TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 123/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 155/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Richard Conde Flores y otra

Delitos        : Falsedad Material y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 30 de agosto de 2017, cursante de fs. 429 a 432, Ana María Nasica Azogue, en su condición de apoderada legal de Alice Aguilera Sosa interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2017, de fs. 420 a 424 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la parte recurrente contra Richard Conde Flores y Paul Flores López, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 09 de 10 de marzo de 2017 (fs. 347 a 362), el Tribunal Sexto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Richard Conde Flores y Paul Flores López, autores y culpables de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, imponiendo al primero la pena de seis años de presidio y al segundo la pena de cinco años de reclusión, más el pago de costas procesales a calificarse en ejecución de sentencia y trescientos días multa a razón de Bs. 1.- por día, siendo absueltos el primero del delito de Falsedad Ideológica y el segundo de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado.


  1. Contra la mencionada Sentencia, los imputados Richard Conde Flores (fs. 384 a 393 vta.) y Paul Flores López (fs. 395 a 400 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida y adhesión por parte del segundo imputado al primero, que fueron resueltos por Auto de Vista 52 de 17 de julio de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible y procedente simplemente el recurso de Richard Conde Flores, por consiguiente anuló totalmente la Sentencia apelada y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.


  1. Por diligencia de 23 de agosto de 2017 (fs. 428), la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 30 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


La parte recurrente haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, ampara su recurso de casación en los siguientes aspectos: i) Alega que el Tribunal de alzada argumentó erróneamente la existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva por la cual dispuso la nulidad de la Sentencia condenatoria por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado. Cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 124/2013-RRC de 10 de mayo. ii) Denuncia también que el Tribunal de alzada no consideró los fundamentos de contestación del recurso de apelación restringida violentando el art. 409 del CPP, el derecho a la seguridad jurídica, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo “311/2015-RRC”. iii) Refiere también que el Tribunal de alzada argumentó erróneamente el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, sin considerar que el Tribunal de Sentencia fundamentó conforme los arts. 124 y 363 del CPP. Cita como precedente contradictorio el Auto Supremo “73/2013-RR” de 19 de marzo. iv) Manifiesta que el Tribunal de alzada revalorizó pruebas testificales y periciales, pues concluyó respecto a las declaraciones de Abraham Cairo y Raúl Jordán que no se valoró el hecho de manifestar si los actores estuvieron presentes en la Notaría de Fe Pública que elaboraron el contrato de venta de fecha 19 de enero de 2009, respecto al informe del testigo Raúl Jordán Arauz al argumentar que parecería que implican a Gerianis Aguilera Arteaga y finalmente con relación al informe pericial emitido por Nikita Bernal afirmó que la firma estampada en el documento de 19 de enero de 2009 corresponde a Gerianis Aguilera, situación que es contraria a los Autos Supremos 151/2007-RRC de 2 de febrero, “166/2013-RRC”, “200/2012-RRC”, 219 de 28 de junio y 317 de 13 de junio de 2003.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 23 de agosto de 2017, interponiendo su recurso de casación el 30 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primer motivo del recurso de casación donde la parte recurrente refiere, que el Tribunal de alzada argumentó erróneamente la existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva por la cual dispuso la nulidad de la Sentencia condenatoria por los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado. Citando como precedente contradictorio el Auto Supremo 124/2013-RRC de 10 de mayo.


Al respecto, de la revisión del presente motivo de casación, se evidencia que la parte recurrente no procedió a explicar de manera clara y precisa, la contradicción entre el Auto de Vista impugnado con el precedente contradictorio invocado, limitándose solamente a copiar en forma parcial el mismo; incumpliendo la exigencia prevista en el art. 417 del CPP, omisión incurrida que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal y que inviabiliza ingresar a su labor nomofiláctica o unificadora de jurisprudencia.


Como segundo motivo la parte recurrente indica que el Tribunal de alzada no consideró los fundamentos de contestación de recurso de apelación restringida violentando el art. 409 del CPP, el derecho a la seguridad jurídica, invocando como precedente contradictorio el Auto Supremo “311/2015-RRC”.


Al respecto, se evidencia nuevamente la carencia de precisar en términos claros la contradicción, entre el Auto de Vista y la doctrina legal aplicable del precedente invocado, pues la recurrente se limita solamente a citarlo sin ni siquiera transcribirlo en forma parcial o peor aún explicarlo, situación que inviabiliza también su análisis de fondo del presente motivo.


En cuanto al tercer motivo en el que se denuncia que el Tribunal de alzada argumentó erróneamente el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, respecto a la falta de fundamentación de la Sentencia, sin considerar que el Tribunal de Sentencia fundamentó conforme los arts. 124 y 363 del CPP. Cita como precedente contradictorio el Auto Supremo “73/2013-RR” de 19 de marzo.


Al respecto, la parte recurrente omitiendo la carga de la prueba del deber de precisar la contradicción entre el Auto de Vista y el precedente citado, pretende que se ingrese al fondo del presente motivo olvidando lo dispuesto por el art. 417 del CPP, exigencia que no puede ser suplida de oficio por este Tribunal, deviniendo en inadmisible este motivo.


Finalmente respecto al cuarto motivo señala que el Tribunal de alzada revalorizó pruebas testificales y periciales, pues concluyó respecto a las declaraciones de Abraham Cairo y Raúl Jordán que no se valoró el hecho de manifestar si los actores estuvieron presentes en la Notaría de Fe Pública que elaboraron el contrato de venta de fecha 19 de enero de 2009; respecto el informe del testigo Raúl Jordán Arauz al argumentar que parecería que implican a Gerianis Aguilera Arteaga, y finalmente con relación al informe pericial emitido por Nikita Bernal en la cual se afirmó que la firma estampada en el documento de 19 de enero de 2009, corresponde a Gerianis Aguilera; situación que sería contraria al Auto Supremo 151/2007-RRC de 2 de febrero.


Al respecto, la recurrente cumple su deber de explicar con términos claros y precisos la posible contradicción entre el Auto de Vista impugnado que habría revalorizado pruebas testificales y periciales, con el Auto Supremo 151/2007-RRC de 2 de febrero, que refiere a la prohibición del Tribunal de alzada a revalorizar pruebas, por lo cual es preciso ingresar al fondo de la problemática planteada, resultando admisible este motivo.

Con relación a los Autos Supremos “166/2013 RRC”, “200/2012-RRC”, “219 de 28 de junio” y 317 de 13 de junio de 2003, los mismos no se tomarán en cuenta, considerando que la recurrente no precisó la contradicción con los mismos. En cuanto a los Autos Supremos “166/2013” y “200/2012” tampoco se considerarán, por ser imprecisos en cuanto a las fechas de emisión.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia de vulneración al debido proceso o concurrencia de defectos absolutos como se observa en los presentes motivos, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, la parte recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en la parte final del acápite anterior de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, al no realizar mayor argumentación, y no señalar en qué consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías, y menos se explica el resultado dañoso, derivando en que los agravios primero al tercero resulten inadmisibles, aún acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Ana María Nasica Azogue en su condición de apoderada legal de Alice Aguilera Sosa, de fs. 429 a 432, únicamente para el análisis del cuarto motivo. Asimismo en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, dispone que por secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos