TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1115/2018

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : La Paz 48/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Gerónimo Paco Martínez

Delito        : Abuso Deshonesto


    RESULTANDO


Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2018, cursante de fs. 701 a 704, Gerónimo Paco Martínez, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Roberto Mamani Flores contra el excepcionista, por la presunta comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 con relación al art 310 inc. 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO


El imputado Gerónimo Paco Martínez, formula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, bajo los siguientes argumentos:


El excepcionista, haciendo alusión a los arts. 133, 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la interpretación de las Sentencias Constitucionales 100/2006 de 25 de enero y 369/2013, acusa dilación procesal no atribuible a su parte, según la relación procesal siguiente:


Como primer acto del procedimiento señala que el 12 de abril de 2010, se presentó denuncia contra el imputado por la comisión del delito de Abuso Deshonesto; asimismo, señala que se le dictó sentencia condenatoria y que de oficio se debió declarar la extinción de la acción penal conforme las Sentencias Constitucionales 100/2006 de 25 de enero y 369/2013, argumentando que conforme la auditoría jurídica adjunta se evidenciaría la dilación causada dentro del proceso penal. Asimismo, alude haber sido sobreseído dentro del proceso penal instaurado; empero, habría sido revocado por el fiscal departamental. Por otro lado, alude que durante el juicio oral el Ministerio Público no habría asistido en forma constante y que el 95 % de las suspensiones fue por la inasistencia del mismo, atribuyéndole la mora procesal, tanto al Ministerio Público como al órgano judicial. Finalmente, alude que conforme la norma constitucional en su art. 115 II de la Constitución Política del Estado (CPE), se debe proseguir los procesos judiciales sin dilaciones indebidas, principio procesal, también señalado en el art. 14 numeral 3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, transcribiendo parcialmente las Sentencias Constitucionales 803/2012 de 20 de agosto y 33/2006 de 11 de enero, para luego referir que hasta la fecha transcurrieron 8 (ocho) años desde la primer sindicación en sede judicial, sobrepasando los tres años expresados en el art. 133 del CPP, señalando que tampoco fue declarado rebelde dentro de la presente causa.


Finalmente, expresa que descontándose las vacaciones judiciales el tiempo transcurrido sería de siete años y que la presente excepción, ya fue interpuesta en abril del 2018; empero, el Tribunal quinto de Sentencia mediante proveído de 17 de abril de 2018 citó al Auto Supremo 901/2016 de 15 noviembre, señalando que la excepción debe ser interpuesta ante el Tribunal Supremo.


Adjunta como pruebas, fotocopias simples de REJAP, cuadros de señalamientos de audiencias y copia de la excepción planteada ante el Tribunal de mérito.


II. RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Mediante providencia de 1 de octubre de 2018, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales; en lo que respecta al Ministerio Público, fue notificado con la excepción referida el 6 de noviembre de 2018, presentando su memorial de contestación el 9 de noviembre del mismo año, dentro de los tres días hábiles que le otorga la ley, conforme el siguiente detalle:


1.- Hace referencia a que el excepcionista habría aludido a la acusación fiscal, tomando como fecha del hecho el 10 de marzo de 2010, mencionando que se le denunció y posteriormente sentenció por el delito de Abuso Deshonesto, a su vez indicando que dentro la tramitación del proceso penal la denuncia, imputación y acusación fiscal resultaría ambigua al no señalar muchas fechas sin especificar con claridad cual fuese la fecha de la comisión del delito acusado; sin embargo, toma como parámetro lo plasmado en Sentencia, en la que se establece como fecha de la comisión del delito el 10 de marzo de 2010, donde posteriormente señalaría el excepcionista una fundamentación de derecho donde invocó los arts. 27 inc. 8), 29 inc. 1), 308 inc. 4) del CPP, expresando que desde la comisión del delito habría transcurrido más de 8 (ocho) años y no fue declarado rebelde donde el imputado finalmente solicitó se declare probada su excepción.


2.- En el acápite de fundamentación expresa que de la lectura del memorial de la excepción interpuesta, se evidenciaría una carencia de fundamentación y motivación, situación por la que no se encuentra en forma adecuada los argumentos de su pretensión, razonamientos que se encuentran establecidos en las Sentencias Constitucionales 1306/2011 y 299/2015 de 25 de marzo; por otra parte, expresa que el excepcionista adjuntó REJAP, en copia simple sosteniendo que no habría sido declarado rebelde y que no existiría interrupción ni suspensión del término de la prescripción, habiendo transcurrido más de ocho años desde el inicio de la investigación, sin explicar de manera fundamentada en función a los antecedentes del cuaderno procesal y que el ofrecimiento probatorio resulta irregular por tratarse de copia simple, no siendo idónea como obliga el art. 314.I del CPP, citando al Auto Supremo 750/2016 de 28 de septiembre, relativo al deber de fundamentar las causales de su procedencia. Añade, además que conforme la ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual 2033 de 29 de octubre de 1999, el art. 14 referiría a que en delitos de Violación, Abuso y Explotación Sexual; excepcionalmente, no prescribirá la acción penal hasta cuatro años, después de que la víctima alcance su mayoría de edad. Alude, también las normas referidas a los intereses del menor señalando los arts. 15 I.II., 60, 61.1 de la CPE, 145, 148, 157 del Código Nino, Niña Adolescente (CNNA), vinculando casos de la CIDH y a la prioridad nacional la lucha de toda forma de violencia contra las mujeres, citando además la Convención Americana de Derechos Humanos en sus arts. 19 y 29 y el 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño.


3.- Finalmente, expresa que de la revisión del cuaderno procesal se tendría varias solicitudes de suspensiones de audiencias por el excepcionista, inclusive se evidenciaría que se presentó sin abogado, conllevando todas esas circunstancias en el factor tiempo, generando suspensiones indebidas, así como también advierte la infinidad de incidentes a decisiones judiciales sin fundamento sólido. Con relación a que habría transcurrido más de ocho años, afirmando que la mora procesal fuese atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, expresa que se estaría faltando a la verdad pues fuese atribuible al propio incidentista, sin fundamentar además las situaciones o actuaciones que provocó el retraso del proceso limitándose a descartar su participación en la dilación indebida; asimismo, que no se le declaró rebelde, incumpliendo con la carga probatoria.


  III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA


Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y la respuesta del Ministerio Público, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.


III.1.        De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.


       El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición; en cuanto, a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las excepciones o incidentes de solicitud de extinción de la acción penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales que ostentan, en mérito al art. 203 de la CPE.


Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”.


III.2. Del Trámite de las Excepciones e Incidentes.


El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; y, III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV.  El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.


III.3.        De la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso.


La Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera el art. 3 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.


Entre los motivos de extinción de la acción penal, que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, al prever: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.


Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzará a correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido.


Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.


Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.


Toda persona a quien se atribuya un delito, tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).


Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.


Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).


Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo; sino que, se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.


De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó tres criterios esenciales: 1) La complejidad del asunto; 2) La actividad procesal del interesado; y, 3) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.


Se debe entender por la complejidad del asunto, que éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente pueden estar compuestas por: a) El establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) El análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) La prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) La pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.


La actividad o conducta procesal del imputado, con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.


La conducta de las autoridades judiciales, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: i) La insuficiencia o escasez de los Tribunales; ii) La complejidad del régimen procesal; y, iii) Si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.


En definitiva, la garantía de juzgamiento en plazo razonable es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.


En consecuencia, la garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado; por ello, corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. También, debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente.


III.4. Análisis de la excepción opuesta.


Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de extinción de la acción penal por el transcurso máximo del proceso planteada por el imputado Gerónimo Paco Martínez, de acuerdo a las circunstancias particulares del caso presente, del cual atribuye de manera concreta como responsabilidad de la mora procesal al Ministerio Público y al Órgano Jurisdiccional, estableciendo como primer acto del procesamiento la denuncia en su contra de 12 de abril de 2010; sin embargo, tal y como se ha expuesto en el acápite III.3 de la presente Resolución, no es suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, como condición, sine qua non para declarar la extinción de la acción penal ipso jure, siendo preciso analizar si el proceso se ha tramitado con normalidad, sin existir incidencias que afecten el cumplimiento de los plazos y bajo la carga procesal impuesta por el art. 314 y sgtes. del CPP, así lo señaló el Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio en el ámbito del art. 314.I del CPP, tenía el deber  de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarado rebelde; sin soslayar, que también tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso; debiendo comprender el excepcionista que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenten, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque ello importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE.”; en cuanto, a la carga de la prueba al excepcionista, correspondiendo indicar y motivar lo siguiente:


  1. Sobre la complejidad del asunto. Sobre el particular para determinar la complejidad no es necesario que el delito a juzgar sea de lesa humanidad para establecer si un caso es complejo o no, así como también que deba necesariamente concurrir pluralidad de imputados; sino que tal como se ha referido la jurisprudencia constitucional, la complejidad también refiere a la cuestión jurídica. En el caso que nos ocupa, de la revisión de los actuados ofrecidos como prueba, lo fundamentado por el excepcionista y la contestación por parte del Ministerio Público, se advierte que el impetrante no fundamenta, si el proceso penal en cuestión es complejo o no, tampoco lo indica probatoriamente, tales extremos para poder juzgar sobre esa base si concurre este indicador objetivo que forma parte de los criterios para disponer la extinción de la acción penal, para poder justificar o no el transcurso del tiempo por más de los ocho años, que afirma el imputado haberse tramitado la causa; que al no poder identificarse estos aspectos como parte de la excepción, no es posible ingresar al análisis de este aspecto.


  1. La actividad procesal del interesado. Respecto a esta condición, el excepcionista refiere que la dilación sería atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, considerando que en el curso de la investigación, se han sobrepasado los plazos procesales, compulsando que el primer acto de procedimiento data de 12 de abril de 2010, según lo referido en su memorial; sin embargo, en este punto es preciso resaltar que el excepcionista no realiza la más mínima fundamentación respecto a la identificación de la mora procesal, que supuestamente le atribuiría al Ministerio Público y al Órgano Judicial, limitándose a referir que transcurrieron más de ocho años y que no habría sido declarado rebelde, como arguye en su respuesta el representante del Ministerio Público y al no estar debidamente desarrolladas las argumentaciones, resultaría inmotivada su solicitud.


En consecuencia, al no haber argumentado la mora procesal en forma adecuada y fundamentada no es posible ingresar al análisis de su solicitud, tomando en cuenta que las supuestas suspensiones deben ser desglosadas en forma razonable y motivadamente en la excepción invocada y no adjuntarse cuadros en copias simples, sin número de fojas donde no se logra la especificación requerida como en el presente caso, pues debe el excepcionista demostrar claramente que las causales de la dilación procesal o suspensiones de audiencia fueron atribuibles al Órgano judicial o al Ministerio Público.


  1. La conducta de las autoridades judiciales; conforme se ha manifestado precedentemente, el recurrente omite hacer referencia alguna en el memorial de excepción de duración máxima del proceso y solamente se avoca en el otrosí primero a referir que adjunta un cuadro en copias simples, sin establecer fehacientemente que en la tramitación de estos actuados que refiere como antecedentes y prueba compulsada, se haya demostrado de manera objetiva y con pruebas fehacientes un incumplimiento de plazos injustificado, donde no se detalla el tiempo global en que se atribuya la mora al Órgano Judicial ni al Ministerio Público. Por otro lado, es el mismo excepcionista que incurre en omisión a tiempo de establecer el cómputo total del proceso atribuible a cada institución, pues no lo realiza en la excepción interpuesta, sino se remite de manera genérica y desordenada al cuadro en copias simples, indicando algunas fechas de posibles suspensiones sin que conste el número de fojas en que se encontraría dicha actuación, constituyéndose en una simple aproximación del tiempo que cree trascurrido, sin contabilizarse un cómputo real.


Además de ello, deben considerarse los siguientes aspectos para establecer un adecuado cómputo del plazo procesal, plasmados en: 1) Es de considerar que para establecer el término de la demora judicial, es concurrente no solo compulsar los antecedentes con la actividad de las partes y la conducta de las autoridades intervinientes en el proceso; sino también, debe hacerse alusión a los días en que el Órgano Judicial no ha ejercido funciones jurisdiccionales, más propiamente, debe tomarse en cuenta los recesos judiciales, donde los plazos por efecto del art. 130 in fine del CPP se suspenden automáticamente, bajo los parámetros establecidos en el art. 9 de la Ley Nº 586, que modifica el art. 126 de la Ley Nº 025, lo que tampoco ha compulsado debidamente el excepcionista en su pretensión y no limitarse a adjuntar un cuadro en copias simples; y, 2) Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia fundadora de 29 de enero de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, ya habría señalado que para determinar la razonabilidad de los plazos señaló que: “…Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama análisis global del procedimiento…”. Entonces, la excepcionista debió demostrar precisamente en base a la compulsa global del procedimiento, la concurrencia de los factores que dan curso a la extinción de la acción penal para poder determinar una correcta determinación de la existencia de dichas causales de extinción y no simplemente a limitarse en aducir el transcurso del tiempo, conforme lo hizo en su pretensión.


Por todos estos argumentos y los fundamentos expuestos, al no haber acreditado el excepcionista la concurrencia de la complejidad del asunto, su actividad procesal libre de dilaciones y el actuar de las autoridades (Juez, Tribunal y Ministerio Público), cumpliendo con la carga procesal de demostrar su pretensión, ofreciendo prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314 del CPP, así como incumplir en realizar una adecuada compulsa global del procedimiento realizado en la tramitación del proceso penal de autos, es menester declarar infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.


      POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:


Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, opuesta por el procesado Gerónimo Paco Martínez, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.


En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible.


Notifíquese a las partes con sujeción a las disposiciones previstas en el art. 163 del CPP.


Regístrese y hágase saber.