TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 137/2018-RRC

Sucre, 15 de marzo de 2018


Expediente                        Santa Cruz 61/2017

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Macario Heredia Bastos y otro

Delitos                                : Allanamiento de Domicilio y otros

Magistrado Relator          : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de abril de 2017, cursante de fs. 1396 a 1401 vta., Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio Rodríguez, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 6 de 10 de marzo de 2017, de fs. 1361 a 1374, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Adrián Castedo Valdés contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Allanamiento de Domicilio, Daño Calificado con relación al Medio Ambiente, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Almacenaje, Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oíl, Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 298, 358 inc. 5), 223, 226 bis y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 2 de 14 de marzo de 2016 (fs. 1277 a 1287 vta.), el Tribunal de Sentencia de Puerto Suárez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, rechazó el incidente de nulidad de obrados formulado por la defensa de los imputados, declaró a Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio, autores de la comisión de los delitos de Daño Calificado con relación al Medio Ambiente, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 358, 223 y 132 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión y al pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, más costas al Estado, siendo absueltos de pena y culpa de los delitos de Allanamiento de Domicilio y de Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oíl.


  1. Contra la referida Sentencia, los imputados Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio (fs. 1295 a 1304) y el acusador particular Adrián Castedo Valdés (fs. 1305 a 1314 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 6 de 10 de marzo de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación en análisis.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 564/2017-RA de 10 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


En cuanto a lo explicado en el Auto de Vista impugnado, respecto a que se los tendría plenamente individualizados como autores, mediante las diversas testificales e informes presentados por la ABT y que el Tribunal no encontró ninguna contradicción en las declaraciones prestadas por los testigos de cargo, aclaran que dichas declaraciones son totalmente contradictorias; ya que, los testigos de cargo refieren hechos totalmente distintos; en cuanto, a quienes se encontraban en el lugar del hecho el día en que efectivos del Regimiento Montes y personeros de la ABT como el querellante se constituyeron a la propiedad “La Gloria”, así como sobre las circunstancias de los hechos, omitiendo lo establecido en el Auto Supremo 276/2007 de 5 de octubre, respecto a lo cual afirman que el Tribunal de alzada debe realizar la valoración y emitir su Auto de Vista conforme los antecedentes del proceso y todos los actos realizados en el mismo; ya que, lo contrario recae en un defecto de nulidad; por cuanto, el juzgador no puede realizar una disposición sin tener un conocimiento claro, preciso y real sobre los antecedentes del proceso, los incidentes ocurridos dentro del mismo y su resolución.


Además en el Tribunal de alzada; en cuanto, a la prueba de la acusación particular Nº 13, indicó que no se constata ni se evidencia que dicha prueba haya sido excluida en algún momento del periodo de debates, hecho falso ya que del CD librado por Secretaría del Tribunal de Sentencia, está claramente sentado el hecho de que dicha prueba sí fue excluida por esta parte y de manera ilegal fue introducida a la Sentencia dentro de los elementos de prueba que, a decir del Tribunal de mérito, generó convicción en los mismos sobre la comisión de los ilícitos acusados.


I.1.2. Petitorio.


La recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 564/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 1415 a 1419, este Tribunal admitió el recurso de casación, formulado por Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio Rodríguez, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.   De la Sentencia.


Por Sentencia 2 de 14 de marzo de 2016, el Tribunal de Sentencia de Puerto Suárez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, rechazó el incidente de nulidad de obrados formulado por la defensa de los imputados, declaró a Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio, autores de la comisión de los delitos de Daño Calificado con relación al Medio Ambiente, Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 358, 223 y 132 del CP, imponiendo la pena de tres años y tres meses de reclusión y al pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día, más costas al Estado, siendo absueltos de pena y culpa de los delitos de Allanamiento de Domicilio y de Comercialización y Compra Ilegal de Diésel Oíl.


En el acápite III de la Sentencia, el Tribunal de mérito expresó que ninguna de las partes interpuso ningún incidente y excepción en audiencia; sin embargo, en la etapa de preparación de juicio, la defensa de los imputados, planteo incidente de nulidad de obrados, por la presentación extemporánea de la prueba por parte del Ministerio Público, el mismo que fue rechazado tomando en cuenta la distancia de más de 400 km, entre San José de Chiquitos y Puerto Suárez.


En el acápite VII, destinado a los hechos probados, el de mérito expresó:


“VII.1.- En merito a las pruebas de cargo y descargo producidas durante el transcurso del debate, se llega a probar los siguientes hechos:


VII.1.1.- Se ha probado que en fecha 28 de Octubre de 2013, cuando se constituyó la comisión compuesta por representante de la ABT, Militares, el asignado al caso, la víctima, los diferentes informes de la ABT, de los Militares, del Asignado al caso, la prueba documental judicializada de cargo del Ministerio Público y Acusador Particular, y las declaraciones de los testigos de cargo y descargo, se llega a determinar con plena certeza que los acusados presente. Macario Heredia Bastos, Miguel Ángel Bonifacio Rodríguez, su conducta esta subsumida a los delitos de Daño Calificado con relación al medio ambiente, Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la Riqueza Natural y Asociación Delictuosa, según las pruebas documental de cargo de M-P. PD-, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, del Acusador Part. PD-3, 4, 5 , 6, 8,, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31 Y 32 Y LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DE CARGO, Carmen Eguez. Ing. Jorge Rivera Rivera Juan Pablo Morales Nogales, Ing. Erwin Daniel Siles Quiroz Ing. José Antonio Flores Montero, Adrián Castedo Valdés y Juan Manuel Vargas Soto, son conteste en sus declaraciones” (sic).


II.2.  Del recurso de apelación restringida de los imputados.


Contra la resolución mencionada, el acusador particular y los imputados, interpusieron recursos de apelación restringida, éstos últimos, fundaron su impugnación en los siguientes motivos:


  1. Que el Tribunal de Sentencia, incurrió en el defecto previsto por el inc. 2) del art. 370 del CPP, porque la sentencia sería incongruente e imprecisa, además de contradictoria, pues de la declaración del testigo de cargo  Jorge Rivera Ribera, se tendría que éste manifestó que encontró a Macario, quien se identificó como dirigente y estaba con cinco personas, asimismo habría visto a Natalio Da Silva, quien manejaba una oruga amarilla; posteriormente, el mismo testigo ingresaría en contradicción, al señalar que se encontró con Macario quien contrató la Oruga de Natalio, éste último que ratificó esa versión, encontrándose también con Bonifacio. Ésta declaración contrastada con el testimonio del Tte. Juan Pablo Morales, establecerían que Bonifacio y Macario, llegaron al lugar mientras él esperaba un camión; y posteriormente, se encontraron con José Flores, de la declaración de Daniel Siles Quiroz, se establece a decir de los imputados- que fue al lugar acompañando al Ing. Jorge Rivera, encontrando en el mismo a Natalio Da Silva, Macario Heredia y Bonifacio, que Flores, firmó el acta y que el responsable de los daños sería el dirigente. Asimismo, alegan que las testificales descritas, demuestran contradicción en la identificación inicial de Macario, pues en principio Rivera identificó a Macario y Bonifacio; y, Daniel Quiroz, refirió que Macario negó identificarse, el testigo Morales refirió que vio llegar una camioneta, no que la misma estaba estacionada; por otro lado, José Antonio Flores, manifestó que encontró a los acusados en la carretera; declaraciones que los recurrentes califican de absurdas, pues no tienen la ubicuidad de estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, sumado a que el testigo Adrián Castedo Valdez, manifestó que en el lugar vio a Santos Mamani y Natalio Da Silva.


  1. En el punto 3.2., de su recurso, acusa que la Sentencia incurrió en el defecto previsto por el inc. 4) del art. 370 del CPP, argumentando que el A quo, fundó su determinación, valorando la prueba de cargo signada con el N° 13, la que fue excluida en debate, por lo que no correspondía valorar la misma, defecto que constaría en el título IV de la resolución de mérito, acto que consideran arbitrario y vulneratorio del principio de legalidad y debido proceso.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista impugnado, resolvió los motivos de apelación, descritos precedentemente, bajo los siguientes argumentos, expuestos en el décimo considerando:


  1. Sobre la denuncia fundada en la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 2) del art. 370 del CPP, el Tribunal de apelación, refirió: “En base a lo denunciado el tribunal de alzada después de la lectura y análisis de la sentencia recurrida, llega a la conclusión de que el tribunal inferior tanto en la parte de Hecho Probados, como en la Valoración de la Prueba y la Fundamentación de Derecho ha indicado que los acusados Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio Rodríguez se encuentran suficientemente individualizados como autores de los delitos de Daño Calificado con relación al Medio Ambiente, Destrucción y Deterioro de Bienes del Estado y Asociación Delictuosa, llegando a la conclusión el mencionado tribunal con las declaraciones de los testigos de cargo, además de las documentales de cargo consistentes en informes de la ABT y del asignado al caso, mismas que confirman la participación de los acusados en los ilícitos sentenciados, siendo que el tribunal inferior no encontró ninguna contradicción en las declaraciones prestadas por los testigos de cargo, quienes más por el contrario confirman que fueron los acusados quienes contrataron a las personas y la maquinaria pesada para proceder al desmonte de la propiedad denominada La Gloria, sin ninguna autorización ni permiso del propietario o de la Autoridad de Bosques y Tierra, por lo que no es cierto ni evidente que no estén suficientemente individualizados los acusados.” (sic).


  1. Respecto a la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 4) del art. 370 del CPP, porque la resolución de mérito se basó en prueba excluida, el Ad quem, argumentó que de la revisión del acta de juicio oral y de la Sentencia impugnada, no constató que la prueba Nº 13, hubiera sido excluida, habiendo sido incorporada al juicio de forma legal y sin violentar ninguna norma procedimental.


III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE CONTRADICCIÓN


En el caso presente, este Tribunal admitió el quinto motivo del recurso de casación, interpuesto por los imputados, ante el cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, la invocación de precedentes y la precisión de la presunta contradicción con la resolución impugnada.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3) de la LOJ y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución, dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2.        La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


En cuanto a la fundamentación de las resoluciones de alzada, este Tribunal estableció ciertos parámetros en el Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, estableció: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna).


III.2. Análisis del caso concreto.


Los recurrentes denuncian que el argumento del Tribunal de apelación, que determina la inexistencia de las contradicciones entre las declaraciones testificales de cargo, sobre los hechos y su participación en los mismos, así como la exclusión de la prueba N° 13, en la cual se fundó la sentencia condenatoria, transgreden lo establecido por:


El Auto Supremo 276/2007 de 5 de octubre, dictado dentro del proceso penal seguido por LC de H contra AML, por la presunta comisión del delito de Lesiones Gravísimas, que tuvo como relación fáctica, la constatación por parte del Tribunal de Casación, que el Tribunal de apelación incurrió en defecto absoluto conforme lo previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, al declarar “con argumentos sin valor, inadmisible el recurso de casación interpuesto por la víctima” (sic), conculcando el principio constitucional de derecho a la defensa, tutelado por el art. 16 de la Constitución Política del Estado. Motivando la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable:


Los Autos de Vista contienen el defecto absoluto no susceptibles de convalidación a que hace referencia el numeral 3) del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, cuando declaran inadmisible un recurso de apelación restringida desconociendo la existencia de claros datos expuestos durante el juicio oral que acreditan el cumplimiento, por parte del recurrente, de reglas procesales no advertidas por los juzgadores o equivocadamente valoradas como no observadas, vulnerando así la garantía del debido proceso por descuido en la revisión de antecedentes, negando por ello al recurrente su derecho a la defensa. Los Tribunales de Alzada están en la inexcusable obligación de fundamentar sus resoluciones sobre la base de una revisión prolija de los antecedentes y actos procesales que motivaron el recurso de apelación restringida, evitando apreciaciones que desconozcan los actos procesales ejecutados por las partes en atención a sus derechos u obligaciones o por el Juez o Tribunal en mérito a su competencia.”


Al respecto, es importante señalar que éste Tribunal de casación, por Auto 210/2015-RRC de 27 de marzo, refiriéndose a la fundamentación y motivación de las resoluciones de alzada, señaló que las conclusiones, deben ser fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo.


En el caso de autos, los imputados denuncian que las conclusiones de alzada, son erradas porque: i) No tomó en cuenta las contradicciones en las testificales de cargo; y, ii) La existencia de la exclusión probatoria de la prueba N° 13; es decir, cuestiona que las conclusiones del Ad quem, no condicen con los antecedentes del proceso, requisito que hace parte de una correcta fundamentación y motivación de cualquier resolución judicial. Por lo expuesto, al existir una situación procesal análoga entre los hechos del precedente invocado falta de correspondencia entre los antecedentes del caso y el fundamento del Tribunal de apelación- y la proposición jurídica realizada, corresponde ingresar a verificar la presunta contradicción denunciada.


En cuanto al primer aspecto identificado en el párrafo precedente, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que el Tribunal de alzada, resolviendo la denuncia sobre la existencia del defecto de sentencia previsto por el inc. 2) del art. 370 del CPP que el imputado no esté suficientemente individualizado-, afirmó que el Tribunal de Sentencia, en la parte de hechos probados, valoración de la prueba y fundamentación de derecho, de su resolución, indicó que los acusados fueron suficientemente individualizados como autores de los delitos acusados y que el de mérito no encontró ninguna contradicción en las testificales de cargo, quienes confirmaron que los imputados contrataron a las personas y la maquinaria pesada, para proceder al desmonte de la propiedad denominada La Gloria, sin tener autorización ni permiso del propietario o de la ABT.


De lo señalado, se advierte que el Ad quem, sin dar publicidad a las razones por las cuales concluyó que los imputados si fueron individualizados como autores de los delitos acusados, hizo una exposición directa de la conclusión a la que arribó después de la lectura y análisis de la sentencia apelada, impidiendo a la sociedad en general y en particular a éste Tribunal de casación, ejercer control sobre la corrección de su conclusión y determinar si el mismo corresponde a un análisis racional del motivo de apelación cuya resolución se cuestiona en casación-, contrastado con las actuaciones cursantes en el proceso. Toda vez, que en la conclusión expresada, no existe respuesta concreta que afirme o niegue la existencia de las supuestas contradicciones en las testificales de cargo o si existiendo las mismas, por qué razón, no constituyen o derivan en el defecto de falta de individualización,  debiendo, el Tribunal de apelación, hacer una precisión en cuanto a la individualización del imputado e individualización del autor del delito, ello en virtud a que los acusados, en la cuestionante planteada en apelación, de manera reiterada, refieren que “no se identificó” y “negó identificarse”. Tomando en cuenta que el defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 2) del CPP, está referido a la falta de “individualización del autor”, norma vinculada a las disposiciones contenidas en el capítulo III (PARTICIPACIÓN CRIMINAL) del Código Penal; es decir, implica que a través del contradictorio característico del acto de juicio, se deba definir y establecer su grado de autoría o participación. Al respecto, el profesor Fernando de la Rúa, refiere que: “Lo esencial en el juicio es la realidad de la relación entre el imputado y el hecho delictuoso que se le atribuye, no entre el hecho y su nombre: el nombre no es más que un modo, uno de los modos, el más común y conocido civilmente, para la identificación de la persona, pero no el único y exclusivo”.


Por lo expuesto, se concluye, que la resolución de alzada cuestionada, es contraria a la doctrina legal señalada, al no ser expresa y clara, por falta de publicidad de las razones que lo llevaron a determinar la improcedencia del motivo planteado, incumpliendo con lo previsto por el art. 124 del CPP, defecto que amerita aplicar el segundo párrafo del art. 419 del CPP, dejando sin efecto la resolución impugnada, a fin de que el Tribunal de alzada emita nueva resolución.


En cuanto al segundo aspecto identificado por los recurrentes, respecto a que el fallo de alzada, no corresponde a los antecedentes del proceso en cuanto a la inexistencia de exclusión de la prueba signada con el Nº 13. Se establece, que el argumento de alzada, aun siendo corto, es claro y expreso, además de corresponder a los antecedentes del proceso, lo cual se verifica de la revisión de la Sentencia, conforme lo descrito en el acápite II.2 de la presente resolución; además de que la defensa de los imputados, no planteó incidente de exclusión probatoria, en la resolución de mérito, no existe resolución que hubiera dado curso a la misma; sumado a este hecho, se establece que los imputados en apelación, refieren que la exclusión probatoria se acredita del CD extendido por la secretaria del Tribunal de Sentencia; empero, de la revisión de su recurso, se establece que el mismo tampoco fue ofrecido como prueba. Por lo que no es evidente, que la resolución de alzada, en cuanto al punto analizado, exprese hechos contrarios a los antecedentes del proceso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Macario Heredia Bastos y Miguel Ángel Bonifacio Rodríguez, de fs. 1396 a 1401 vta., con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 6 de 10 de marzo del 2017, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de la Sala comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos