TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 113/2018-RA

Sucre, 12 de marzo de 2018


Expediente                : Santa Cruz 150/2017

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Leoncio Vargas Bejarano

Delito                : Estafa


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de octubre del 2016, cursante de fs. 549 a 554 vta., Leoncio Vargas Bejarano, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 54 de 2 de agosto de 2017, de fs. 511 a 517 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Gladys Guzmán Tapia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


  1. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 01/2017 de 12 de enero (fs. 464  a 467), el Tribunal Primero de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Leoncio Vargas Bejarano, autor y culpable de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión.

  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Leoncio Vargas Bejarano (fs. 493 a 499), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 54 de 2 de agosto de 2017, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 29 de septiembre de 2017 (fs. 520), fue notificado el recurrente con el referido Auto de Vista; y, el 6 de octubre del mismo año,  interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista, luego de realizar una escueta y no fundamentada resolución, justifica con razonamientos no aplicables a los hechos demostrados en juicio referentes a la imposición de la pena y sin advertir que la Sentencia no contaba con la debida fundamentación referida a la fijación de la pena, omitiendo la consideración de la doctrina legal aplicable, incurriendo en defectos absolutos, previstos en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto al quantum de la pena prevista en el art. 335 del CP con relación a los arts. 37, 38 y 40 del CPP; toda vez, que la legislación penal propugna la reinserción social y el deber jurídico contenido en el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE) y a las atenuantes y agravantes previstas por el legislador ha momento de la imposición de una pena, no fueron ponderadas cabalmente, que no se habría fundamentado en derecho los motivos para la determinación de la pena y se hubiese demostrado en juicio que es una persona honesta, sin antecedentes, con familia, sin procesos pendientes y siendo el primer delito que hubiese cometido. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 38/2013-RRC de 18 de febrero, 50 de 27 de enero de 2007 y 99 de 24 de marzo de 2005.


  1. El recurrente denuncia que al dictar la Sentencia condenatoria, el Tribunal de origen incumplió con los requisitos de la sentencia, infringiendo precisamente las normas establecidas por los arts. 7 inc. a), 16 y 115 de la CPE y 124, 360 incs. 2) y 3); y, 370 incs. 5) y 10) del CPP, en atención a que no se fundamentó debidamente la Sentencia; toda vez, que se tiene el derecho constitucional de saber de manera objetiva e imparcial por qué se le condenó a una pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses, cuando la prueba aportada, de haberse actuado de manera imparcial era suficiente para una absolución. Concluye indicando que: “en ninguna parte de la sentencia existe la debida motivación de hecho y de derecho, sustentado en pruebas sobre las razones por las que llegó a formar convicción de que mi persona ha cometido el delito acusado; simplemente existe una relación de hechos, y una referencia a pruebas que no fueron valoradas conforme señala el art. 173 del Código de Procedimiento Penal, en ninguna parte de la sentencia se expresan los motivos jurídicos por los cuales llegaron a la convicción para condenarme” (sic).


  1. Finalmente la parte recurrente, refiere que se violó el principio de continuidad y concentración establecidos en el art. 334 del CPP, argumenta que los principios de concentración y continuidad deben ser entendidos como mandato de desarrollar los procesos en orden cronológico, de manera ininterrumpida hasta su conclusión. Hecho que fue denunciado a momento de plantear el recurso de apelación; empero, el Tribunal de apelación le restó importancia y en tres reglones minimiza esa observación, sin la más mínima revisión o lectura de la sentencia, donde refiere que estas afirmaciones no son ciertas ni evidentes; toda vez, que se constata que las suspensiones de audiencia en su gran mayoría fueron por falta de notificación a las partes o por inasistencia del fiscal o el imputado o querellante, sin embargo no consta que el acusado haya solicitado abandono de la querella y que pueda merecer la resolución de dicho Tribunal. Invocando como precedente contradictorio al Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007.


III.         REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a)  proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.




IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 29 de septiembre de 2017, interponiendo su recurso de casación el 6 de octubre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


El recurrente en los motivos primero y tercero del recurso de casación, denuncia la falta de motivación del Auto de Vista impugnado, respecto: i) En el primer punto, referido a la falta de motivación al momento de resolver respecto al art. 370 inc. 1) del CPP, realizando una escueta y no fundamentada resolución, justificando con razonamientos no aplicables a los hechos demostrados en juicio en relación a la imposición de la pena y sin advertir que la sentencia no contaba con la debida fundamentación respecto a la fijación de la pena, omitiendo la consideración de la doctrina legal aplicable; ii) En el tercer punto, en relación a la falta de fundamentación en la que incurrió el Tribunal de alzada, a tiempo de atender en razón a la vulneración del principio de continuidad y concentración establecido en el art. 334 del CPP, por lo que el Tribunal de apelación le restó importancia y en tres reglones minimizó esa observación, -enfatiza el recurrente- sin la más mínima revisión o lectura.


De la lectura y análisis del recurso, se constata que en el primer punto el recurrente invocó el Auto Supremo 38/2013-RRC de 18 de febrero; sin embargo, simplemente se limitó a destacar el entendimiento jurisprudencial que tuviese dicho precedente contradictorio, sin explicar en términos precisos, conforme la exigencia establecida por el art. 417 del CPP, cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado y el referido Auto Supremo, requisito ineludible para su admisibilidad, al constituirse en una obligación que tiene trascendental importancia, pues desde ahí, partirá el análisis de contrastación a efectuarse en una resolución de fondo, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple mención de los criterios contenidos en el precedente como sucede en el caso de autos; por lo que la parte recurrente en este motivo, incurrió en una omisión que no puede ser suplida de oficio por esta Sala Penal y que inviabiliza su admisibilidad. Asimismo, invocó los Autos Supremos 50 de 27 de enero de 2007 y 99 de 24 de marzo de 2005; empero, el recurrente se limitó a citarlos incumpliendo lo previsto en el segundo párrafo del art. 417 del CPP, sin que dicha exigencia quede cumplida con la simple mención de precedentes como sucede en el presente caso de autos.


Sin embargo de lo anterior, el recurrente denuncia defectos absolutos, argumentando que no existió una debida fundamentación en relación a la fijación de la pena, quantum de la pena con relación a los arts. 37, 38 y 40 del CPP, en ese sentido, este Tribunal ha establecido los presupuestos de flexibilización para la apertura excepcional de un agravio reclamado sobre la falta de fundamentación, pero ello solo es posible cumpliendo ciertos requisitos básicos, ya explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, estableciéndose que en este motivo el recurrente cumple con precisar el aspecto de su recurso que no mereció una debida fundamentación [la falta de motivación al momento de resolver respecto al art. 370 inc. 1) del CPP], e identificó las deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación (no existió una debida fundamentación en atención  a la fijación de la pena, quantum de la pena con relación a los arts. 37, 38 y 40 del CPP). Por lo que el primer motivo resulta admisible.


Con relación al tercer motivo, se evidencia que el recurrente invocó el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007; empero, se limitó a transcribir en parte del referido precedente contradictorio, sin explicar en términos precisos, conforme la exigencia establecida por el art. 417 del CPP, cuál la contradicción existente con el Auto de Vista impugnado y el referido Auto Supremo, requisito fundamental para la admisión, sin que dicha exigencia quede cumplida con la transcripción de los criterios contenidos como sucede en el caso de autos; por lo que en este motivo, incurre en una omisión que no puede ser suplida por esta Sala Penal.


Sin embargo, este Tribunal advierte que el recurrente fundamentó la vulneración a sus derechos, identificando plenamente los hechos concretos que le causan agravio y el argumento del Auto de Vista que habría originado la restricción (falta de fundamentación respecto a la vulneración del principio de continuidad y concentración establecido en el art. 334 del CPP), precisando los derechos vulnerados (el derecho al debido proceso en su vertiente de la fundamentación de las resoluciones judiciales); en consecuencia, de la fundamentación expuesta, se observa que cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite anterior de la presente Resolución, haciendo viable la admisión de este motivo de forma extraordinaria.


Por otra parte, del análisis de la fundamentación del segundo motivo, se evidencia que el recurrente utilizó argumentos propios de un recurso de apelación restringida, de donde se advierte que el contenido del recurso de casación, no está referido a la actuación del Tribunal de apelación, sino a la del Tribunal de origen, denunciando la Sentencia 01/2017 de 6 de abril y no así el Auto de Vista 54 de 02 de agosto de 2017. Según el art. 416 del CPP, el recurso de casación procede para impugnar exclusivamente Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (ahora Tribunales Departamentales de Justicia) que sean contrarios a otros precedentes pronunciados ya sea 1) por otras Cortes Superiores o Tribunales Departamentales de Justicia, 2) por la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia; y de ninguna manera procede contra una sentencia, resolución que tiene su propio medio idóneo para ser impugnada, siendo la apelación restringida (art. 407 del CP).

Otra omisión o defecto advertido es que, el recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consistiría la contradicción en la que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto de algún precedente, en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la recurrente pueda ser suplida de oficio; en consecuencia, ante el evidente incumplimiento de los requisitos de admisión, el motivo en examen deviene en inadmisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Leoncio Vargas Bejarano, de fs. 549 a 554 vta., únicamente para el análisis de los motivos primero y tercero. En cumplimiento del segundo párrafo del citado artículo, por secretaria de Sala hágase conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, del Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos