TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 119/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 152/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Diego Ismael Sánchez Rivera y otro

Delitos                : Extorsión y Privación de Libertad


RESULTANDO


Por memorial presentado el 5 de septiembre de 2017, cursante de fs. 1966 a 1967, el Ministerio Público interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista de 54 de 31 de agosto de 2017, de fs. 1958 a 1961 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente a instancias de José Carlos Reyes Barrios contra Diego Ismael Sánchez Rivera y Gerald Espinoza Gálvez, por la presunta comisión de los delitos de Secuestro y Extorsión, previstos y sancionados por los arts. 333 y 334 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

 

  1. Previo a la sustanciación del proceso fue emitida la Sentencia 06/2016 de 17 de mayo (fs. 9783 a 9796), que fue anulada por Auto Vista 71 de 23 de septiembre de 2016 (fs. 1888 a 1892 vta.); en cuyo mérito, por Sentencia 41/17 de 14 de julio de 2017, (fs. 1936 a 1941), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Diego Ismael Sánchez Rivera y Gerald Espinoza Gálvez, absueltos de pena y culpa de la comisión de los delitos de Secuestro y Extorsión, previstos en los arts. 333 y 334 del CP, por haberse generado duda razonable en el Tribunal por insuficiencia de la prueba de cargo aportada por la acusación fiscal.


  1. Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida, (fs. 1945 y vta.), que fue resuelto la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 54 de 31 de agosto de 2017, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 1 de septiembre de 2017 (fs. 1964), la parte recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 5 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extrae el siguiente motivo:


La parte recurrente luego de reseñar la parte resolutiva del Auto de Vista que impugna, resume el contenido de los arts. 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP), reitera esa parte resolutiva y describe el hecho objeto del juicio, afirmando que en el juicio oral “existió certeza plena por las pruebas aportadas en cuanto a la participación de los acusados en los ilícitos referidos” (sic) y alega que el Tribunal de Sentencia no valoró plenamente las pruebas, precisando la realización de un desfile identificativo, la parte recurrente concluye “el tribunal 2do de Sentencia, no ha cumplido a cabalidad el procedimiento del debido proceso, ignorando las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, llegando a desestimarlas y no darle valor probatorio para generar la certeza en su decisión” (sic) y solicita que en atención a los arts. 416, 417 y 419 del CPP, se admita su recurso y se emita doctrina legal aplicable.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista ahora impugnado el 1 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 5 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El memorial de casación de la parte recurrente posee desorientación procesal manifiesta, pues su redacción se halla plagada de sugerencias sobre algunas cuestiones desarrolladas en juicio oral que a más de no ser argumentadas son planteadas como ideas incompletas totalmente alejadas del contexto del propio memorial del recurso. Es el caso de la alusión a un desfile identificativo “donde la víctima haya reconocido al o los posibles autores del hecho incriminado, fue incoherente y confuso, ya que no concuerda con las demás pruebas existentes en el cuaderno procesal” (sic), que como es transcrito no expresa un argumento jurídico basado en un hecho y reclamado en derecho, sino es reducido a una cuestión menor, incluso a una anécdota.


Otro aspecto que llama la atención es la reiteración efectuada sobre la parte resolutiva del Auto de Vista impugnado, que en el contexto del memorial del recurso, no encuentra punto de encuentro; es decir, se reclama la decisión del Tribunal de apelación, sencillamente a través de la transcripción y reseña de su “por tanto”. Algo que en consideración de la Sala no solo significa el no cumplimiento de parámetros legales para abrir competencia en casación, sino, en los hechos desfigura la legitimidad procesal para recurrir y el interés procesal de hacerlo, degenerando en la ralentización de un proceso y la saturación del sistema de recursos.


Demás está decir que el precedente contradictorio exigido por los arts. 416 y 417 del CPP, no fue invocado ni siquiera enunciado, como tampoco se realizó fundamentación alguna para la apertura de competencia a través de los criterios de flexibilización de los requisitos de admisibilidad como se encuentra descrito y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, situaciones por las que sumadas a la abierta y profunda insuficiencia del recurso, la Sala Penal advierte su inadmisibilidad.


POR TANTO

 

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público representado por los fiscales de materia Jorge Fernández Tardío, Ángel Banegas y Javier Cordero Salcedo, de fs. 1966 a 1967. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos