TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 145/2018-RRC

Sucre, 20 de marzo de 2018


Expediente                        Santa Cruz 81/2015

Parte Acusadora                Ministerio Público

Parte Imputada                Albino Choque Vallejos y otros

Delito                        Tráfico de Sustancias Controladas

Magistrado Relator        Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2015, cursante de fs. 751 a 758, Albino Choque Vallejos, Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 53 de 31 de julio de 2015 de fs. 738 a 740, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


a)         Por Resolución 7 de 22 de abril de 2010 (fs. 429 a 436 vta.), el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Albino Choque Vallejos y Fernanda Quinteros Coro, autores de la comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio, más el pago de trescientos días multa a razón de Bs. 1.- (un boliviano) por día, además de costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia. Asimismo, declaró a Claudia Choque Quinteros, culpable del delito de Encubrimiento, siendo favorecida la misma con la excepción de sanción penal, conforme al art. 75 de la Ley 1008, al demostrarse el grado de parentesco por consanguinidad.


b)         Contra la mencionada Sentencia, Fernanda Quinteros Coro, Claudia Choque Quinteros (fs. 443) y Albino Choque Vallejos (fs. 453), formularon recursos de apelación restringida que fueron subsanados de manera conjunta a través del memorial presentado el 6 de mayo del 2015 (fs. 692 a 696 vta.), resuelto por Auto de Vista 53 de 31 de julio de 2015, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 695/2015-RA de 30 de noviembre, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Los recurrentes denuncian que el Auto de Vista impugnado, es totalmente atentatorio a sus derechos tales como la defensa, al debido proceso, legalidad e igualdad de partes; por cuanto, en su tercer Considerando, expresó que no habían fundamentado ni explicado de qué manera se violentaron sus derechos y garantías; es decir, que incumplieron las condiciones exigidas en el art. 408 del CPP, afirmación totalmente falsa; por cuanto, bajo la permisión del Auto Supremo 581/2004 de 4 de octubre y en observancia del art. 399 del CPP, mejoraron la fundamentación del citado recurso. 


En ese contexto, refieren que el Tribunal de alzada contiene una fundamentación basada en datos falsos; toda vez, que omitió analizar deliberadamente la fundamentación de su recurso de apelación en el que denunciaron los siguientes defectos: a) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP]; b) Los imputados no se encuentran plenamente individualizados respecto a sus conductas o hechos ilícitos [art. 370 inc. 2) del CPP]; c) Sentencia basada en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas de este título [art. 370 inc. 4) del CPP]; d) Fundamentación contradictoria de la Sentencia e inobservancia en la congruencia entre Sentencia y acusación [art. 370 incs. 5) y 11) del CPP]; e) Sentencia basada en hechos inexistentes no acreditados  [art. 370 inc. 6) del CPP]; y, f) Sentencia basada en valoración defectuosa y falta de valoración exhaustiva de la prueba de descargo [art. 370 inc. 6) del CPP]; que por lo referido, no merecieron pronunciamiento por el Tribunal de alzada, conculcando de esta manera su derecho a la presunción de inocencia, principio de seguridad jurídica, legalidad y verdad material, porque la norma aplicable en caso de haberse generado duda sería el principio in dubio pro reo o principio de favorabilidad, ante la falta de certeza y no condenar a personas inocentes.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se pronuncie Auto Supremo, conforme al art. 419 del CPP, declarando procedente el recurso y en el fondo se anule el Auto de Vista impugnado, disponiendo que el Tribunal de apelación emita nuevo Auto de Vista, de conformidad a la doctrina legal aplicable y pronunciándose sobre todos los puntos reclamados en la apelación restringida, además indica que si correspondiera pide se anule el juicio y se sortee nuevo Tribunal de juicio y en definitiva se aplique la absolución a favor de los recurrentes.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 695/2015-RA de 30 de noviembre, cursante de fs. 767 a 769, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los recurrentes, para el análisis de fondo.



II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:


II.1.        De los recursos de apelación restringida.


Contra la Sentencia descrita en el inc. a) del acápite I.1 de la presente resolución, las Acusadas Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros (fs.443) y el imputado Albino Choque Vallejos (fs. 455), interpusieron respectivamente recursos de apelación restringida, con argumentos idénticos, señalando que: “(…) que la sentencia (…), es lesiva a mis derechos e intereses legales por evidente infracción a los inc. 1), 5), 6) y 10) del art. 370, que habilita la apelación restringida, al amparo de lo establecido por los arts. 394º, 396º, 397º, 407º y 408º, todos del Código de Procedimiento Penal, me alzo en contra de la mencionada Sentencia, mediante el presente RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA.” (sic).


En el segundo acápite de su recurso, anunciaron fundamentar oralmente su recurso y en el otrosí 1, las acusadas citaron como precedentes los Autos Supremos 444 de 14 de octubre del 2005 y 5 de 26 de enero del 2007; y, el co- acusado Albino Choque Vallejos, citó el Auto Supremo 131 de 13 de mayo del 2005.


II.2.        Del Auto Interlocutorio que dispuso la aplicación del art. 399 del CPP.


Por Auto 19 de 23 de febrero del 2012, el Tribunal de apelación en el único considerando de la resolución referida, alegó que el recurso de apelación restringida interpuesto por las imputadas Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros, no cumplió el mandato previsto por el art. 408 del CPP; pues si bien, las mismas habían invocado como norma habilitante los incs. 1), 5), 6) y 10) del art. 370 del CPP, habían omitido desarrollar cada uno de los agravios, no citarían concretamente las normas violadas o erróneamente aplicadas, no habían explicado en que consiste el defecto y la aplicación que pretenden de las mismas, con indicación pormenorizada y separada de cada agravio, deficiencia del recurso que habría impedido, la apertura de la competencia del Ad quem, por lo que en aplicación del art. 399 de la norma adjetiva penal, dispone conceder a los acusados Fernanda Quinteros Coro, Claudia Choque Quinteros y Albino Choque Vallejos, el plazo de tres días a fin de que los mismos subsanen las deficiencias observadas; sin embargo, en el por tanto de la resolución mencionada, de manera expresa concede el referido plazo únicamente a las acusadas Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros.


II.3.        Del Incidente de nulidad de obrados y la notificación con la providencia que dispuso la aplicación del art. 399 del CPP.


En virtud al incidente por defecto absoluto no convalidable promovido por los imputados Albino Choque Vallejos y Fernanda Quinteros Coro, a través del Auto 108 de 2 de febrero del 2015, el Tribunal de alzada previa constatación que por Auto 19, se otorgó el plazo previsto por el art. 399 del CPP, únicamente a las co-acusadas Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros, sin considerar la situación jurídica del co-imputado Albino Choque Vallejos, así como la violación del derecho a la defensa, por haber notificado con la mencionada resolución, a los tres imputados mediante una sola diligencia (fs. 526), sin cumplir las condiciones y requisitos exigidos por el art. 164 de la norma adjetiva penal; declaró procedente el incidente y anulando obrados hasta fs. 526 inclusive, dispuso la notificación individual de cada uno de los acusados a fin de que fundamenten sus recursos de alzada.


El fallo referido precedentemente, fue notificado a los acusados Claudia Choque Quinteros, Albino Choque Vallejos y Fernanda Quinteros, el 30 de abril del 2015 conforme se desprende de las diligencias, cursantes a fs. 681, 682 y 683 de obrados.


II.4.        Del memorial de subsanación del recurso de alzada.


Por memorial presentado el 6 de mayo del 2015, los tres acusados de manera conjunta, presentaron memorial de fundamentación de su recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos:


  1. En cuanto a la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva,  los acusados alegan que el referido defecto se produjo por la calificación de “su conducta” en el tipo penal previsto por el art. 33 inc. m) con relación del art. 48, ambos de la Ley 1008, pues su accionar no se adecuaría a ninguna de las acciones descritas por las normas referidas ya que el contrato de arrendamiento por previsión del art. 453 del Código Civil (CC) podría celebrarse por escrito o de manera verbal; aspecto que, no habría sido valorado por el A quo, a pesar de que el coacusado Albino Choque y Claudia Choque, señalaron que el camión en el que encontraron la sustancia controlada, fue alquilado a Emeterio Montaño Mendieta y era conducido por el chofer del mismo de nombre Mario Cossio, éste último que fue encontrado en flagrancia con la sustancia controlada, acto ilícito en que sus personas no hubiesen intervenido. Alega también, que Mario Cossio chofer de Emeterio Montaño Mendieta- presuntamente reconoció a la propietaria de la sustancia ilícita, la cual sería Fernanda Quinteros, empero no existiría acta de reconocimiento de persona y tampoco había sido ofrecida en la acusación formal, observando que en la declaración del referido que fue declarado rebelde, se nombraría a Mauro Peña y no a sus personas. Concluye señalando que la Sentencia aplicó la norma cuya errónea aplicación observa, con base a una inexistente versión de una persona rebelde y contumaz que no intervino en el juicio; sin embargo, en el fallo de mérito se indicaría que “la declaración informativa de Mario Cossio” involucra a Fernanda Quinteros, basándose por lo expuesto, en pruebas, versiones, sindicaciones y hechos inexistentes.


  1. Sobre el defecto de Sentencia previsto por el inc. 2) del art. 370 del CPP, refieren que, en el acápite destinado a los fundamentos jurídicos a tiempo de referirse a las formas de comisión del delito, habría señalado que el mismo se consuma por contratar a otra persona para que transporte sustancias, argumento que considerar genérico al no individualizar su accionar.
  2. Respecto a la denuncia fundada en que la Sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura, el fallo de mérito en el tercer hecho probado, determinaría que el imputado “Mario Tapia”, admitió que el camión era de propiedad de Fernanda Quinteros, así como las bolsas de con sustancias controladas; sin embargo, en la declaración de Mario Tapia Cossio, la cual menciona ofrece como prueba, no se nombraría a Fernanda Quinteros Coro ni a los otros acusados, sino que la carga del camión fue recogida de la zona de Mataral en la propiedad de Mauro Peña.


  1. Que la Sentencia incurrió en los defectos previstos por los incs. 5) y 11) del art. 370 del CPP, al no haber establecido el nexo causal entre sus personas y el hecho, con base a un acta de reconocimiento de persona, que en los hechos no existe y que no fue ofrecido como prueba, otro hecho en el que se basó, sería la declaración informativa policial, que tampoco habría sido incorporada en el proceso ni producida en juicio, porque la misma correspondería al co-imputado “Mario Tapia”, quien estaría declarado rebelde y contumaz.


  1. Sobre la valoración defectuosa y falta de valoración exhaustiva de la prueba de descargo, previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, alegaron que: i) No existía orden judicial de allanamiento de inmueble de su propiedad, ii) Que la co-acusada Fernanda Quinteros, manifestó que los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico (FELCN) ingresaron a su domicilio sin autorización, por la barda, iii) Que las irregularidades en el allanamiento de su domicilio, contaminan cualquier prueba recolectada, iv) Que la firma de Claudia Choque Quinteros no cumplió con lo previsto por los arts. 3, 4 y 5 del CC, porque la misma era menor de edad al tener 17 años, v) Que en la defensa de Claudia Choque Quinteros, no intervino como parte la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, vi) Que en la Sentencia no existiría la valoración de la prueba ofrecida en fotocopias legalizadas, consistente en un proceso por Abuso de Confianza, seguido por Albino Choque contra Emeterio Montaño, por los hechos acontecidos, a quien le había alquilado su camión en varias oportunidades; toda vez, que el co-acusado Albino Choque se encontraba incapacitado para trabajar al tener fractura en la pierna producto de un accidente, proceso en el que el denunciado tendría como abogado al mismo profesional que el declarado rebelde en el caso de autos Mario Tapia-; asimismo, refiere que la Fiscal no quiso citar a Emeterio Montaño, pese a su solicitud y tampoco había considerado que es una persona que no tiene una vida económica saneada y por el contrario contaría con créditos bancarios y seguir trabajando en su tercera edad, lo cual no acontecería si se dedicara al delito de sustancias controladas; aspectos que, derivarían en una errónea aplicación de la ley sustantiva.


Bajo el acápite de Disposiciones legales que deben aplicarse, los recurrentes denuncian que la Sentencia adolece de los defectos que demuestran la conculcación de su derecho a la presunción de inocencia, seguridad jurídica, legalidad y verdad material, por lo que debería aplicarse el principio in dubio pro reo o el de favorabilidad, alega que las normas aplicables debieron ser los arts. 6, 13, 363, incs. 1), 2) 3) y 4) del 364 del CPP y 115, 116, 121 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los Autos Supremos 91/2006 de 28 de marzo del 2006, 444/2005 de 15 de octubre de 2005, 339/2010 de 1 de julio de 2010 y 21/2007 de 26 de enero del 2007 y la Sentencia Constitucional 0738/2012-R.


II.5.        Del Auto de Vista impugnado.


El recurso referido fue resuelto por el Auto de Vista 53 de 31 de julio de 2015, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando admisible e improcedente, bajo los argumentos que se sintetizan a continuación:


En el primer considerando, el Tribunal de apelación de manera expresa declaró admisible los recursos de apelación restringida, al haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 408 del CPP.


En el segundo considerando, el Ad quem haciendo mención a su falta de competencia para descender al examen de los hechos, modificarlos, complementarlos o desconocerlos, refiere que los argumentos expuestos por los acusadores pretenden que el Tribunal de alzada, someta nuevamente a un análisis y valoración de esas pruebas; aspecto que, no corresponde en virtud a que no existe segunda instancia.


En el tercer considerando, el de alzada refirió que después de estudiar los datos del proceso y los argumentos de los recurrentes, estableció que el A quo al dictar la Sentencia condenatoria contra Albino Choque Vallejos y Fernanda Quinteros Coro, procedió de forma correcta y conforme a derecho según lo previsto por el art. 365 del CPP, porque la prueba aportada por el Ministerio Público, fue suficiente para crear convicción sobre la responsabilidad de los imputados, por lo que había aplicado correctamente la norma sustantiva prevista por los arts. 48, 33 inc. m) de la Ley 1008, sin incurrir en ningún defecto previsto por el art. 370 del CPP, pues los imputados en su recurso de fs. 443, no habrían fundamentado ni explicado de qué manera se violentó sus derechos fundamentales de la defensa, debido proceso, legalidad y sus derechos constitucionales; es decir, no habían cumplido las condiciones exigidas por el art. 408 de la norma adjetiva penal, al no expresar agravios, citar concretamente las leyes que se condenaron violadas o erróneamente aplicadas y cuál es la aplicación que pretendían, tampoco habían indicado separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos como exige los arts. 370, 396 inc. 3) y 408 de la Ley 1970. En audiencia de fundamentación oral de la apelación, el abogado de la defensa, habría expuesto argumentos que no afectaron el fondo del asunto, tratando aspectos subjetivos y superficiales, sin referirse a los defectos de Sentencia que fueron enumerados en el memorial de fs. 443, referido a los incs. 1), 5), 6) y 10) del art. 370 del CPP, abocándose a realizar un relato y relación de los hechos que motivaron la acción penal, afirmando que no existe acta de reconocimiento de persona, que no se identificó sus conductas, invocando el defecto de sentencia previsto por el inc. 2) del art. 370 de la norma legal referida, cuando éste último defecto no habría sido motivo de la apelación restringida que cursa a fs. 443 de obrados, así como el defecto de sentencia, previsto por el inc. 11) de la norma señalada.


En cuanto, a la supuesta existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, los recurrentes no habrían precisado si la ausencia de fundamentación cuestionada, es la descriptiva, intelectiva o jurídica.


II.6.        De la Sentencia Constitucional Plurinacional 0323/2017-S2 de 3 de abril del 2017.

       

       El Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a la acción de amparo constitucional interpuesta por los tres imputados contra el Auto Supremo 182/2016-RRC de 8 de marzo y del análisis de los antecedentes del caso, estableció que éste Tribunal a través del fallo accionado, de manera equivocada había determinado que el memorial de subsanación de los recursos de apelación restringida, fue presentado fuera del plazo previsto por el art. 399 del CPP el 6 de mayo del 2015, tomando en cuenta que los recurrentes habrían sido notificados con el Auto de Vista 108, el 24 de abril del 2015; sin considerar que ésta última resolución mencionada anuló obrados hasta la notificación realizada con el Auto de Vista 19 de 23 de febrero del 2012, a través de la cual se hizo observaciones a los defectos de las apelación y otorgó a los impugnantes el plazo de tres días a fin de que los recurrentes advertidos de los defectos en la formulación de su recurso, puedan subsanarlo. Es decir, que el Auto de Vista 108, anuló actuados hasta la diligencia de notificación con el Auto Interlocutorio 19 de 23 de febrero del 2012 y dispuso se notifique con la mencionada resolución -Auto de Vista 19- a los acusados, de manera personal a efecto de que subsanen su recurso, resolución que fue cumplida por diligencias realizadas el 30 de abril del año 2015. Evidenciando que se había vulnerado el debido proceso en su elemento del derecho a recurrir.


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE DEFECTOS ABSOLUTOS


Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 695/2015-RA de 19 de diciembre (fs. 938 a 939 vta.), Auto que admitió el recurso que es caso de autos, por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.


III.1. Fundamentación de la resolución de alzada.


El deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en toda instancia, se impone a todo aquel que ejerce jurisdicción en nombre del Estado, el referido deber tiene rango constitucional y se encuentra previsto por el art. 180.I de la CPE, que entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé. La referida obligación comprende el deber de manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los Tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.

A través del Auto Supremo 2010/2015-RRC de 27 de marzo, en cuanto a la fundamentación de las resoluciones en grado de apelación, éste Tribunal estableció parámetros a efectos de una mejor comprensión y resolución, señalando que: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).


III.2. Análisis del caso en concreto.


Los recurrentes acusan que el Auto de Vista recurrido atenta a su derecho a la defensa, debido proceso, legalidad e igualdad de partes; toda vez, que basado en datos falsos habría omitido pronunciarse sobre los agravios planteados en alzada, señalando en el tercer considerando del fallo impugnado, que no se hubiera fundamentado ni explicado de qué manera se habría violado sus derechos y garantías constitucionales, sin considerar la fundamentación de su recurso de apelación restringida.


En este sentido corresponde a este Tribunal, verificar si efectivamente el Auto de Vista se fundó en datos falsos y omitió analizar la fundamentación de su recurso de alzada, vulnerando los derechos y garantías constitucionales.


Antes de ingresar al análisis de los argumentos expuestos por el Tribunal de apelación en el tercer considerando del fallo impugnado, corresponde precisar, que en el primer considerando del mismo, de manera expresa el Tribunal Ad quem, señaló: “…, la apelación restringida interpuesta por los acusados Albino Choque Vallejos y Fernanda Quinteros Coro ha sido presentada y fundamentada conforme a las previsiones exigidas por los Arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, por lo que es viable ingresar a considerar los aspectos, agravios y supuestos defectos que invocan los recurrentes.“ (sic) (el subrayado es nuestro). Argumento del cual se observa en primer lugar, que según el Tribunal de apelación los recurrentes serían sólo los dos acusados mencionados precedentemente, más no Claudia Choque Quinteros; aspecto que no condice con los datos del proceso, pues conforme lo redactado en el inc. b) del acápite I.1 del presente Auto Supremo, se tiene que ésta última de manera conjunta con la co-acusada Fernanda Quinteros Coro, interpuso recurso de casación (fs. 443), actividad recursiva que fue ratificada a través del memorial de fundamentación de su recurso mediante memorial de 6 de mayo del 2015-. En segundo lugar, el argumento expuesto por el Tribunal de alzada para declarar admisible los recursos interpuestos, determina que los imputados cumplieron con los requisitos de admisibilidad establecidos por el art. 408 del CPP.


Del análisis del argumento de alzada expresado en el tercer considerando de la resolución impugnada, motivo de análisis de casación, se establece que el Ad quem en primer lugar afirmó que la Sentencia emitida por el Tribunal de mérito, es correcta y conforme a derecho según lo determinado por el art. 365 de la norma adjetiva penal, pues la prueba de cargo habría sido suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad de los acusados. En ese sentido, afirma que se aplicó correctamente la Ley sustantiva establecida en los arts. 48, 33 inc. m) de la Ley 1008 y que no se incurrió en ningún defecto de sentencia previsto por el art. 370 del CPP; asimismo, afirma que en audiencia de fundamentación oral de los recursos de apelación, la defensa de los acusados expuso argumentos subjetivos y superficiales que no afectaron el fondo del asunto y que no tendrían relación con los defectos de sentencia previstos por los incs. 1), 5), 6) y 10 del art. 370 del CPP, que fueron fundamento del recurso de alzada (fs. 443), así se establece de lo descrito en el acápite II.5 de la presente resolución.


Manifestación del Tribunal de apelación, del cual se advierte que evidentemente no consideró los argumentos expuestos por los acusados a través del memorial de subsanación de recurso de apelación restringida, presentado con la suma de “I. FUNDAMENTA RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA” (sic), escrito en el que se fundamentó de manera separada cada agravio mencionado en los recursos que cursan a fs. 443 y 455 de obrados, y los cuales según se describió precedentemente, así como en el acápite II.5 del presente fallo, no merecieron respuesta expresa, clara, completa, lógica y legítima, defecto evidenciado; toda vez, que el Tribunal de apelación, no cumplió en principio como debió haber realizado, la identificación de cada agravio y el argumento que sirvió de sustento al mismo, para posteriormente resolver la circunstancia planteada y por el contrario el de alzada expuso fundamentos generales sin mencionar los hechos esgrimidos en el memorial de fundamentación del recurso presentado en cumplimiento al Auto Interlocutorio 19 de 23 de febrero del 2012. Constatándose que el Ad quem, no consideró los fundamentos del memorial de subsanación del recurso de alzada.

Omisión del Tribunal de apelación que queda confirmada cuando éste expresó que los acusados en su recurso (fs. 443), no fundamentaron ni explicaron de qué manera se violentó sus derechos fundamentales del derecho a la defensa, debido proceso, legalidad y sus derechos constitucionales; es decir, solo tomó en cuenta el memorial de fs. 443, cuando éste al igual que el recurso presentado por el co-acusado Albino Choque Vallejos (fs. 453), fueron subsanados por memorial presentado el 6 de mayo del 2015, en cumplimiento al Auto Interlocutorio 19 de 23 de febrero del 2012 de fs. 525, por el cual en aplicación del art. 399 de la norma adjetiva penal, se dispuso que los tres acusados, subsanen los recursos interpuestos.


Continuando con su argumento para declarar improcedente las impugnaciones de alzada, el Ad quem, de manera totalmente contradictoria con el argumento expresado en el primer considerando del Auto de Vista impugnado, después de declarar que los recurrentes presentaron sus recursos de manera fundamentada conforme las exigencias previstas por los arts. 407 y 408 del CPP, en el tercer considerando manifiesta que “no fundamentaron ni explicaron de qué manera se violentó sus derechos fundamentales” porque incumplieron con las exigencias previstas por el art. 408 del CPP, al: i) No expresar los agravios; ii) No citar las leyes que consideran violadas o erróneamente aplicadas; iii) No explicar la aplicación pretenden; y, iv) No indicar separadamente cada violación con sus fundamentos respectivos, conforme lo previsto por los arts. 370, 396 inc. 3) y 408 de la Ley 1970.


Constatándose que el Tribunal de apelación, no hizo un correcto análisis de los actuados cursantes en el proceso, al fundar su resolución únicamente en la verificación de los fundamentos esgrimidos por las acusadas Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros a través del memorial que cursa a fs. 443, sin considerar el recurso interpuesto por el co-acusado Albino Choque Vallejos (fs. 453) y menos el memorial subsanación de recurso de 6 de mayo del 2015 (fs. 692 a 696 vta.), vulnerando con dicha omisión el debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa e impugnación, tutelados por los arts. 115.II y 180.I y II de la CPE.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Albino Choque Vallejos, Fernanda Quinteros Coro y Claudia Choque Quinteros y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 53 de 31 de julio del 2015, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos