TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 122/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente        : La Paz 90/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Alicia Merlo Gonzales y otros

Delitos        : Robo agravado y otros.


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2017, cursante de fs. 245 a 246 vta., Jhonatan Romyl Quisbert Ticona, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 40/2017 de 17 de agosto, de fs. 236 a 239 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Alicia, Jorge, Olga e Hilda Sonia, todos de apellidos Merlo Gonzales, Vicenta Choquehuanca Choque y Ángel Morales Gonzales, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 332, 298 y 293 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia S-4/2014 de 11 de marzo (fs. 133 a 138), el Tribunal Quinto de Sentencia de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; declaró a Alicia Merlo Gonzales, autora de la comisión del delito de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del CP, imponiendo la pena de dos años y ocho meses de reclusión, siendo absuelta de los delitos de Robo Agravado y Amenazas. Por otra parte, respecto a Jorge Merlo Gonzáles, Vicenta Choquehuanca Choque y Ángel Morales Gonzales, fueron absueltos de los delitos endilgados en su contra, con costas al Ministerio Público.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la imputada Alicia Merlo Gonzales, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 145 a 146 vta.), resuelto por los Autos de Vista 83/2014 de 6 de Octubre (fs. 177 a 179 vta.) y 80/2015 de 17 de diciembre (fs. 207 a 210), que fueron dejados sin efecto por los Autos Supremo 371/2015-RRC de 12 de junio (fs. 198 a 203) y 862/2016-RRC de 3 de noviembre (fs. 226 a 231 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, dictó el Auto de Vista 40/2017 de 17 de agosto, que declaró admisible y procedente el recurso planteado; en consecuencia, revocó en parte la Sentencia apelada, declarando a Alicia Merlo Gonzales absuelta del delito de Allanamiento del Domicilio o sus Dependencias, disponiendo la cesación de todas las medidas cautelares impuestas en su contra.


  1. Por diligencia de 8 de septiembre de 2017 (fs. 240), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 15 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


En el recurso de casación interpuesto, se identifican, los siguientes motivos:


  1. El recurrente indica que el Auto de Vista recurrido es contrario al Auto Supremo 660/2014-RRC de 14 de noviembre, por cuanto la Resolución impugnada determinó en su numeral 3.1 la falta de los elementos constitutivos del tipo penal de Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, el cual tiene como condición sine qua non el hecho de que la víctima esté habitando el inmueble.


  1. Señala que bajo el numeral 3.2 del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada señala el Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, para luego determinar que se está condenando a la acusada por un hecho que no está contemplado en el CP, aspecto que sería contrario al Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre; y, “que tiene precedente contradictorio con relación al numeral primero del presente recurso donde la doctrina legal aplicable determina como se subsume el hecho realizado la conducta antijurídica realizada” (sic).


  1. Cita parcialmente el numeral 4 del Auto de Vista impugnado, indicando que es contradictorio al Auto Supremo 660/2014-RRC de 14 de noviembre y vulnera lo señalado en el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


  1. Finalmente, el recurrente indica que dentro del numeral 5 del Auto de Vista impugnado, se determina que existiría una mala subsunción de los hechos a la norma penal por parte del Tribunal de mérito, aspecto contrario al Auto Supremo 660/2014 de 14 de noviembre, por cuanto el Tribunal de alzada no habría valorado la inspección ocular realizada en el bien inmueble allanado, mismo que determinó que existió el allanamiento por encontrarse rastros de violencia ejercida en las puertas del domicilio y que la denunciada continúa en el lugar del hecho.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)         Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista ahora impugnado el 8 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 15 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En cuanto a los argumentos del primer motivo, el recurrente luego de realizar una cita parcial de los fundamentos consignados en el numeral 3.1 del Auto de Vista impugnado, invoca el Auto Supremo 660/2014-RRC de 14 de noviembre, que conforme la glosa transcrita refiere a elementos configurativos del tipo penal de Allanamiento, para finalmente limitarse a indicar que el precepto citado prevaleció en cuanto a la Resolución de mérito, sin señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, deviniendo el presente motivo ante la carencia argumentativa expuesta en inadmisible.


De igual forma, en el segundo motivo el recurrente luego de realizar una cita parcial de los fundamentos consignados en el numeral 3.2 del Auto de Vista impugnado, el cual hace referencia e invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, que conforme la glosa transcrita refiere al proceso de subsunción penal y su relación con la Constitución Política del Estado; y, al igual que en el motivo precedente se limitó a indicar luego de la transcripción parcial del Auto Supremo invocado, que son principios tomados en cuenta por la Resolución de mérito, incumpliendo con la carga procesal de efectuar la debida fundamentación  respecto a la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado. Asimismo de lo manifestado respecto a que el agravio expuesto “…tiene precedente contradictorio con relación al numeral primero del presente recurso donde la doctrina legal aplicable determina como se subsume el hecho realizado la conducta antijurídica realizada”, corresponde señalar que no resulta posible desentrañar el verdadero alcance y voluntad del recurrente, ya que no se comprende a qué precedente hace referencia, no pudiendo este Tribunal Casacional indagar qué habría querido decir el impugnante, falencias que no permiten a este Tribunal abrir su competencia para considerar en el fondo este segundo motivo, deviniendo por ende en inadmisible.


Respecto al tercer motivo, además de citar parcialmente los fundamentos del numeral 4 del Auto de Vista impugnado e invocar nuevamente el Auto Supremo 660/2014-RRC de 14 de noviembre, transcribiendo la misma glosa expuesta en el primer motivo, referido a los elementos configurativos del tipo penal del Allanamiento, el recurrente se limita a indicar que la doctrina legal citada vulnera el art. 173 del CPP, denotando una vez más su carencia argumentativa al no señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado, deviniendo el presente motivo en inadmisible.


Finalmente, en el cuarto motivo indica: “Dentro del numeral 5 se determina que existiría una mala subsunción de los hechos a la norma penal por parte del Tribunal Aquo” (sic), invocando una vez más el Auto Supremo 660/2014-RRC de 14 de noviembre, esta vez luego de la glosa parcial referida a la prohibición de revalorización de prueba por parte de los Tribunales de alzada, indica que el Auto de Vista impugnado no habría valorado la inspección ocular realizada al bien inmueble, lo cual resulta un planteamiento contradictorio; es decir, por un lado, el recurrente hace referencia a revalorización de prueba incurrida en alzada; y por otro lado, denuncia que en alzada no se hubiera valorado la inspección ocular, deviniendo el motivo en inadmisible por plantear denuncia contradictoria, sin la debida claridad y fundamentación de sus pretensiones.


En ese entendido y del análisis de los motivos expuestos, se tiene el incumplimiento de los arts. 416 y 417 del CPP; es decir, que el recurrente omitió cumplir con la carga argumentativa en cuanto a establecer con claridad cuáles los argumentos del Tribunal de alzada que contradicen los precedentes citados en su recurso, imposibilitando a este Tribunal aperturar su competencia y subsanar las omisiones extrañadas.


Asimismo, cabe señalar que las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, mismos que fueron omitidos, derivando en que el recurso resulte inadmisible, aún acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jhonatan Romyl Quisbert Ticona, de fs. 245 a 246 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos