TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 139/2018-RRC        

Sucre, 15 de marzo de 2018


Expediente                        : Tarija 29/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Edwin Flores Márquez

Delitos                        : Peculado y otro

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de mayo de 2017, cursante de fs. 799 a 806 vta., José Gonzalo Trigoso Agudo, Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 02/2017-SP1 de 20 de enero, de fs. 759 a 765 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo y la parte recurrente contra Edwin Flores Márquez, por la presunta comisión de los delitos de Peculado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 142 y 146 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 3/2014 de 8 de septiembre (fs. 613 a 635 vta.), el Tribunal de Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró probado el incidente de nulidad de obrados por actividad procesal defectuosa, planteado por el imputado con relación al delito de Uso Indebido de Influencias, debiendo desglosarse y remitirse al Ministerio Público el aviso de ampliación de investigación; asimismo, sin lugar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción respecto al delito de Uso Indebido de Influencias e improbada la Excepción de Falta de Acción planteada por la defensa con relación al delito de Peculado, declarando a Edwin Flores Márquez, autor de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de cien días multa a razón de Bs. 100.- (cien bolivianos) por día.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Edwin Flores Márquez (fs. 709 a 735 vta.) y el Ministerio Público (fs. 737 a 740 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 02/2017-SP1 de 20 de enero, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar el recurso planteado por el imputado; y en consecuencia, revocó la Sentencia apelada y declaró probada la Excepción de Falta de Acción; y, en aplicación del art. 312 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso el archivo de obrados “hasta que la acción penal por el ilícito de Uso Indebido de Influencias sea promovida legalmente” (sic), motivando la formulación del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 573/2017-RA de 10 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


La parte recurrente asevera que el Tribunal de apelación, no realizó una correcta valoración a los elementos de prueba, muchos menos de los elementos constitutivos del tipo penal; puesto que, absuelve de culpa y pena porque la conducta del acusado no se adecuaría al tipo penal. De lo previsto en la Sentencia, se establece que la condena por el delito de Peculado se ajusta a lo previsto en la doctrina señalada, porque las pruebas y la propia declaración del acusado determinaron que era funcionario público (Diputado Nacional y mandatario del Gobierno Municipal de Bermejo), que mediante Poder Notarial 282/2006, se le confió la facultad de desaduanizar y tramitar la exención de Tributos de ropa nueva proveniente del extranjero, a favor del Gobierno Municipal de Bermejo, para regalar a la gente de escasos recursos; es decir, el mandatario actúa en representación del Gobierno Municipal de Bermejo para desaduanizar la ropa para lo cual también debió haber resguardado y no haber dispuesto y/o regalado en un acto público a los representantes de medios de comunicación y a otros, como se tiene demostrado en juicio; por otro lado, el imputado conocía que era funcionario del Estado y que dicha ropa era de la administración pública, por lo que no le pertenecía y no podía disponer como si fuera propietario de la misma; es ahí que aparece el quebrantamiento del funcionario para con el Estado, razón por la cual existe el dolo directo, como también el iter criminis, ya que el mismo se realizó a través de medios de prensa, por lo que el criterio del Tribunal de alzada no está conforme a derecho; ya que, el mismo no observa lo establecido por la doctrina para establecer la existencia o inexistencia de los elementos constitutivos del tipo penal (Peculado), situación que fue valorada correctamente por el Tribunal de Sentencia.


I.1.2. Petitorio.


La parte recurrente impetra se declare con lugar el recurso de casación formulado y se deje sin efecto la resolución recurrida, ordenando se mantenga firme la Sentencia 3/2014 de 8 de septiembre, que condenó al imputado a la pena de cuatro años de reclusión.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 573/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 816 a 819, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, únicamente para el análisis del motivo precedentemente identificado, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 3/2014 de 8 de septiembre, el Tribunal de Sentencia de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró probado el incidente de nulidad de obrados por actividad procesal defectuosa planteado por el acusado con relación al delito de Uso Indebido de Influencias; sin lugar la excepción de extinción de la acción penal por prescripción respecto al delito de Uso Indebido de Influencias e improbada la excepción de falta de acción planteada por la defensa con relación al delito de Peculado, declarando a Edwin Flores Márquez, autor de la comisión del delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, al establecer los siguientes hechos.


  1. El imputado fue elegido como diputado nacional por el departamento de Tarija, durante el periodo 2006 a 2009, siendo su participación en el congreso nacional como funcionario integrante de la bancada de PODEMOS y en ejercicio de esas funciones, tomó conocimiento de la existencia de una donación de prendas de vestir provenientes de la República de China, que correspondía ser gestionada por la bancada de PODEMOS y de la agrupación ciudadana MAS.


  1. En ejercicio de funciones de gestor que le facultaba el cargo, coadyuvó a la suscripción del memorando de entendimiento de 4 de abril de 2006, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China y el Gobierno Municipal de Bermejo.


  1. La donación consistía en prendas de vestir donadas por YUGEN.CO.LTD y canalizada a través del Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo, que fue puesta en un contenedor con factura I-373 expedida por EVERGREEN INTERNATIONAL CORPORATION.


  1. El imputado en razón de su cargo, tenía confiado el trámite de desaduanización en representación del Gobierno Municipal de Bermejo, tarea que ejecutó primero por iniciativa propia a momento de solicitar la exención de Tributos Aduaneros y luego a través del poder notarial 282/2006 de 29 de junio, que resultaba un requisito para los trámites a realizarse en la Aduana Nacional.


  1. El imputado recibió la mercadería donada, consistente en ropa de vestir para hombres, contenida en 550 cajas entregadas con precinto de origen intacto con un peso de 8.680 kilos, que formaban parte del patrimonio público del Municipio de Bermejo.


  1. Una vez desaduanizada la ropa de donación, gestionó también para los gastos de desaduanización y flete (transporte), dinero que le fue girado a nombre de su asistente personal en el Congreso y entregado personalmente por el Oficial Mayor de Desarrollo Humano del GAMB.


  1. Gestionados estos fondos y aumentando a ellos fondos propios según los dichos del mismo imputado, la ropa donada llegó a Bermejo a su domicilio particular donde convocó a la prensa, regaló ropa a varias personas que llegaron antes de terminar la conferencia y también la regaló a los propios reporteros de los medios de comunicación, sustrayendo, apartando y disponiendo de esa forma de los bienes de propiedad del Gobierno Municipal como si fueran bienes propios, en beneficio de su actividad política.


  1. Las prendas de vestir reservadas y dispuestas discrecionalmente por el imputado, desde el momento en que fueron donadas por la República de China e ingresaron al territorio nacional, integraban el patrimonio del Gobierno Municipal de Bermejo y debían ser distribuidas por dicho municipio a personas de escasos recursos económicos; al cambiar el conducto regular para su distribución, al reservarse una cantidad considerable de prendas que estaban bajo su custodia o tenencia, el imputado afectó el patrimonio municipal dando un uso distinto a los bienes donados, cuya desaduanización y transporte le fueron confiados, adecuando su conducta en grado de certeza al tipo penal de Peculado.

 

II.2.        De los recursos de apelación restringida.


       El imputado Edwin Flores Márquez, interpuso apelación impugnando las resoluciones que declararon improbadas la Excepción de Falta de Acción respecto al delito de Peculado y el incidente de actividad procesal defectuosa, así como apelación restringida contra la sentencia por la concurrencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, alegando en lo sustancial que la ropa donada, nunca ingresó el patrimonio del Gobierno Municipal de Bermejo y menos se acreditó que fue registrada en los inventarios estatales dependientes del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, puntualizando que en su condición de diputado nacional, no tenía entre sus funciones propias la administración, custodia o cobro de recursos públicos, pertenecientes al Municipio de Bermejo.


Por otra parte, denuncia la concurrencia de los defectos previstos por el art. 370 incs. 5), 6) y 11 del CPP y la concurrencia del defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP. 


El Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida, denunciando la vulneración de los arts. 358 y 359 del CPP, así como la vulneración de los principios de congruencia y razonabilidad, solicitando se proceda al saneamiento procesal modificando la sentencia con relación a la condena impuesta al imputado, ampliándola a una pena privativa de libertad de ocho años, más costas a favor del Estado.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.        


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Tarija, declaró con lugar la apelación restringida formulada por el imputado y revocó la sentencia emitida en la causa, declarando probada la excepción de falta de acción, a tiempo de disponer el archivo de obrados hasta que la acción penal por el ilícito de Uso Indebido de Influencias sea promovida legalmente.


En cuanto a la excepción de falta de acción, respecto al delito de Peculado, previsto y sancionado por el art. 142 del CP, establece la existencia de un impedimento legal para proseguir con el proceso penal porque su conducta es atípica, declarando probada la excepción de falta de acción disponiendo el archivo de obrados en aplicación del art. 312 del CPP.


Sobre el defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, destaca que el hecho establecido no se subsume al delito de Peculado, porque el imputado no se apropió de la ropa donada del Municipio de Bermejo, correspondiendo la corrección directa del defecto, declarando la absolución del imputado.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


En el caso presente, el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, denuncia que el Tribunal de alzada no realizó una correcta valoración a los elementos de prueba, menos de los elementos constitutivos del tipo penal; puesto que, absolvió de culpa y pena al imputado; no obstante, que era funcionario público, que la ropa en cuestión pertenecía a la administración pública; y por lo tanto, no podía disponerla como si fuera propietario.


Efectuada esa precisión, es menester señalar que el recurso fue admitido ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, al alegarse que el defecto de pronunciamiento impugnado constituiría una lesión al debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, al precisarse que el Auto de Vista impugnado, pronunció la declaratoria de absolución del imputado; siendo necesario acudir a los antecedentes del proceso que informan que una vez pronunciada la sentencia condenatoria contra el imputado por el delito de Peculado, previsto y sancionado en el art. 142 del CP, con la imposición de una pena privativa de libertad de cuatro años; el imputado Edwin Flores Márquez, interpuso apelación impugnando en principio las resoluciones que declararon improbadas la excepción de falta de acción respecto al delito de Peculado y el incidente de actividad procesal defectuosa con relación al delito de Uso Indebido de Influencias; fundamentando en el primer caso, que a través de la citada excepción resultaba procedente hacerlo cuando el hecho incriminado requería de un sujeto específico, pero que en el caso presente no era servidor público encargado de la administración, cobro o custodia de la mercancía donada por la Embajada de Taiwán a favor del Municipio de Bermejo, pues si bien era diputado nacional con las facultades previstas por el art. 62 de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente en la gestión 2006, su desempeño como apoderado se limitó a desaduanizar y liberar del pago de tributos a la mercancía; además de puntualizar que el tipo penal hace referencia a caudales o efectos públicos, y que la administración, percepción y custodia, deben haber sido confiadas al agente en razón del cargo, pues la doctrina no hace referencia a una entrega facultativa, sino impuesta o autorizada por disposiciones administrativas.


Por otra parte, formuló recurso de apelación restringida contra la sentencia con base al defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, alegando que no existe prueba alguna que permita al Tribunal asumir convicción acerca de la naturaleza jurídica de la ropa donada, pues lejos de demostrarse que ingresó al patrimonio del Municipio de Bermejo, se acreditó que fue recogida de su vivienda para ser trasladada a la parroquia y el mismo día se procedió a la entrega en manos de los presidentes de los barrios, extremo que hacía ver que la ropa donada nunca ingresó el patrimonio del Gobierno Municipal de Bermejo. Además, sostuvo que el Tribunal de Sentencia desconoció que para considerar un bien donado como parte del patrimonio de una entidad estatal, debía ingresar de forma oficial en cumplimiento de las “DIRECTRICES DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA GESTION 2006”, emanadas por el Ministerio de Hacienda a través del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría; ya que, para asumir la condiciones de bienes estatales debía previamente haberse acogido a las “DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES GESTION 2006” emanadas por el Ministerio de Hacienda, sin que en juicio se hayan acreditados estas exigencias normativas para aseverar que la ropa donada constituya un bien patrimonial municipal, sin que tampoco se haya acreditado que esos bienes hayan sido registrados en los inventarios estatales dependientes del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, pues solamente cumplidas estas formalidades podía considerarse parte del patrimonio estatal, para ser dispuestos de acuerdo a las normas de control gubernamental.


Además, con similares argumentos a la excepción de falta de acción, con relación al sujeto activo, refirió que en su condición de diputado nacional, no tenía entre sus funciones propias la administración, custodia o cobro de recursos públicos pertenecientes al Municipio de Bermejo, sin que se haya acreditado que la MAE de dicho municipio, le haya delegado las funciones propias de esa autoridad, no siendo el poder notarial 282/2006, un documento idóneo para delegar la administración, custodia o cobro de recursos, tomando en cuenta que la delegación no se realiza mediante poder notarial; sino solamente mediante una resolución expresa, motivada y pública, al margen que ese poder tenía una sola finalidad encomendada, consistente en la desaduanización de la mercadería.  


Estos planteamientos fueron resueltos por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Tarija, que al referirse a la excepción de falta de acción respecto al delito de Peculado, estableció que cuando se produjo el hecho atribuido, el imputado era diputado nacional y no funcionario del Municipio de Bermejo, de modo que la ropa donada no estaba bajo su administración y respecto al poder conferido por el alcalde de Bermejo, esté se limitó a que el imputado proceda a desaduanizar y liberar el pago de Tributos de la mercancía donada por la embajada de Taiwán, sin haberse otorgado un memorando de funcionario del municipio con competencia para administrar, cobrar o custodiar bienes del Municipio, máxime si en esa fecha el imputado era Diputado Nacional, resultando en criterio del Tribunal de alzada evidente la existencia de un impedimento legal para proseguir con el proceso penal porque su conducta era atípica, declarando probada la excepción de falta de acción disponiendo el archivo de obrados en aplicación del art. 312 del CPP.


No obstante, el pronunciamiento precedente, paso a resolver el planteamiento de la apelación restringida y con relación al defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, previa trascripción parcial del contenido de la sentencia; en cuanto, a los hechos probados, estableció que no se subsumían al delito de Peculado, porque el imputado no se apropió de la ropa donada del Municipio de Bermejo, sino que la regaló a terceras personas; además de que dicha ropa donada no estaba bajo la administración del imputado porque inclusive no era funcionario del Municipio de Bermejo sino Diputado Nacional, por lo que teniendo presente el principio de taxatividad de la ley penal emergente del principio de legalidad, correspondía la corrección directa del defecto, declarando la absolución del imputado con la finalidad de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, conforme los arts. 115, 178 y 180 de la CPE y 423 del CPP; porque el disponer el reenvío y que se sustancie nuevo juicio, sin motivo ni fundamento alguno, argumentó la Sala Penal de apelación, se llegaría al mismo resultado que la prueba valorada por el Tribunal de instancia que demostró la absolución penal del imputado. En consecuencia: “declara con lugar el agravio, se modifica la sentencia apelada declarando a Edwin Flores Márquez absuelto de culpa y pena por el ilícito de Peculado, reprimido y sancionado por el art. 142 del Código Penal” (sic). 


Ahora bien, esta necesaria relación de antecedentes obliga la referencia a los momentos procesales para la resolución de excepciones planteadas en el juicio y el tratamiento por el Tribunal de alzada, cuando se plantea apelación contra la resolución de una excepción y la Sentencia, de manera conjunta; aspectos sobre los cuales el Auto Supremo 272/2013-RRC de 17 de octubre, efectuó las siguientes precisiones: “En cuanto al trámite y resolución de las excepciones, el art. 314 del CPP señala: “Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieren la producción de prueba se tramitará por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.´, por su parte, el art. 315 del citado procedimiento, al regular el procedimiento general para las excepciones, sea que se planteen en la etapa preparatoria o en la etapa del juicio,  prescribe: ´Si la excepción o el incidente es de puro derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el juez o tribunal, sin más trámite, dictará resolución fundamentada dentro de los tres (3) días siguientes de vencido el plazo previsto en el artículo anterior.


Si se ha dispuesto la producción de prueba se convocará, dentro de lo cinco (5) días, a una audiencia oral para su recepción y, en la misma, se resolverá la excepción o el incidente de manera fundamentada.´ Ahora bien, en cuanto al tratamiento y resolución de las excepciones en la etapa del juicio oral, el art. 345 del CPP señala: ´Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia.´, norma complementada con el art. 359.II del CPP que prescribe: ´Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: 1) Las relativas a toda cuestión incidental que se haya diferido para este momento…´.


De una interpretación armónica de los preceptos anteriormente glosados, se concluye que, si bien las excepciones pueden ser planteadas durante el acto de juicio en forma oral y que deben ser resueltas en un solo acto; la norma faculta al Juez o Tribunal a que se reserve su resolución a momento de pronunciar Sentencia, una vez desarrolladas las fases de planteamiento y trámite, quedando pendiente únicamente su resolución. En tal sentido, cuando el juez hace uso de esta facultad, dada la naturaleza de las cuestiones incidentales (excepciones o incidentes), que imponen su previo y especial pronunciamiento conforme prevé el art. 308 y 359 inc. 1) del CPP; antes de emitir sentencia resolviendo sobre la responsabilidad penal del imputado, debe pronunciarse sobre las excepciones o incidentes pendientes de resolución, de tal manera que, de declararse probada una o varias excepciones, entre ellas la de prejudicialidad, como lógica consecuencia y por los efectos previstos por ley para cada excepción, resultará inviable resolver el fondo del litigio declarando la condena o absolución del imputado.


Por otro lado, en cuanto a la resolución de apelaciones por el Tribunal de alzada, respecto de recursos interpuestos contra un auto que resuelve una excepción y contra la sentencia, en forma conjunta, si bien el trámite de las apelaciones incidentales y restringidas, tiene un tratamiento diferenciado en el Código de Procedimiento Penal para cada recurso, tomando en cuenta el anterior entendimiento; es decir, la posibilidad de que el juez o tribunal decida diferir la resolución de excepciones o incidentes, para el momento en que corresponda pronunciarse sobre la responsabilidad penal del imputado, se genera la situación de que la Sentencia tiene una doble connotación, pues se trata de una resolución que contiene un pronunciamiento tanto respecto a una excepción o incidente (se entiende de rechazo); y, por otro lado con relación a la responsabilidad penal del imputado, por lo tanto existe fundamentación sobre las dos esferas de análisis en forma independiente.


Ahora bien, al tratarse de una misma resolución, que cuenta con doble plataforma de análisis argumentativo, es plenamente válido que la parte que se considere afectada con ambas determinaciones, pueda plantear y argumentar su recurso contra las dos determinaciones en un mismo actuado, en coherencia con los principios de concentración y economía procesales.


En tal caso, corresponde al Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el recurso interpuesto contra una Resolución con esas características, pronunciarse en primer término sobre la admisibilidad y procedencia de la apelación incidental; por cuanto, del resultado del pronunciamiento sobre la cuestión incidental, dependerá la resolución sobre la apelación restringida; toda vez, que de determinar la procedencia de la cuestión apelada; en consecuencia, revocar lo resuelto por el juzgado o tribunal de sentencia y declarar probada la excepción o incidente, no corresponderá el análisis de la apelación restringida respecto a la Sentencia por efecto de la apelación incidental acogida. Al contrario, de desestimar la apelación incidental, en el mismo Auto de Vista, deberá ingresar a considerar y resolver los fundamentos de la apelación restringida.


Finalmente es pertinente dejar establecido, que conforme las normas relativas al recurso de casación y su procedencia, así como la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal, lo resuelto respecto de la apelación incidental, no admite recurso de casación”.


En el caso de autos, conforme se destacara en los antecedentes del proceso, se evidencia que el Tribunal de alzada declaró probada la excepción de falta de acción por el delito de Peculado, al asumir que la conducta del imputado era atípica, ante la falta de los elementos del tipo en el caso sometido a análisis; empero, de manera incomprensible y con falta de lógica, en atención a las consecuencias derivadas de esa decisión de disponer el archivo de obrados, ingresó a resolver la apelación restringida, sin considerar que dada la secuencia en la resolución de ambas apelaciones, en los hechos desconoció su propio pronunciamiento positivo respecto a los argumentos alegados por el imputado en la apelación de la resolución relativa a la excepción de falta de acción, generando una disfunción procesal que no puede ser convalidada por este Tribunal de casación, pues si bien el recurso de casación fue admitido para su consideración de fondo, un análisis respecto a la absolución declarada por el Tribunal de alzada, dados los antecedentes descritos, carecerían de relevancia ante la existencia de una resolución que anteladamente asumió el Tribunal de apelación, concluyendo que la conducta del imputado resultó atípica y que en consecuencia, relievando la existencia de un impedimento legal para proseguir con el proceso penal, ordenó el archivo de obrados; en consecuencia, a los fines de salvaguardar el principio procesal de legalidad que fundamenta entre otros, la jurisdicción ordinaria, previsto en el art. 180.I de la CPE, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, a los fines de que el Tribunal de alzada emita una nueva resolución que se ajuste al marco normativo previsto para la resoluciones de apelaciones incidentales y restringidas, planteadas en forma simultánea.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Gonzalo Trigoso Agudo, Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, de fs. 799 a 806 vta.; en consecuencia, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 02/2017-SP1 de 20 de enero, de fs. 759 a 765 vta., y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sin espera de turno y previo sorteo, dicte un nuevo fallo. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente resolución a los Tribunales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos