TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1113/2018-RRC

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                        : Tarija 15/2018

Parte Acusadora                : Antonio Valda Sardina

Parte Imputada                : Beatriz Ángela Ruíz de Palacios y otro

Delito                        : Calumnia

Magistrado Relator        : Dr. Olvis Eguez Oliva


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de marzo del 2018, cursante de fs. 178 a 183, Antonio Valda Sardina, interpone recurso de casación impugnando, el Auto de Vista 26/2018 de 9 de febrero, de fs. 170 a 172, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el recurrente contra Beatriz Ángela Ruíz de Palacios y Horacio Pastor Palacios Ruíz, por la presunta comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes.


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 54/2016 de 2 de diciembre (fs. 143 a 146), el Juez Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Beatriz Ángela Ruíz de Palacios y Horacio Pastor Palacios Ruíz, absueltos de pena y culpa de la comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, considerando insuficiente la prueba para generar convicción sobre la participación y la responsabilidad de los acusados.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular (fs. 152 a 156 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista impugnado, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado, confirmando la Sentencia en todas sus partes, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 522/2018-RA de 13 de julio, se extrae el motivo a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente, denuncia que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre los agravios expuestos en su recurso de apelación restringida, consistentes en que, la Sentencia incurrió los defectos previstos en el art. 370 incs. 5), 6) y 10) del CPP, constituyendo esta omisión en defecto absoluto, al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP y en definitiva vulneración del principio de congruencia.


Al respecto invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, resaltando que el mismo estableció que los Tribunales de alzada deben circunscribir su actividad a los cuestionamientos planteados en apelación restringida, conforme a lo previsto por el art. 398 del CPP.


I.1.2. Petitorio.


El recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista 26/2018 de 9 de febrero, reponiendo la Sentencia con costas y responsabilidad conforme dispone el art. 419 del CPP.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 522/2018-RA de 13 de julio, cursante de fs. 189 a 190 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Antonio Valda Sardina para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 54/2016 de 2 de diciembre, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Beatriz Ángela Ruíz de Palacios y Horacio Pastor Palacios Ruíz, absueltos de pena y culpa del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, en virtud a los siguientes razonamientos.


Señaló que, la prueba de cargo PC-3 y PC-4 estableció la existencia de dos memoriales presentados a la Fiscalía por la querellada Beatriz Ángela Ruíz de Palacios, firmados por Horacio Pastor Palacios Ruíz, este último en su condición de abogado, según los cuales, no se habría podido establecer que de manera directa se haya imputado la comisión de los delitos de Hurto, Estelionato, Apropiación Indebida, Enriquecimiento Ilícito y otros, a los que el querellante hace referencia en su acusación, concluyendo por ello la autoridad judicial en la ausencia de respaldo probatorio para crear convicción plena sobre la existencia del hecho.


Por consiguiente, tampoco se habría cumplido con la obligación de probar que dicha imputación es falsa y dolosa; aspecto corroborado con la Sentencia absolutoria 6/2012 de 2 de mayo, emitida por el Juzgado de Sentencia de Yacuiba, dentro del proceso penal seguido por Beatriz Ángela Ruiz de Palacios contra Antonio Valda Sardina, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, logrando acreditarse únicamente los mencionados delitos y no así los demás, siendo por ello esta Resolución descontextualizada.   


II.2.  De la apelación restringida de la acusación particular.


Mediante memorial, cursante de fs. 152 a 156 vta., Antonio Valda Sardina, denunciando Defectos Absolutos y Vicios de la Sentencia, previstos por el art. 370, con relación al art. 169 inc. 3), ambos del CPP, sustentó su recurso de apelación restringida con los siguientes argumentos:


  1. Acusando el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, afirmó que el Juez de instancia en el acápite IV referido a la Fundamentación y Valoración de Derecho, solamente enunció la utilización de las reglas de la sana crítica para la emisión de la Sentencia, mas no habría indicado que reglas fueron utilizadas para dar valor a los elementos de prueba introducidos, en desmedro de lo establecido por el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), por no ser entendibles los motivos que fundaron la Sentencia, denotando falta y contradicción en la fundamentación, lo cual habría limitado su derecho a recurrir, afectando su derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa. A este respecto, citó la Sentencia Constitucional 1369/2002 de 19 de diciembre y los Autos Supremos 724 de 26 de marzo de 2004 y 342/2006 de 28 de agosto.


Por otra parte, denunció la ausencia de aplicación de la sana crítica, vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, lo cual conllevaría la nulidad del acto lesivo, conforme al entendimiento desarrollado en la Sentencia Constitucional 2264/2010-R de 19 de noviembre que cita la Sentencia Constitucional 0295/2010-R de 7 de junio.


  1. Denunció la existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, arguyendo que la Sentencia adolece de una valoración integral de la prueba; puesto que, a pesar de haberse judicializado, la prueba de cargo consistente en la sentencia 6/2012 de 2 de mayo, no habría sido valorada de manera positiva y solo de manera negativa, omitiéndose la revisión del inciso e) de la referida prueba. En este motivo, citó los Auto Supremos 53/2012 de 22 de marzo, 167/2012 de 4 de julio y 176/2013-RRC de 24 de junio.


  1. Finalmente, denunció la concurrencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 10) del CPP, con el argumento de que, el titular del Órgano Jurisdiccional, al declarar cerrado el debate y señalar audiencia para dictar la parte resolutiva de la Sentencia el 29 de noviembre de 2016 y luego de ello señalar otra audiencia el 2 de diciembre de 2015, para su lectura íntegra, vulneró los principios de continuidad procesal, inmediación y oportunidad, cuando en su criterio a la conclusión del debate debió pasar a deliberar de inmediato en sesión reservada y acto seguido dictar la Sentencia o por lo menos la parte resolutiva y la lectura íntegra dentro de tercero día, generando este incumplimiento del plazo, redacción y lectura de la Sentencia la pérdida de competencia y con ello la afectación del debido proceso, constituyendo defecto absoluto, no siendo susceptible de enmienda en los términos de los arts. 1 y 130 del CPP. Al respecto, citó el Auto Supremo 192 de 2 de abril de 2010.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó el Auto de Vista 26/2018 de 9 de febrero, declarando sin lugar el recurso de apelación restringida del acusador particular, confirmando la Sentencia en todas sus partes, en virtud a los siguientes argumentos.


  1. Con relación al primer agravio vinculado al art. 370 inc. 5) del CPP señala que, la Sentencia no es insuficiente ni contradictoria, respondiendo a las exigencias contenidas en el art. 124 del CPP, al exponer con claridad los hechos, los elementos probatorios y los preceptos jurídicos que la sustentan, en observancia de la Sentencia Constitucional 1023/2013 de 27 de junio, entre otras, asegurando por ello que, el fallo cuestionado se encuentra sometido a la Constitución, los convenios y tratados internacionales sobre Derechos Humanos, siendo insuficiente esgrimir su quebrantamiento sin exponer de forma precisa y objetiva la manera en que se hubiese infringido; asimismo, asegura que se observó el principio de legalidad al adecuar los hechos al tipo penal acusado; arguye que el fallo tiene claridad al desarrollar los hechos y el sustento probatorio que la respalda, señala que la Sentencia es elocuente, garantizando la posibilidad de control por el Tribunal Superior y considera que se tiene por cumplido el principio de publicidad, al haberse pronunciado en un acto público y transcrito en un documento, permitiendo su control, acreditándose con ello que la Sentencia no se basó en hechos inexistentes o no acreditados, o en valoración defectuosa de la prueba, descartando así que se haya incurrido en incongruencia.


  1. Respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba refiere que, al Tribunal de Alzada no le está permitido revalorizar prueba, sino simplemente verificar si la valoración realizada nació de un razonamiento intelectivo apegado a la lógica y la experiencia.


En cuanto, a la denuncia de insuficiencia probatoria que permita al Tribunal de instancia concluir en una absolución, sostiene que conforme al Auto Supremo 104/2015 de 12 febrero; no se puede exigir un número determinado de pruebas o testigos como parámetro en la valorización de la prueba a efectos de determinar la absolución, pues bajo la previsión del art. 173 del CPP, la prueba documental de cargo ofrecida fue considerada suficiente a este efecto en apego a la lógica, la experiencia y la psicología.


  1. En cuanto a la denuncia prevista en el art. 370 inc. 10) del CPP, señala que, al tratarse de un Juez único, el acto deliberativo es intrínseco a él, afirmando que, la redacción de la sentencia contiene todos los requisitos necesarios, por lo que tampoco sería evidente el agravio denunciado.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO


El recurrente, denuncia que el Ad quem incurrió en incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre los agravios expuestos en su recurso de apelación restringida, consistentes en que la Sentencia incurrió los defectos previstos en el art. 370 incs. 5), 6) y 10) del CPP, vulnerando con ello su derecho al debido proceso y su derecho a la defensa.


Al respecto, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, correspondiendo a este Alto Tribunal de Justicia realizar la labor de contraste, en virtud a los siguientes argumentos.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I.3 de la LOJ y 419 del CPP, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia en el país, estableciendo la doctrina legal aplicable, cuando un Auto de Vista dictado por una Sala Penal de un Tribunal Departamental de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


Al respecto, el art. 416 del CPP establece: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”; en ese caso, la labor de este Tribunal Cimero de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima relación con la garantía constitucional establecida en el art. 119.I de la CPE, referida al ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante los Jueces y Tribunales dentro del Estado Plurinacional, así como garantizar la seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de aquellos con relación a un igualitario tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, el establecimiento de la doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Uniformidad en la aplicación del derecho por parte de Jueces y Tribunales.


En tal virtud, la decisión de este Alto Tribunal en el supuesto de verificarse la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y el o los precedentes invocados como contradictorios, será de aplicación obligatoria para los Jueces y Tribunales inferiores por constituirse doctrina legal aplicable por mandato de la ley y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada, con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


Ahora bien, la invocación del precedente contradictorio en casación, resulta de gravísima importancia; es decir no es un mero formalismo, sino por el contrario constituye una cuestión de hermenéutica inherente a la ingeniería procesal del recurso de casación; así también, lo ha entendido la jurisdicción constitucional al declarar la constitucionalidad de los arts. 416 y 417 del CPP, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0895/2012 de 22 de agosto, que resolvió una acción de inconstitucionalidad concreta estableciendo: 


“A objeto de materializar y efectivizar los fines y objeto del recurso de casación, el legislador boliviano incluyó en el actual Código Procesal Penal la figura jurídica del precedente, mismo que conceptualmente es un evento pasado que sirve para juzgar una situación presente, para ello un elemento sustancial es la analogía, es decir que entre la situación presente y la pasada existan supuestos de hecho que permitan aplicar los razonamientos pasados al presente. Al respecto, la tradición jurídica boliviana fuertemente arraigada en la aplicación de la Ley como fuente principal de aplicación del Derecho fue matizada con la inclusión del precedente jurisprudencial como fuente de aplicación del Derecho. Transitando del precedente persuasivo al precedente vinculante.


El referido tránsito se sustenta en cuatro elementos importantes: 1) En la necesidad de uniformar la interpretación de la ley. Que es la tarea fundamental de la instancia de casación y, en general, de todas las cortes supremas sobre la base del principio de igualdad, tal como se expresa en el sentido de la isonomía aristotélica, trata las situaciones iguales en modo igual. Ya que si se producen resoluciones sucesivas incoherentes contravienen el principio de igualdad de tratamiento de los sujetos que recurren a la tutela jurisdiccional. igualdad (y respeto) del precedente representan, respectivamente, el perfil espacial y el perfil temporal del más amplio principio normativo de coherencia2) El segundo aspecto de suma trascendencia para la inclusión del precedente en casación en materia penal es la predecibilidad de las decisiones. Una praxis de precedentes uniformes reduce la conflictualidad y permite seguridad y programabilidad del tráfico jurídico. Las partes de una relación pueden valorar mejor las futuras consecuencias de sus acciones, precisamente en base a las directrices impartidas por consolidadas orientaciones jurisprudenciales; 3) En tercer lugar, la autoridad misma del Tribunal Supremo de Justicia. La coherencia interna determinada por decisiones estandarizadas en un sistema de precedentes produce un reforzamiento de la institución judicial en el cuadro de los poderes del Estado, que resulta al contrario debilitada por la disminución de credibilidad conexa a una jurisprudencia signada por contrastes, deserciones y oscilaciones; y, 4) Finalmente, la eficiencia, se resalta que una praxis jurisprudencial uniforme requiere de los jueces que se adecúen a una cantidad de trabajo intelectual incomparablemente menor de la requerida a quien se dedica a resolver cada caso en particular.


Establecido el núcleo esencial del precedente contradictorio y su importancia en la procedencia del recurso de casación, se evidencia el por qué el legislador ha determinado que en el recurso de casación es el recurrente quien debe adjuntar el precedente que resulta contradictorio y expresar los términos precisos de la contradicción, sumándose a ello la necesidad de generar un filtro procesal destinado a restringir la presentación del recurso a quienes puedan argumentar en el recurso la existencia de un precedente contradictorio, sólo con la finalidad de dilatar el proceso impidiendo en muchos casos el ejercicio del ius puniendi del Estado”


Bajo este mismo entendimiento, el Tribunal Supremo de Justicia mediante el Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, estableció: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar” (Autos Supremos 322/2012 de 4 de diciembre, 219/2014 de 4 de junio y 219/2014 de 4 de junio entre otros).


III.2. Del precedente invocado y análisis del caso concreto.


El recurrente, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo, dictado dentro de un proceso penal seguido por la comisión del delito de Aborto seguido de Lesión o Muerte, previsto y sancionado por el art. 264 del CP, en el cual se dictó sentencia condenatoria, que luego de ser apelada el Ad quem la revocó parcialmente, modificando el quantum de la pena; resolución que, recurrida en casación, fue dejada sin efecto, señalando el Tribunal de casación que toda resolución debe estar debidamente motivada; posteriormente, el Tribunal de alzada emitió un nuevo Auto de Vista confirmando en su integridad la Sentencia, motivando la interposición de un nuevo recurso de casación por el que se dispuso que el Tribunal de apelación, está obligado por el art. 115.II de la CPE, a circunscribir su actividad a los puntos apelados, en los límites de los arts. 398 del CPP y 17 de la LOJ, extractándose los siguientes argumentos.


DOCTRINA LEGAL APLICABLE


La garantía del debido proceso, consagrada en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada.


En alzada, conforme ha establecido la amplia doctrina emanada por el Máximo Tribunal de Justicia, los Tribunales a momento de resolver las apelaciones restringidas, deben pronunciarse de forma puntual, precisa, y bajo ningún aspecto esgrimir fundamentos generales, evasivos, vagos o imprecisos que generen confusión y dejen es estado de indeterminación a las partes por ser vulneratorias del debido proceso en sus elementos derecho a la motivación de los recursos, a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica  y al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, pues no es fundamentación suficiente la simple remisión a obrados o cita de alguna parte del proceso, doctrina y/o jurisprudencia, seguida de conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicación razonada del  nexo entre la normativa legal y lo resuelto; es decir, el Tribunal de Apelación debe plasmar el por qué del decisorio, emitiendo criterios lógico-jurídicos sobre la base de las conclusiones arribadas por el Tribunal de mérito en cumplimiento a su obligación de ejercer el control de logicidad, con el cuidado de no expresar nuevos criterios respecto a la prueba producida en juicio.


En consecuencia, una vez más se deja establecido que el Tribunal de Apelación, al momento de resolver el o los recursos interpuestos, está obligado constitucionalmente (parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado) a circunscribir su actividad a los puntos apelados en cada recurso, dentro los límites señalados por los artículos 398 del Código de Procedimiento Penal y parágrafo II del artículo 17 de la Ley del Órgano Judicial, en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo a cada recurso por separado o en conjunto cuando las denuncias estén vinculadas, dejando conocer claramente a cada recurrente la parte de la resolución que responde a cada pretensión; además, debe fundamentar y motivar sus conclusiones respecto a cada una de las alegaciones, las que inicialmente podrían clasificarse por motivo alegado, resumiendo y describiendo cada una de ellas por separado o de forma conjunta si estuvieran vinculadas (aclarando ese aspecto), con la finalidad de expresar los fundamentos y la motivación de la resolución de manera ordenada, lo contrario implica incurrir en defecto inconvalidable o insubsanable, al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pues todo acto que vulnere derechos y/o garantías constitucionales, cuyo resultado dañoso no se enmarquen a la salvedad dispuesta en el artículo 167 de la misma norma legal, deriva en defecto absoluto y corresponde renovar el acto”.


Ahora bien, del análisis del precedente invocado, se advierte que el mismo hace referencia a la incongruencia omisiva del Tribunal de Alzada, que omite pronunciarse respecto a todos los motivos que motivaron el recurso de alzada, habiéndose pronunciado solamente respecto de algunos, vulnerando así el principio tantum devolutum quantum apellatum, cuando era su deber fundamentar debidamente su decisión dando respuesta a todos los puntos apelados por las partes, haciendo prevalecer la verdad material antes que los formalismos establecidos en la ley.


Los antecedentes de la causa dan cuenta que, el recurrente en su condición de acusador particular, mediante memorial de fs. 152 a 156 vta., apeló de la Sentencia 56/2016, argumentando que la misma contenía vicios y defectos absolutos no susceptibles de ser subsanados, que en su criterio importaba vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso, al incurrir en los defectos previstos por el art. 370 incs. 5), 6) y 10) del CPP, solicitando al Tribunal de alzada disponga la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio; ante la apelación planteada, el Tribunal de alzada declaró sin lugar el recurso interpuesto, motivando la interposición del presente recurso en el que el recurrente denuncia incongruencia omisiva, afirmando que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los motivos impugnados.

No obstante, de la inexistencia de una situación de hecho similar en el caso concreto respecto al precedente invocado, al tratarse de una cuestión procesal como lo es la circunscripción de la competencia del Tribunal de alzada a los motivos del recurso planteado, es exigible solamente la existencia de una problemática procesal similar, en ese caso, al denunciar el recurrente que el Auto de Vista 26/2018, no se circunscribió a resolver todos los motivos reclamados en su recurso de apelación restringida y establecer el precedente invocado, la falta de fundamentación de la resolución del Ad quem, descrita como incongruencia omisiva, por no pronunciarse respecto a todos los motivos que fundaron el recurso de apelación restringida, se establece; por consiguiente, la concurrencia de la problemática procesal similar, correspondiendo verificar si el agravio denunciado resulta evidente. 


De una revisión del recurso de casación interpuesto, la incongruencia omisiva pretendida consiste en que el Tribunal de apelación no se habría pronunciado sobre la denuncia de los defectos de la Sentencia, contenidos en el art. 370 incs. 5), 6) y 10 del CPP; por lo que de una compulsa de lo afirmado por el recurrente y la apelación restringida, se tiene que ésta contiene los siguientes motivos:


  1. Defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, afirmando que el Juez de instancia, solamente enunció la utilización de las reglas de la sana crítica para la emisión de la Sentencia, mas no habría indicado que reglas fueron utilizadas para dar valor a los elementos de prueba introducidos, en desmedro de lo establecido por el art. 115 de la CPE, por no ser entendibles los motivos que fundaron la Sentencia, denotando falta y contradicción en la fundamentación, lo cual habría limitado su derecho a recurrir, afectando su derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa. A este respecto, citó la Sentencia Constitucional 1369/2002 de 19 de diciembre y los Autos Supremos 724 de 26 de marzo de 2004 y 342/2006 de 28 de agosto. Por otra parte, denunció la ausencia de aplicación de la sana crítica, vulnerando su derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, lo cual conllevaría la nulidad del acto lesivo, conforme al entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales 2264/2010-R de 19 de noviembre y 0295/2010-R de 7 de junio.


  1. Defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, arguyendo que el fallo del Juez de instancia adolece de una valoración integral de la prueba; puesto que, a pesar de haberse judicializado, la prueba de cargo consistente en la sentencia 6/2012 de 2 de mayo, no habría sido valorada de manera positiva y solo de manera negativa, omitiéndose la revisión del inciso e) de la referida prueba. En este motivo, citó los Auto Supremos 53/2012 de 22 de marzo, 167/2012 de 4 de julio y 176/2013-RRC de 24 de junio.


  1. Defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 10) del CPP, señalando que, al declarar cerrado el debate y señalar audiencia para dictar la parte resolutiva de la Sentencia el 29 de noviembre de 2016, y luego de ello señalar otra audiencia el 2 de diciembre de 2015, para su lectura íntegra, el Juez vulneró los principios de continuidad procesal, inmediación y oportunidad, cuando en su criterio a la conclusión del debate debió pasar a deliberar de inmediato en sesión reservada y acto seguido dictar la Sentencia o por lo menos la parte resolutiva y la lectura íntegra dentro de tercero día, generando este incumplimiento del plazo, redacción y lectura de la Sentencia la pérdida de competencia y con ello la afectación del debido proceso, constituyendo defecto absoluto, no siendo susceptible de enmienda en los términos de los arts. 1 y 130 del CPP. Al respecto, citó el Auto Supremo 192 de 2 de abril de 2010.

Por su parte, el Auto de Vista 26/2018 que resolvió el recurso de apelación restringida planteado, contiene los siguientes argumentos.


  1. Con relación al art. 370 inc. 5) del CPP señaló que, la Sentencia no es insuficiente ni contradictoria, respondiendo a las exigencias contenidas en el art. 124 del CPP, al exponer con claridad los hechos, los elementos probatorios y los preceptos jurídicos que la sustentan, en observancia de la Sentencia Constitucional 1023/2013 de 27 de junio, entre otras, asegurando por ello que, el fallo cuestionado se encuentra sometido a la Constitución, los Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, siendo insuficiente esgrimir su quebrantamiento sin exponer de forma precisa y objetiva la manera en que se hubiese infringido; asimismo, asegura que se observó el principio de legalidad al adecuar los hechos al tipo penal acusado; arguye que el fallo tiene claridad al desarrollar los hechos y el sustento probatorio que la respalda; señala que la Sentencia es elocuente, garantizando la posibilidad de control por el Tribunal superior y considera que se tiene por cumplido el principio de publicidad, al haberse pronunciado en un acto público y transcrito en un documento, permitiendo su control, acreditándose con ello que la Sentencia no se basó en hechos inexistentes o no acreditados, o en valoración defectuosa de la prueba, descartando así que se haya incurrido en incongruencia.


  1. Respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP refiere que, al Tribunal de Alzada no le está permitido revalorizar prueba, sino simplemente verificar si la valoración realizada nació de un razonamiento intelectivo apegado a la lógica y la experiencia. En cuanto, a la denuncia de insuficiencia probatoria que permita al Tribunal de instancia concluir en una absolución, sostiene que conforme al Auto Supremo 104/2015 de 12 febrero, no se puede exigir un número determinado de pruebas o testigos como parámetro en la valorización de la prueba a efectos de determinar la absolución, pues bajo la previsión del art. 173 del CPP, la prueba documental de cargo ofrecida fue considerada suficiente a este efecto en apego a la lógica, la experiencia y la psicología.


  1. En cuanto, a la denuncia prevista en el art. 370 inc. 10) del CPP señala que, al tratarse de un Juez único, el acto deliberativo es intrínseco a él, afirmando que, la redacción de la sentencia contiene todos los requisitos necesarios, por lo que, tampoco sería evidente el agravio denunciado.


En síntesis, al haberse advertido que el Tribunal de alzada, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, si se pronunció respecto a los tres motivos expuestos en su recurso de apelación restringida, vinculados a los defectos de la Sentencia establecidos en el art. 370 incs. 5), 6) y 10 del CPP, no se evidencia el quebrantamiento de la congruencia en el pronunciamiento impugnado, habiendo circunscrito la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija su competencia; y por ende, su Resolución a los tres motivos expuestos por el acusador particular en su apelación restringida, en observancia de los arts. 398 del CPP y 17 de la LOJ, por lo cual, tampoco se advierte vulneración del derecho a una debida fundamentación de las resoluciones, teniendo en cuenta que, según la jurisprudencia constitucional: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre, 1054/2011-R de 1 de julio y 1234/2017-S1 de 28 de diciembre entre otras); en ese sentido, si bien los argumentos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija no son ampulosos o no discurren en amplias disquisiciones legales, jurisprudenciales o doctrinales, son concisos, pero a la vez claros, satisfaciendo los reclamos del justiciable en los términos de su propia apelación restringida, teniéndose en dicho caso por cumplida la obligación del Tribunal de alzada de fundamentar sus resoluciones, sin que se advierta vulneración al derecho a la defensa u otro derecho o garantía como erróneamente considera el recurrente, por lo mismo no resulta evidente la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado.   


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Antonio Valda Sardina.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.