TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 117/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : La Paz 88/2017

Parte Acusadora        : Flavio Eduardo Ralde Laguna en representación de la Asociación
                                  Civil Boliviana para el Desarrollo Rural “PRORURAL”

Parte Imputada        : Juana Juaquina Mamani y otros

Delitos                : Apropiación Indebida y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2017, cursante de fs. 1152 a 1153 vta., Juana Juaquina Mamani, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 45/2017 de 12 de julio, de fs. 1139 a 1144 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Flavio Eduardo Ralde Laguna en representación de la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural “PRORURAL” contra la recurrente, Jorge Calle Mostajo, Flavia Francesca Giménez Turba y Hugo Mauricio Antezana Villegas, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 346 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 6/2016 de 30 de marzo (fs. 1048 a 1063), el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Juana Juaquina Mamani, autora de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 345, 346 y 346 bis del CP, imponiendo la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, más doscientos días multa a razón de Bs. 10.- por día, con costas y daños a calificarse en ejecución de sentencia; por otra parte respecto a Hugo Mauricio Antezana Villegas, Flavia Francesca Giménez Turba y Jorge Gonzalo Calle Mostajo fueron absueltos de los delitos endilgados en su contra, sin costas por ser excusables.


  1. Contra la referida Sentencia, Ana Carola Valverde Orellana en representación legal de la Asociación Civil Boliviana para el Desarrollo Rural “PRORURAL” (fs. 1071 a 1077), Neptali Pérez Espinoza apoderada legal de Flavia Giménez Turba, Jorge Gonzalo Calle y Mauricio Antezana Villegas (fs. 1078 y vta.) y la imputada Juana Juaquina Mamani (fs. 1079 a 1082 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 45/2017 de 12 de julio, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que rechazó por inadmisible el recurso de Neptali Pérez Espinoza, por incumplimiento de los arts. 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y admisibles e improcedentes los demás recursos; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.

  1. Por diligencia de 5 de septiembre de 2017 (fs. 1146), la recurrente fue notificada con el referido Auto de Vista; y, el 12 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De la revisión del memorial de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos: i) El recurrente aduce que el Auto de Vista omite el control de la valoración integral de la prueba y la debida fundamentación, ya que sin fundamentación y únicamente aduciendo que se ha cuestionado la vulneración al derecho al debido proceso en la vertiente de fundamentación, congruencia y pertinencia en cuanto a la valoración y fundamento de la prueba, manifestando que únicamente se hace mención a normas y jurisprudencia, se resuelve declarar la improcedencia del recurso de apelación interpuesto, apartándose de la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios los Autos Supremos 176/2013-RRC de 24 de junio, 384/2005 de 26 de septiembre y 326/2013-RRC de 6 de diciembre (realiza una trascripción del Auto Supremo 385/2005 de 26 de septiembre). Refiere que en apelación restringida además de las normas de índole constitucional relativas al derecho al debido proceso, se invoca también las normas procesales relativas a la valoración integral de la prueba previstas por el art. 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que el juzgador se limita a un listado de pruebas y no explica cada hecho que supuestamente configura el acto de apropiación indebida de un valor ajeno y del abuso de confianza tanto para acusar como para absolver a quienes tuvieron la facultad decisoria que recibían dineros de forma directa. También se habría citado como norma legal vulnerada el art. 124 del CPP, inobservado también por el Auto de Vista, ya que no explica los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión de rechazo y menos ingresa a un análisis de la doctrina legal aplicable en lo referente a los precedentes invocados. ii) En la lógica de una incoherente fundamentación de la Sentencia se hace notar la errónea aplicación de la norma sustantiva en relación a los arts. 13 ter, 20, 345, 346 y 346 bis del CP; empero, el Auto de Vista dice que existe una fundamentación jurídica de la prueba, fundamento fáctico y jurídico, omitiendo la fundamentación de los juicios verdaderos, su coherencia y su derivación, sin embargo no existe el nombre, lugar, montos de dinero en que se hubieran visto afectadas las supuestas víctimas. La Sentencia no tiene una coherencia lógica de la preparación y el camino a la comisión del hecho tipificado como delito, no existe fundamento lógico para la existencia del dolo. Con claridad el Juez inferior y el Tribunal de apelación se apartan de los marcos de razonabilidad y equidad, ya que es incongruente que se introduzca a juicio las pruebas que refiere a la recuperación de fondos de PRORURAL y la información dada a los ejecutivos en todo momento y que estos sean absueltos. iii) Aduce trasgresión al derecho a la defensa por no cumplimiento del art. 92 y siguientes del CPP, porque el Auto de Vista manifiesta que la recurrente habría sido la causante de su propia indefensión y que inclusive fue declarada rebelde; empero, en todo momento se quiso ejercer el derecho a la defensa, inclusive en juicio, pero le fue negado ese derecho, lo que constituye un defecto absoluto por transgredir el derecho a la defensa material establecida en el art. 121.I de la Constitución Política del Estado (CPE).


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que la recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 5 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 12 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Con relación al primer motivo, la recurrente aduce que el Auto de Vista hubiera omitido realizar el control sobre la valoración de la prueba, así también se habría obviado la debida fundamentación y se resuelve declarar la improcedencia de la apelación restringida, inobservando los arts. 124 y 173 del CPP, apartándose de la doctrina legal aplicable, invocando los Autos Supremos 176/2013-RRC de 24 de junio, 384/2005 de 26 de septiembre y 326/2013-RRC de 6 de diciembre, además que no se explica cada hecho que configura el delito de Apropiación Indebida, donde el Auto de Vista no explica los motivos de hecho y derecho en que basa el rechazo a la apelación restringida.


Los arts. 416 y siguientes del CPP, establecen las formas que deben observarse al momento de interponer el recurso de casación, donde no solo deben invocarse los precedentes contradictorios, sino que deben establecerse claramente las contradicciones en que los Autos de Vista impugnados son contrarios a dichos precedentes, además de observarse los plazos y la cita de los precedentes (si corresponde) en apelación restringida, con el fin de garantizar un adecuado acceso a la justicia, garantizando la certeza de las resoluciones judiciales. Es bajo estos argumentos que el recurrente al momento de plantear la casación debe cumplir ésta carga procesal impuesta por el legislador para poder ejercer su derecho al recurso de manera adecuada y pertinente, para cuyo fin del motivo expuesto se tiene presente que la recurrente ha invocado los precedentes que considera contradictorios al Auto de Vista; inmersos en los Autos Supremos 176/2013-RRC de 24 de junio y 384/2005 de 26 de septiembre, si bien fueron invocados también en apelación restringida, de la lectura de los argumentos de la recurrente, a más de ser confusos, incoherentes y con una falta de adecuada técnica recursiva, no señala de manera clara y precisa cuál es la contradicción del Auto de Vista con los precedentes invocados, porque solo se limita a citarlos y alegar la inobservancia del art. 173 del CPP, glosado en apelación restringida que impugna la Sentencia emitida, cuando más al contrario se debió indicar de qué manera el Auto de Vista no dio cumplimiento a su labor de control de logicidad estableciendo debidamente la contradicción con los precedentes, que al no haberlo hecho de esa manera, no encontrándose la razón de contradicción requerida como presupuesto de admisibilidad, no puede aperturarse la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para poder ejercer adecuadamente la labor de contraste y resolver la cuestión planteada en casación. A su vez, la recurrente invoca el Auto Supremo 326/2013-RRC de 6 de diciembre, el cual también está referido a la errónea valoración de la prueba, mismo agravio que fue impugnado vía apelación restringida contra la Sentencia y que también fue confusamente señalada en el recurso de casación, que bajo estas circunstancias evidentes, tratándose de una problemática planteada en apelación restringida, debió también ser invocado el precedente al momento de interponer el recurso de apelación restringida, que el no haberlo hecho por parte de la recurrente, conlleva la inobservancia del art. 416 segundo párrafo del CPP; por ello no podría exigírsele al Tribunal de apelación la observancia del precedente si éste no fue invocado en su apelación restringida, por lo que a su vez no es posible realizar el análisis de fondo sobre este aspecto planteado.


La recurrente ha manifestado que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación, que también fue denunciada en apelación restringida, por incumplimiento del art. 124 del CPP; empero, no señala o invoca precedente contradictorio alguno respecto a la falta de fundamentación del Auto de Vista, considerándose que los precedentes invocados se refieren a otras problemáticas procesales conforme se explicó precedentemente, considerándose en su efecto el no cumplimiento de los requisitos previstos por los arts. 416 y 417 del CPP.


Respecto al segundo motivo de casación, se denuncia que la Sentencia ingresa en errónea aplicación de la norma sustantiva en relación a los arts. 13 ter, 20, 345, 346 y 346 bis del CP; empero, el Auto de Vista refirió que existe una fundamentación jurídica de la prueba, jurídico y fáctico, a pesar de que la Sentencia no tenía una coherencia lógica en la determinación del dolo, por lo que aduce que tanto el Juez de instancia como el Tribunal de apelación se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad, al haberse absuelto a los ejecutivos de “PRORURAL”. Es así que del análisis del motivo expuesto, la recurrente no ha invocado precedente contradictorio alguno que tenga relación con la denuncia planteada y los agravios denunciados, no pudiéndose suplir de ninguna manera esta omisión ante el no cumplimiento de los requisitos de viabilidad del recurso de casación impuesto por los arts. 416 y 417 del CPP.


Respecto al tercer motivo, la recurrente alega vulneración al derecho a la defensa citando el art. 92 y siguientes del CPP, que respecto al Auto de Vista se indica que la causa de la indefensión fue por cuenta propia de la recurrente, denunciando que su derecho le habría sido negado, constituyendo un defecto absoluto por vulnerar el art. 121 par. I de la CPE.


Aduce trasgresión al derecho a la defensa por no cumplimiento del art. 92 y siguientes del CPP, porque el Auto de Vista manifiesta que la recurrente fue la causante de su propia indefensión y que inclusive ha sido declarada rebelde; empero, en todo momento se quiso ejercer el derecho a la defensa, inclusive en juicio, pero le fue negado ese derecho, lo que constituye un defecto absoluto por transgredir el derecho a la defensa material establecida en el art. 121.I de la CPE.


Indicar que el Tribunal Supremo de Justicia ha instaurado criterios de flexibilización cuando se tengan fundadas denuncias de afectación a derechos fundamentales que constituyan defectos absolutos y en ese sentido habiéndose invocado por la recurrente la vulneración del derecho a la defensa, previsto por el art. 121 par. I de la CPE, se debe analizar si evidentemente concurren los criterios de flexibilización para poder aperturar por tal motivo el análisis de fondo del recurso de casación, considerándose que de la lectura del agravio denunciado respecto al derecho a la defensa, la recurrente no hace alusión a los antecedentes que fundaron al agravio, tampoco alude de qué manera se habría producido la restricción del derecho fundamental y cuál el resultado dañoso que ha sufrido a causa de la vulneración del derecho, limitándose a mencionar de forma llana la afectación de su derecho a la defensa sin fundamentar adecuadamente la pretensión que denuncia en su recurso de casación respecto al derecho vulnerado, por lo cual inobservados los criterios de flexibilización no es procedente admitir el recurso bajo estos aspectos que impiden ingresar al análisis del agravio en su mérito.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Juana Juaquina Mamani, de fs. 1152 a 1153 vta. 


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos