TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 120/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 154/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Claudia Viviana Senas Padilla

Delito                : Tráfico de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2017, cursante de fs. 1096 a 1099, Claudia Viviana Senas Padilla, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 11 de 8 de junio de 2017, de fs. 1082 a 1086 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosa Leny Barriga Vega, Ramiro Enrique Soto Orellana y la recurrente, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 54/2016 de 22 de noviembre (fs. 727 a 737), el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Claudia Viviana Senas Padilla y Rosa Leny Barriga Vega, autoras y culpables del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio y diez mil días multa a razón de Bs. 1.- por día, con costas a calificarse en ejecución de sentencia, respecto a Ramiro Enrique Soto Orellana fue absuelto del delito endilgado en su contra.   


  1. Contra la mencionada Sentencia, las imputadas Rosa Leny Barriga Vega y Claudia Viviana Senas Padilla (fs. 904 a 911 y 1008 a 1014), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resuelto por Auto de Vista 11 de 8 de junio de 2017, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 28 de agosto de 2017 (fs. 1090), fue notificada la recurrente con el referido Auto de Vista; y, el 1 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La recurrente denuncia que el Auto de Vista, es contrario a sus intereses; toda vez, que habría sido sentenciado por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, llegándose a probar la acusación del Ministerio Público; sin embargo, el testigo de cargo principal ofrecido por la Fiscalía, el Policía asignado al caso declaró que la cocaína no se la encontró en poder de la recurrente y mucho menos entre sus objetos o cosas personales.


  1. Refiere que el Ministerio Público en sus conclusiones precisó que es un delito flagrante y que por lo tanto no es una tentativa, sin analizar correctamente el art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que en la flagrancia existe la tentativa ya que expresamente señala: "Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de intentarlo…". Por lo que considera que era aplicable en el caso que nos ocupa la figura de la tentativa, recogida en el art. 8 del Código Penal (CP), que se configura cuando el hecho, pese a ser querido y ratificado por el agente, no se consuma por causas ajenas a su voluntad, en las normas específicamente aplicables en resguardo de los derechos del imputado al debido proceso penal.


Invoca en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 7 de 1 de octubre de 1999 y 143 de 20 de agosto de 1999 y los Autos de Vista 73 de 4 de junio de 2003 (Sala Penal Primera Santa Cruz) y el de fecha 14 de abril del 2003 (Sala Penal Segunda Santa Cruz). 


III.         REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Código de Procedimiento Penal (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas
Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.        ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 28 de agosto de 2017, interponiendo su recurso de casación el 1 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


La recurrente en sus motivos primero y segundo, de su recurso de casación, atribuye aspectos propios de la denuncia, alegando los siguientes hechos: 1) Que fue sentenciada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, llegándose a probar la acusación del Ministerio Público; sin embargo, el testigo de cargo principal ofrecido por la Fiscalía, el Policía asignado al caso declaró que la cocaína no se la encontró en poder de la recurrente y mucho menos entre sus objetos o cosas personales. 2) Considera que no se consumó el tipo penal de Tráfico de Sustancias Controladas, llegándose a configurar la tentativa de Tráfico de Sustancias Controladas, de conformidad a lo previsto por el art. 48 de la Ley 1008 en relación al art. 8 del CP.


Del análisis de la fundamentación de los referidos motivos, se evidencia que la recurrente utilizó argumentos propios de un recurso de apelación restringida, de donde se advierte que el contenido del recurso de casación, no está confrontando la actuación del Tribunal de apelación, sino a la del Tribunal de origen, denunciando hechos que se originan en Sentencia y no así el Auto de Vista. Pretendiendo que esta Sala Penal realice su función unificadora de jurisprudencia con relación a una sentencia, buscando inducir a un nuevo control de legalidad de dicho fallo dentro de una etapa procesal que no se encuentra reservada para ello. Recuérdese que según el art. 416 del CPP, la naturaleza jurídica del recurso de casación procede para impugnar exclusivamente Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia) que sean contrarios a otros precedentes pronunciados ya sea 1) por otras Cortes Superiores o Tribunales Departamentales de Justicia, 2) por la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia; y de ninguna manera procede contra una sentencia, resolución que tiene su propio medio idóneo para ser impugnada, siendo la apelación restringida (art. 407 del CPP).


Por otra parte la recurrente invocó en calidad de precedentes contradictorios los Autos Supremos 7 de 1 de octubre de 1999 y 143 de 20 de agosto de 1999 y los Autos de Vista 73 de 4 de junio de 2003 (Sala Penal Primera Santa Cruz) y el de fecha 14 de abril del 2003 (Sala Penal Segunda Santa Cruz); sin embargo, se limitó a citarlos incumpliendo lo previsto por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple mención de  precedentes como sucede en el presente caso de autos; en consecuencia, tampoco cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en el que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto de algún precedente, incumpliendo las exigencias del segundo párrafo del art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que dicha omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio; en consecuencia, ante el evidente incumplimiento de los requisitos de admisión, el recurso en examen deviene en inadmisible.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Claudia Viviana Senas Padilla, de fs. 1096 a 1099.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos