TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 127/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : La Paz 7/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Deysi Maguy Licona Díaz

Delito                : Estafa Agravada 


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de julio del 2017, cursante de fs. 369 a 371 vta., Deisy Maguy Licona Díaz, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 19/2017 de 6 de marzo, de fs. 350 a 352, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, José Gonzalo de la Riva Unzueta y Ruth Flora Burgoa de la Riva contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 con la agravante establecida por el art. 346 Bis ambos del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 2/2016 de 19 de enero (fs. 298 a 300), el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Deysi Maguy Licona Díaz, autora y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 con la agravante prevista por el art. 346 Bis ambos del CP, imponiendo la pena de cinco años de reclusión, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia, más quinientos días multa a razón de Bs. 10.- por día. 


  1. Contra la mencionada Sentencia, Deysi Maguy Licona Díaz (fs. 306 a 311 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 19/2017 de 6 de marzo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 5 de julio de 2017  (fs. 360), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 12 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De la revisión de los recursos de casación, se advierte lo siguiente:


  1. Denuncia que el Tribunal de apelación, no observó la jurisprudencia establecida por la misma Sala Penal, dejándole en incertidumbre jurídica y vulnerando su derecho a la defensa, puesto que su abogada patrocinante le ocasionó indefensión y porque su renuncia al juicio oral, público y contradictorio, no fue voluntaria; agravio sobre el cual, el Tribunal de apelación en el Auto de Vista impugnado, el cual invoca como precedente, habría precisado, que el tramite establecido por el art. 374 del Código Procesal Penal (CPP), dispone que el Tribunal de Sentencia previo a escuchar al fiscal, imputado, víctima o querellante, deberá comprobar: 1) La existencia del hecho y la participación del imputado, 2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario; y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario; sin embargo, en el caso de autos, la Sentencia no contendría la debida fundamentación, la misma que sería insuficiente y hasta contradictoria, basada en hechos inexistentes y no acreditados, al no haberse comprobado los tres requisitos señalados por el de alzada en la Resolución impugnada.


  1. Alega que en apelación restringida, denunció la violación de su derecho al debido proceso y la defensa técnica; toda vez, que la abogada de su defensa, dependiente de Defensa Pública, no cumplió con informarle los alcances del procedimiento abreviado, haciéndole incurrir en error en cuanto a su denuncia a juicio oral, la cual manifiesta, no fue voluntaria, al respecto el Tribunal de origen, se habría limitado a hacerle preguntas para cumplir formalidades, sin que su defensa le explique el alcance de los mismos; transcribiendo parcialmente la Sentencia Constitucional 0224/2012 de 24 de mayo, argumentando, que el derecho a la defensa no se subsume con la designación de defensor de oficio, sino que ésta asistencia debe ser efectiva, como estableció el Auto Supremo “201 72013 de 16 de julio” (sic), el cual fue transcrito parcialmente, para afirmar que su defensora incumplió el mandato de informarle los alcances del procedimiento abreviado y los derechos y garantías constitucionales que tenía.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 5 de julio de 2017, interponiendo su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En el primer motivo de casación, la recurrente a tiempo de alegar que el Tribunal de apelación no observó la jurisprudencia establecida por la misma Sala Penal, lo dejó en incertidumbre jurídica y vulneró su derecho a la defensa, porque su abogada patrocinante le causó indefensión, debido a que su renuncia al juicio ordinario, no fue voluntaria; seguidamente refiere que la sentencia no contiene la debida fundamentación, que la misma es insuficiente y contradictoria, basado en hechos inexistentes y no acreditados. Los argumentos expuestos por la recurrente, no contienen la suficiente carga argumentativa, lo cual impide a este Tribunal establecer cuál es el agravio que le causó el Tribunal de apelación, pues la impetrante, atribuye al de alzada, la vulneración de derechos; empero, por causas atribuibles a su defensa técnica y posteriormente expresa que la Sentencia no contiene la debida fundamentación; en cuanto al precedente contradictorio, refiere invocar el mismo Auto de Vista que impugna, sin observar, que ante la invocación de Autos de Vista, es deber del recurrente, verificar que el mismo este ejecutoriado y que no sea contrario a la doctrina legal establecida por este Tribunal, en el caso de autos, el precedente invocado, viene a ser la resolución impugnada en el recurso motivo de análisis, fallo que no se encuentra ejecutoriado. En cuanto, a la alegación de vulneración de derechos constitucionales, sus argumentos escuetos, no cumplen el primer requisito de flexibilización, referido a proveer los antecedentes generadores del defecto, tampoco existe una clara explicación de la supuesta restricción de los derechos vulnerados y no vincula su denuncia a la existencia de un defecto absoluto, conforme lo previsto por el art. 169 del CPP; por lo expuesto, el motivo de casación deviene en inadmisible por incumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 de la norma Adjetiva Penal y los criterios de flexibilización.


En el segundo motivo de casación, la recurrente, refiere que en apelación restringida, denunció la vulneración del debido proceso y defensa técnica, porque su abogada no le explicó los alcances del procedimiento abreviado haciéndole incurrir en error al renunciar al juicio oral; argumento, que no expresa un agravio concreto ocasionado por el Tribunal de alzada; asimismo, si bien invoca precedente contradictorio, no identifica el mismo de manera adecuada, señalando que el mismo es “201 72013 de 16 de julio”, por lo que, incumplió con proveer los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Deisy Maguy Licona Díaz, de fs. 369 a 371 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos