TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 121/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : La Paz 89/2017

Parte Acusadora        : Aíran Cristina Alves de Rojas

Parte Imputada        : Yolanda Beatriz Ledezma Beltrán

Delitos        : Abuso de Confianza y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de octubre de 2017, cursante de fs. 443 a 444, Gary Moisés Palenque Ribero, en su condición de apoderado legal de Yolanda Beatriz Ledezma Beltrán interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 03/2017 de 19 de mayo, de fs. 420 a 431 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Aíran Cristina Alves de Rojas representada por William Alberto Rojas Peñaloza y apoderada Rita Yanett Rojas Reyes contra Yolanda Beatriz Ledezma Beltrán, por la presunta comisión de los delitos de Abuso de Confianza y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 346 y 357 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 01/2017 de 10 de enero (fs. 320 a 326), la Juez Segundo de   Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Yolanda Beatriz Ledezma Beltrán, autora de la comisión de los delitos de Abuso de Confianza y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 346 y 357 del CP, imponiendo la pena de un año de reclusión, más el pago de costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia y veinte días multa a razón de Bs. 3.- por día.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Gary Moisés Palenque Rivero en representación legal de Yolanda Beatriz Ledezma Beltrán (fs. 389 a 399 vta.) y Rita Yanett Rojas Reyes en representación legal de Aíran Cristina Alves de Rojas (fs. 401 a 402 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 03/2017 de 19 de mayo, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró admisibles y procedentes en parte ambas apelaciones en lo referente a la fundamentación y fijación de la pena y por consiguiente confirmó en parte la Sentencia apelada y dispuso modificar la pena a dos años de reclusión, sin costas.


  1. Por diligencia de 27 de septiembre de 2017 (fs. 432), la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 4 de octubre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del recurso de casación interpuesto, se extraen los siguientes agravios:


La parte recurrente haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, ampara su recurso de casación, en los siguientes aspectos: i) Alega que el Tribunal de alzada convalidó la notificación de la Querella y/o Acusación Particular mediante edictos de prensa a sola solicitud del querellante, sin que se haya justificado tal solicitud conforme a la verdad material, en violación al derecho a la defensa, privándole de la interposición de actuaciones como la objeción de querella. Cita como precedente la Sentencia Constitucional 1405/2011-R de 30 de septiembre. ii) Denuncia que el Tribunal de alzada convalidó la judicialización de pruebas de cargo como ser el pasaporte, certificado de Fundempresa, Nit, Fotocopia de cédula de identidad de la imputada, sin cumplir formalidades de ley. Invoca como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional 1177/2012 de 6 de septiembre. iii) Refiere que el Tribunal de alzada convalidó los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 5) y 11) del Código de Procedimiento Penal (CPP), referente a la falta de fundamentación de la Sentencia y la inobservancia a las reglas de congruencia penal, tomando en cuenta que se habría criminalizado un acto de carácter civil contractual de arrendamiento, y se incorporó al juicio hechos que no concernían en la acusación particular, provocando indefensión a la parte recurrente.


  1. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 27 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 4 de octubre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación a los motivos primero y segundo del recurso de casación, la parte recurrente refiere primeramente que el Tribunal de alzada convalidó la notificación de la querella y/o acusación particular mediante edictos de prensa a sola solicitud de la parte querellante, sin previa justificación, en violación al derecho a la defensa como a la interposición de la objeción de querella, en la cual citó como precedente la Sentencia Constitucional 1405/2011-R de 30 de septiembre. Y en segundo lugar que el Tribunal de alzada convalidó la judicialización de pruebas de cargo como ser el pasaporte, certificado de Fundempresa, Nit, Fotocopia de cédula de identidad, sin cumplir formalidades de ley, en la cual invocó como precedente contradictorio la Sentencia Constitucional 1177/2012 de 6 de septiembre.


Al respecto, de la revisión de ambos motivos de casación, se puede evidenciar que se citan como precedentes contradictorios Sentencias Constitucionales, incumpliendo las exigencias previstas por los arts. 416 y 417 del CPP, por lo cual al no encontrarse dentro de los catálogos para la realización de contraste no pueden ser tomadas en cuenta como doctrina legal aplicable al momento de recurrir en casación, debido a que el Tribunal Supremo de Justicia en su labor nomofiláctica o unificadora de jurisprudencia verifica que los Autos de Vista emitidos por los Tribunales Departamentales de Justicia no sean contrarios a los precedentes emitidos por la Sala Penal del Máximo Tribunal de Justicia o de otros Tribunales Departamentales, entendiéndose por contradictorios cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; labor que se realiza a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respeto al derecho a la igualdad; además esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ. Razones por las cuales al haber invocado Sentencias Constitucionales en calidad de precedentes, inviabiliza su análisis de fondo, resultando inadmisibles ambos motivos.


Finalmente como tercer motivo se denuncia que el Tribunal de alzada convalidó el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 5) y 11) del CPP, referente a la falta de fundamentación de la Sentencia y la inobservancia a las reglas de congruencia penal, tomando en cuenta que se habría criminalizado un acto de carácter civil contractual de arrendamiento, y se incorporó al juicio hechos que no concernían en la acusación particular, provocando indefensión a la parte recurrente.


Asimismo, al margen se advierte también que este argumento está dirigido contra la Sentencia y no contra el Auto de Vista impugnado, no citó ningún precedente contradictorio a objeto de precisar la contradicción, omisión que no puede ser suplida por esta Sala Penal incumpliendo lo dispuesto por el art. 417 del CPP, resultando también este motivo inadmisible.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia de vulneración al debido proceso o concurrencia de defectos absolutos como se observa en los presentes motivos, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en la parte final del acápite anterior de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, al no realizar mayor argumentación, y no señalar en qué consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías, y menos se explica el resultado dañoso, derivando en que los agravios resulten inadmisibles, aún acudiendo a los criterios de flexibilización.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Gary Moisés Palenque Rivero en representación legal de Yolanda Beatriz Ledezma Beltrán, de fs. 443 a 444.


Regístrese, hágase saber y devuélvase. 


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos