TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 131/2018-RRC

Sucre, 15 de marzo de 2018


Expediente                        : Santa Cruz 85/2014

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                Denver Pedraza López

Delitos                                : Incumplimiento de Deberes y otros

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


La acción de libertad interpuesta contra el Auto Supremo 206/2015-RRC de 27 de marzo y por memorial presentado el 13 de octubre de 2014, cursante de fs. 2648 a 2660, Denver Pedraza López, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, de fs. 2533 a 2540 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) y el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica; y, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, previstos y sancionados por los arts. 154, 221, 142, 145, 146, 224 y 228 del Código Penal (CP), respectivamente.

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 18/2011 de 6 de diciembre (fs. 1689 a 1702 vta.), el Tribunal Séptimo de Sentencia de La entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Denver Pedraza López, absuelto de culpa y pena por los delitos de Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica; y, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, previstos y sancionados en los arts. 142, 145, 146, 224 y 228 del CP y autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, tipificado en los arts. 154 y 221 del CP, imponiendo la pena de cinco años de presidio.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Denver Pedraza López (fs. 1715 a 1749 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 123 de 25 de junio de 2012, que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo (fs. 2519 a 2527 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, que declaró admisibles e improcedentes los recursos de apelación incidental y restringida, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.

Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 741/2014-RA de 15 de diciembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).

El recurrente luego de realizar una cronología del proceso, indica haber sido procesado por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, sancionado a la pena de cinco años de privación de libertad, cuando correspondía la emisión de Sentencia con relación al tipo de Contratos Lesivos al Estado en la forma culposa, cuya pena máxima debía ser de dos años, como establece el art. 221 segunda parte del CP, vigente al momento de cometer el hecho, habiendo el Tribunal de apelación incurrido en total carencia de fundamentación en derecho, a tiempo de resolver la apelación restringida.


Previa exposición de las normas que regulan las relaciones humanas en un Estado Unitario Social de Derecho, identificando los postulados, principios y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Código de Procedimiento Penal y Código Penal respecto a las normas aplicables en cuanto al tiempo, aludiendo además a las Sentencias Constitucionales 0770/2012 y 1030/2003, bajo el título de “FALTA DE FUNDAMENTACIÓN, ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY Y VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA”, el recurrente con la invocación como precedente del Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, emitido en el caso de autos, arguye que el Tribunal de alzada, no tomó en cuenta la mencionada resolución a tiempo de confirmar la Sentencia, pues se limitó a realizar conclusiones generales sin que se evidencie un intento de responder en lo más mínimo a la denuncia específica de errónea aplicación de la ley sustantiva, en vulneración al art. 124 del CPP, al no advertir que a tiempo de dictarse la Sentencia se omitió realizar la labor de subsunción, que demuestre objetivamente el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal.


Agrega que el Tribunal de alzada tampoco tomó en cuenta el entendimiento asumido en el Auto Supremo 017/2014-RRC respecto a su denuncia de aplicación retroactiva de la ley penal, pues confirmó una sentencia que carece de fundamentación adecuada, no sólo respecto a la tipicidad del delito de Contratos Lesivos al Estado; sino también, a la aplicación retroactiva de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Ley 004).


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita se case el Auto de Vista recurrido, anulando y ordenando se dicte nueva resolución, aplicando el Auto Supremo 017/2014, multando a los Vocales suscribientes de la misma con diez días de haberes y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, por incumplimiento de la referida Resolución y por ser contradictoria a la Constitución Política del Estado y a las leyes.

I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 741/2014-RA, cursante de fs. 2701 a 2703, este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por el imputado, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y precisado el ámbito de análisis del recurso, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.

Por Sentencia 18/2011 de 6 de diciembre, el Tribunal Séptimo de Sentencia de La entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Denver Pedraza López, absuelto de culpa y pena por los delitos de Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica; y, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, previstos y sancionados en los arts. 142, 145, 146, 224 y 228 del CP y autor de la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, tipificado en los arts. 154 y 221 del CP, imponiendo la pena de cinco años de presidio, de acuerdo a los siguientes fundamentos, estrictamente vinculados al motivo de casación:

  1. Previa exposición de las características que detentan los tipos penales de Peculado, Cohecho Pasivo Propio, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica; y, Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, atribuyéndoles la calidad de especiales, dolosos y cerrados, explicando en cuanto a ésta última peculiaridad, que cada uno de los tipos inculpados son taxativos y claros, por lo que no requieren mayores esfuerzos para su entendimiento y comprensión, citando al respecto la Sentencia Constitucional 0038/2007 de 7 de agosto, concluyendo que el delito sólo existe y se sanciona en virtud de la ley, lo que significa vigencia absoluta del principio de legalidad.


  1. De acuerdo al precepto contenido en el art. 154 del CP, el delito de Incumplimiento de Deberes, requiere que el funcionario público ilegalmente omita, rehúse hacer o retardare algún acto propio de su función; es decir, que el agente obligado a efectuar determinada acción en cumplimiento de sus deberes, en forma ilegal omita hacer lo que debe hacer o simplemente se rehúse efectuar lo que por obligación le corresponde. La otra posibilidad está referida al retardo doloso, en el cumplimiento de dichas obligaciones durante el ejercicio de la función. Sobre ello, estableció que las pruebas testificales y literales; tanto de cargo cuanto de descargo, demostraron que se hicieron muchas entregas de vehículos e inmuebles en actos públicos en presencia de autoridades nacionales; sin embargo, esas ilegalidades, lejos de convalidar la acción del imputado, demostró inobjetablemente que obró con absoluta liberalidad, vulnerando el espíritu del art. 42 inc. 3) del Decreto Supremo (DS) 26143 de 6 de abril de 2001; puesto que, en lugar de celebrar contratos mediante escritura pública, en términos del art. 1287.II del Código Civil (CC), se limitó a suscribir contratos privados que por falta de reconocimiento de firmas carecen de eficacia en el ámbito civil puesto que no llenan el voto del art. 1297 del Código citado; pero en materia penal cobra relevancia significativa porque demostró, lejos de toda duda razonable, la existencia de acciones punibles con las que el incriminado subsumió su conducta a las previsiones del art. 154 del CP, al incumplir sus deberes estatuidos en el ordenamiento jurídico, lo que se hace más patente dada su formación profesional y su conocimiento de la naturaleza jurídica de la escritura pública, así como del contrato de depósito regulado por el art. 838 del CC. En ese entendido, tampoco cumplió con lo explícitamente mandado por el mencionando Decreto Supremo, que de manera taxativa, dispone: “El nombramiento de depositarios será efectivo previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: inc. 3.- La suscripción del contrato de depósito mediante escritura pública” (sic), emergiendo así la acción típicamente antijurídica y culpable del acusado; en cuanto, al delito analizado, cuyo precepto se reiteró en la Ley 004.


  1. Del contenido del tipo penal de Contratos Lesivos al Estado, infiere que dos son los elementos esenciales para la existencia de este tipo penal. Primero, referido al conocimiento que el agente tiene sobre los alcances del contrato que suscribe a nombre de la entidad que representa; y el segundo, emergente de aquél, relativo al perjuicio que al Estado o la entidad se ocasiona. En ese marco, considerando que el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada y que para cumplir sus altos principios, valores y fines como proclama la Constitución Política del Estado, creó órganos o entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas como la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), concluyó que el acusado, como Director de dicha entidad, con sede en la ciudad de Santa cruz, al haber suscrito documentos para la entrega en depósito de bienes muebles sujetos a registro y de inmuebles, tanto a personas particulares como a representantes de algunas instituciones, soslayó lo explícitamente determinado por el DS 26143 y la Disposición Transitoria Quinta del Código de Procedimiento Penal, ocasionando así perjuicios al Estado, en su más amplia concepción; puesto que, la conducta del agente no sólo dio lugar a la apertura y sustanciación de la presente causa, sino que provocó gastos inmanentes a ésta, de donde resultó que la conducta del imputado se adaptó al delito de Contratos Lesivos al Estado, al tenor del art. 221 del CP.


  1. En cuanto a los criterios para imponer la pena, previo establecimiento de las circunstancias personales del acusado, su conducta antes y después del hecho y la aplicación del entendimiento plasmado en el art. 45 del CP, sobre el concurso real de delitos, expresó que por disposición de los arts. 164.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cumplimiento de la ley tiene carácter obligatorio desde el día de su publicación, así como responde a los principios de jerarquía y primacía estatuida por la propia Carta Fundamental, razón por la cual a tenor del art. 123 de la misma Constitución y de manera general, la ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, salvo en materia laboral si favorece al trabajador, en materia penal si es favorable al delincuente y en cuanto a la investigación, procesamiento y sanción por delitos de corrupción, tipificados por la Ley 004 y los comprendidos en el art. 24 de la Ley citada, entre los que se encuentran Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, tipificados por los arts. 154 y 221 del CP; a cuyo efecto, concluyó que si bien a tiempo de la comisión de los ilícitos atribuidos al acusado, estuvo vigente una ley y otra al momento de pronunciar Sentencia, por principios universales referidos a la ultractividad y retroactividad de la ley, debe aplicarse la más favorable al delincuente; empero, dada la retroactividad estatuida por la Ley Suprema del Estado, que goza de primacía frente a cualquiera otra disposición normativa, es que debe aplicarse esta con sus alcances propios, lo que en el caso de autos importa penalización o agravación de la sanción. Al respecto citó la Sentencia Constitucional 0442/2010 de 28 de junio, culminando que, dado el carácter vinculante del mismo, en el caso concreto, resultaba aplicable la retroactividad de la Ley 004.


II.2. De la apelación restringida.


El imputado, planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 18/2011 de 6 de diciembre, alegando que, en estricta relación al motivo de casación admitido:


  1. En grado de apelación incidental, respecto a su solicitud de extinción de la acción penal denunció que; no obstante, que a partir de febrero de 2009, la Norma Fundamental estableció un régimen de imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción o cometidos por funcionarios públicos, no era menos cierto que dicho régimen,  es aplicable a partir de esa fecha en adelante y no así con carácter retroactivo, en todo caso, debe aplicarse la norma más favorable al imputado; en consecuencia, resultó inaplicable la interpretación efectuada de la Sentencia Constitucional 442/2010 de 28 de junio; por cuanto, no consideró que en el caso que se juzgó los hechos, además de ser múltiples y sin precisión alguna, se produjeron antes de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política del Estado.


  1. De acuerdo con la determinación del Tribunal de Sentencia, en cuanto a la existencia de un tipo penal cerrado, no existe necesidad de analizar los otros elementos del delito, pues simplemente hay que determinar si la conducta se subsume en el tipo penal y con ello se tendrá por demostrado el delito cometido, razonamiento que constituye errónea aplicación de la ley sustantiva, pues aún se traten de tipos penales cerrados, es necesario e imprescindible analizar la concurrencia de los otros elementos del delito, como ser la antijuricidad, esencialmente y la culpabilidad, lo que no ocurrió en el caso de autos. Asimismo, el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, no es un tipo penal cerrado, pues de su redacción se entiende que es un tipo penal alternativo, pues se lo puede cometer omitiendo, rehusándose hacer o retardando algún acto propio de la función; por lo tanto, no existe la determinación y taxatividad exigida para los tipos cerrados; por otro lado, la sola incorporación del concepto “ALGÚN acto propio”, ya elimina toda posibilidad de taxatividad.


  1. Haciendo referencia al siguiente texto de la Sentencia: “…en ese entendido tampoco cumplió con lo explícitamente mandado por el mencionado Decreto Supremo Nº 26143…El nombramiento de depositario será efectivo previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: Inc. 3).- La suscripción de contrato de depósito mediante escritura pública emergiendo así la acción típicamente antijurídica y culpable de Denver Pedraza” (sic), afirmó que no existe ninguna otra aseveración para determinar la existencia de antijuricidad, olvidando el Tribunal que la determinación de antijuricidad debe ser tanto formal como material; sin embargo, no se tiene ninguna alusión a algún daño causado a la institución; por cuanto, para que la conducta sea penalmente reprochable, debe existir un desvalor de la acción pero sobre todo un desvalor del resultado, caso contrario no se puede determinar que la conducta es delictiva. Al respecto, demostró que no existió ningún tipo de daño al Estado ni a DIRCABI; en consecuencia, al no existir lesividad en su conducta, no se puede hablar de la comisión del delito.


  1. El Tribunal de Sentencia, lo condenó por la presunta comisión del delito de Contratos Lesivos al Estado, fundamentando en cuanto al daño causado, que: “…ocasionando así perjuicios al Estado en su más amplia concepción, puesto que la conducta del agente no sólo dio lugar a la apertura y sustanciación de la presenta causa, sino que provocó gastos inmanentes a ésta, de donde se arriba a esta conclusión de que la conducta de Pedraza López se adapta al delito de contratos lesivos al estado al tenor del Art. 221 de la ley sustantiva” (sic), consideración según la cual, el daño causado no es producto de la acción típica, sino del juicio iniciado en su contra; en consecuencia, si no se hubiera comenzado este proceso, entonces no habría daño; por ende, si no se determinó ningún daño; en cuanto, a los contratos suscritos por él, cómo puede afirmarse que su conducta es lesiva. Continúa afirmando que el tipo penal analizado, exige que la conducta lesiva se produzca al momento de celebrar el contrato, siendo exigible el dolo contractual; por cuanto, estipula “a sabiendas”; es decir, que al momento en que se está celebrando el contrato se sabe que es en perjuicio del Estado; empero, el Tribunal de Sentencia, razonó que la lesividad de la conducta no estuvo al momento de la celebración del contrato, sino que el daño se causó al haber iniciado el proceso penal, aplicación que considera ilegal por arbitraria e inconsistente con la dogmática penal generalmente aceptada.


  1. Por lo expuesto, continuó aseverando que en la Sentencia se aplicó erróneamente los arts. 154 al 221 del CP, que tacha de defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, denotando una fundamentación carente de sustento legal; por cuanto, no contiene una adecuada explicación de los actos sobre los tipos penales juzgados; por cuanto, se estableció su responsabilidad sin realizar ninguna discriminación entre los tipos penales de Incumplimiento de deberes y Contratos Lesivos al Estado, ni se consideró que existen límites a la responsabilidad penal, tal cual establece el art. 16 del CP. Específicamente; en cuanto, al delito de Incumplimiento de Deberes, no se consideró que jamás omitió, retardó o rehusó hacer, resaltando que no era su función la de reconocer los contratos ni protocolizarlos, correspondiéndole a la Unidad de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la estructura orgánica y funcional, a los niveles jerárquicos de la institución y a los arts. 14 y 15 del DS 26143. Sobre el delito de Contratos Lesivos al Estado, afirmó que si el Tribunal arribó a la conclusión de que ninguno de los instrumentos tiene rango de escritura pública “como exige la norma”, ni siquiera valor de “documento privado reconocido, ya que no se procedió al reconocimiento de firmas y rúbricas en términos del Art. 319-2 del Código de Procedimiento Civil” (sic), resulta que el propio Tribunal reconoce expresamente que ninguno de esos contratos cumplió con todas las solemnidades y con los requisitos necesarios exigidos para un contrato, más aún si se trata también sobre la participación de los particulares como sujetos activos de este delito, que sin ser empleados públicos pueden actuar particularmente como contraparte en el contrato; en el entendido, que no es concebible que existan contratos lesivos al Estado, sin la intervención activa de la contraparte. Asimismo, se extraña que la Sentencia no explique en qué sentido el Estado sale perdiendo y por qué no se incluyó en el proceso penal a las otras partes intervinientes en los contratos, si existe la certeza de que los contratos eran dolosos; ya que, si esta suposición resultaba cierta, era obvio incluir a todas las partes involucradas en este tipo de negociaciones, mucho más cuando uno de los sujetos es el Estado, o entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, pero como no existe “dolo” y no se avizoran probabilidades ciertas de pérdida y perjuicios para el Estado o entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, se entiende que “no hay contratos perjudiciales con “Dolo” (sic).


  1. Según la doctrina, el Incumplimiento de Deberes y Contratos lesivos al Estado, no tienen características parecidas entre sí, por lo que relieva que no se puede condenar de modo genérico y en forma conjunta, como lo hizo el órgano jurisdiccional sin realizar la respectiva discriminación entre los tipos penales señalados, por cuanto en el delito de Contratos Lesivos al Estado, se exige el dolo directo, excluyéndose el dolo indirecto y la culpa, en cambio en el de Incumplimiento de Deberes, la figura es a la inversa, por cuanto además del elemento subjetivo de “dolo directo”, no se excluye el dolo indirecto y la culpa, igualmente, la “intención de cometer actos legales” (sic), no puede formar parte de un incumplimiento de deberes. Adiciona que, respecto al delito de Contratos Lesivos al Estado no existe discrecionalidad en la responsabilidad penal; aspecto que, no fue considerado por el Tribunal. Tampoco se consideró que: si una de las personas involucradas es condenada “no puede no condenarse a las otras personas intervinientes en los mismos contratos”, por lo que una de las personas intervinientes es inocente, la otra también será inocente y que cuando en el delito exige pluralidad de sujetos activos, no puede dejar de juzgarse a todos los involucrados en el hecho, por lo que no tiene lógica un juicio oral con sentencia que condena a una de las partes del contrato y no condena a los demás por el mismo delito o viceversa.


  1. Por lo expuesto, asevera que el Tribunal realizó un defectuoso análisis sobre los nexos causales y la intencionalidad, no realizó la subsunción a la acción o inacción, no refirió los grados de culpabilidad y la concurrencia de elementos volitivos y cognitivos que hubieran dado curso a los tipos penales acusados; por ello, considera que la Sentencia atentó los principios de legalidad penal, quedando claro que no existen los suficientes elementos de convicción para sostener que es autor de los ilícitos penales por los que fue condenado.


II.3. Del Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo.


Una vez admitido el primer recurso de casación formulado por el recurrente, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través de Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, determinó dejar sin efecto el Auto de Vista 123 de 25 de junio de 2012, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida, de acuerdo a los siguientes fundamentos vinculados a los motivos del recurso de casación en estudio:


  1. En cuanto al agravio referido a la errónea aplicación de la ley penal y fundamentación insuficiente, específicamente de los arts. 154 y 221 del CP, determinó que previo al análisis resultaba preciso recordar que la calificación del delito se comprende como la apreciación que cada una de las partes hace de los hechos, de las leyes aplicables y del resultante relacionado al acusado; y, cuando no se la califica adecuadamente, se genera una errónea aplicación de la ley sustantiva, por la errónea calificación de los hechos (tipicidad), porque la adecuación de la conducta humana a la descripción objetiva del o de los delitos endilgados, debe ser correcta y exacta, puesto que, en caso de faltar uno de los elementos del tipo penal, la conducta ya no puede ser considerada delito, extremo que debe ser establecido en sentencia por los jueces y tribunales de sentencia y por los de alzada, en virtud a la facultad de control a que están obligados, cuando existe un reclamo oportunamente efectuado como en el caso presente, ello en busca de garantizar el principio de legalidad reconocido en el art. 180.I de la CPE, cuya función es evitar la arbitrariedad y el exceso en la persecución penal por parte del Estado. En ese marco, concluye que: “…en cuanto a la problemática de errónea aplicación de la Ley sustantiva, se tiene que el Auto de Vista impugnado, se limitó a realizar conclusiones generales como señalar: que la labor del Tribunal de Sentencia al dictar el fallo, fue correcta y conforme a lo previsto en el art. 342 y 365 del CPP, porque la prueba aportada fue suficiente para generar convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado, para luego referirse, también de forma general a la potestad punitiva del Estado y al principio de libertad probatoria que rige el proceso penal, sin que se evidencie siquiera un intento de responder en lo más mínimo, a la denuncia específica de errónea aplicación de la Ley sustantiva, respuesta que no cumplió lo dispuesto por el art. 124 del CPP, pues no existió ninguna motivación ni fundamentación jurídica que emerja del análisis de la Sentencia y los fundamentos consignados en ella, como por ejemplo, el fundamento referido al delito de Contratos Lesivos al Estado, cuyo daño de acuerdo a la Sentencia se hubiera producido no sólo por la apertura y sustanciación de la presente causa, sino que también provocó daños por los gastos que surgen del proceso, fundamento que resulta incorrecto, pero que sirvió de base para pretender enmarcar la conducta del imputado al tipo penal referido, extremo que claramente evidencia los defectos que contiene la Sentencia, y que vulneran el principio de legalidad y el debido proceso en relación a la subsunción de la conducta del imputado a los tipos penales, concluyéndose por tal razón que el Tribunal de alzada no cumplió con la labor de control que le asigna el art. 407 del CPP, pues se limitó a sostener que el Tribunal de Sentencia, habría obrado conforme a derecho además que no respondió a todos y cada uno de los motivos recurridos, quebrantando así los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos el debido proceso y el principio de legalidad; pues no advirtió que a tiempo de dictarse sentencia se omitió realizar la labor de subsunción que demuestre objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal, a partir de una descripción del hecho probado, para luego realizar la labor de comparación de las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito y establecer si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, para finalmente calificarse el hecho como delito, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, en base a la doctrina legal referida” (resaltado propio).


  1. En relación a la denuncia sobre aplicación retroactiva de la ley penal, específicamente de la Ley 004, afirmó que la misma: “…también fue abordada por el Tribunal de alzada; empero, lo hizo para resolver la apelación incidental interpuesta por el imputado en relación a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, y no así con motivo de la apelación restringida, pues esta problemática no fue objeto de recurso de apelación restringida, al respecto, el Tribunal de apelación señaló: …que si bien es cierto que a la hora de la comisión de los delitos atribuidos al imputado estuvo vigente una ley y otra al momento de dictarse la Sentencia, y que debería aplicarse la ley más favorable al imputado, sin embargo al tratarse de delitos cometidos por funcionario público, no le alcanza este beneficio en atención a que existe la SC Nº 0442/2010 de fecha 28 de junio de 2010, que establece claramente que si bien la Constitución al ser reformada o sustituida por una nueva, mantiene su naturaleza jurídica, y debe ser aplicada de forma inmediata aún en casos pendientes de resolución iniciados con anterioridad a la vigencia de la Constitución, por lo que en este caso es aplicable la retroactividad de la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 que establece que este tipo de delitos de orden público son imprescriptibles…. Con la anterior precisión y toda vez que la Sentencia Constitucional 1414/2013 de 16 de agosto, dispuso que este Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie entre otros sobre esta denuncia, cabe manifestar que el Tribunal de Sentencia al momento de fundamentar la Sentencia, como el Tribunal de alzada, al momento de resolver la apelación incidental y restringida, abordaron la problemática referida a la Ley 004, además, realizaron una interpretación errónea de la SC 0442/2010, puesto que de acuerdo al art. 116.II de la CPE, cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible, precepto interpretado de manera concordante con el art. 123, en la SC 0770/2012 de 13 de agosto, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional…” -de cuyo contenido- “…se establece que el Tribunal de Sentencia, si bien se refirió a la Ley 004, señalando que correspondía su aplicación retroactiva, además, afirmando que su aplicación al caso concreto importaría una agravación de la sanción; empero, en los hechos se limitó a imponer al imputado la pena de cinco años de presidio, que es la máxima sanción que correspondía aplicar al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado (art. 221 CP), antes de su modificación por la Ley 004 que penalizó (entiéndase el incremento cualitativo o cuantitativo de la pena) la conducta con una sanción mínima de cinco años y una máxima de diez años de privación de libertad, debiendo además considerarse que el imputado Denver Pedraza López, no sólo fue declarado autor y culpable de la comisión del citado delito; sino también, por el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, razón por la que consideró el Tribunal de Sentencia que correspondía aplicar la previsión contenida en el art. 45 del CP, que señala: El que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere dos o más delitos, será sancionado con la pena más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la  mitad; lo que supone, dados estos antecedentes, que no hubo una efectiva aplicación de la Ley 004 en la fijación de la pena, razón por la cual este Tribunal concluye que el agravio denunciado referido a la aplicación retroactiva de la Ley 004, resulta inexistente; a cuya consecuencia, cualquier defecto absoluto emergente de la problemática ahora analizada, también es inexistente correspondiendo declarar infundado el presente agravio” (resaltado propio).


II.4.  Del Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 64, declarando admisibles e improcedentes los recursos de apelación restringida e incidental, formulados por el recurrente, conforme a los siguientes argumentos:


  1. El Tribunal Séptimo de Sentencia, al dictar el fallo judicial apelado, procedió en forma correcta, conforme a lo previsto por los arts. 342 y 365 del CPP, ya que tomó en cuenta que la prueba aportada es suficiente para generar la convicción plena sobre la responsabilidad penal del imputado en la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado. En ese entendido, con relación al primer tipo penal citado, que conforme al art. 154 del CP, consiste en omitir, rehusar hacer, retardar actos de funciones propias de los funcionarios públicos, constituyéndose en un delito de omisión o “de omisión por comisión” (sic); es decir, no hacer o hacer no haciendo, negarse a cumplir con sus deberes o hacerlo retardadamente, que puede ser tácita o expresa, se consuma con la omisión aunque no haya consecuencia y no admite tentativa, destacó que en aplicación del art. 24 de la Ley 004 y 112 de la CPE, con base a una interpretación contextualizada, y desde el marco de la proporcionalidad, se estableció una diferenciación entre delitos propios de corrupción y los vinculados o relacionados con corrupción, a partir del reconocimiento de que los últimos por sí solos no poseen como uno de sus elementos los denominados “actos de corrupción que comprometan o afecten recurso del Estado” (sic), en los términos y formas definidas por los arts. 1 y 2 de la citada Ley; en consecuencia, si bien taxativamente, por imperio de la Ley, el beneficio de la suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción, debe entenderse que esta situación de improcedencia está referida a aquellos delitos que resultan propios y se hallan consignados en el citado art. 24 y 25 de la misma Ley, sin que exista limitación alguna para su concesión en los casos de los delitos vinculados con corrupción. En ese entendido, concluyó que, no obstante haberse consignado al art. 154 del CP, en ambos grupos definidos por la Ley 004, el imputado acomodará su conducta a las previsiones contenidas en el primero grupo referido a los delitos de corrupción, si concurre la circunstancia agravante prevista en el segundo párrafo del art. 154 aludido; es decir, “…cuando el delito ocasione daño al Estado” (sic), correspondiendo al Juez o tribunal de juicio, al conocer y resolver una eventual solicitud de concesión del beneficio de suspensión condicional de la pena, en observancia de la garantía del proceso y el principio de legalidad, rechazar la pretensión si la conducta del imputado fue subsumida en las previsiones del segundo párrafo de la citada norma legal; es decir, si concurre la circunstancia agravante en sentido de que el delito ocasionó daño económico al Estado. En cambio, en el supuesto caso que la condena se funde en la primera parte del art. 154 del CP, la autoridad jurisdiccional deberá verificar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 366 del CPP; en cuyo caso, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el marco penal previsto para cada tipo penal, correspondiendo al Tribunal de apelación, ejercer el control de tal determinación.


  1. En ese entendido, con relación al delito de Contratos Lesivos al Estado, previsto en el art. 221 del CP, que establece que el funcionario público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años; asimismo, establece que en caso de que actuare culposamente la pena será disminuida, respecto a la persona particular, que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional será sancionado con reclusión de uno a tres años, contexto dentro del cual, el recurrente argumentó una supuesta valoración defectuosa de la prueba, por lo que es conveniente hacer notar que será obligación del impugnante precisar dentro del proceso el medio probatorio que considera no fue debidamente valorado. Seguidamente, en el documento de la Sentencia, debe identificar la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación que realiza el titular del órgano jurisdiccional de los medios de prueba, extrayendo los elementos probatorios de los cuales obtiene la verdad jurídica del hecho y sobre la que resolverá el conflicto puesto a su consideración. Es ahí donde el Juez o Tribunal expresa porqué un medio le merece crédito y cómo lo vincula a los demás elementos obtenidos del elenco probatorio, siendo en base a estos criterios objetivados de la resolución que el recurrente tiene el deber de cuestionar la correcta aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia y poder en definitiva, cuestionar el proceso de valoración de la prueba desarrollada por el Juez o Tribunal de mérito, siendo imposible que un Tribunal desprovisto de la inmediación procesal pueda emitir un criterio de hecho sobre la prueba, dada la naturaleza del sistema acusatorio oral.


  1. Respecto al argumento de la adecuación típica de los delitos sentenciados, en que previamente debería haber un daño causado por la acción antijurídica, estableció que el  tipo penal de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP, no exige que exista un daño a la víctima ni al Estado; sin embargo, el mismo imputado reconoció que en su condición de ex Director de DIRCABI, no se realizaron los respectivos reconocimientos y que eso correspondía a la Sección Jurídica de la entidad; empero, como abogado conoce que el anterior Director era quien realizaba los reconocimientos respectivos que eran reconocidos y protocolizados por las partes firmantes y que existían en todos ellos las firmas del hoy imputado, por lo que el hecho de deslindar responsabilidades no tiene ningún fundamento legal.


  1. En cuanto al delito de Contratos Lesivos al Estado, normado en el art. 221 del CP, el imputado en su condición de abogado, conocía que no existen en todos los contratos el inventario que explique el estado de los vehículos entregados, del seguro que pueda exigir el mantenimiento y posterior devolución en el mismo estado en que fueron entregados, como ocurrió en el caso de Gladys Mansilla, por lo cual adecuó su accionar antijurídico a los alcances del art. 221 del Código sustantivo.


II.5.        Del Auto Supremo 206/2015-RRC de 27 de marzo de 2015.


Dicha resolución, en lo pertinente, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declaró INFUNDADO, el recurso de casación que consta de fs. 2648 a 2660, interpuesto por Denver Pedraza López.


II.6.        De la Sentencia Constitucional Plurinacional 0165/2016-S1 de 1 de febrero de 2016 que dejó sin efecto el Auto Supremo 206/2015-RRC de 27 de marzo de 2015.


En lo sustancial la referida Sentencia Constitucional establece que el Auto Supremo 206/2015 de 6 de diciembre, emitido por las Magistradas de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no contiene la debida fundamentación y motivación en hecho y derecho sobre los motivos del recurso de casación interpuesto por el accionante; sino, simplemente una relación de los antecedentes y hechos del proceso, lo cual no implica una debida fundamentación y motivación.


Desglosando esos entendimientos de dicha resolución, se advierte que la misma señala que el Auto Supremo aludido expresamente incurrió en los siguientes defectos al momento de realizar al fundamentación del caso concreto, que consiste en:


    1. En el primer párrafo desarrolló el planteamiento del recurso de casación del accionante.


    1. En el segundo párrafo respecto al trámite del Auto de Vista 123, el Auto Supremo 017/2014 y el nuevo Auto de Vista 64.


    1. En el tercer párrafo, una aclaración sobre el Auto Supremo 017/2014.


    1. En el cuarto párrafo una simple comentario aduciendo que, no advierten inobservancia o contradicción con la doctrina legal.


    1. En el quinto párrafo una transcripción de los fundamentos del Auto Supremo 017/2014, respecto a la aplicación retroactiva de la ley penal.


    1. En el sexto párrafo, una expresión de que no es posible exigir al tribunal de alzada una determinada fundamentación.


    1. Finalmente, en el séptimo párrafo la conclusión de que el Tribunal de alzada, adecuó su resolución a la determinación asumida en el Auto Supremo 017/2014.


Aspectos que en el criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional, no contienen la debida fundamentación y motivación del hecho y derecho sobre los motivos del recurso de casación, por lo que confirmó en todo la resolución del Tribunal de garantías; en consecuencia, el desarrollo de la presente resolución se basará en los aspectos advertidos por dicho Tribunal a efectos de subsanar las vulneraciones advertidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, se advierte que lo resuelto por el Tribunal de Garantías Constitucionales es de la siguiente manera: “La nulidad del Auto Supremo 206/2015, dictado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando además, que las mismas autoridades emitan un nuevo Auto Supremo considerando el fondo de las denuncias en cuanto a las violaciones del derecho y garantías constitucionales, dejando sin efecto el mandamiento de condena librado en contra del accionante; asimismo, denegando la tutela contra el representante del Ministerio Público, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 206/2015, que confirmó el Auto de Vista recurrido de casación, no se pronunciaron sobre las faltas e incumplimientos al debido proceso al que hace referencia el demandante, por lo que carece de fundamentación; y, 2) Tampoco se manifestaron sobre la presunción de inocencia y a ser juzgado por una ley que previamente exista antes de la comisión del hecho”.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN

DE DERECHOS CONSTITUCIONALES


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma sustantiva y adjetiva es efectivamente aplicada por igual, a través del Auto Supremo 741/2014-RA de 15 de diciembre, se admitió el recurso de casación sobre la posible contradicción con la doctrina sentada por este Tribunal, con el Auto de Vista recurrido, emitido carente de una adecuada fundamentación sujeta a derecho, a tiempo de resolver la denuncia sobre la errónea interpretación de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Contratos Lesivos al Estado, por los que se le impuso Sentencia condenatoria. Y en cumplimiento de la referida Sentencia Constitucional los aspectos a fundamentarse son los siguientes: 1) El Auto Supremo 206/2015 no se pronunció sobre las faltas e incumplimientos al debido proceso al que hace referencia el demandante, por lo que carece de fundamentación; y, 2) Tampoco se manifestaron sobre la presunción de inocencia y a ser juzgado por una ley que previamente exista antes de la comisión del hecho.

III.1.        Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlos adecuadamente, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y su parte resolutiva, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.

III.2. Análisis del caso concreto.


De la revisión de antecedentes se advierte que, el planteamiento del acusado efectuado en apelación restringida, referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva, específicamente los tipos penales de Incumplimiento de Deberes (art. 154 del CP) y Contratos Lesivos al Estado (art. 221 del CP), se circunscribió esencialmente: a) El delito de Incumplimiento de Deberes, no es un tipo penal cerrado, como afirma la Sentencia, por cuanto la sola incorporación del concepto “ALGÚN acto propio”, elimina toda taxatividad; debiendo verificarse la concurrencia de los demás elementos típicos, esencialmente la antijuricidad. Además, en la referida resolución no existe ninguna alusión a algún daño causado a la institución, aspecto exigible para que su conducta sea penalmente reprochable. Por otro lado, no se consideró que, en su condición de Director de DIRCABI, no era su función reconocer contratos ni protocolizarlos, sino de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma entidad; y, b) En cuanto al delito de Contratos Lesivos al Estado, la Sentencia fundamentó el daño causado, aseverando que se produjo por el juicio iniciado en su contra y no efectuando un análisis de la acción típica; en consecuencia, denunció que no se estableció la lesividad en su conducta al no haberse determinado ningún daño ocasionado con los contratos que suscribió. En este mismo punto, denunció que el Tribunal de Sentencia estableció que el daño se causó al haberse iniciado el proceso penal en su contra, sin considerar que el dolo en la intención de causar daño al Estado, se debe configurar al momento de la suscripción de los contratos. Asimismo, el propio Tribunal reconoció expresamente que ninguno de los contratos cumplió con todas las solemnidades y con los requisitos necesarios exigidos para un contrato y no consideró que para su suscripción tuvo que intervenir una contraparte; sin embargo, ésta no fue juzgada, extremo que no fue explicado en la Sentencia, por lo que concluye que al no haberse demostrado la pérdida y perjuicios al Estado o entidades estatales, no existen contratos perjudiciales. Culmina sosteniendo que, al tener características diferentes los tipos penales expuestos, no se lo puede condenar de manera genérica y en forma conjunta por ambos, sin realizar la debida discriminación y denotando una carente fundamentación respecto de la adecuación de su conducta a los mismos.


Al respecto y habiendo sido dejado sin efecto el Auto de Vista 123 de 25 de junio de 2012 por el Auto Supremo 017/2014-RRC de 24 de marzo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió nueva resolución el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, en el que primeramente afirmó que el Tribunal de Sentencia al dictar la Sentencia condenatoria, procedió en forma correcta; por cuanto, tomó en cuenta que la prueba aportada fue suficiente para generar la convicción plena sobre la responsabilidad penal, para luego especificar que, en cuanto al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, no es evidente que la tipificación de dicha figura, prevista y sancionada en el art. 154 del CP, exija la existencia de un daño a la víctima ni al Estado, aclarando que no obstante lo señalado, el propio imputado reconoció que en su condición de ex Director de DIRCABI, no se realizaron los respectivos reconocimientos y que eso correspondía a la Unidad de Asesoría Jurídica, tratando de soslayar sus responsabilidades que eran de su conocimiento, debido a su profesión de abogado y que el anterior Director de la misma entidad, era quien realizaba dichas funciones, concluyendo que el argumento expuesto por el recurrente, carecía de sustento legal. Por otro lado, con relación al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado, estableció que el recurrente, en su condición de abogado, conocía que en los contratos que suscribió no cursaban el inventario que explique el estado de los vehículos entregados ni el seguro por el que se podía exigir el mantenimiento y posterior devolución en las mismas condiciones en que fueron entregados, resultando de ello la adecuación de su conducta a los tipos penales endilgados.


Ahora bien, es preciso aclarar que en el Auto Supremo 017/2014-RRC, no fue puesta en duda la fundamentación con relación al tipo penal de Incumplimiento de Deberes, razón por la cual no corresponde pronunciamiento alguno. Distinta figura se presenta en cuanto al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado, en contraste con los entendimientos jurisprudenciales y análisis del caso concreto, desarrolladas en la referida resolución, en la que expresamente se puso en duda la argumentación inicial sobre un elemento constitutivo del tipo penal, el daño causado al Estado. Al respecto, se tiene que el Auto de Vista recurrido, ampliando su fundamentación, en comparación con la preliminar resolución de alzada dejada sin efecto, concluyó que el imputado en su condición de abogado, conocía que en los contratos suscritos por él en su condición de Director de DIRCABI, no constaban los inventarios en el que figure el estado de los vehículos que fueron entregados, ni el seguro para exigir el respectivo mantenimiento y su posterior devolución en las mismas condiciones en las que fueron cedidos.


Al respecto, conforme la doctrina anteriormente desarrollada, se advierte que el Tribunal de alzada, con las facultades reconocidas por ley, se refirió al elemento cuestionado del tipo penal Contratos Lesivos al Estado, ampliando la fundamentación al respecto, sin que en ello se advierta inobservancia o contradicción con la doctrinal legal invocada.


Continuando con el análisis, se tiene que en cuanto a la aducida falta de consideración del Auto Supremo 017/2014-RRC, respecto a su denuncia de aplicación retroactiva de la ley penal, aludiendo a la Ley 004, este Tribunal mediante la citada resolución aclaró que; no obstante, haber afirmado el Tribunal de Sentencia, ratificado por el Tribunal de alzada, de manera errada que correspondía la aplicación retroactiva de la referida ley, afirmando que su aplicación al caso concreto “importaba una agravación en la sanción”, concluyó que: “…en los hechos, se limitó a imponer al imputado la pena de cinco años de presidio, que es la máxima sanción que correspondía aplicar al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado (…) antes de su modificación por la Ley 004 que penalizó (…) la conducta con una sanción mínima de cinco años y una máxima de diez años de privación de libertad, debiendo además considerarse que el imputado (…) no sólo fue declarado autor y culpable de la comisión del citado delito, sino también, por el tipo penal de Incumplimiento de Deberes (…) razón por la que consideró el Tribunal de Sentencia que correspondía aplicar la previsión contenida en el art. 45 del CP (…) lo que supone (…) que no hubo una efectiva aplicación de la Ley 004 en la fijación de la pena…” (sic); en cuyo mérito, este Tribunal culminó que el agravio denunciado referido a la aplicación retroactiva de la Ley 004, resultó inexistente, por lo que lo declaró infundado.


Entonces, de acuerdo a dichos fundamentos, no es posible exigir al Tribunal de alzada una determinada fundamentación sobre la temática expuesta, al haberse declarado infundado dicho motivo, más aún si en el Auto de Vista 64 de 26 de junio de 2014, no se modificó la sanción impuesta inicialmente al recurrente, sobre la que este Tribunal dedujo que materialmente la Ley 004, no fue aplicada retroactivamente en la imposición de las penas impuestas.


Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de alzada, adecuó su resolución a la determinación asumida por este Tribunal a través del Auto Supremo 017/2014-RRC.


Con relación al cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0165/2016-S1 de 1 de febrero, en la que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 206/2015, que confirmó el Auto de Vista recurrido de casación incurrieron en las vulneraciones de:


Primero, que el Auto Supremo 206/2015 no se pronunció sobre las faltas e incumplimientos al debido proceso al que hace referencia el demandante, por lo que carece de fundamentación; al respecto, es pertinente remitirnos al texto del recurso de casación; a efectos de identificar todos los aspectos referidos a dichas denuncias, de donde se advierte que a fs. 2658 vta., el recurrente de manera muy aislada señala la vulneración del debido proceso, textual: “…Al sentenciarme con una ley distinta al momento de la comisión del supuesto hecho delictivo se actuó de manera contraria a la Leyes a la CPE, a los tratados internacionales se aplicó de manera errada el Auto Supremo 017/2014 que establece que la Ley no tiene efecto retroactivo, se me están vulnerando mis derechos como ser; el derecho a la legalidad, al debido proceso, a la irretroactividad penal, a la defensa, establecidos tanto en la CPE, como el Auto de Vista”; bajo ese entendimiento, se advierte que el recurrente en este extracto de su recurso señala la vulneración de su derecho al debido proceso; en consecuencia, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto de esta denuncia; en ese sentido, es preciso tener en cuenta que la denuncia de vulneración al debido proceso emerge de la temática principal del incumplimiento que hubiera realizado el Tribunal de la azada respecto del Auto Supremo 17/2014, bajo ese entendimiento corresponde señalar que el Auto Supremo 017/2014-RRC, respecto a su denuncia de aplicación retroactiva de la ley penal, particularmente respecto de la aplicación de la Ley 004, explicó que la afirmación realizada por el Tribunal de Sentencia, ratificado por el Auto de Vista, de manera errada que correspondía la aplicación retroactiva de la referida ley, muy puntualmente se establece que su aplicación -al caso concreto- importaba una agravación en la sanción, porque concluyó que en los hechos, se limitó a imponer al imputado la pena de cinco años de reclusión, que es la máxima sanción que correspondía aplicar al tipo penal de Contratos Lesivos al Estado; esto antes de su modificación por la Ley 004, que penalizó la conducta con una sanción mínima de cinco años y una máxima de diez años de privación de libertad; debiendo además, considerarse que el imputado no sólo fue declarado autor y culpable de la comisión del citado delito; sino también, por el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, aspectos por los cuales se considera que el Tribunal de Sentencia le correspondía aplicar la previsión contenida en el art. 45 del CP, con relación al quantum de la pena; en consecuencia, se advirtió que no hubo una efectiva aplicación de la Ley 004 en la fijación de la pena, motivos por los cuales, el Auto Supremo 017/2014-RRC en definitiva con certeza jurídica señaló que el agravio denunciado referido a la aplicación retroactiva de la Ley 004, resultó inexistente, por lo que lo declaró infundado dicho motivo y como lógica consecuencia de aquello, esos fundamentos, no se pueden exigir que sean analizados por el nuevo Auto de Vista porque esa denuncia fue rechazada; en consecuencia, la alegación de que se hubiera vulnerado su derecho al debido proceso; esa afirmación no resulta cierta, más al contrario el nuevo Auto de Vista emitido posterior al Auto Supremo 017/2014, no incurrió en defecto alguno debido a que se pronunció respecto de los puntos que fueron observados por dicho Auto Supremo en su doctrina legal aplicable, resultando en consecuencia este motivo carente de sustento legal y corresponde desestimarlo por infundado.


Con relación al segundo punto, señala que tampoco se manifestaron sobre la presunción de inocencia y a ser juzgado por una Ley que previamente exista antes de la comisión del hecho; al respecto, corresponde acudir nuevamente al recurso de casación a efectos de verificar con claridad los aspectos denunciados respecto de la presunción de inocencia de donde se advierte a fs. 2651 en la parte final dicho recurso señala lo siguiente “…Art. 11 (Presunción de inocencia) inc. 2) Nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerlos no fueron delitos según el derecho nacional o internacional, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”; así también, a fs. 2652 en el punto 17 con relación al que no se respondió respecto de que debió juzgado por una ley que previamente exista antes de la comisión del hecho, de donde se refirió de manera puntual lo siguiente: “…la misma Constitución Política del Estado en su art. 116.I) se garantiza la presunción de inocencia, durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá las más favorable al imputado o procesado. II Cualquier sanción deberá fundarse en una Ley anterior al hecho punible”, estos aspectos lo hizo de manera enunciativa transcribiendo lo manifestado en dicha normativa; en consecuencia, en cumplimiento respecto de lo manifestado por la Sentencia Constitucional 0165/2016-S1 de 1 de febrero, corresponde el pronunciamiento respecto de los aspectos señalados, de donde se tiene, en el primer caso “vulneración a la presunción de inocencia”, es preciso puntualizar que el recurrente solamente realiza una transcripción del entendimiento del referido principio, más no explica el cómo surge dicha vulneración, cual incumplimiento del Órgano Judicial las etapas en las que se manifiesta, etc.; en ese sentido, corresponde ingresar a dicho análisis pese esas aclaraciones; en consecuencia, revisado el caso de autos no se puede establecer de modo alguno la vulneración de la presunción de inocencia, instituida por el art. 116 constitucional: “…Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”. Resulta pertinente señalar que este principio de presunción de inocencia, implica que toda persona a quien se le imputa la comisión de un delito, debe ser considerada inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; la cual debe estar demostrada por prueba suficiente y comprende, el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde el actuar de los Jueces y Tribunales, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria, sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia, no sólo del hecho punible; sino también, la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción.


De la misma forma, no se advierte que el Tribunal de apelación o Tribunal de Sentencia, hubieran vulnerado este principio, al contrario, se denota que el imputado fue tratado como inocente hasta que se demostró su responsabilidad penal, en base a la suficiencia de la prueba desfilada en el juicio oral, base sobre la cual el Tribunal de Sentencia determinó imponerle la condena de cinco años de reclusión, bajo en concurso real de delitos, sin que exista duda razonable sobre su participación en el hecho acusado o que se le hubieren impuesto medidas restrictivas con arbitrariedad, Sentencia que fue confirmada con suficiente fundamentación por los de alzada. Provocando que el presente motivo sea declarado sin mérito. 


Por otro lado, con relación a que este Tribunal no se hubiera pronunciado respecto de la denuncia de ser juzgado por una ley que previamente exista antes de la comisión del hecho, esta temática se encuentra vinculada a lo resuelto en el primer punto en el que se explicó que se condenó con la norma aplicable (vigente) en el momento de la comisión del hechos; es decir, antes de la puesta en vigencia de la Ley 004, que penalizó la conducta con una sanción mínima de cinco años y una máxima de diez años de privación de libertad; en la que se precisa, que el imputado no sólo fue declarado autor y culpable de la comisión del citado delito; sino también, por el tipo penal de Incumplimiento de Deberes, aspectos por los cuales se considera que el Tribunal de Sentencia le correspondía aplicar la previsión contenida en el art. 45 del CP, con relación al quantum de la pena; en consecuencia, se advirtió que no hubo una efectiva aplicación de la Ley 004 en la fijación de la pena; por lo que el reclamo, resulta inexistente, además cabe precisar que el motivo que planteó en un anterior recurso de casación que motivó la emisión del Auto Supremo 017/2014, en la parte pertinente esa denuncia la declaró infundada bajo los argumentos de que no se aplicó la Ley 004 para el incremento del quantum de la pena; en consecuencia, reiterar esos reclamos en esta instancia resulta remisiva a aspectos que ya tuvieron una respuesta oportuna con la que esta resolución guarda coherencia; en consecuencia, la denuncia realizada por el impetrante resulta infundada.


En consecuencia, el Tribunal de alzada al realizar el control de legalidad de la Sentencia; en cuanto, a las denuncias formuladas obró de manera correcta con la debida fundamentación al haber contenido en su argumento la debida motivación explicando y justificando de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia. Por todos los argumentos expresados en el presente fallo se pone en evidencia que el Auto de Vista realizó un correcto análisis al resolver los aspectos denunciados, sin incurrir en los defectos denunciados por el imputado en el recurso de apelación restringida que interpuso el ahora recurrente, siendo que se advirtió lo contrario, siendo que se emitió un Auto de Vista enmarcado en la previsión de los arts. 124 y 398 del CPP; en consecuencia, no corresponde dar curso a lo solicitado al no haberse evidenciado dichos agravios invocados, correspondiendo en consecuencia declarar infundado el recurso de casación intentado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por Denver Pedraza López.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos