TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 132/2018-RRC        

Sucre, 15 de marzo de 2018


Expediente                        : Tarija 72/2016

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Jorge Mario Palacios Tassakis

Delito                        : Incumplimiento de Contratos

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 11 y 15 de agosto de 2016, cursante de fs. 1601 a 1605 y fs. 1606 a 1618, Juan Antonio Aparicio Castro en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y Jorge Mario Palacios Tassakis,  interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista de 22 de julio de 2016, de fs. 1591 a 1596, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba contra Jorge Mario Palacios Tassakis, por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Contratos, previsto y sancionado por el art. 222 del Código Penal (CP).


I. DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 1/2016 de 14 de enero (fs. 1482 a 1499), el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Jorge Mario Palacios Tassakis, autor del delito de Incumplimiento de Contratos, previsto y sancionado por el art. 222 segunda parte del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, con costas a favor del Estado y de las víctimas.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Ramiro Vallejos Villalba, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba (fs. 1504 a 1507 vta.) y el imputado Jorge Mario Palacios Tassakis  (fs. 1509 a 1516 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista de 22 de julio de 2016, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, que declaró sin lugar ambos recursos y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos de los recursos de casación.


De los recursos de casación y del Auto Supremo 854/2017-RA de 31 de octubre, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


I.1.1.1. Del recurso del representante del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.


Denuncia que el Tribunal de alzada no aclaró todos los puntos denunciados en el recurso de su apelación restringida, lo que a su criterio se traduciría en argumentos y normas contradictorias constituyendo una falta de fundamentación; con ese preámbulo, denuncia que en su apelación restringida alegó como errores in procedendo e in iudicando, la inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva e Incorrecta y defectuosa valoración de la prueba, lo que llevó a aplicar una pena mínima, pues ante esta situación el Auto de Vista impugnado se hubiera pronunciado señalando que la condena de un año al imputado estaría dentro de lo correcto, debido a que en ninguna parte del proceso se demostró el dolo en el actuar del acusado, situación que a decir de la parte recurrente genera mayores contradicciones; ya que, por otra parte la Empresa C.G.P. habría incumplido los contratos modificatorios que se ampliaron hasta 120 días de plazo. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 349 de 28 de agosto de 2006 y 495/2014 de 23 de septiembre de 2014.


I.1.1.2. Del recurso de casación de Jorge Mario Palacios Tassakis.


El recurrente reclama la falta de pronunciamiento del Tribunal de alzada a los agravios denunciados en su recurso de apelación restringida, lo que conlleva a la existencia de defectos absolutos, pues refiere que denunció la parcialidad con la que actuó el Tribunal de Sentencia a tiempo de la resolución de las exclusiones probatorias, así como la introducción oficiosa del Tribunal de Sentencia respecto de hechos no acusados como el de condenarle por el incumplimiento de un contrato modificatorio, que no era parte de la acusación; sin embargo, al respecto el Tribunal de Alzada no se hubiera pronunciado de ninguna manera, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo 176 de 26 de abril de 2010 relativo a la problemática planteada y que en similares circunstancias se hubiesen pronunciado, también los Autos Supremos 657 de 6 de diciembre de 2007, 99/2012 de 4 de mayo y 003/2014-RRC de 10 de febrero.


I.1.2. Petitorios.


La representación del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba solicita la admisión del recurso y se determine la doctrina legal aplicable dejando sin efecto el Auto de Vista recurrido, reponiendo la Sentencia del Tribunal de origen, con costas y responsabilidad; en tanto, que el imputado impetra la aplicación de los arts. 416 al 420 del CPP y se declare fundado su recurso dejando sin efecto la resolución impugnada y con la facultad prevista en el último párrafo del art. 419 del CPP, ordene al Tribunal de alzada la emisión de un nuevo fallo conforme a la doctrina establecida.


I.2. Admisión de los recursos.


Mediante Auto Supremo 854/2017-RA de 31 de octubre, cursante de fs. 1694 a 1696 vta., este Tribunal admitió los recursos de casación formulados por los recurrentes, para el análisis de los motivos precedentemente identificados.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS A LOS RECURSOS


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Por Sentencia 1/2016 de 14 de enero, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado Jorge Mario Palacios Tasakis, autor del delito de Incumplimiento de Contrato, previsto y sancionado en el art. 222 segunda parte del CP (culposo), imponiendo la pena de un año de privación de libertad, al establecer los siguiente hechos:


  1. La empresa Construcciones Generales Palacios SRL (CGP-SRL), celebró el contrato 683/2007 de 19 de noviembre con el Gobierno Municipal de Yacuiba, para la construcción del mercado central de Yacuiba con un plazo inicial de 730 días desde la orden de proceder, modificado por contrato 3 de 13 de octubre de 2011, vigente a partir de la aprobación del Concejo Municipal de Yacuiba el 19 de octubre de 2011, por un monto de Bs. 39.586.983,67.- (treinta y nueve millones quinientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y tres bolivianos), adicionándose un plazo de 120 días al incrementarse otros ítems al proyecto inicial, habiendo recibido la empresa contratista el 20% como anticipo el 13 de diciembre de 2007 en la suma de Bs. 6.884.692,82.- (seis millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos bolivianos).


  1. El 24 de octubre de 2011, se dispone la orden de proceder, pero recién al día siguiente la empresa supervisora Unión, entrega a la empresa el rediseño de una parte del proyecto que correspondía a la calle Comercio, asumiendo el Tribunal que la empresa CGP a partir de esa fecha debía reiniciar trabajos en ese sector, conforme lo acordado en el contrato modificatorio 3 que disponía 10 días como plazo para la movilización del contratista, realizando trabajos de instalación de faenas, facilidades para la supervisión y propias, estableciéndose en el contrato como incumplimiento la demora de los 15 días en la iniciación de la obra luego de emitida la orden de proceder.


  1. La empresa contratista hizo caso omiso a lo dispuesto en los contratos, ya que dejó pasar los 15 días y no movilizó la obra, personal ni equipo según la propuesta original, tampoco presentó cronograma ajustado al reinicio del proyecto, pese a ser emplazado para la supervisión y que la empresa contratista carecía de personal técnico especializado ofertado.


  1. Del 17 de noviembre del 2011, se realizan algunas actividades sin que exista un cronograma, hasta que el 15 de diciembre de 2011, se paraliza la obra, donde acuden autoridades locales para observar su retraso considerable y el abandono, sugiriendo el cambio de contratista, hasta que se emite la Resolución Administrativa 34/2012 de 6 de enero, por la cual el Alcalde dispone la resolución del contrato y el 14 de febrero de 2012 la empresa supervisora entrega la liquidación de la obra con los detalles del avance, quedando un saldo por devolver por parte de la empresa contratista de Bs.6.548.181,73, recomendando se ejecute la póliza de correcta inversión de anticipo, sin que se haya demostrado que esa boleta haya sido ejecutada.


  1. No existe causa justificable para el incumplimiento, pues si la empresa tenía reclamos, además de sólo tres días de lluvia, debió haber dejado constancia en el libro de órdenes, enfatizando el tribunal que se  incumplió insistentemente en los términos del contrato con un reinicio lento, hasta que se paralizó totalmente a mediados de diciembre de 2011, sin evidenciarse la reparación del daño civil.


  1. La conducta del imputado se adecua al tipo penal del art. 222 del CP, porque incumplió el contrato 683/2007 y el modificatorio 3; en cuanto, al plazo de 15 días para la movilización en obra conforme a contrato, actuando posteriormente y fuera de ese plazo en forma unilateral sin tener autorización ni aprobación de la empresa supervisora, ya que se negó a presentar el cronograma readecuado de trabajos, personal y obra; por ende, todos los trabajos que realizó son de su absoluta responsabilidad.


  1. El imputado como representante de la empresa CGP s.r.l., suscribió los contratos 683/2007 y los tres modificatorios posteriores y fue quien recibió el anticipo del 20%, sin que el tribunal haya adquirido certeza de que su actuar fue doloso, al observarse de que es una persona educada, respetuosa, colaboradora a la investigación, declaró voluntariamente, respondió puntualmente sin advertirse duda en él cuando afirmó que el Gobierno Municipal de Yacuiba lo perjudicó, pues cuando la obra debió comenzar el 2008 recién se inició el 2011, sin entender cómo se pudo haber dado el anticipo del 20% el 13 de diciembre de 2007, pese a que el mercado antiguo siguió ocupado y no se había solucionado el conflicto social, existiendo un incumplimiento culposo al dejar en la obra a un solo ingeniero como supervisor, cuando debió demostrar mayor responsabilidad en la obra. 

 

II.2.        De los recursos de apelación restringida.


       El Gobierno Municipal de Yacuiba, interpuso apelación restringida alegando como defectos de sentencia, entre otros, los siguientes: a) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, por no haber fundamentado de manera objetiva el accionar culposo del imputado; b) Sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba, manifestando que no se tiene ningún antecedente que el hecho se haya producido por culpa del accionar del imputado, sino que respondió al dolo.


Por su parte, el imputado Jorge Mario Palacios Tassakis, planteó en principio apelación respecto a la resolución relativa a la extinción de la acción penal por prescripción, para luego alegar la existencia de los siguientes vicios de Sentencia: i) La inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, al ser sancionado con la Ley 004, cuando ninguna de las tres acusaciones le acusó con las modificaciones de dicha ley, así como inobservancia respecto al art. 222 del CP; ii) Inexistencia de fundamentación en la sentencia o sea insuficiente, al concluirse que actuó culposamente sin previa explicación del porqué el Tribunal llegó a dicha conclusión, ni qué elementos probatorios o qué conductas desplegadas se subsumen al tipo penal; iii) Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba, precisando que fue acusado por el incumplimiento del contrato 683/2007, pero condenado por haber supuestamente incumplido el contrato modificatorio y por la falta de valoración integral de la prueba.


También denuncia la existencia de defectos absolutos, por la transgresión al principio de imparcialidad referida a la incorporación de prueba literal, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica, al haber sido condenado por un supuesto incumplimiento del contrato modificatorio 3 que no fue parte de la acusación.

II.3.        Del Auto de Vista impugnado.        


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, a través del Auto de Vista impugnado, declaró sin lugar los recursos de apelación restringida de ambas partes y confirmó la sentencia impugnada, en los siguientes términos:


Respecto al recurso del Gobierno Municipal de Yacuiba, señala que si bien la configuración del tipo penal que se atribuye al imputado, se perfiló a la vigencia del tercer contrato modificatorio, en el que se adecuó los plazos del contrato inicial a momento de su vigor, no podía pasarse por alto los antecedentes a los que el Tribunal de Sentencia hizo mención, de donde deviene en correcta, apropiada y adecuada, la subsunción realizada de los hechos demostrados en la segunda parte del art. 222 del CP, coligiéndose que no existe inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.


Con referencia a la valoración de la prueba, señala que el Tribunal de Sentencia cumplió con la exigencia del art. 173 del CPP, siendo de responsabilidad de la parte acusadora probar el hecho y la responsabilidad penal del encausado, resultando que el Tribunal de Sentencia sostuvo no tener certeza que el imputado actuó de forma dolosa, pero sí culposamente.


Con relación a la apelación del imputado Jorge Mario Palacios Tassakis, el Tribunal de alzada al resolver el agravio relativo a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, destaca que el apelante proyectó escindir los contratos modificatorios de 15 de septiembre de 2009, 29 de octubre de 2010 y de 13 de octubre de 2011, del contrato madre 683/2007 de 19 de noviembre, obviando que dicha situación no es posible dado que los contratos posteriores no tienen una existencia propia, sino que son consecuencia del primero, quedando demostrada su conducta desplegada y omisiva que fue subsumida por el Tribunal de Sentencia en el art. 222 del CP, no siendo evidente que no se haya considerado el presupuesto de incumplimiento “sin justa causa”.


En cuando al tema de la fundamentación, el Tribunal de alzada asume que la sentencia expone les motivos de hecho, precisa y pondera los elementos de prueba y previa asimilación intelectiva, subsume el hecho comprobado en el tipo penal de Incumplimiento de Contrato, concurriendo una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica, de modo que el Tribunal de sentencia cumplió con la exigencia del art. 124 del CPP, dejando constancia que en apelación no corresponde pronunciarse sobre la potestad exclusiva de los jueces y tribunales de instancia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, el Gobierno Municipal de Yacuiba denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a los motivos alegados en apelación referidos a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva e incorrecta y defectuosa valoración de la prueba; en tanto que el imputado, denuncia la existencia de falta de pronunciamiento en el Auto de Vista recurrido respecto a los agravios denunciados en apelación, relativos a la parcialidad con la que actuó el Tribunal de Sentencia al resolver las exclusiones probatorias, así como la introducción oficiosa de ese Tribunal de hechos no acusados al ser condenado por el incumplimiento de un contrato modificatorio, que no fue parte de la acusación, por lo que corresponde en el fondo resolver las problemáticas planteadas.


III.1.        En cuanto al recurso de casación formulado por el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.


En el recurso sujeto a análisis, la parte recurrente denuncia falta de fundamentación en el Auto de Vista respecto a dos motivos alegados en apelación restringida, a cuyo efecto invoca en principio y en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo 349 de 28 de agosto de 2006, emitido en un proceso penal seguido por el delito de Hurto Agravado y otro, a través del cual se constató que el Auto de Vista impugnado adolecía de falta de fundamentación, en vulneración de derechos y garantías constitucionales, ya que el último considerando refería la existencia de "defectos de sentencia", sin establecer específicamente qué defectos, convirtiéndose en una resolución que adolecía de debida fundamentación, motivo por el cual el precedente dejó sin efecto la resolución recurrida de casación estableciendo la siguiente línea doctrinal: “En ningún fallo puede omitirse la fundamentación que justifique lo determinado en la parte dispositiva de la resolución, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y la resolutiva.


Por otra parte, se deja en ´indefensión´ a las partes y se viola la garantía constitucional del ´debido proceso´ cuando el Auto de Vista deviene en ´infrapetita´ es decir cuando el Tribunal de apelación omite pronunciarse respecto a cada uno de los puntos de reclamación que contiene el recurso de apelación restringida.


Por lo que es esencial que el Auto de Vista que resuelve el recurso de apelación restringida, contemple fundadamente todos los puntos de impugnación contenidos en el recurso de apelación restringida a efecto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales de las partes”.


El segundo precedente invocado es el Auto Supremo 495/2014 de 23 de septiembre, que previas consideraciones relativas al tipo penal y la tipicidad, a los delitos dolosos y culposos, a la errónea aplicación de la Ley sustantiva y a los delitos de daño, estableció que el Tribunal de alzada omitió dar cumplimiento a la línea jurisprudencial establecida en un anterior fallo emitido en la misma causa, pues si bien corrigió el yerro respecto al carácter doloso del delito de Daño Calificado, que antes consideró culposo; acudiendo a argumentos relativos a los delitos culposos, intentó demostrar la existencia de dolo en la conducta desplegada por el imputado, señalando de forma totalmente incongruente, que efectivamente el citado delito es doloso y que el imputado actuó de forma negligente por no observar el deber de cuidado que debía; argumento que resultaba inaceptable, dejando entrever que los de alzada no comprendieron que el delito de Daño Calificado, al ser un delito doloso, requería la concurrencia de medios probatorios, de los cuales, se extraigan elementos que demuestren la voluntad del imputado de causar el daño, concluyéndose que el Auto de Vista impugnado, convalidó un fallo que si bien adecuó los elementos específicos del tipo al accionar del imputado (que en apariencia era suficiente), no consideró la falta del elemento subjetivo que exigen los delitos dolosos como el de Daño Calificado, ausencia ante la cual, el accionar no era punible; porque de las conclusiones de la Sentencia, no se evidenció que se hubiera probado la existencia de cognitiva y/o volitiva en el accionar del recurrente, requisito esencial en los delitos dolosos conforme previene el art. 13 relacionado con el 14 del CP.


Por otra parte, se evidenció en casación, que el Auto de Vista impugnado, además omitió pronunciamiento expreso respecto a la denuncia de errónea aplicación del art. 358 inc. 1) del CP, pese a que uno de los derechos de las partes, es el de obtener una Resolución debidamente fundamentada, con base en el derecho objetivo, que brinde seguridad jurídica a las partes, por lo que se dejó sin efecto la resolución recurrida de casación.


Identificados como se encuentran los precedentes y que ambos establecen doctrina legal aplicable, relativa al deber que tiene el Tribunal de alzada de emitir una resolución que fundamente todos los puntos de impugnación, se ingresa a efectuar la labor de contraste que la ley asigna a esta Sala, teniendo en cuenta que la denuncia que plantea el Gobierno Municipal de Yacuiba es la falta de fundamentación de la resolución recurrida respecto a dos de los motivos alegados en apelación restringida; a cuyo efecto, es necesario relievar en principio que la acusación particular en el presente proceso, alegó entre otros motivos de apelación, los siguientes: a) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, por no haberse fundamentado de manera objetiva el accionar culposo del imputado, cuando de las pruebas debidamente identificadas, se establecería que claramente su accionar fue doloso; b) Sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba, manifestando que no existía ningún antecedente que el hecho se haya producido por culpa del accionar del imputado, sino que respondió al dolo cuando siendo consciente que recibió el anticipo del 20%, firmó varios contratos con el Gobierno Municipal y que tenía que ejecutar la construcción del Mercado Central y que en el tiempo exigido posterior a la orden de proceder, no cumplió con sus obligaciones, no movilizó equipo y personal a la obra, ejecutando trabajos discrecionales, sin demostrarse en absoluto cuál pudiera ser la culpa del imputado, precisando que el Tribunal de Sentencia no valoró positivamente lo manifestado por el fiscal de obra, residente de supervisión y el supervisor del proyecto.


Estos planteamientos, fueron desestimados por el Tribunal de apelación que declaró improcedente el recurso de apelación restringida, argumentando respecto al primer motivo, previa referencia a la distinción de una conducta dolosa con la culposa, que si bien la configuración del tipo penal atribuido al imputado se perfiló a la vigencia del tercer contrato modificatorio en el que se adecuó los plazos del contrato inicial a momento de su vigor, no podía pasarse por alto los antecedentes a los que el Tribunal de sentencia hizo mención, deviniendo en correcta, apropiada y adecuada la subsunción realizada de los hechos demostrados en la segunda parte del art. 222 del CP, coligiéndose que no existía inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y con referencia a la valoración de la prueba, señaló que el Tribunal de Sentencia cumplió con la exigencia del art. 173 del CPP, haciendo hincapié que para subsumir una determinada conducta en un tipo penal, es imprescindible demostrar todos sus elementos configurativos, incluidos el dolo y la culpa, habiendo obviado el apelante que bajo el principio de presunción de inocencia a quien correspondía probar el hecho y la responsabilidad penal del encausado, sea dolosa o culposa, era a la acusación pública y particular, por lo que de ningún modo podía exigirse que dicha circunstancia sea demostrada por el imputado; en ese entendimiento, recalcó que el Tribunal de Sentencia sostuvo que no tenía certeza, que el imputado actuó de forma dolosa; empero, no así respecto al tipo culposo, al encontrar que su proceder fue displicente o negligente en la ejecución de la obra emergente de los contratos suscritos, teniéndose presente que no se acreditó prueba que determine en grado de certeza el comportamiento doloso del imputado, siendo que para que se de dicha situación era exigible la concurrencia de dos presupuestos o elementos esenciales: el cognoscitivo o intelectual, que implica que el agente sabía lo que hacía; y, el volitivo, dado que no es suficiente saber qué hace; sino que no obstante su prohibición legal quiere hacerlo, lo que a juicio del Tribunal no fue demostrado, habiendo quedado cumplidos los tres presupuestos de culpabilidad. 


Ahora bien, en armonía con los precedentes invocados por la parte recurrente, es menester reiterar que la amplia jurisprudencia emanada por este Tribunal, señala que la fundamentación de las Resoluciones, constituye un deber atribuido a toda autoridad que emite un fallo, así, la normativa procesal penal, en el art. 124 establece dicha obligación de forma taxativa, cuando señala que toda Sentencia y Auto interlocutorio, deberán encontrarse debidamente fundamentados, expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a cada medio probatorio (motivación); asimismo, señala que, la fundamentación no puede ser reemplazada por una simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes.


Asimismo, los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre entre otros, han establecido que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica, siendo menester destacar que obligación de fundamentar las resoluciones es extensible a los tribunales de alzada, los que también deben observar el cumplimiento de los citados requisitos esenciales, respecto de los puntos de agravio denunciados a fin de emitir una resolución formal y materialmente válida.

En ese sentido, se tiene que la Alcaldía Municipal de Yacuiba impugnó la sentencia alegando en el primero motivo, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva al cuestionar la calificación de la conducta del imputado como culposa cuando en realidad fue dolosa; en ese ámbito, de la respuesta brindada por el Tribunal de alzada, se evidencia que cumple con los parámetros de una resolución debidamente fundamentada teniendo en cuenta que se encuentra plenamente fundamentada al ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; expresa, porque señaló como fundamento de su respuesta que el Tribunal de Sentencia no podía pasar por alto los antecedentes relativos a la vigencia del tercer contrato modificatorio, evidenciándose que en la sentencia se estableció la suscripción del contrato 683/2007 de 19 de noviembre, modificado por el suscrito el 13 de octubre de 2011 y que si bien el imputado hizo caso omiso a lo dispuesto en los contratos dejando pasar los 15 días en la iniciación de la obra, hubo un accionar culposo, conclusión que fue asumida por el Tribunal de origen al interrogarse cómo era posible la entrega de un anticipo del 20% en la gestión 2007, cuando el mercado antiguo siguió ocupado y no se había solucionado el conflicto social debido a que los locatarios seguían ocupando esos predios; resultando en consecuencia también clara la respuesta al no dejar lugar a dudas el pensamiento expresado por el Tribunal de alzada; completa, toda vez que ante la denuncia de una supuesta inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, existe la correspondiente respuesta; legítima, porque la respuesta se sustenta en aspectos concretos identificados en la sentencia referidos a la secuencia de los contratos suscritos por el imputado como representante de la empresa CGP S.R.L. y el Gobierno Municipal de Yacuiba y a los antecedentes y circunstancias referidas a su incumplimiento; y, lógica, ya que la respuesta a la denuncia es coherente y razonable con el cuestionamiento formulado por la entidad recurrente.


Con relación al segundo motivo alegado en apelación, respecto al cual en el planteamiento del recurrente el Tribunal de alzada hubiese incurrido en falta de fundamentación, se evidencia que la denuncia de valoración defectuosa probatoria también estuvo encaminada a cuestionar la conclusión asumida por el Tribunal de sentencia, en sentido de que el accionar del imputado fue culposa y no dolosa, sin que se advierta en el planteamiento de ese motivo la observancia de la carga procesal que tiene la parte apelante en los casos en los que se denuncie defectuosa valoración probatoria, precisada en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, en sentido de que los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, teniendo el deber de señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito, atacando en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito; sin que esta carga procesal haya sido cumplida en el presente caso por el recurrente, que finalmente a tiempo de apelar la sentencia con base al defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, sin proporcionar mayores referencias, se limitó a sostener que el Tribunal de origen no valoró positivamente lo manifestado por el fiscal de obra, residente de supervisión y el supervisor del proyecto; en ese ámbito, se constata que el Tribunal de alzada al desestimar este reclamo argumentando que la calificación de la conducta de culposa del imputado fue emergente de su accionar displicente o negligente en la ejecución de la obra emergente de los contratos suscritos, al no haberse acreditado prueba que determine en grado de certeza un comportamiento doloso y recalcar que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, no incurrió en falta de fundamentación como sostiene la parte recurrente, quien no puede alegar la concurrencia de dicho defecto respecto a un motivo de apelación deficientemente formulado.


En consecuencia, no son evidentes los argumentos expuestos por el Gobierno Municipal de Yacuiba, tomando en cuenta que de la revisión del Auto de Vista impugnado, se establece que no incurrió en falta de fundamentación, debido a que la resolución es expresa y clara, pues el Tribunal de alzada, plasmó en su resolución de manera muy comprensiva respecto de cuáles son los motivos por los que considera que el Tribunal de mérito no incurrió en los defectos denunciados en apelación; en consecuencia, se concluye que la Resolución impugnada cumple con los requisitos de una resolución debidamente fundamentada conforme lo dispuesto por el art. 124 del CPP, sin que haya incurrido en contradicción con los precedentes invocados, correspondiendo declarar infundado el recurso de casación.


III.2. Respecto al recurso de casación interpuesto por la parte imputada.


El reclamo del imputado a través de su recurso de casación, es la existencia en el Auto de Vista impugnado de falta de pronunciamiento respeto a dos problemáticas planteadas en apelación, habiendo invocado como precedentes contradictorios cuatro resoluciones emitidas por este Tribunal de acuerdo al siguiente detalle: Auto Supremo 176 de 26 de abril de 2010, emitido en un proceso penal seguido por los delitos de Conducción Peligrosa de Vehículos y Lesiones Graves en Accidente de Tránsito, por el cual este Tribunal constató que respecto a los puntos apelados por el procesado contra la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia, la Sala de alzada no dilucidó, analizó ni brindó respuesta puntual, uno a uno a los argumentos esgrimidos en apelación; en cuyo mérito, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Al no haberse pronunciado el Tribunal Ad-quem sobre todos los motivos en los que se fundó el Recurso de Apelación Restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta táctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (cita petita o ex apellatum), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum y al deber de fundamentación.


Además, en el caso sub lite, se ha evidenciado que la Sala Penal Primera de la Corte Superior de La Paz, ha restringido el derecho del recurrente al haber emitido Auto de Vista declarando improcedente el recurso sin fundamentos suficientes, sin explicitar sus razonamientos sobre los aspectos cuestionados, enunciando tan solo las conclusiones a las que arribó.


Esta actividad jurisdiccional se constituye en vicio absoluto, que atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo toda autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones debidamente motivadas sobre todas las cuestiones puestas en su consideración, por lo que una resolución resulta insuficientemente motivada cuando en el caso concreto resulta superficial y/o unilateral, cuando los argumentos esgrimidos resultan contradictorios antagónicamente, o cuando se detectan vicios de razonamiento o de demostración.


En consecuencia, al evidenciarse violaciones flagrantes al procedimiento y defectos absolutos insubsanables en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal de Casación, está en el deber de enmendar dichos actos para reencaminar el debido proceso, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación”.


Por otra parte, el imputado invocó el Auto Supremo 657 de 6 de diciembre de 2007, debiendo dejarse constancia que verificada la base de datos de este Tribunal corresponde al 15 del citado mes y año, dada la glosa parcial que hace el recurrente del precedente en su recurso de casación, estableciéndose que a través de dicha resolución, este Tribunal dejó sin efecto el Auto de Vista que fuese recurrido al constatar que existía una sola impugnación referida a la falta de fundamento relativo a la notificación con la imputación formal, considerado como defecto absoluto por el recurrente, único punto cuestionado resuelto sin fundamento por el Tribunal Superior, que se limitó a citar parte de un Auto Supremo, omitiendo vertir criterios jurídicos que respalden la decisión tomada, por lo que estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “La línea jurisprudencial referida se encuentra consolidada, ya que constituye un deber ineludible de los Jueces y Tribunales de desplegar los fundamentos de la resolución, a más de circunscribirse a los puntos cuestionados, vale decir, que cada punto resuelto debe llevar su respectivo argumento, tratándose de Jueces y Tribunales de Sentencia el fundamento debe ser de hecho y de derecho; mientras que, los Tribunales de Alzada sostienen la resolución de cada impugnación, indefectiblemente, con argumentos jurídicos específicos. Las impugnaciones determinan la competencia de la autoridad jurisdiccional y los fundamentos jurídicos de la resolución brindan seguridad jurídica a las partes procesales.


La falta de fundamento de la resolución de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar, el recurso concretiza la omisión del acto jurisdiccional, correspondiendo que éste Tribunal debe dejar sin efecto la resolución recurrida”.


También invocó el Auto Supremo 99/2012 de 4 de mayo, que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido al constatar que el Tribunal de Alzada incurrió en vulneración de los arts. 124 y 398 del CPP, al no pronunciarse ni resolver todos y cada uno de los puntos reclamados en el recurso de apelación restringida, olvidando su obligación de circunscribir la decisión a los puntos acusados por los apelantes; puesto que, solo resolvió las denuncias correspondientes a los defectos de la sentencia de los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, omitiendo pronunciarse sobre la denuncia de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, art. 252 del CP, así como también respecto a la existencia de contradicción en la sentencia entre la parte considerativa y dispositiva, contempladas en los incs. 1) y 8) del art. precedentemente citado; deduciendo que el Auto de Vista impugnado carecía de correcta y adecuada fundamentación, al no haber resuelto todos los puntos cuestionados y al no haber ceñido la resolución de fondo a motivaciones claras y suficientes, centrándose el Auto de Vista en un apretado resumen de los antecedentes de la causa así como de la apelación restringida; excluyendo también determinar en la parte dispositiva de la resolución si la sentencia de grado fue confirmada, ya que solo refirió su improcedencia. Por lo referido, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Es obligación del Tribunal de Apelación, realizar adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie, debiendo todo Auto de Vista contener suficiente fundamentación, circunscribiéndose a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales serán absueltos uno a uno con la debida motivación y en base de argumentos jurídicos individualizados y sólidos, a fin de que se pueda inferir una respuesta con los criterios jurídicos correspondientes al caso, sin que la argumentación vertida sea evasiva o incongruente; cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad, logicidad que se encuentran determinados en el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, lo contrario constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petrita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


Por último, invocó el Auto Supremo 003/2014-RRC de 10 de febrero, pronunciado en un proceso seguido por el delito de Abuso Deshonesto, que resolvió el planteamiento de varias problemáticas, verificándose que el Tribunal de apelación respecto a la temática relativa a que el Tribunal de Sentencia no valoró que la apelación restringida no fue interpuesta para dilatar el proceso, no se pronunció de manera fundamentada conforme dispone el art. 124 del CPP, incurriendo en una incongruencia omisiva o ex silentio, vulnerando el derecho que tiene el recurrente a una respuesta fundada de hecho y derecho, lo cual no significa que debe ser extensa pero si expresa, clara, completa, legítima y lógica; asimismo, esa omisión en la que incurrieron los Vocales, resultaba contraria a los Autos Supremos invocados, de los cuales se extrajo la doctrina legal referida a la obligatoriedad que tiene todo tribunal de responder a todos los puntos denunciados en la apelación restringida, lo cual en aquel caso no sucedió, en vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, incurriendo en el mismo defecto con relación a dos planteamientos efectuados en apelación en sentido de que el Tribunal de Sentencia no valoró el certificado que acreditó que durante la etapa preparatoria no interpuso excepciones ni incidentes; y el segundo, relativo a la falta de respuesta por dicho Tribunal a la precisión efectuada por el recurrente de que la etapa preparatoria tuvo una duración de dieciséis meses.


Por la relación precedente y verificado que los precedentes abordan el tema de la incongruencia omisiva, problemática planteada por el imputado en la presente causa, corresponde efectuar la labor de contraste a los fines de verificar si el Tribunal de alzada omitió o no pronunciarse respecto a dos temáticas: la primera, referida a la parcialidad con la que hubiese actuado el Tribunal de Sentencia a tiempo de resolver las exclusiones probatorias; y la segunda, a la introducción oficiosa del mismo Tribunal de hechos no acusados al ser condenado por el incumplimiento de un contrato modificatorio.


Respecto al primer tema, se tiene de los antecedentes, que el imputado bajo el acápite “DEFECTOS ABSOLUTOS DE SENTENCIA” (sic), denunció la transgresión del debido proceso, porque el Tribunal de Sentencia hubiese vulnerado el principio de imparcialidad, pues durante el desarrollo probatorio el Ministerio Público solicitó la incorporación de prueba documental sin la presencia de testigo, por lo que opuso exclusión probatoria objetando esa ausencia, disponiendo el Tribunal de manera oficiosa que la fiscal retire la solicitud de ingreso de la prueba y que cuando venga su testigo solicite recién su incorporación, cuando debió resolver la exclusión; verificándose del contenido del Auto de Vista impugnado, que el Tribunal de alzada identificó en el primer considerado tres motivos de apelación referidos a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, a los vicios de la sentencia por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y a la falta de fundamentación de la sentencia; ingresando al análisis de estos agravios en el considerando II destinado al “Análisis del caso concreto”, sin referencia alguna a la denuncia de vulneración del principio de imparcialidad.


Sin embargo, esta Sala Penal no puede soslayar en el análisis del motivo planteado, que el régimen de nulidades procesales está sujeto a determinados principios, cuya observancia es obligatoria a tiempo de analizar si una actuación amerita ser anulada por constituirse en una actuación defectuosa no susceptible de convalidación, lesiva de derechos y garantías, para lo cual es preciso considerar que esta Sala en el Auto Supremo 218/2015-RRC-L de 28 de mayo, al hacer referencia a las nulidades procesales y a los principios que las rigen, como el de legalidad o especificidad, de trascendencia y de subsanación, efectuó la siguiente precisión: ”no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal”. 


En el caso concreto, si bien la falta de pronunciamiento respecto al punto apelado podría generar que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, se debe tener presente, que el régimen de nulidades procesales está sujeto a los citados principios, de modo que la pretensión necesariamente debe ir acompañada de la demostración del perjuicio provocado a la parte impugnante, lo contrario significaría generar una innecesaria repetición de actuaciones procesales que de todas formas tendría el mismo resultado, en directo detrimento de la administración de justicia, aspecto que vulneraría los principios de seguridad jurídica, celeridad y economía procesal, correspondiendo en consecuencia analizar si la denuncia merece la aplicación o no de la sanción de nulidad contra el Auto de Vista recurrido, dado que no existe nulidad por nulidad, sino esta debe regirse conforme los principios que la regulan y previa comprobación de algún perjuicio cierto en contra del recurrente.


Efectuada esa precisión, se verifica que en el recurso de apelación restringida, específicamente en el motivo titulado defectos absolutos de sentencia, el imputado si bien alegó la vulneración del principio de imparcialidad, se limitó a hacer referencia a que durante la fase de incorporación de prueba de cargo, formuló exclusiones probatorias bajo el argumento de que no podía incorporarse prueba literal sin la presencia de testigo, motivando que el Tribunal de Sentencia de oficio y según sostiene el recurso, de manera parcializada reconduzca la actuación disponiendo que la prueba cuestionada vuelva al sobre cuando el incidente debió ser contestado y resuelto por el Tribunal de origen; sin embargo, en el planteamiento del recurrente ante el Tribunal de apelación, no se hallan debidamente individualizadas las pruebas documentales cuestionadas, si fueron o no efectivamente introducidas al acto de juicio, si fueron o no valoradas por el Tribunal de Sentencia y si sustentaron o no la decisión de condena asumida respecto al imputado.


De modo que la forma y contenido del planteamiento alegado por el recurrente, no permite a este Tribunal establecer la posibilidad de que, en caso de dejarse sin efecto el Auto de Vista ahora impugnado, pudiera modificar de forma alguna el resultado final del fallo; mucho menos se puede establecer la existencia de algún daño ocasionado a la parte recurrente al haberse omitido pronunciamiento respecto a la temática en cuestión; por lo que, es obligación de quien pretende se deje sin efecto un fallo, acreditar normativa y motivadamente, el perjuicio real e irreparable ocasionado; es decir, el daño debe ser de tal magnitud, que sólo pueda ser enmendado con la emisión de un nuevo fallo, lo que no se da en los hechos, pues el dejar sin efecto el Auto de Vista por una omisión que en el fondo no ha causado daño al recurrente, no cambiaría el resultado final del fallo; consecuentemente, se estaría incurriendo en nulidad por nulidad, en contravención a los principios reguladores de las nulidades en el proceso penal destacados precedentemente, constituyéndose en un acto meramente dilatorio, lo que no es admisible por afectar a otros principios, entre ellos el de economía procesal, por lo que resulta infundado esta parte del motivo alegado en casación por el imputado, al no existir relevancia constitucional para el efecto pretendido.


Con relación al segundo tema respecto al cual concurriría incongruencia omisiva, se evidencia que el imputado en el primer motivo de apelación   denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, con el argumento de haber sido sancionado aplicándose la Ley 004, cuando ninguna de la tres acusaciones le acusó con las modificaciones de dicha ley, así como inobservancia respecto al art. 222 del CP, enfatizando que fue la entidad contratante la causante para que su persona no pueda cumplir el contrato en referencia al cronograma de trabajo y movimiento de personas, porque el área de trabajo recién fue liberada después de casi tres años, quedando demostrado que no actuó culposamente, además acusó que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; al respecto, en el primer supuesto alegó que fue acusado por haber incumplido el contrato 683/2007; sin embargo, fue condenado por haber supuestamente incumplido el contrato modificatorio, situación que sería inexistente al no haberse acreditado con ningún elemento de prueba que se habría incumplido dicho contrato modificatorio.


También denunció la existencia de defectos absolutos, alegando la vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, al haber sido acusado de incumplimiento del contrato 683/2007, teniendo como base el Código Penal de 1973, sin ser acusado con las agravantes de la Ley 004; sin embargo, el Tribunal de manera oficiosa, incorporó hechos no acusados, armando su propia teoría con la única finalidad de condenarlo alegando un supuesto incumplimiento de un contrato modificatorio concretamente el 3 que no era parte de la acusación.

Esto demuestra que el imputado a tiempo de plantear su apelación restringida, bajo distintas perspectivas cuestionó la consideración del contrato modificatorio 3 de 13 de octubre de 2001, con relación al contrato 683/2017 de 19 de noviembre y si bien el Tribunal de alzada no analizó la problemática bajo el contexto del defecto absoluto invocado por el recurrente, no es menos evidente que dejó expresa y clara constancia a tiempo de resolver el agravio relativo a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, que el apelante proyectó escindir (entiéndase separar), los contratos modificatorios de 15 de septiembre de 2009, 29 de octubre de 2010 y de 13 de octubre de 2011, del contrato madre 683/2007 de 19 de noviembre, indicando que sólo fue acusado sobre el presunto incumplimiento de este contrato y no así de los modificatorios, obviando que dicha situación no era posible dado que los contratos posteriores no tenían una existencia propia, sino que eran consecuencia del primero, por lo que no le era factible escabullir su responsabilidad, ya que de igual forma que participó voluntariamente del primero, lo hizo también de los ulteriores asumiendo con ellos todas las situaciones emergentes; denotando sin duda alguna un pronunciamiento al reclamo efectuado por el imputado respecto al cual sostiene erradamente la existencia de incongruencia omisiva, por lo que resulta este motivo también infundado, al no ser evidente la contradicción alegada con los precedentes invocados. 


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Juan Antonio Aparicio Castro en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, de fs. 1601 a 1605 y Jorge Mario Palacios Tassakis, de fs. 1606 a 1618.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos