TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1100/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : Tarija 62/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Ember Ivar Montellanos Morales y otro

Delito                : Incumplimiento de Contrato


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 22 y 23 de octubre de 2018, Teodoro Soruguay Quiroga Honorable Alcalde Municipal de Entre Ríos, de fs. 1413 a 1422; y, Ember Ivar Montellanos Morales, de fs. 1434 a 1438, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 46/2018 de 11 de octubre, de fs. 1381 a 1390 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija contra los recurrentes por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Contrato, previsto y sancionado por el art. 222 del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 3/2016 de 16 de junio (fs. 679 a 688), el Tribunal de Sentencia de Entre Ríos, Provincia OConnor del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Ember Ivar Montellanos Morales, autor y culpable de la comisión del delito de Incumplimiento de Contrato, previsto y sancionado por el art. 222 del CP, imponiendo la pena de un año y seis meses de reclusión, además de cien días multa a razón de Bs. 3.- por día, con costas a favor del Estado, concediendo el beneficio de perdón judicial.


  1. Contra la referida Sentencia, la representante del Ministerio Público (fs. 692 a 693 vta.), el asesor legal del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos (fs. 738 a 754), el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a través de sus representantes legales (fs. 767 a 769 vta.); y, el imputado Ember Ivar Montellanos Morales (fs. 789 a 799), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 46/2018 de 11 de octubre, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró: 1) Con lugar el recurso del Ministerio Público; 2) Con lugar parcialmente el recurso de la parte acusadora particular, únicamente respecto al incidente de falta de acción por falta de tipicidad planteado por Teodoro Suruguay Quiroga; y, 3) Sin lugar el recurso del imputado. En consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2016, que concedió la excepción de falta de acción por falta de tipicidad y extinción de la acción penal por prescripción planteada por el Alcalde Municipal de Entre Ríos, disponiendo la continuación del proceso en su contra. Asimismo, confirmó en su integridad la Sentencia apelada con relación al sentenciado.


  1. Por diligencias de 16 de octubre de 2018 (fs. 1391 vta. y 1392 vta.), las partes recurrentes fueron notificadas con el referido Auto de Vista; y, el interpuso el respectivo recurso de casación.


II. SOBRE LOS MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN.


II.1. Del recurso de casación de Teodoro Suruguay Quiroga.


El recurrente, haciendo alusión al régimen de excepcionalidad para la  procedencia de la casación, ante la existencia de defectos absolutos, conforme la jurisprudencia del Auto Supremo 86/2013 de 26 de marzo recurre bajo los siguientes términos: i) Invocando los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 14 de 26 de enero de 2007, aduce que el fallo recurrido, incurre en falta de motivación y fundamentación, al realizar una simple relación de las normas aplicables y una definición de tipicidad, arribando a las conclusiones, sin respaldo jurídico, ni explicando razonadamente el nexo entre la normativa y lo resuelto (cita texto del apartado II.2 del Auto de Vista), comprobándose la existencia de criterios vagos, imprecisos, generales y evasivos, que generan confusión y dejan en estado de indeterminación a las partes, lesivo al debido proceso, contrario a lo que sustenta el Auto Supremo 86/2013 de 28 de marzo, siendo que el Auto de Vista no explicó en qué consiste la falta de motivación dictada en la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia, ni especifica qué leyes de la logicidad fueron transgredidas, incurriendo en contradicción con los fallos jurisprudenciales. ii) Remitiéndose a los antecedentes, cita el Auto de Vista 01/2014, como precedente relativo a la excepción de falta de acción, aplicable al caso particular, el Tribunal de apelación ingresó en contradicción con el precedente citado, así como con el Auto de Vista 46/2018 de 11 de octubre, siendo que estos precedentes establecen la aplicación del principio de legalidad y la afirmación que el Juez o Tribunal no están facultados a concluir o examinar respecto a la existencia o ausencia de un requisito o elemento constitutivo del delito acusado a través de la excepción de falta de acción y que ésta comprobación indispensablemente debe ser realizada en juico oral, constituyendo la existencia de defecto absoluto insubsanable.


II.2. Del recurso de casación de Ember Ivar Montellanos Morales.


El recurrente, sosteniendo su plena inocencia, refiere que el Auto de Vista es contrario y violatorio a las Leyes, aludiendo a los fundamentos del Auto de Vista en relación a los motivos de apelación, manifestando que:


  1. El Auto de Vista al pronunciarse sobre el primer agravio (inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva), no consideró que la Sentencia entregada al recurrente por el Tribunal inferior no contaba con las firmas de los jueces emanadores de la misma, consiguientemente ameritaba un acto nulo por defectos de forma. Asimismo el Tribunal de alzada pronunció criterio sobre los defectos del inc. 4) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), existiendo una absurda e indebida fundamentación, tomando en cuenta que no existía contradicción en el recurso, olvidando lo dispuesto por el Auto Supremo 337/2010 de 1 de julio, que ha señalado que la falta de requerimiento Fiscal invalida toda introducción de la prueba, y en consecuencia hace viable dejar sin efecto el Auto de Vista.

  1. En relación al segundo agravio de apelación sobre el art. 370 inc. 6) del CPP,  el Tribunal de alzada, no podía alegar que ya habría emitido criterio al respecto, sin realizar una adecuada fundamentación respecto al agravio, cuando existe una deficiente y contradictoria fundamentación por parte de los jueces técnicos a la hora de realizar la injusta Sentencia, lo que no fue valorado en alzada, más aún, si como se apeló, la víctima prestó una declaración diferente en juicio, dictándose una Sentencia en vulneración a los derechos y garantías constitucional como la seguridad jurídica, legalidad procesal, debido proceso y sobre todo, presunción de inocencia. Invoca como precedentes los Autos Supremos 724 de 6 de noviembre de 2004 y 424 de 13 de septiembre.


  1. Con relación al tercer motivo de apelación, respecto a las contradicciones expresada por la víctima, no podía el Tribunal contrastar lo manifestado por la misma con la denuncia presentada en el inicio de investigación, al ser versiones diferentes, por lo que es evidente la defectuosa valoración de esta prueba, incumpliendo lo previsto por los arts. 173 y 359 del CPP. Por ello el Auto de Vista es contrario al sentido jurídico, con relación a que la prueba incorporada al juicio debe ser valorada individualmente, tal como lo ha reconocido el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, así como a la aplicación del principio de libre valoración de la prueba, también previsto por el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, pudiendo establecer elementos básicos de valoración: i) Corresponde a la autoridad judicial la asignación de valor a cada uno de los elementos probatorios; ii) Que, la referida valoración debe sujetarse a las reglas de la sana crítica; y, iii) La apreciación armónica y conjunta de toda la prueba esencial y útil producida. Por todo ello, se han establecido las contradicciones incurridas por el Auto de Vista.


Asimismo invoca los Autos Supremos 431 de 11 de octubre de 2006, 236 de 7 de marzo de 2007, 161/2012 de 17 de julio, 176/2010 de 26 de abril, 309/2013 de 24 de octubre, 351/2013 de 19 de agosto y 167/2012 de 4 de julio.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del CPP, ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y esté permitido por Ley.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que los recurrentes, fueron notificados el 16 de octubre de 2018, con el Auto de Vista impugnado, interponiendo sus recursos de casación el 22 y 23 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles, teniéndose por cumplida la formalidad temporal exigida por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.




IV.1. Del recurso de casación de Teodoro Suruguay Quiroga.


En relación al recurso de casación del recurrente, si bien en ambos motivos casacionales invoca los precedentes y establece meridianamente la contradicción que pretende; empero, se evidencia que al interponer su memorial de casación, ha ejecutado una axiomática falta de técnica recursiva, extrañándose los verdaderos fundamentos del recurso de casación, que más allá de subtitularse aquello en la suma, de la revisión del documento, no se ha podido identificar el argumento central de casación, por el cual se impugne efectivamente el Auto de Vista respecto a la apelación restringida plantada ante el Tribunal de alzada. Para este Tribunal, no es coherente y procedente que en base a la apelación incidental que se habría planteado conjuntamente la apelación restringida, sobre la que se discutía la procedencia o no de una excepción de falta de acción, resuelta en alzada, se pretenda la admisión del recurso y el análisis de fondo sobre una cuestión incidental, cuando la naturaleza del recurso de casación es la de revisar los Autos de Vista emitidos como emergencia de las apelaciones restringidas planteadas por las partes contra las Sentencias.


Conforme se tiene del recurso de casación, el recurrente haciendo una exegesis y abstracción de algunos de los argumentos expuestos en el recurso de apelación incidental y lo resuelto por el Auto de Vista, no pueden estos argumentos vincularse con los fundamentos del recurso de casación, cuando los agravios, más allá de señalarse los defectos de Sentencia, deben ir a denunciar defectos, errores y falencias en las que incurra el Auto de Vista en la forma de resolver la apelación restringida; que contrariamente el recurrente, al respecto, no expone agravio alguno que le haya causado el Auto de Vista con relación a la apelación restringida, limitándose a impugnar la cuestión incidental, conforme se evidencia de las citas textuales que se hace sobre el Auto de Vista; equivocando la parte recurrente el sentido y la naturaleza jurídica del recurso de casación que conforme al art. 416 primera parte del CPP, únicamente puede ser procedente para impugnar Autos de Vista emergentes de una apelación restringida.


Por ello, la parte recurrente, incumple los fundamentos de procedencia del recurso de casación, ante una errónea interpretación de la finalidad del Tribunal Supremo de Justicia, en una falencia recursiva que desnaturaliza la propia norma procesal, cuya procedencia desde todo punto de vista vendría a ser ilegal y contrario a la misma doctrina legal aplicable pronunciada por este alto Tribunal de justicia en sus Autos Supremos 219/2014-RRC de 4 de junio y 396/2014-RRC de 18 de agosto, entre otros, que en definitiva han sido inobservados por el recurrente al momento de interponer el presente recurso de casación, careciendo de legitimación objetiva; por cuanto, al no haber dado cabal y correcto cumplimiento a los arts. 416 y 417 del CPP, sin mayores consideraciones corresponde determinar la inadmisibilidad del recurso de casación.


IV.2. Del recurso de casación de Ember Ivar Montellanos Morales.


En el primer motivo, el recurrente denuncia que el Auto de Vista al pronunciarse sobre el primer agravio (inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva), no consideró que la Sentencia entregada al recurrente por el Tribunal inferior no contaba con las firmas de los jueces emanadores de la misma, consiguientemente ameritaba un acto nulo por defectos de forma. Asimismo el Tribunal de alzada ha pronunciado criterio sobre los defectos del inc. 4) del art. 370 del CPP, existiendo una absurda e indebida fundamentación, tomando en cuenta que no existía contradicción en el recurso, ha olvidado lo señalado por el Auto Supremo 337/2010 de 1 de julio, que señala que la falta de requerimiento Fiscal invalida toda introducción de la prueba, y en consecuencia hace viable dejar sin efecto el Auto de Vista.


Analizando los argumentos expuestos por el recurrente, se puede observar que el mismo, invocando el Auto Supremo 337/2010 de 1 de julio, no establece de que manera el Auto de Vista sería contradictorio con el precedente, considerando que en alzada, se habrían resuelto dos aspectos: el primero respecto al defecto del art. 370 inc. 1) del CPP; y el segundo sobre el defecto del art. 370 inc. 4) del CPP. Entonces, al no evidenciarse la contradicción entre uno u otro argumento de alzada con el precedente invocado, no se ha dado cumplimiento a lo que previenen los arts. 416 y 417 del CPP, cuya carga procesal es obligatoria para todo aquel que pretenda recurrir en casación.


En el segundo motivo, se alega que al segundo agravio de apelación sobre el art. 370 inc. 6) del CPP, el Tribunal de alzada, no podía alegar que ya habría emitido criterio al respecto, sin realizar una adecuada fundamentación del agravio, cuando existe una deficiente y contradictoria fundamentación por parte de los jueces técnicos a la hora de realizar la injusta Sentencia, lo que no fue valorado en alzada, más aún, si como se apeló, la víctima ha prestado una declaración diferente en juicio, dictándose una Sentencia en vulneración a los derechos y garantías constitucionales como la seguridad jurídica, legalidad procesal, debido proceso y sobre todo, presunción de inocencia. Invoca como precedentes los Autos Supremos 724 de 6 de noviembre de 2004 y 424 de 13 de septiembre de 2013.


Corresponde indicar, con relación al Auto Supremo 724 de 6 de noviembre de 2004, no se cumple con la previsión contenida en el art. 416 última parte del CPP, siendo que el precedente señalado no contiene una problemática procesal similar a la planteada por el recurrente, ya que el precedente se funda en la fundamentación de la Sentencia y no así sobre el Auto de Vista; circunstancia por la cual no es posible ingresar el fondo de lo planteado al efecto.


Asimismo, respecto al Auto Supremo 424 de 13 de septiembre de 2013, el recurrente ha cumplido cabalmente con los requisitos de los arts. 416 y 417 del CPP, encontrándose dentro los alcances de procedibilidad de admisión del recurso, por lo que el Tribunal se encuentra en facultad de ejercer su labor nomofiláctica e ingresar al contraste del precedente con el Auto de Vista impugnado en el fondo.


En cuanto al tercer motivo, respecto a las contradicciones expresada por la víctima, no podía el Tribunal contrastar lo manifestado por la misma con la denuncia presentada en el inicio de investigación, al ser versiones diferentes, por lo que es evidente la defectuosa valoración de esta prueba, incumpliendo lo previsto por el art. 173 y 359 del CPP. Por ello el Auto de Vista es contrario al sentido jurídico con relación a que la prueba incorporada al juicio, debe ser valorada individualmente, tal como lo ha reconocido el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007, respecto a la aplicación del principio de libre valoración de la prueba, así también se tiene el Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005.


Habiendo invocado el recurrente los Autos Supremos 131 de 31 de enero de 2007 y 384 de 26 de septiembre de 2005, de la lectura del recurso, en lo particular, se puede colegir el cumplimiento mínimo de los requisitos de procedencia y forma del recurso de casación previstos por los arts. 416 y 417 del CPP, al invocar los precedentes y establecer la posible contradicción, por ello hace viable admitir tales argumentos para ingresar a la labor de contrastación en el fondo del planteamiento traído en casación.

A su vez, respecto a los Autos Supremos 431 de 11 de octubre de 2006, 236 de 7 de marzo de 2007, 161/2012 de 17 de julio, 176/2010 de 26 de abril, 309/2013 de 24 de octubre, 351/2013 de 19 de agosto y 167/2012 de 4 de julio, más allá de haberlos invocado, el recurrente no hace ninguna motivación para vincularlos con alguna contradicción que considere concurrente con el Auto de Vista, incumpliendo de esa manera las previsiones de forma establecidas para el recurso de casación, por lo que no serán considerados en el análisis de fondo, al no poderse determinar cuál la contradicción que se pretende.

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Teodoro Suruguay Quiroga, de fs. 1413 a 1422; y, ADMISIBLE el recurso de casación planteado por Ember Ivar Montellanos Morales, de fs. 1434 a 1438; únicamente para el análisis de fondo de los motivos segundo y tercero, de acuerdo a los alcances establecidos en la presente resolución. Asimismo, en cumplimiento del mencionado artículo en su segundo párrafo, se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo. 


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos