TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 136/2018-RRC

Sucre, 15 de marzo de 2018


Expediente                        Potosí 25/2017

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Martín Ramírez Cayetano

Delito                        Lesiones Graves y Leves

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando        


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de mayo de 2017, cursante de fs. 237 a 239 vta., Martín Ramírez Cayetano, opuso recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 8/2017 de 27 de marzo, de fs. 233 a 234 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Leonor Quispe Choque contra el recurrente, por el presunto delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


  1. Por Sentencia 29/2016 de 6 de octubre (fs. 190 a 195), el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Martín Ramírez Cayetano, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segunda parte del CP, imponiendo la pena de seis meses de reclusión, con costas y responsabilidad civil a favor del querellante; siendo concedido el beneficio del Perdón Judicial.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Martín Ramírez Cayetano (fs. 200 a 206), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 8/2017 de 27 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.2. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 572/2017-RA de 10 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Falta de fundamentación en el fallo impugnado, con relación a la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP], bajo el argumento de hecho de que el Auto de Vista interpretó, que el recurso de apelación restringida pretendía una revalorización de la prueba, a partir de donde el Tribunal de apelación sin fundamentación ni análisis doctrinario y/o jurisprudencial, incurrió en incumplimiento de la previsión del art. 124 del CPP. Sobre este aspecto, el recurrente alegó que la sentencia impugnada, no precisó la existencia de subsunción al art. 271 del CP, pues la conducta no se adecuó a los elementos de este tipo penal. Manifestó que el Auto de Vista 8/2017 de 27 de marzo, estaba en la obligación de advertir si se encontraban presentes los elementos del tipo penal condenado e indicando el porqué de esa conclusión; empero, los de apelación simplemente confirmaron la Sentencia sin que manifestasen la razón de la subsunción al caso concreto, “menos indica qué prueba desacredita la existencia de error in judicando” (sic), como tampoco se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la congruencia del fallo de mérito en base a la sana crítica y la valoración integral de la prueba en el orden del art. 173 del CPP.      


A ese efecto, el juicio de admisibilidad determinó que el análisis de fondo sería efectuado únicamente en torno a los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005 y 221 de 7 de junio de 2006, dado que sobre los mismos fueron cumplidas las exigencias procesales, descritas en el art. 416 del CPP.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 29/2016 de 6 de octubre, el Juez Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, declaró a Martín Ramírez Cayetano, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 segunda parte del CP, imponiendo la “sanción de seis meses” (sic), ello como resultado del proceso penal promovido por el Ministerio Público y Leonor Quispe Choque en contra del recurrente.


II.1.1.        Determinación del hecho objeto del juicio y conclusiones de la valoración de la prueba.


Con base a las acusaciones fiscal y particular, se estableció como objeto del juicio el siguiente hecho: “en fecha 23 de abril de 2012, cuando los acusadores y víctima Leonor Quispe Choque de Ramírez se encontraba en su inmueble realizando sus actividades cotidianas, cuando el acusado Martín Ramírez Cayetano, empezó a arrojar piedras hacia la humanidad de la víctima, llegando a impactarle solamente dos piedras, para posteriormente ingresar en forma violenta dentro del domicilio de la víctima, para directamente armado con un palo, golpearla en sus piernas y manos, propinándole incluso golpes de puño en la cabeza, finalmente la agarró de los cabellos mientras golpeaba su cabeza contra la puerta de la cocina causándole lesiones con una incapacidad de 25 días”.


Más adelante en la Sentencia, bajo el rótulo de “2.- Aplicación de la sana crítica” (sic), en relación a las declaraciones testificales de Leonor Choque Quispe de Ramírez, Santiago Ramírez Cayetano, José Luís Varela Camacho, Lorena Rosa Ramírez Quispe y Freddy Rojas Carvajal, testigos de cargo, así como lo depuesto por Leonardo Fabio Flores Pita, en su condición de Médico Forense, el Juez de sentencia calificó que las mismas eran creíbles y tenían “toda la fe probatoria” (sic), así como señalarse que ellas eran “corroboradas por las pruebas literales adjuntas” (sic).


En ese mismo acápite, con referencia a la prueba literal, el Juez de sentencia enunciando el certificado médico forense evacuado por Leonardo Favio Flores Pita, determinó que “la misma tiene toda la fe probatoria corroborado por las demás literales, pruebas que evidencia de la forma como se produjo los hechos y que merece ser valorado como tal y que tiene la fe probatoria” (sic).


Por último la Sentencia se pronunció dando por sentado el hecho denunciado a partir de la prueba “testifical literal y la inspección y reconstrucción [que] establece que el hecho de lesiones de fecha 23 de abril de 2012 se ha probado” (sic); y en cuanto, a la prueba de descargo se dijo “las testificales en vez de favorecer a la parte acusada más favorecen o corroboran el hecho” (sic).


II.1.2. Labor de subsunción.


Luego de esbozar de manera breve apuntes sobre los elementos constitutivos del delito de Lesiones Leves y narrar el hecho acusado en base al apoyo de declaraciones testificales de cargo, así como el Certificado Médico Forense realizado en el marco de la etapa preparatoria que diagnosticó un impedimento de veinticinco días, la Sentencia calificó que la conducta de Martín Ramírez Cayetano: “se subsume al hecho de ocasionar lesiones en la humanidad de Leonor Quispe Choque de Ramírez, resultando una conducta delictiva señalado en el art. 271 segunda parte del CP, pues con ello queda demostrado por encima de la duda razonable, que el acusado fue el causante de las lesiones en la integridad de la víctima el 23 de abril de 2012. También, queda demostrado que durante el juicio se ha producido la actividad probatoria de la acusadora para sostener la acusación, pues la prueba de cargo (…) ha sido suficiente para demostrar el hecho y la conducta del acusado y como se dijo también la prueba de descargo ha sido relevante para determinar el actuar del acusado ha momento de producir las lesiones en la víctima, por ello este hecho corroborado por la inspección y reconstrucción” (sic).


II.2.  Del recurso de apelación restringida.


Con el resultado de la Sentencia, el recurrente opuso recurso de apelación restringida, reclamando valoración defectuosa de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva e insuficiencia de la fundamentación.


II.2.1 En el primer tema, amparado en el art. 370 inc. 6) del CPP, se denunció incumplimiento de los arts. 124 y 173 ambos del CPP, con el argumento de defectuosa valoración de la prueba testifical, pues la Sentencia solo efectuaría una descripción individualizada de las atestaciones sin dar información sobre “qué responsabilidad posee el imputado respecto al hecho” (sic), ni describir de qué modo ocurrió el hecho ni el grado de participación del imputado. Cuestionó también que la deposición testifical del  “funcionario policial que vio el hecho, que llegó a tener contacto directo con las partes” (sic) no se le otorgó ningún valor probatorio. Cerrando este motivo planteó la existencia de error in procedendo como error in judicando; ya que, no se dio aplicación al art. 173 del CPP, no habiéndose asignado el valor correspondiente a las pruebas de descargo y pidió se disponga el reenvío del juicio.


II.2.2 Como segundo tema, se apeló errónea aplicación de la ley sustantiva e insuficiente fundamentación, bajo el entendido de existir “un error de tipo de carácter invencible” (sic); ya que, el recurrente no hubiera causado las lesiones a la víctima “porque el hecho se suscitó en presencia de un funcionario público” (sic), motivo por el cual debía emitirse sentencia absolutoria. También señaló que los acusadores no habían “demostrado el perjuicio ocasionado” (sic); y ello, no fue tomado en cuenta por la Sentencia siendo nula al carecer de uno de los elementos del tipo penal.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció la resolución que hace título a este apartado, declarando improcedente el recurso de apelación restringida planteado por el imputado y confirmando la Sentencia de grado, con base a lo sintetizado a continuación:


II.3.1 Sobre alegado en base al art. 370 inc. 6) del CPP, los de apelación refiriéndose a la valoración de la prueba y con base a los Autos Supremos “205 de 2010” y 432 de 15 de octubre de 2005, y 326/2013 de 6 de diciembre, reseñaron el impedimento de revalorización de la prueba en apelación restringida y el rol de ese tipo de tribunales en lo que es el control de logicidad y el examen sobre el cumplimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación y valoración de la prueba en apelación. Con esta base, se procedió a estimar el contenido de la Sentencia de grado, reseñando el orden de su contenido y parafraseando sus principales conclusiones alrededor del hecho, siendo el resultado denegar este motivo de apelación por haberse considerado que las acusaciones fueron demostradas de manera suficiente a partir de la producción de la prueba testifical, sumado a la corroboración que aportó la “inspección y reconstrucción” sobre la participación del imputado en  el hecho.


En relación a la atestación de Lorena Rosa Ramírez Choque, se dijo que no se encontró errónea valoración de la prueba, habida cuenta que lo expresado por aquella se encontrase también “enlazado en un razonamiento lógico a los otros elementos de prueba valorados integralmente y que la sola existencia de un extracto de llamadas no es suficiente para invalidar la misma” (sic). 


II.3.2 Con atención a la segunda temática planteada sobre errónea aplicación de la ley sustantiva e insuficiente fundamentación, se respondió que el Juez de Sentencia estableció que el imputado estuvo el día de los hechos en lugar donde sucedieron, que la víctima identificó al imputado como su agresor y que las lesiones acusadas fueron acreditadas por certificado médico forense, elementos que en la posición del Tribunal de apelación- fueron corroborados por las declaraciones de los testigos y la inspección y reconstrucción, sin que se haya encontrado vulneraciones a las reglas de la sana crítica, dando por válida la conclusión arribada por el Juez de Sentencia, así como dar por suficiente su fundamentación jurídica.


III. ARGUMENTOS PRELIMINARES


La Sala con el fin de contextualizar se decisión y teniendo presente que la contradicción planteada, atañe cuestiones sobre el deber de fundamentación de los fallos judiciales, de marea previa esbozar los entendimientos que sobre este particular se hallan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.


III.3.1. Consideraciones generales en la fundamentación de los fallos judiciales.


El Tribunal de Justicia ha repetido constantemente la obligación de fundamentar y motivar los fallos judiciales, importa el cumplimiento de formalidades vinculadas al debido proceso y la tutela judicial efectiva, que en el caso del sistema penal toca fibras, más sensibles como el ejercicio pleno del derecho a la defensa. Tal la importancia del tema que en el caso boliviano el legislador dispuso de una norma específica, que taxativamente obligue la debida fundamentación de las Resoluciones judiciales, tal como es el art. 124 del CPP.


Ya la Corte Suprema de Justicia, desarrollando las directrices del Código de Procedimiento Penal, sentó criterios básicos sobre la naturaleza y finalidades del deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, así el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, estableció: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


Más adelante, el Auto Supremo 050/2013-RRC de 1 de marzo, aunando los razonamientos de los AASS 242 de 6 de julio de 2006, 724 de 26 de noviembre de 2006, 256 de 26 de julio de 2006, Auto Supremo 437 de 24 de agosto de 2007,  66 de 27 de enero de 2006, consideró que el deber de motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, no se limita a las partes en el proceso sino -en la lógica del paradigma asentado con la Constitución Política del Estado el 2009, materializa el “mandato otorgado por el pueblo como -potestad de impartir justicia a las jurisdicciones reconocidas en el territorio del Estado, cual se lee del art. 178.I de la Constitución  Política del Estado (CPE) y el art. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); tal perspectiva, se vislumbra en un doble plano, una vista del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la ley; y la segunda desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso, es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un tribunal independiente e imparcial”.


La opinión de este Tribunal sobre los márgenes básicos de la fundamentación de los fallos judiciales ha sido coherente y constante mediante. Es así que el Auto Supremo 218/2014-RRC de 4 de junio, refirió: “…en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…) determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


Los párrafos que preceden brindan aspectos elementales sobre la naturaleza de la fundamentación en los fallos judiciales. Se desprende que ellos responden al ejercicio del derecho a la defensa, son la base para un adecuado control dentro del sistema de recursos y confieren publicidad ante la población sobre las formas en las que la Ley es aplicada. El trato brindado sobre esta temática, fue profundizado por el Tribunal Supremo de Justicia, destacando no sólo los fines por los que la fundamentación vincula a las partes del proceso; sino también, enfatizando su utilidad para transparentar la propia gestión del despacho judicial de cada uno de los Jueces y Tribunales. Se trata sobre todo, que el proceso de aplicación del derecho no quede en la incertidumbre o el anonimato, sino este explicitado y generando en su lectura el convencimiento de haberse obrado en derecho, con respeto a la Ley y cuyo resultado respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia.


III.3.2.        Consideraciones sobre la estructura argumentativa en la Sentencia.


El diseño procesal asumido por Bolivia a partir de la Ley 1970, hace que el juicio oral sea el eje motor de todo el sistema de justicia penal, de tal cuenta es la sentencia, el fallo que de manera más intensa se espera una debida fundamentación como requisito de validez, pues de ella no solo pende una decisión sobre la situación jurídica de un imputado, sino será la plataforma sobre la que las partes ejerzan su actividad recursiva y sobre la que los tribunales de alzada ejercerán control de legalidad en juzgados de grado.


En ese sentido, esta Sala, en el Auto Supremo 065/2012-RA de 19 de abril, estableció: “De manera específica la Sentencia penal que pone fin al acto de juicio debe contener la necesaria motivación que exige de parte del Juez o Tribunal de Sentencia desarrollar una actividad fundamentadora o motivadora del fallo que comprende varios momentos; a saber: la fundamentación descriptiva, la fundamentación fáctica, la fundamentación analítica o intelectiva y la fundamentación jurídica.


En la fundamentación descriptiva la autoridad judicial debe proceder a consignar cada elemento probatorio útil, mediante una referencia explícita a los aspectos mas sobresalientes de su contenido, dejando constancia en el caso de la prueba testifical de las ideas principales y pertinentes que se extraen de la declaración del testigo, procurando no hacer una trascripción literal de la declaración; siendo también aplicable este criterio con relación a los peritos que puedan concurrir personalmente a la audiencia de juicio. En el caso de la prueba documental y pericial, esta fundamentación descriptiva quedará cumplida al dejarse constancia de los datos más relevantes de esta prueba con mayor énfasis de las conclusiones atinentes o relevantes del caso.


La fundamentación fáctica es el momento en el cual debe establecerse cuales los hechos estimados como probados; es decir, el establecimiento de los hechos que positivamente se tengan por demostrados de conformidad con los elementos probatorios que hayan sido incorporados legalmente en la audiencia de juicio; esta fundamentación es necesaria, pues de ella posteriormente se procederá a extraer las consecuencias jurídicas fundamentales y establecer en su caso la responsabilidad penal del imputado o su absolución; siendo esencial que en esta fundamentación se proceda a efectuar una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos establecidos como verdaderos.


El tercer momento es la fundamentación analítica o intelectiva, en la que no sólo se trata de apreciar cada elemento de juicio en su individualidad, sino de aplicar conclusiones obtenidas de un elemento a otro, lo que implica, una apreciación en el conjunto de toda la prueba judicializada. En este momento, la autoridad judicial competente de emitir una sentencia, deberá dejar constancia de los aspectos que le permitieron concluir en el caso de las declaraciones testificales porque consideró coherente, incoherente, consistente o inconsistente, veraz o falsa la declaración de los testigos, es decir, expresar tanto las razones que se tiene para creer a alguno o algunos de los testimonios, como las razones que se tiene para rechazar o desechar otro u otros; similar tarea deberá ser desarrollada respecto a la prueba documental y pericial, debiendo dejarse constancia sobre el merecimiento o desmerecimiento de cada prueba así como su relevancia o no.


La fundamentación jurídica, es el momento en el cual el Juez o Tribunal a partir de la identificación de los aspectos fácticos atribuidos en la acusación y previo análisis de las distintas posibilidades argumentativas debatidas por las partes, opta racionalmente por una de ellas, precisando porqué considera que los hechos deben ser subsumidos en tal o cual norma sustantiva; no siendo suficiente la mera enunciación del tipo o tipos penales atribuidos al imputado, sino a partir de la cita de los preceptos legales a ser aplicados y en su caso de una somera indicación de los aspectos necesarios relativos a la teoría del delito que resulten aplicables; el Juez o Tribunal deberá establecer por qué estima que se está ante una acción típica, lo que importa la concurrencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal en cuestión; además, de antijurídica, culpable y finalmente sujeta a una sanción.


Por último, deberá procederse a la motivación en el momento de la individualización de la pena precisando las razones que justifican su aplicación al caso concreto”.


III.3.3.        Consideraciones sobre la estructura argumentativa en la resolución de recursos de apelación restringida.


Dentro de un Estado de Derecho, la apelación es consustancial al proceso. Se exige de tal manera amplitud en su régimen, de forma que se limiten al máximo sus restricciones en pos de consolidar un mecanismo efectivo y valedero. Sobre el particular el Art. 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos declara que: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya un puesto sean sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley”.


Las partes ejercen el derecho de impugnación de la doble instancia (denominado también como principio de doble conformidad y consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos), mediante la interposición de recursos, que sin embargo, no debe ser interpretado como la existencia alterna de medios de impugnación paralelas a los determinados en Ley, sino en consonancia con lo previsto con el art. 180 Constitucional, el derecho de impugnación se acopla a las normas que el derecho interno tenga sobre el particular , así se tiene expresamente reconocido por el Art. 14.5 del Pacto (“conforme a lo prescrito por la Ley”).


El art. 398 del CPP a tiempo de pronunciarse sobre la competencia de los Tribunales de alzada, ordenando que circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, ordena una regla de doble vía pues, si bien expresamente impide el pronunciamiento de fallos ultra petita, a la par prohíbe también la emisión de fallos infra petita. Ordenando el deber de exhaustividad en la respuesta de las cuestiones puestas en su consideración.


La labor de control de logicidad, estima la verificación de los razonamientos hechos en sentencia, si las conclusiones de los de grado no revisten cuestiones ilógicas o bien conduzcan al absurdo. Labor que de ninguna manera incumbe dar valor a las pruebas, pues en apelación no se exigen conclusiones, sino aplicación del saber y el derecho. En casos como los que ocupa este apartado, al tribunal de sentencia por antonomasia le corresponderá evaluar la credibilidad de todas las atestaciones y medios de prueba producidas en juicio oral; mientras que al Tribunal de apelación le compete el control de esa valoración en lo que toca a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia; analizando situaciones tales como el respeto al canon de legalidad constitucional exigible para la obtención de los medios probatorios, la consistencia para provocar superar la presunción de inocencia y el deber de motivación; vale decir, si el elenco probatorio se halla dotado de los razonamientos para justificar la decisión final asumida.


El Auto Supremo 210/2015-RRC de 27 de marzo, es explicativo en lo que a este particular toca, desarrollando parámetros indicativos sobre los contenidos mínimos en un falle de apelación precisó: “Es importante que en el análisis de las circunstancias alegadas, para una mejor comprensión, el Tribunal realice una reseña de los hechos denunciados en contra de la Sentencia (motivos del recurso), sin que ello signifique todo el argumento del fallo, sino debe tener el debido cuidado de estructurar la Resolución, de forma tal que contenga: i) el objeto de impugnación (motivos del recurso); ii) las consideraciones argumentativas que servirán de sustento a la decisión final, es decir, fundamentación (normativa legal, doctrinal o jurisprudencial que respalda el fallo) y motivación (explicación clara, específica, completa, legítima y lógica del porqué la normativa o doctrina es aplicable al caso en concreto); iii) las conclusiones, que deben ser el fruto racional del análisis de las cuestionantes denunciadas, contrastadas con las actuaciones cursantes en el proceso y la normativa aplicable citada en el fallo, finalmente; iv) la parte resolutiva o dispositiva que debe ir en coherencia con lo analizado y las conclusiones arribadas (congruencia interna)”.


Verificación de la contradicción planteada.


En principio es menester para este Tribunal el dejar establecido que la configuración del recurso de casación, dentro del sistema procesal penal del Estado, estima que aquel es el encargado de unificar la jurisprudencia a partir de la confrontación de dos Resoluciones (sea Autos de Vista o Autos Supremos) que se supongan contradictorias entre sí, por haber resuelto un problema o situación jurídica de dos maneras distintas, tal afirmación es extraída del propio contenido de los arts. 416 y siguientes del CPP. Con ello se comprenderá entonces que el hecho de declararse la contradicción entre dos resoluciones deberá, sin duda, resaltar y evidenciarse que efectivamente la segunda asumió un sentido jurídico contrario a la primera; es decir, que ante una situación de hecho similar, ya sea una problemática procesal o sustantiva, se haya tomado determinaciones disímiles.

En ese orden de ideas, la Sala para mejor exposición referirá una síntesis de las problemáticas planteadas en los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, brindar en extenso la doctrina legal aplicable por ellos sentada; y finalmente, ponderar sus alcances en relación a los contenidos y orientación asumida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en el Auto de Vista 8/2017 de 27 de marzo. En tal orden se tiene:

III.1. Del Auto Supremo 368 de 17 de septiembre de 2005.


Emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso penal que por el delito de Abuso de Confianza (art. 346 del CP) siguió MESRM contra CPSI y basado en el recurso de casación planteado por la parte acusada, que denunciando una sentencia basada en hechos no acreditados en juicio oral, así como una errónea valoración de la prueba, motivó la emisión de la siguiente doctrina legal aplicable: 


“…que, los actos procesales o las resoluciones jurisdiccionales que contravienen los principios que rigen a la actividad jurisdiccional y el debido proceso son tenidos como defectos absolutos no susceptibles de convalidación; el Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de advertir y observar los mismos, para salvaguardar el derecho de las partes, el debido proceso; garantizando con sus actos una efectiva tutela judicial; asimismo, el principio de independencia permite a la autoridad jurisdiccional a quo o ad-quem, en una cuestión determinada, interpretar la Ley según su saber, entender, experiencia y conciencia para dilucidar y resolver el hecho.


La concurrencia de un defecto absoluto durante el desarrollo del proceso o en la sentencia, merece la intervención inmediata, oportuna y efectiva del Tribunal de Apelación, con el objeto de cuidar que los principios que rigen el proceso y la actividad jurisdiccional no sean resentidos, ni las partes tengan la sensación de incertidumbre sobre la administración de justicia penal; en consecuencia, el Auto de Vista impugnado al no advertir los defectos absolutos señalados contradice al precedente invocado; consiguientemente, la valoración de la prueba y de los hechos es facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia; si en el fundamento no se refleja lo sucedido en la producción de la prueba, ni es advertido por el Tribunal de Alzada; dicha motivación carece de validez, se traduce en defecto absoluto, debiendo anularse la sentencia reponiendo el juicio oral con otro Juez o Tribunal de Sentencia”.


III.2. Auto Supremo 221 de 7 de Junio de 2006.


A raíz del recurso de casación apuesto por LALS, dentro del proceso penal seguido en su contra por RCF, por el delito de Cheque en Descubierto incurso en el art. 204 del CP, la Sala Penal Primera de la otrora Corte Suprema de Justicia, ante la denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva en el marco del art. 370 inc. 1) del CPP, sentó la siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“Una sociedad democrática está sostenida por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de la reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que la ausencia se refleje en uno de ellos para demandar la corrección, aún de oficio, conforme dispone el art. 15 de la LOJ y con mayor razón si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en “error injudicando", tarea que la ley obliga a que los tribunales de Justicia se sometan a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al "principio de legalidad" realizando los juzgadores tareas objetivas de subsunción que demuestren, objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, lo contrario significaría crear inseguridad jurídica" en perjuicio de toda la población.


Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) A los defectos de procedimiento en general; y, b) A los específicamente contenidos en los arts. 169 a 370 inc. 1) del CPP, al haberse condenado al imputado; no obstante, la existencia de "falta de tipicidad" en su conducta en relación al ilícito penal inmerso en el art. 204 del CP. El Derecho Penal procura tutelar bienes jurídicos contra ataques que los afectan y lesionan con ella la seguridad jurídica, el Derecho Penal no puede menos que intervenir como persona de derecho público, pero esta intervención no significa que exista un derecho subjetivo del Estado a incriminar o penar discrecionalmente; es por eso que, dentro del campo del Derecho Penal, existen "límites al jus puniendi Estatal" uno de éstos es el principio rector de que: "no haya delito sin conducta que se enmarque en la ley penal", que se constituye en una elemental garantía jurídica y su inobservancia acarrearía la posibilidad de penalizar por cualquier conducta que no se enmarque en la ley penal”.


El recurrente en casación reclama que el Auto de Vista 8/2017 de 27 de marzo, es contrario a la doctrina legal aplicable de los Autos Supremos 368 de 17 de septiembre de 2005 y 221 de 7 de junio de 2006, cuestionando la fundamentación de la primera en cuanto la subsunción del tipo penal, haciendo referencia a la autoría y la inexistencia del carácter doloso que exige esa figura penal. Señala que la labor efectuada en la Sentencia contiene el defecto descrito en el art. 370 inc. 1) del CPP y de cuya queja el Tribunal de alzada omitió brindar respuesta razonada.


En la compulsa del Auto de Vista que ahora se impugna, se evidenció que la labor desplegada por el Tribunal de alzada, se centró en dar respuesta a los reclamos realizados en apelación restringida y previa confrontación con los contenidos de la Sentencia, estableció que ésta efectivamente no incurrió en indebida valoración probatoria y que contaba con la debida fundamentación, respondiendo también a la insinuación sobre la existencia de un extracto de llamadas que apuntale la declaración de una de los testigos. A partir de ello, es perceptible dentro del caso de referencia, que la decisión del Auto de Vista impugnado, estuvo circunscrita a lo propuesto por el recurrente en apelación restringida, analizando las condiciones de validez por las que la Sentencia estimó la participación y autoría del imputado en el delito enjuiciado; es decir, realizó el control de la valoración de la prueba y estableciendo que la logicidad en los argumentos de la Sentencia se hallan enlazados de manera lógica. Tal el caso de lo referido, en relación a la testigo Lorena Rosa Ramírez Quispe (véase fs. 234).


Destacar que como bien dicen los Vocales en el Fallo impugnado, apelación restringida no puede ser comprendida como una segunda instancia, donde el quehacer recursivo y la respuesta argumentativa conduzcan a otorgar un nuevo valor sobre los elementos de prueba, por la afectación al principio de inmediación que ello conllevaría. De modo que, el control de logicidad sobre las conclusiones de la Sentencia debe articularse con a la vez con los alegatos contenidos en el recurso, situación que no ocurrió en el caso de autos.


En cuanto fue la demanda de errónea aplicación de la Ley sustantiva, la Sala comparte las conclusiones realizadas por los de apelación, ya que a más de conferir una secuencia lógica y ordenada de elementos jurídicos, expresa no solo las conclusiones de la sentencia, sino los motivos por los que la misma no se adecua al reclamo de errónea concreción del marco legal, pues teniendo presente el Auto de Vista cuestionado advierte con amplia claridad: el establecimiento del hecho, las consideraciones de espacio, tiempo y lugar sobre el hecho y la sindicación de su autor, así como la acreditación del resultado del delito con la afectación al bien jurídico protegido a través del certificado forense producido en juicio oral, no solo transmite la labor de control de lógica y suficiencia argumentativa realizada sobre la sentencia, sino que a la par denota una respuesta expresa a la insinuación de existencia de error in judicando planteada.

Dicho ello, no es evidente como sugiere el memorial de casación, que el Auto de Vista 8/2017 de 27 de marzo, haya tomado un rumbo o sentido contrario a lo señalado por los precedentes contradictorios invocados, pues no procedió a revalorizar pruebas, situación vedada por la doctrina legal aplicable del Auto Supremo 368 de 17 de septiembre de 2005; así como, cumplió con la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo 221 de 7 de Junio de 2006, ya que describió y analizó las consideraciones de la Sentencia para concluir que la conducta del imputado se subsumió al delito de Lesiones Graves y Leves incurso en el segundo periodo del art. 271 del CP, como se destaca a fs. 234, último párrafo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Martín Ramírez Cayetano.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos