona cuyas capacidades intelectuales le impidan tener una comprensión cabal de la reprochabilidad de la conducta por él ejecutada.


  1. Que, ello deviene precisamente del análisis de los hechos a partir de los cuales, se puede verificar que habiendo sorprendido al acusado en el momento de cometer el acto por el cual se lo acusa, éste demostró inmediato arrepentimiento y vergüenza, procediendo a subirse los pantalones y pidiendo incluso que se omita realizar la denuncia respectiva; aspecto que sin lugar a duda, permite al suscrito afirmar que el acusado conocía perfectamente la reprochabilidad de su accionar; es decir, que podía discernir entre lo bueno y lo malo; el Informe Pericial señala que el acusado tiene ciertas limitaciones, manifestando que tiene una inteligencia lenta, pero dentro del límite de una inteligencia normal; así explicado y valorado en el Informe Pericial, se puede consentir que el término “lenta” no es suficiente considerar que exista una disminución de tal magnitud que lo excluya de los parámetros de normalidad, de modo que sea suficiente para afectar su capacidad de comprensión respecto a la antijuricidad de la acción conforme se tiene explicado. Por ello no es posible afirmar en base a la prueba producida, que las limitaciones del acusado pueden ser suficientes para afirmar que él no era capaz de entender en ese momento que su accionar era antijurídico y afectaba bienes jurídicos ajenos, mas propiamente, la libertad sexual de una menor, pese a esa comprensión, el acusado no tuvo reparos en ejecutar el hecho, lo cual demuestra la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal cual es el animus lubrico, por lo que se tiene también demostrado el juicio de imputación subjetivo; y en consecuencia, concurre el otro elemento de tipicidad que es exigible en este caso tal cual es el dolo.


  1. En base a lo afirmado, no se excluye la responsabilidad penal del ahora acusado, aun sea por un juicio de inimputabilidad o semi-imputabilidad, por cuanto es evidente en el caso concreto, que el grado de disminución de la inteligencia debida y exhaustivamente analizado, no era suficiente para excluir la capacidad de comprensión de la antijuricidad de la acción, resultando en definitiva que el señor Abel Yarhui Jacome no es semi-imputable y por exclusión tampoco no es inimputable, correspondiendo en definitiva dar aplicación a la norma penal; por cuanto, concurren todos los tipos penales que componen el tipo penal.


  1. Adicionalmente es necesario señalar que más allá del análisis de la conducta tipo penalmente relevantes concurren otras circunstancias que califican la conducta del acusado; así se tiene acreditado por el Ministerio Público, la relación de parentesco entre la víctima y el acusado, de consanguinidad de primer grado cual es la relación padre-hija, además se tiene también la condición de minoridad del sujeto pasivo, elementos objetivos que no pueden ser soslayados y deben ser considerados como agravantes calificantes de la acción antijurídica atribuida al acusado. Que bajo ese análisis se declara al acusado culpable del delito de Violación agravada de Niño, Niña o Adolescente.


  1. Posteriormente, el imputado presenta Complementación y Enmienda de la Sentencia el 9 de septiembre de 2016, la que es resuelta mediante Auto 284/2016 de 15 de septiembre que enmienda la Sentencia e impone una pena de veinticinco años de presidio.


II.2.  De la apelación restringida del imputado.


Notificada la parte imputada, interpone recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, con los siguientes argumentos:


  1. Que, la Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP], respecto a la prueba de descargo en consideración al estado mental, donde se concluye que de la testifical de Jaime Mario Gonzales Pereira que es congruente con la declaración del perito psicólogo especialista en Psicología Forense Jaime Gonzales y la declaración de la testigo Juaquina Yarhui Jacome, a la que el Tribunal refirió que la declaración merece pleno valor probatorio en cuanto a las circunstancias personales y familiares del acusado y respecto a algunas circunstancias concomitantes al hecho objeto del presente caso. Esta declaración testifical, es muy importante; toda vez, que el propio Juez en la valoración probatoria respecto a la situación mental otorga pleno valor probatorio; en cuanto, a las circunstancias personales y familiares respecto además a las circunstancias concomitantes al respecto. Sin embargo, contradictoriamente al establecimiento del valor probatorio que otorga a estas pruebas concluye condenando como si fuera una persona absolutamente normal, cuando correspondía aplicar el art. 18 del CP y en su mérito condenar por la pena inferior establecida para el delito de presidio, por lo que se ha aplicado erróneamente el art. 173 del CPP; puesto que, el principio de valoración razonable de la prueba es el límite de la libertad del Juez para apreciar las pruebas, lo que constituyen las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, que atienden al hecho de que ésta no puede ser valorada arbitrariamente, sino que se deben seguir las reglas del raciocinio, así como las máximas de la experiencia, los cuales pueden invocados al impugnar una Sentencia. En el caso presente, la valoración de la prueba no es objetiva e individual, el Tribunal solo utiliza a esta prueba como irrefutable y referencial; aspecto que, rompe con las reglas de la sana crítica sin contener una correcta fundamentación de dicha prueba. Se consideró por parte del recurrente que debido a la insuficiencia de la inteligencia que padece, tiene la edad mental de un niño; en consecuencia, no puede tener el trato de una persona normal; aspecto que el Juez de Sentencia no tomó en cuenta, pese a que el Lic. Gonzales, especialista Psicólogo Forense, señaló que la edad mental es de un niño de once años.


  1. Que, no existe fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria [art. 370 inc. 5) del CPP]. Si bien la Sentencia realiza la valoración probatoria introducida en juicio; empero, incurre en el error de no establecer a su favor la prueba que determinaba su estado de salud mental catalogada como insuficiencia de inteligencia. El Juez a quo no tomó en cuenta la declaración testifical del Lic. Jaime Gonzales, especialista en psicología forense y la testigo Juaquina Yarhui, que describen y establecen el real estado mental del imputado. Lo que se pretende es la aplicación del art. 124 del CPP, es decir una Sentencia debidamente fundamentada probatoriamente, describiendo el contenido de todos los medios probatorios incorporados al proceso, tomando en cuenta la prueba objetiva que fue producida que daba lugar al establecimiento de la semi-imputabilidad (art. 18 del CP), citando la observancia del Auto Supremo 241/2006 de 6 de julio.


  1. Asimismo, mediante memorial de 7 de febrero de 2017, el recurrente subsana el recurso de apelación restringida con relación al primer motivo de apelación respecto a la aplicación pretendida, donde refiere que la valoración del defecto residió en la ilegal valoración hecha por el Tribunal en relación a los elementos de prueba; puesto que, el principio de valoración razonable de la prueba es el límite de la libertad del Juez para apreciar la prueba, respetando los principios de la recta razón, sea las normas de la lógica, la psicológica y la experiencia común. Refiere que la valoración de la prueba no es objetiva e individual, el Tribunal solo utiliza a esta prueba como irrefutable y referencial; aspecto que, rompe con las reglas de la sana crítica sin contener una correcta fundamentación de dicha prueba, vulnerando los principios básicos del debido proceso en su vertiente de debida fundamentación y debida motivación. Considera el recurrente que por su situación mental, debiera encontrarse recluido en un centro de rehabilitación mental y no en una cárcel pública, por lo que solicita el Tribunal que verificada la infracción del a quo en cuanto a los vicios de apreciación de la prueba, se declare procedente el motivo de apelación, con la finalidad de que se aplique de manera correcta la norma estipulada en el art. 173 del CPP; es decir, el reenvío a otro Tribunal para nuevo juicio.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado. 

       

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolvió el recurso de apelación restringida a través del Auto de Vista impugnado y declaró improcedente el recurso de apelación, confirmando la Sentencia apelada, en base a los siguientes aspectos:


  1. Que, cuando se acusa defectuosa valoración probatoria, se debe remontar al contenido del art. 173 del CPP; que el valor que el Juez otorga a los medios probatorios introducidos al proceso, se la debe hacer de manera individual y armónicamente con relación al conjunto de la prueba esencial, aplicando las reglas de la sana crítica. Es sabido que la facultad de control que debe ejercer; en cuanto a la valoración de la prueba, en ningún momento implica valorar nuevamente los hechos por el Tribunal de apelación, esa labor excede los márgenes del recurso y la competencia del Tribunal; más bien corresponde comprender es sí el razonamiento jurídico del Juez a quo, se ha adecuado a las reglas que  impone el sistema de la sana crítica; es decir, el Tribunal de alzada debe examinar, de qué manera han agraviado y qué influencia han ejercido los medios de prueba a la hora de arribar a la decisión consignada en la Sentencia, si este resultado carece o no de razonabilidad; y esta tarea será posible siempre que los insumos hayan sido debidamente proporcionados por el recurrente, explicando de qué manera la violación alegada ha sido producida y cómo ha influido en la parte dispositiva de la resolución impugnada (transcribe el Auto Supremo Nº 214/2007 de 28 de marzo). En el caso de estudio, el recurrente no ha explicado cuál de las sub-reglas de la sana crítica han sido incumplidas por el Tribunal de juicio al momento de valorar la prueba; si la lógica, la ciencia o la experiencia, que deben estar debidamente fundamentadas y únicamente invoca que no se habría observado las reglas de la sana crítica, pero no fundamenta, ni vincula al caso concreto el reclamo, o de qué manera la Sentencia confutada hubiera realizado afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común. En todo caso, la Sentencia recurrida a partir del séptimo párrafo del epígrafe II PREMISA MENOR o FACTICA, ha dedicado su valorado, pero también dice haber tomado en cuenta otro informe pericial de la Lic. Huisi (transcribe el extracto de la Sentencia). Este fundamento no ha sido atacado y se basa precisamente en lo que refirió la perito Huisi. Por eso el Tribunal de juicio concluyó que dadas las circunstancias que rodearon al hecho punible con relación a una menor de once años, en un delito contra la Libertad Sexual, no excluye la responsabilidad del acusado, aun sea por un juicio de semi-imputabilidad, debido a que el grado de disminución de la inteligencia, no era suficiente para excluir la capacidad de comprensión de la antijuricidad de la acción, coligiéndose en consecuencia, que el A quo ha efectuado la debida valoración probatoria; y por consiguiente, al no ser evidente lo alegado por el recurrente concluyó que el primer motivo deviene en improcedente.


  1. Respecto al reclamo en sentido que la Sentencia apelada se sustenta en insuficiencia de fundamentación probatoria, intelectiva y descriptiva sobre su estado de salud mental con relación a las mismas testificales de descargo ya señaladas, que en su criterio vulnera el art. 173 del CPP. Este argumento deviene del similar expuesto precedentemente en el motivo primero, que están vinculados a las mentadas dos declaraciones testificales; y por tanto, el fundamento de este Tribunal de alzada, hace eco de lo ya manifestado. Además, la Sentencia contiene toda una descripción suficiente en lo fáctico, probatorio y descriptivo con respaldo legal con relación a las pruebas esenciales introducidas al juicio, advirtiéndose que el juzgador ha observado de probidad e imparcialidad que garantiza el debido proceso. De igual forma, que este segundo motivo también fue declarado improcedente.

 

III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO POR EL RECURRENTE


En el presente recurso de casación, en atención al Auto Supremo 586/2017-RA de 10 de agosto, haciendo una remembranza del motivo de casación admitido para el contraste, se alega que en la respuesta otorgada por la Resolución de alzada al segundo motivo denunciado en su apelación restringida, se incurrió en incongruencia, porque no se resolvió su cuestionamiento esencial referido a la insuficiencia de fundamentación probatoria, intelectiva y descriptiva sobre el estado de salud mental del acusado. Invoca en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 170/2013-RRC, que su inobservancia incumbe desconocimiento del debido proceso que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación al tenor de lo preceptuado por el art. 169 del CPP y que la falta de fundamentación del Auto de Vista por la falta de pronunciamiento sobre todos los motivos que fundaron los recursos de apelación constituye un vicio de incongruencia omisiva.


III.1. Sobre La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en  material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución, dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2.        La fundamentación de las resoluciones judiciales por los Tribunales de alzada, como elemento constitutivo del debido proceso.


Esta temática fue abordada ampliamente por este Tribunal, haciendo siempre hincapié en la importancia de que los Tribunales de Justicia del Estado Plurinacional, obviamente incluidos los de apelación, fundamenten debidamente sus resoluciones, pues se trata de una vertiente de trascendencia de la garantía constitucional del debido proceso, reconocido por la Constitución Política del Estado. También se señaló insistentemente, que la motivación implica que la autoridad que dicta una resolución, en este caso en apelación, tiene la obligación de exponer los razonamientos que le llevan a asumir una u otra decisión sobre las cuestiones planteadas por los recurrentes.

       

En ese sentido, en el Auto Supremo 248/2013-RRC de 2 de octubre, entre otros argumentos similares señaló: Estos requisitos de la fundamentación o motivación, también deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelva la apelación restringida formulada por las partes a los fines de que tenga validez; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación”. Asimismo, a objeto de determinar si una resolución está debidamente motivada, el mismo Auto agregó: “…una fundamentación o motivación suficiente, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino sea clara, concisa y responda a todos los puntos denunciados, lo que quiere decir también, que si la respuesta fundada se encuentra en el contenido total de la resolución que resuelve la problemática fundamental del recurso, no puede sostenerse la existencia de falta de fundamentación”.


Corresponde también señalar, que sobre la debida fundamentación, la doctrina legal aplicable de la Corte Suprema de Justicia, en el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


De ello, se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder de manera fundamentada, no siendo necesaria una respuesta extensa o ampulosa, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias del art. 124 del CPP.


III.3.        Sobre la incongruencia omisiva.


El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.


Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener un respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.


La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ´...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo´ (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).


               Igualmente, refiere el versado Couture, que: ´El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum´ (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).


Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: ´Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”. 


III.4. Análisis del caso concreto.


Habiéndose denunciado por el recurrente que el Auto de Vista ha incurrido en incongruencia, porque no se ha resuelto el cuestionamiento esencial del recurso de apelación restringida que se refería a la insuficiencia de fundamentación probatoria, descriptiva e intelectiva sobre el estado de salud mental del acusado, lo que constituye un vicio de incongruencia omisiva que vulnera al art. 124 del CPP, debido a que dicho precepto legal exige la fundamentación de las resoluciones, que sobre el punto de apelación no ha sido jamás resuelto por el Tribunal de alzada; invocando el Auto Supremo 170/2013-RRC de 19 de junio, el cual ha sido emitido dentro un proceso penal seguido por el Ministerio Público y E.V.Z., en representación legal de la Aduana Nacional de Bolivia-Regional Oruro contra C.F.V.R. y L.V.B.Z., por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP, bajo los siguientes motivos de impugnación: a) Denuncia de errónea aplicación de los arts. 198, 199 párrafo segundo y 203 del CP, señalan que en Sentencia se les declaró culpables de la comisión de esos delitos, teniendo como documentos públicos falsos simples fotocopias, sin establecer con precisión cómo se determinó que las fotocopias fueron forjadas o materialmente falsificadas por ellos, omitiendo además precisar cuál el elemento de convicción documental, testifical o pericial que demostró ese hecho; al respecto, manifiestan que el Auto de Vista impugnado, al resolver este agravio denunciado en apelación restringida, no realizó ningún análisis, limitándose a transcribir los fundamentos de la Sentencia, ni aclaró el reclamo de determinar si las fotocopias simples, eran o no documentos públicos; además, no fundamentó respecto al art. 203 del CP y no dio respuesta a la denuncia de Luís Valerio Bravo, de haber sido condenado por un delito desarrollado sólo en su normativa sin el correspondiente proceso de subsunción; b) Respecto a la denuncia de fundamentación insuficiente de la Sentencia; en este tópico los recurrentes precisan que, la Sentencia contiene una fundamentación insuficiente, porque omitió considerar los fundamentos de su defensa técnica expuestos durante el juicio oral, ignorando por completo cuáles fueron los alcances de la deliberación con relación a sus postulaciones; sobre este motivo invocan como precedentes contradictorios los Autos Supremos 5 de 26 de enero y 183 de 6 de febrero, ambos del 2007; y, c) Denuncia de defectuosa valoración de la prueba, donde los recurrentes denuncian que el Auto de Vista impugnado, convalidó la Sentencia que contiene una defectuosa valoración de la prueba, incurriendo así en el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso; para ello denuncian que el Tribunal a quo, pese a la obligación que tenía de valorar la prueba admitida y producida en el juicio oral no lo hizo; que en apelación restringida no pretendieron que el Tribunal de alzada, revalorice la prueba, sino que establezca que el Tribunal del juicio vulneró la reglas de la sana crítica, al haber considerado prueba que contenía defectos y que no tenía claro su origen, no obteniendo respuesta fundamentada por parte del Tribunal de alzada, donde se estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “……Sobre la errónea aplicación de los arts. 198, 199 párrafo segundo y 203 del CP; Corresponde reiterar que en respeto del “principio de impugnación”, garantizado por el art. 180.II de la CPE, que coincide con art. 8.2 inc. h) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los Tribunales de alzada que conozcan recursos de apelación restringida, velando por el cumplimiento de los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, tienen el deber de realizar la labor de control del desarrollo del proceso y del contenido de la Sentencia, revisando que no se haya incurrido en vicios que vulneren derechos y garantías constitucionales, que según el art. 169.3 del CPP, constituyen defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación. En ese marco, es obligación de los Jueces de sentencia y Tribunales de sentencia, realizar un juicio de tipicidad objetivo que evidencie que la conducta que se atribuye al imputado se adecua al tipo penal acusado; obviar el cumplimiento de esta labor, constituye errónea aplicación de la ley sustantiva en su vertiente de errónea calificación de los hechos, que constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación……


Respecto a la denuncia de fundamentación insuficiente de la Sentencia; la doctrina legal establecida por los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, hacen un desarrollo doctrinal sobre la obligación que tiene el Juzgador de fundamentar sus resoluciones, conforme al mandato del art. 124 con relación al art. 370, ambos del CPP, precisando que la inobservancia de estos presupuestos implica un desconocimiento de los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, que conforme dispone el art. 169 del adjetivo citado, constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación.


Sobre este motivo, debe considerarse que el art. 180. I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el “debido proceso”, principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso.


Por su parte el art. 124 del CPP, determina que: “las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresaran los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”. Esta norma adjetiva, impone a los Jueces y Tribunales, la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones, labor ineludible que debe plasmarse en sus resoluciones, sin que la misma pueda ser suplida con una simple relación de actuados procesales o la petición de las partes; la omisión a este deber implica un desconocimiento de los derechos y garantías, previstos por la Constitución Política del Estado, que según el art. 169 inc. 3) del adjetivo citado, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación……


En cuanto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, es menester señalar que de la parte in fine del primer párrafo del art. 124 del CPP, se desprende que los Jueces y Tribunales, tienen la obligación de desarrollar una adecuada fundamentación de Sentencia con relación a la valoración de los medios de prueba que se judicialice en juicio oral; al respecto este Tribunal a través de la doctrina legal establecida en los precedentes invocados, precisó un entendimiento sobre los parámetros que deben observarse en la labor de valoración de la prueba y que su inobservancia incumbe desconocimiento del debido proceso que constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme manda el art. 169 del CPP. Cuando en apelación restringida se denuncie defectuosa valoración de la prueba, es obligación del Tribunal de alzada, en cumplimiento del art. 407 del CPP, controlar que las inferencias lógicas del A quo, estén acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que esa resolución pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego……”


Entonces corresponde verificar, si evidentemente el recurrente sobre el motivo que ha generado el recurso de casación admitido para su contraste en el fondo, tiene razón suficiente para considerar que el Auto de Vista es contradictorio al precedente citado, previamente en su doctrina legal aplicable en lo pertinente, considerando que el precedente invocado resuelve diferentes temáticas que no solo tienen relación con la debida fundamentación; sino también, con la aplicación de la ley sustantiva y de la labor de valoración de la prueba; para cuyo efecto, a los fines de resolver puntualmente el motivo venido en casación, debemos remitirnos al recurso de apelación restringida, que dio origen al agravio fundado en casación, del cual se desprende que el recurrente ha denunciado que la Sentencia, en ese entonces impugnada, habría incurrido en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP: “….5. Que no existe fundamentación de la Sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria…”; considerando el recurrente que la Sentencia carece de una fundamentación probatoria, tanto intelectiva como descriptiva respecto al estado mental del imputado, considerando como normas violentadas los arts. 124 y 173 del CPP, aduciendo que en la fundamentación probatoria el Juez de Sentencia no habría tomado en cuenta la declaración testifical de Jaime Gonzales y de Juaquina Yarhui Barja, que se refiere al estado mental del imputado, donde el recurrente solicita que de acuerdo a una fundamentación adecuada de la prueba que cita daba lugar la aplicación de la semi-imputabilidad prevista por el art. 18 del CP, invocando en esa etapa para fundar su agravio el Auto Supremo  241 de 6 de julio de 2006.


Bajo estos aspectos cuestionados por el recurrente, el Auto de Vista tendría que resolver los puntos de apelación planteados, donde la resolución de alzada tendría que exponer los motivos concretos de su decisión en respuesta al agravio expuesto en el recurso de apelación restringida en su segundo motivo, debiendo para ello fundar el Tribunal de apelación, si la Sentencia emitida, incurre o no en el defecto del art. 370 inc. 5) del CPP, con relación a la fundamentación probatoria de los testigos Jaime Gonzales y de Juaquina Yarhui y si evidentemente en esa labor, la Sentencia ha fundado racionalmente su decisum considerando la prueba testifical que se alega indebidamente fundamentada ejerciendo la labor de logicidad y legalidad; así como también, bajo esa argumentación, evidenciar si concurría o no la aplicación de la semi-imputabilidad a favor del imputado, para así evitar la emisión de un fallo que evidencie incongruencia omisiva, conforme señala el recurrente en casación.


De la revisión del Auto de Vista impugnado, en la parte pertinente relativa al segundo motivo de apelación, los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia en la Resolución  94/2017 de 8 de mayo, al momento de resolver el recurso del recurrente, fundamentan como parte del argumento para declarar la improcedencia del recurso de apelación lo siguiente: “……Este argumento deviene del similar expuesto precedentemente en el motivo primero, que están vinculados a las mentadas dos declaraciones testificales y por tanto el fundamento de este Tribunal de alzada, hace eco de lo ya manifestado, Además, la Sentencia contiene toda una descripción suficiente en lo fáctico, probatorio y descriptivo con respaldo legal con relación a las pruebas esenciales introducidas al juicio, advirtiéndose que el juzgador ha observado de probidad e imparcialidad que garantiza el debido proceso. De igual forma que este segundo motivo también debe ser declarado improcedente…”; que de su análisis y observación, se evidencia que el Auto de Vista ha cumplido con la labor de una debida fundamentación y motivación observando dar respuesta oportuna y suficiente a todos los puntos planteados en apelación restringida, que si bien en relación al segundo motivo expuesto por el recurrente el Auto de Vita es conciso, de la lectura integral del mismo se observa que el Auto de Vista en lo pertinente, ya había emitido pronunciamiento al momento de resolver el primer agravio, por lo que resulta razonable que la resolución de alzada evite ingresar en motivación tautológica innecesariamente para resolver la existencia del defecto alegado, previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, considerando que tal como lo ha establecido el Auto Supremo 248/2013-RRC de 2 de octubre desglosado en el apartado III.2 de la presente resolución suprema, no es necesario que para brindar una respuesta efectiva, el argumento sea ampuloso y extenso, basta con expresar de manera concreta y clara que resuelve la problemática fundamental del recurso; y por ello, habiéndose resuelto el agravio segundo conjuntamente el primer agravio plasmado en la resolución de alzada, se establece que en el contenido del Auto de Vista se ha dado respuesta efectiva a lo que el recurrente ha reclamado en su recurso de apelación restringida, respecto a la aplicación de la semi-imputabilidad; ya que, al momento de responder al primer motivo de apelación, el Auto de Vista hace alusión a lo que establece el art. 18 del CP, resolviendo en consecuencia todos los puntos de apelación de manera fundamentada y motivada, cumpliendo los parámetros de fundamentación ya delineados por el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se ha dejado establecido que toda resolución judicial debe ser: a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión. b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos. c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada. e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


Entonces, si bien el Auto de Vista impugnado en su exposición de las razones realiza un razonamiento lógico, no ampuloso al momento de resolver el segundo agravio, pues este ya ha sido expreso, porque en el fundamento y motivación del primer agravio, el Auto de Vista establece concretamente las razones del fallo en relación al segundo motivo, remitiéndose a lo expresado y ya resuelto en los fundamentos del primer motivo, por lo que el Auto de Vista no podría considerar que los fundamentos expuestos al momento de resolver el primer motivo, deban ser reiterados a los razonamientos que resuelve el segundo motivo de la apelación restringida, cuando el recurrente alega los agravios con un origen similar. Asimismo, el Tribunal de apelación en su Auto de Vista  es claro al expresar los motivos por los cuales no es necesario ingresar en redundancias, debido a que de la revisión del primer motivo resuelto, evidentemente el Tribunal de apelación, ingresa también a resolver la segunda temática, en ejercicio de su labor de control de legalidad. También se ha podido evidenciar que el Auto de Vista, en su efecto al resolver de manera conjunta ambos agravios expresados a lo largo del contenido del Auto de Vista, la resolución impugnada es completa, ya que se ha considerado los agravios denunciados y los defectos de Sentencia invocados, no incurriendo por ello en falta de legitimidad.

Por ello, habiendo realizado la labor de análisis de las denuncias formuladas, así como los agravios expuestos por el recurrente y los fundamentos del Auto de Vista impugnado, contrastados con el precedente invocado en casación conforme al Auto Supremo 170/2013-RRC de 19 de junio, en lo pertinente, no es evidente la contradicción con el precedente al haber el Tribunal de alzada fundamentado suficientemente su resolución sobre los agravios denunciados, plasmados en el primer y segundo fundamento sobre lo denunciado en apelación restringida, respecto a la falta de fundamentación probatoria, intelectiva y descriptiva de la prueba testifical de Jaime Gonzales y de Juaquina Yarhui Barja y su relación con el estado de salud del recurrente, respecto a considerar la concurrencia  o no de su semi-imputabilidad, que se encuentra consignada en la Sentencia apelada.

Por lo que, evidentemente el Tribunal de apelación, al haber fundamentado correctamente respecto al segundo motivo de apelación, en el primer motivo al resolver dicho recurso, no excluyó del análisis el defecto de Sentencia denunciado previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, respecto a la falta fundamentación descriptiva, analítica e intelectiva de la Sentencia sobre la prueba testifical de Jaime Gonzales y de Juaquina Yarhui Barja, en relación a la concurrencia o no del art. 18 del CP, como emergencia del supuesto estado mental del acusado, cumpliendo en consecuencia con el parámetro de ser una resolución completa que responde a todos los agravios denunciados; y consecuentemente, una resolución debidamente fundamentada, no infringiendo lo dispuesto por los arts. 124 y 398 del CPP, siendo atenta a la doctrina legal aplicable establecida por el precedente invocado por el recurrente, así como la citada en los fundamentos de la presente resolución, deviniendo por defecto en una resolución con razón suficiente, por lo que amerita la aplicación del art. 419 de la norma adjetiva penal, declarando infundado el recurso de casación.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP y lo previsto por el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Abel Yarhui Jacome.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos