TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1094/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : Tarija 56/2018        

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Antonio Padilla Gareca

Delito                : Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente


RESULTANDO


Por memorial presentado el 9 de octubre de 2018, cursante de fs. 96 a 109 vta., Antonio Padilla Gareca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 80/2018 de 21 de septiembre, de fs. 56 a 65, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 046/2017 de 26 de octubre (fs. 14 a 30), el Tribunal Primero de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Antonio Padilla Gareca, autor y culpable de la comisión del delito de Estupro, previsto sancionado por el art. 309 del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el padre de la víctima Ronald Ortiz Cuevas y la representación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 33 a 36) interpusieron recurso de apelación restringida, que fue resuelto previa declaratoria de inadmisibilidad de la apelación restringida planteada por el representante del Ministerio Público (fs. 38 y vta.)-; por cuanto mediante Auto de Vista 80/2018 de 21 de septiembre, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró con lugar el recurso planteado por la víctima, revocando en parte la Sentencia apelada, declarando a Antonio Padilla Gareca autor del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas a favor del Estado.


  1. Por diligencia de 2 de octubre de 2018 (fs. 81), fue notificado el recurrente con el Auto de Vista recurrido; y, el 9 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:

  1. Indica el recurrente que el Tribunal de alzada en la resolución del defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP), inobservó la ley sustantiva al no establecer cuál es el fin de su actuar, no habría fundamentado conforme a las pruebas, que tanto él como la menor son personas que se conocieron, se gustaron y enamoraron, llegando a consumarse el afecto que tenían por causas biológicas; circunstancias que se demuestran por la testifical de la menor Rocío Cielo Ortiz y el informe psicológico de la víctima de 16 de octubre del 2013.


Asimismo, precisa que no existió ningún trauma en la menor que llegue a determinar que su consentimiento fue viciado y por lo tanto nulo; en ese entendido, enfatiza que el Tribunal de apelación inobservó la ley sustantiva al no configurarse el elemento subjetivo del tipo penal previsto por el art. 308 bis del CP, señalando que de la declaración de la propia víctima y del informe psicológico evacuado por el Lic. Rene Colque Mamani, se demuestra que la menor tendría una edad mental superior a la edad cronológica, e inclusive de la declaración de la Dra. Karen Ichazu se extrae que la madurez de la adolescente es elevada.


Cita el Auto Supremo 255 de 23 de abril de 2009, referido según la glosa expuesta, a doctrina alusiva al defecto de Sentencia contenido en el inc. 1) del art. 370 del CPP, a tiempo de referir que en la Resolución de mérito, el Tribunal de Sentencia llegó a la convicción de la comisión del delito de Estupro, al interpretar respecto a la edad del consentimiento sexual en Bolivia.


  1. Acusa también que el Auto de Vista recurrido, no otorgó credibilidad a la víctima, limitándose a concluir que la misma al momento de sostener relaciones sexuales, era menor edad a la requerida; sin embargo, de manera contradictoria y sustentándose en el informe psicológico, señala que la menor tenía una madurez y edad mental superior a la cronológica, sin evaluar el principio de autonomía de la persona humana.


Por otro lado, en cuanto a la conducta del imputado como novio de la víctima, reclama que el Tribunal de apelación, no indicó si la misma “es inmoral o desordenada, si padece de enfermedades mentales o contagiosas” (sic), revocando la Sentencia en vulneración de los principios de presunción de inocencia y duda favorable al imputado, arguyendo el recurrente la existencia de valoraciones insuficientes y contradictorias en los hechos y las pruebas por parte del Tribunal de apelación, que vulneran además el debido proceso y la fundamentación.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los proceso



IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos, se advierte que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 2 de octubre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 9 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento de la exigencia temporal prevista por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


En ese sentido, se establece que en el primer motivo traído en casación, el recurrente denuncia la inobservancia de la ley sustantiva contenida en el art. 308 Bis del CP, por parte del Tribunal de alzada, a tiempo de revocar la Sentencia condenatoria por el delito de Estupro y condenar al imputado por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente.


Empero, previo al análisis de admisibilidad del motivo en cuestión, corresponde precisar que esta Sala Penal tiene específicas atribuciones a tiempo de resolver el recurso de casación, en el que se debe restringir a efectuar un análisis de derecho del Auto de Vista impugnado en comparación con precedentes contradictorios, dirigidos a unificar la jurisprudencia ordinaria en materia penal, no así a efectuar un análisis sobre los hechos y pruebas que fueron conocidos y valorados, precedentemente, por el Tribunal de Sentencia.


Ahora bien, puntualizadas las consideraciones del párrafo precedente, se advierte de la formulación del motivo en cuestión, la inobservancia de los requisitos formales exigidos para la interposición del recurso. Es decir, efectuar la descripción del agravio de manera clara y precisa, explicándolo a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos contenidos en el precedente invocado como contradictorio -Auto Supremo 255 de 23 de abril de 2009- y el Auto de Vista recurrido, y no limitarse a exponer su conformidad en cuanto a lo resuelto por el Tribunal de origen y su disconformidad en cuanto a la comprensión por parte del Tribunal de alzada respecto a las diferencias conceptuales entre indemnidad sexual y libertad sexual; o, alusión a elementos probatorios y consideraciones referidas a la doctrina del “menor maduro” (sic), cuestiones que de modo alguno pueden ser resueltas favorablemente conforme a las precisiones detalladas en el párrafo precedente.


Finalmente, si bien el recurrente hace alusión de manera escueta a los principios de legalidad y minina intervención; y, su reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico; empero, no fundamenta de forma clara y precisa de qué manera se ha restringido o disminuido tales principios, menos explica el resultado dañoso del presunto defecto, incumpliendo también los requisitos de flexibilización establecidos por este Tribunal para que vía excepcionalidad pueda ingresarse al fondo; aspectos que, no pueden ser suplidos de oficio en salvaguarda del principio de imparcialidad que rige la actuación de este Tribunal.


En consecuencia, se establece que el motivo analizado, no cumple con los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, como tampoco con los presupuestos de flexibilización para una posible admisión, correspondiendo por ende declarar su inadmisibilidad.


Similar criterio debe ser asumido con relación al segundo motivo identificado, donde el recurrente denuncia la incongruencia de los fundamentos del Auto de Vista recurrido y la valoración insuficiente de hechos y pruebas por parte del Tribunal de alzada; del cual se extraña, también la inobservancia de los requisitos formales exigidos para la interposición del recurso. Es decir, efectuar la descripción del agravio de manera clara y precisa, explicándolo a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos contenidos en precedentes invocados como contradictorios y el Auto de Vista recurrido, no siendo suficiente aludir a la vulneración de la presunción de inocencia, indubio pro reo, debido proceso y fundamentación, sin discurrir mínimamente sobre las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, así como los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida, sobre la base de los precedentes invocados, para que a partir de ello este máximo Tribunal, desplegando su labor unificadora de criterios, establezca la doctrina legal aplicable en los términos que regula el art. 419 del CPP, deviniendo en inadmisible el motivo analizado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Antonio Padilla Gareca, de fs. 96 a 109 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos