TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 129/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : La Paz 8/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Raúl Alberto Mamani Apaza y otro

Delitos                : Asesinato en grado de Tentativa y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2017, de fs. 1349 a 1353 vta., Luzmila Iluca Mamani Yapuchura y Leónidas Calle Layme, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 34/2017 de 12 de julio, de fs. 1295 a 1305, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de los recurrentes contra Raúl Alberto y Mario Gabriel ambos de apellidos Mamani Apaza por la presunta comisión de los delitos de Homicidio en grado de Tentativa, Asesinato en grado de Tentativa, Lesiones Gravísimas, Robo Agravado, Daño Calificado y Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, previstos y sancionados por los arts. 251 con relación al 8, 252, 270, 332, 358 y 298 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece:

         

  1. Por Sentencia S-12/2015 de 4 de mayo, (fs. 848 a 855), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Mario Gabriel Mamani Apaza, autor y culpable de la comisión del delito de Daño Simple, previsto y sancionado por el art. 357 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión y sesenta días multa a razón de Bs. 3.- por día, más reparación de daños y costas a favor de la víctima y del Estado calificables en ejecución de sentencia, siendo absuelto de los delitos de Complicidad en Tentativa de Homicidio y Asesinato, Daño Calificado y Lesiones Gravísimas, Robo Agravado y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias; por otra parte Raúl Alberto Mamani Apaza fue absuelto de los delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la referida Sentencia, los acusadores particulares Luzmila Iluca Mamani Yapuchura y Leónidas Calle Layme (fs. 869 a 874 y 927 a 931) y el Ministerio Público (fs. 877 a 880 vta.), a su turno, formularon recursos de apelación restringida y adhesión, que fueron resueltos por Auto de Vista 78/2015 de 19 de noviembre (fs. 1196 a 1202), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 453/2016-RRC de 15 de junio (fs. 1243 a 1250); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 34/2017 de 12 de julio, que declaró la admisibles e improcedentes los recursos planteados y confirmó la Sentencia apelada, por otra parte fue rechazada la solicitud de complementación y enmienda del imputado mediante Resolución de 24 de agosto de 2017 (fs. 1311).


  1. Por diligencia de 8 de septiembre de 2017 (fs. 1312), los recurrentes fueron notificados con el Auto Complementario de 24 de agosto de 2017; y, el 15 de septiembre del mismo año, interpusieron el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Previo relato de una versión de los hechos que motivaron el proceso, señalando que se hallase corroborada en las piezas de fs. 558, 741 y vta., 748 y vta., y enfatizar que las mismas “no fueron valoradas por el tribunal superior” (sic), los recurrentes plantean como motivos de su recurso los siguientes agravios:


  1. Manifiestan que por las pruebas judicializadas en juicio oral (certificados médico-forenses, acta de registro del hecho, declaraciones de cargo y descargo, etc.) se tiene comprobada la autoría material e intelectual de los delitos acusados en la persona de Raúl Alberto Mamani Apaza; sin embargo, incongruentemente la Sentencia absuelve a éste y condena a Mario Gabriel Mamani por el delito de Daño Simple. Reclaman que el Auto de Vista impugnado no se pronunció claramente, pues a pesar de admitir la existencia de dos certificados médico forenses, no se les brindó el valor pertinente.  


Agregan que por la vigencia de la tesis de desvinculación condicionada es obligación del que juzga, previamente a alejarse de la calificación jurídica de la acusación, poner en noticia y consideración de las partes la propuesta de modificación de esa calificación, no pudiendo bajo pena de nulidad, realizar tal modificación sin noticia previa a las partes. Más adelante anotan como precedente contradictorio el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, sobre el que seguidamente agregan, constituiría defecto de la sentencia en el orden del art. 370  incs. 1), 5), 6), 8) y 11) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En similar dirección alegan que los informes de los investigadores asignados al caso dan pie a la nulidad de la sentencia, más cuando no se tomaron en cuenta “los móviles que les impulsaron a delinquir” (sic) y se omitió la consideración de “la premeditación, el motivos bajo, la alevosía, el ensañamiento, la naturaleza de la acción” (sic) -entre otras condiciones insertas en el art. 38 del CP- citando al final del párrafo los Autos Supremos 028/2014-RRC de 18 de febrero y 24/2012 de 13 de febrero.


  1. Expresan queja sobre el silencio que el Auto de Vista impugnado asumió contra la denuncia de errónea valoración de la prueba y falta de fundamentación en la Sentencia, pues no se apreciaría cuál el valor probatorio otorgado a las pruebas en especial al certificado médico forense que acredita la existencia de un impedimento de 40 días. Señalan que debe tenerse presente los Autos Supremos 248/2012-RRC de 10 de octubre, 210/2015-RRC de 27 de marzo y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1802/2013 de 21 de octubre, que disponen que ante la existencia de defecto absoluto la Sentencia debe ser anulada con reposición de juicio.


  1. Bajo el epígrafe “la fundamentación de la sentencia es insuficiente incongruente y contradictoria” (sic), e invocando el art. 370 inc. 5) del CPP, afirman que correspondía el reenvío del juicio, más aún si se tiene presente la orientación de los Autos Supremos 073/2013-RRC de 19 de marzo, 123/2013-RRC de 10 de mayo, 239/2012-RRC de 3 de octubre y 248/2012-RRC de 10 de octubre, reclamando que el Tribunal de apelación no emitió criterio sobre ese particular, sino replicó los mismos argumentos de la Sentencia, siendo inmotivado y ausente de las características que la jurisprudencia tiene como requisitos de argumentación en las decisiones judiciales, además de haber realizado el control sobre los razonamientos y la manera en la que el Tribunal de Sentencia valoró las pruebas y extractaron las conclusiones que condujeron al decisorio asumido.


  1. Reclaman, que el Tribunal de Sentencia no asignó valor a todos los elementos de prueba ni exteriorizó las razones por las que se dio valor o dejó de hacerlo. Tal el caso de la documental corriente a fs. 743, en la que se declara la autoría de los hechos, o bien no haberse considerado que todos los testigos de descargo fueron parientes de los acusados; aspectos que contradicen lo dispuesto por el Auto Supremo 028/2014-RRC de 18 de febrero.


Sobre esta misma temática, profundizan la acusación sobre la validez de las atestaciones de cargo cuestionando que la Sentencia no consideró la existencia de lazos filiales con los acusados, a pesar de estar documentalmente comprobado.


  1. Denuncian “inobservancia, errónea aplicación, interpretación e infracción directa de la ley” (sic) ya que los delitos incursos en la querella y acusación, con énfasis en el art. 252 incs. 2), 3), 4) y 6) del CP, no figuran en el Auto Interlocutorio 22/2015 de 9 de febrero, situación ante la que se configura un error in judicando. El Tribunal de alzada debió anular la Sentencia conforme establecería el Auto Supremo 0282014-RRC de 18 de febrero.


También califica como errónea interpretación e infracción directa de la ley, que la Sentencia base su fundamento en el Auto Supremo “239/2012”, que en criterio de la parte recurrente corresponde a otro caso. 


  1. Enunciando la jurisprudencia contenida en los Autos Supremos 183 de 6 de febrero de 2007 y “65/20122-RA” de 19 de abril (de la que se transcribe un fragmento), arguyen la existencia de defectos de la sentencia relativos a los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, al no consignar todos los hechos debatidos en juicio, situación ante la que los recurrentes manifiestan que el Auto de Vista debe ser dejado sin efecto pues afirmaría “que todo está bien” (sic).


  1. Precisan que el Fallo impugnado no tomó en cuenta lo expresado en el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005, pues la lectura de la Sentencia en forma íntegra fue realizada fuera del término establecido en los arts. 334, 335 y 336 del CPP, defecto absoluto que no fue corregido ni tomado en cuenta. De este reclamo, también forma parte lo argüido sobre la suspensión de la audiencia de juicio oral fuera de los plazos y circunstancias previstos en la norma procesal.


  1. El desarrollo de la audiencia de juicio oral no se enmarcó al art. 334 del CPP, ya que iniciando el 9 de febrero de 2015, finalizó el 7 de mayo del mismo año. En posición de los recurrentes de haberse cumplido aquella norma procesal el juicio oral debió haber concluido en 14 horas y 24 min, y no en cuatro meses, habiéndose propiciado un escenario en el que la prueba se contaminó. Denuncian que el Auto de Vista no se manifestó sobre este particular.


Forma parte de este motivo una relación de observaciones realizadas en las actas correspondientes al 10, 19 y 26 de febrero; 6 y 16 de marzo; 7, 17, 20 y 29 de abril; y, 4 y 7 de mayo. 


  1. Acusan incongruencia en el Auto de Vista indicando que la condena no abarca todos los delitos por los que promovieron la acción penal, al extremo de condenarse por un delito no incluido en la acusación. Al efecto invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre.


  1. Calificando como “otra falsedad” (sic) aducen que las actas de audiencia no reflejan la realidad de lo acontecido, como lo fuera el caso del 29 de abril de 2015, en la que figura la asistencia del abogado patrocinante, cuando se asegura que él no participó de dicho acto.


  1. Califican como contravención al debido proceso la audiencia de inspección ocular realizada por el Tribunal de Sentencia contrariando los límites establecidos por el art. 279 del CPP.


  1. Agregan que además de dispersión de la prueba, no se dispuso la declaración de la testigo de cargo MRGG, pese a constar en acta de juicio la denuncia de que la misma hubiera sido amenazada. Conjuntamente aseveran que no se permitió que el investigador asignado al caso pueda ratificarse sobre el informe que emitió. Censura que el Tribunal de apelación no haya permitido la fundamentación oral del recurso como tampoco las declaraciones de los testigos MRGG, TCC y EPVC.


  1. Concluyen señalando que el Auto de Vista impugnado no se pronunció sobre el recurso de apelación restringida opuesto por el Ministerio Público, generándoles estado de indefensión, como a la vez ser otro motivo que respalde su solicitud de reenvió del juicio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el 8 de septiembre de 2017, los recurrentes fueron notificados con el Auto Complementario de 24 de agosto de 2017, interponiendo su recurso de casación el 15 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

En cuanto a los demás requisitos que hacen la admisión del recurso de casación,  la Sala Penal considera, dadas las condiciones particulares de este recurso en específico; pronunciarse sobre la sustancialidad del derecho a impugnar dentro del sistema de recursos en el sistema procesal penal boliviano; aspectos sobre la taxatividad de los requisitos exigidos para cada estadio procesal; para finalmente pronunciarse sobre el cumplimiento de dichos requisitos.


i.        El art. 180 parág. II de la CPE, constitucionaliza el derecho a impugnar dentro de los procesos judiciales, anunciando no solo la trascendencia de la posibilidad de acceso a un recurso, sino también, pretendiendo que su fin trascendental sea cumplido alejado de ritualismos formales. El ejercicio de este derecho presupone, por lógica, que quien pretende ejercerlo haya sufrido un agravio con la decisión. Cuando este presupuesto se cumple, existirá el denominado interés para recurrir. La decisión causa agravio cuando es desfavorable en todo o parte al eventual recurrente. Asimismo, el derecho a recurrir no debe desvincularse del marco legal que por especialidad rige cada caso, dicho de otro modo, recurrir no significa pasar por alto la norma adjetiva que prevé cada recurso en específico. Ahora bien, si por esencia, el recurrir le está reservado a quien haya sufrido agravio por alguna resolución ¿es suficiente que quien recurre limite su actividad simplemente a sustentar el agravio? Desde luego que no, pues también deberá tenerse presente que la actividad recursiva se halla tasada por norma; es decir, que paralelamente deberán ser cumplidos los requisitos que la ley exija. Un escenario en el que se deje de lado requisitos formales, degeneraría la actividad recursiva a un foro de atención de reclamos, alejado de la posibilidad de reparar y corregir en derecho algún agravio producido, así como dejaría a la discrecionalidad de la autoridad jurisdiccional cuáles los casos que atiende y cuáles los que no, dentro de un marco indeseado de subjetividad.


Este Tribunal Supremo ha sido coherente y constante en verter criterio sobre la exigencia de claridad exigida a la pretensión casacional, lo que se traduce no sólo en la necesidad de que la estructura del memorial que la procura no recaiga en un mero escrito de alegaciones u opiniones sobre aspectos insustanciales del proceso, sino que posea una razonable claridad expositiva que permita la individualización del problema jurídico planteado. De tal forma, que no cabe una argumentación por azar mezcle argumentos sobre las cuestiones fácticas y jurídicas. La naturaleza extraordinaria del recurso no admite la yuxtaposición de argumentos heterogéneos y la invocación de normas carentes de conexión con los aspectos específicos que se reclaman en un caso en concreto, pues generan imprecisión e indeterminación al momento de su resolución.


No corresponde a esta Sala Penal, suplir la actividad porque la regulación del recurso de casación atribuye a la parte, investigar si el agravio denunciado deriva de una infracción sustantiva, identificar la norma vulnerada y construir la argumentación del recurso, seleccionando los argumentos adecuados, a fin de precisar en qué y por qué resulta infringido el derecho aplicable a la decisión del caso, pues la ley no admite esa situación, además de generar la eventual de mermar o destruir el principio de igualdad de las partes ante el juez.


ii.        El art. 394 del CPP, prescribe que las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por ese Código, consagrando de esa manera el principio de taxatividad. De tal modo, si la resolución que se ataca no está captada como objeto impugnable dentro del elenco contenido por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente. Del mismo modo de manera implícita la norma expresa que si la regulación de la actividad recursiva se enmarque a los casos que la ley prevea, se tiene también por sentado que en esos casos será la misma ley que regule de manera taxativa cuales las condiciones de cada recurso en particular.


Para el caso del recurso de casación, debe tenerse presente su condición de extraordinario, tanto por ser atendido por el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, como por su naturaleza de enmarcarse únicamente a la labor de unificar y uniformar jurisprudencia, tal cual se destaca del art. 416 del CPP. No obstante, la taxatividad de la norma, no debe perderse de vista que la consideración de la actividad recursiva no debe abstraerse de su naturaleza simple de buscar corrección o enmienda de una decisión que cause agravio, ello claro dentro de la factibilidad que posee quien administra justicia.


iii.        El recurso de casación, tiene exigencias de precisión y concesión en la identificación de la infracción legal desconocidas por los recurrentes. Estos realizan una extensa exposición en la que se entremezclan -sin orden- argumentos de la naturaleza más diversa, la mayoría de los cuales se refieren a cuestiones fácticas o bien una opinión en estricto personal y especulativa sobre la valoración de la prueba e incluso cuestiones subjetivas sobre el orden procesal que el juicio oral siguió, sin que ninguna de esas consideraciones se enmarquen a los requisitos exigidos para casación por los arts. 416 y 417 del CPP, o bien en las condiciones para apertura extraordinaria de competencia en un eventual planteamiento de un defecto absoluto no susceptible de convalidación, como se tiene explicado en el acápite anterior de la presente Resolución.


En el caso de autos se trata del segundo recurso de casación que los acusadores particulares procuran contra una decisión del Tribunal de apelación. En su primer intento, a través de memorial de 9 de diciembre de 2015, se reclamó incongruencia omisiva del Tribunal de apelación, arguyendo que sobre cuestiones reclamadas en apelación restringida no existió pronunciamiento. Más adelante se emitió el Auto Supremo 453/2016-RRC de 15 de junio, que dando mérito al recurso dejó sin efecto el Auto de Vista 78/2015 de 19 de noviembre, disponiendo que  la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida. Disposición cumplida por medio del Auto de Vista 34/2017 de 12 de julio.


La Sala comprobó, que el recurso formulado por Luzmila Iluca Mamani Yapuchura y Leónidas Calle Layme es, en los hechos, copia del recurso anterior del que conoció también esta Sala Penal y fue resuelto mediante el Auto Supremo 453/2016-RRC de 15 de junio. En el actual recurso se llega al punto de reproducir los mismos errores que su antecesor. No es razonable que por el método de «copiar y pegar» que facilita el uso de medios informáticos, pese a que las circunstancias (haberse dejado sin efecto el Auto de Vista 78/2015 de 19 de noviembre) difieran en el tiempo, se reproduzcan un extenso recurso interpuesto contra otra Resolución. Una cosa es aprovechar los argumentos genéricos que puedan servir para uno y otro caso, y otra, impropia, es dilucidar incluso las que solo eran aplicables a un momento procesal en específico, como ocurre al presente, más cuando los reclamos pretendidos en una primera oportunidad ya fueron atendidos por este Tribunal.


En el presente recurso es ampliamente visible, la reproducción íntegra de varios cuestionamientos realizados en el primer recurso, tal el caso de los numerales 3, 5, 8, 10, 11, 12 y 13, que son repetidos en forma íntegra, o bien, en el caso de los numerales 2, 4, 6 y 7, en los que a más de copiarse también lo expuesto en el primer recurso se adiciona en pocas líneas y sin argumento correcto, fracciones de jurisprudencia sin que de por medio se fundamente el porqué de esa repentina aparición, no salvando ni siquiera así las deficiencias procesales antes referidas.


Asimismo, pese a que al momento de la emisión de los Autos Supremos 232/2016-RA de 21 de marzo y 453/2016-RRC de 15 de junio, se identificó un solo agravio dividido en varias cuestiones, y no, como expusieron los recurrentes que se tratara de trece motivos  independientes, en el presente recurso de casación tal práctica inadmisible no solo persiste, sino que se agrava. La dimensión planteada carece de una exposición jurídica, al menos aceptable desde el punto de vista del interés de recurrir, ya que a más de exponerse el desacuerdo sobre los resultados del proceso, se estima de por medio cuestiones subjetivas no relacionadas en lo absoluto al tratamiento eminentemente jurídico que tiene el recurso de casación, como es el caso del reclamo sobre la ausencia de pronunciamiento en el Auto de Vista recurrido sobre cuestiones que fueron expuestas por el Ministerio Público.


Por otra parte, en la formulación de los motivos, en cada uno de ellos se citan preceptos legales y extractos de jurisprudencia de diversa naturaleza, sin que se identifique adecuadamente y con la necesaria individualización cuáles son las infracciones que se denuncian como cometidas por el Auto de Vista 34/2017 de 12 de julio, lo cual puede explicarse, entre otras razones, por el hecho de que se ha copiado sustancialmente un recurso, ya de por sí defectuoso, que estaba dirigido a impugnar una resolución diferente.


Se realiza un planteamiento impreciso, en la que se acumulan argumentos de tipo jurídico y fáctico, que abarcan cuestiones muy dispares, sin respetar las exigencias de precisión e identificación de concretas propias del recurso de casación. Así por ejemplo discurren, cuestiones que reclaman tanto aspectos de la Sentencia, como del trámite del juicio oral, de los hechos, e incluso otros propios de la etapa preparatoria del proceso. En todo caso, no se desarrolla adecuadamente cómo se produce la infracción de las normas que se pretenden infringidas o cuál la razón que en derecho- justifique el petitorio de anulación del Auto de Vista impugnado, porque no es admisible que una alegación se formule mediante frases del tipo de «el auto de vista dice que todo está bien, otro motivo para dejarlo sin efecto» (textual a fs. 1352); «correspondía anular la Sentencia conforme a la diversa jurisprudencia existente al respecto» (textual a fs. 1351 vta.), o bien, «el investigador en sus diversos informes indicó quienes son los autores de los delitos querellados este aspecto que da lugar a la nulidad de la sentencia» (textual a fs. 1350 vta. y 1351).


Lo expuesto no solo enlaza con los defectuosos términos en que fueron formuladas las pretensiones del presente recurso, hasta el punto de que no es posible saber si se pretende el reenvío del juicio, la nulidad de la Sentencia o la emisión de un nuevo Auto de Vista; sino principalmente a que el interés a recurrir ya fue atendido por este propio Tribunal y hoy se pretende con la osada réplica de contenidos abrir de nueva cuenta competencia casacional.


Ahora bien, incluso si se tiene presente, que este constituiría el primer ensayo recursivo, el incumplimiento de las exigencias procesales en torno a la admisión de un recurso de casación es patente, ya que la invocación del precedente contradictorio, en ninguno de los casos, es acompañada por la debida fundamentación sobre la situación de hecho similar que se pretenda contradictoriamente, incluso en los numerales 13 y 14 del recurso tal carencia es evidente. Asimismo en el supuesto de flexibilización de requisitos ante la denuncia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación, la argumentación se halla a la deriva, pues se desvincula del orden exigido para ese tipo de casos, recuérdese que la naturaleza del recurso es ante todo la activación de un mecanismo de reparación de lesiones, más nunca, un medio para la imposición de opiniones o la dilatación de tiempos.


De todo lo expresado, tomando en cuenta que el recurso en análisis no cumple con las exigencias procesales contenidas en los arts. 416 y 417 del CPP, restará declarar su inadmisibilidad.    


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Luzmila Iluca Mamani Yapuchura y Leónidas Calle Layme, de fs. 1349 a 1353 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos