TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1092/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : Santa Cruz 163/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Marcelina Rocha Rodríguez

Delitos        : Avasallamiento y otro


RESULTANDO


Por memorial presentado el 21 de septiembre de 2018, cursante de fs. 1060 a 1066, Edelmira Claros de Gonzales y Jonathan Gonzales Claros, interponen  recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 52 de 22 de junio de 2018, de fs. 1023 a 1026 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de los recurrentes contra Marcelina Rocha Rodríguez, por la presunta comisión del delito Uso de Instrumento Falsificado y Avasallamiento, previstos y sancionados por los arts. 203 y 351 Bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 16/2018 de 4 de abril (fs. 971 a 981 vta.), el Tribunal Primero de Sentencia de Montero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Marcelina Rocha Rodríguez, absuelta de la comisión de los delitos de Uso de Instrumento Falsificado y Avasallamiento previstos y sancionados por los arts. 203 y 351 Bis del CP, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares de carácter personal impuestas en su contra y en ejecución de Sentencia las medidas reales.


  1. Contra la mencionada Sentencia, la parte civil Edelmira Claros de Gonzales y Jonathan Gonzales Claros, formularon recurso de apelación restringida (fs. 1008 a 1015), que fue resuelto por Auto de Vista 52 de 22 de junio de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 14 de septiembre de 2018 (fs. 1027), la parte recurrente fue notificada con el Auto de Vista impugnado; y, el 21 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


Los recurrentes haciendo referencia a los agravios sufridos por el Auto de Vista, amparan su recurso de casación, en los siguientes aspectos, denunciando defectos absolutos en la emisión del Auto de Vista impugnado que vulnerarían las garantías constitucionales como el debido proceso con relación a los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sosteniendo que los Tribunales de alzada tienen la obligatoriedad de cumplir con la debida fundamentación  y asimismo circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución; en tal sentido, señalan que en apelación restringida hubiesen denunciado cinco aspectos conforme el art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10 del CPP, de los cuales expresan los siguientes aspectos: i) Fundamentación de la inobservancia o errónea aplicación de la ley adjetiva [art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10) del CPP], basándose en la valoración defectuosa de las pruebas de cargo que acarreó una insuficiente fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva. ii) Hechos probados no valorados por el Tribunal de Sentencia ni fundamentados por el Auto de Vista impugnado, que habilitan el error in iudicando [art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10) del CPP]. iii) En el primer hecho probado la acusada hubiese referido no saber leer ni escribir pero firma la transferencia de 29 de agosto de 1981 ocupando el inmueble objeto de la litis en forma violenta, así como el hecho que el Tribunal a quo permitió que la hermana de la acusada sea la traductora del idioma quechua, por lo que consideró que su declaración fue falseando la verdadera expresión, atentando contra el debido proceso. iv) Contradicción del Auto de Vista impugnado, aludiendo que la Sala Penal Primera en el considerando quinto señaló que no revisa el fondo ni el objeto del proceso, si hubiese defectos o no en la Sentencia, referente a que el inferior atacó oficiosamente negando los hechos y las pruebas, negando la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia al revalorizar pruebas y emitir juicios de valor, refiriendo también una falacia en sentido de expresar que no se habría acompañado precedentes contradictorios, que como señala el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo no sería requisito; añadiendo, que en apelación restringida denunció los defectos referidos, a la vulneración del debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, fundamentando los puntos impugnados, hecho que a criterio del recurrente constituye defectos absolutos conforme el art. 169 inc. 3) del CPP.


Por otro lado, bajo el subtítulo de fundamentos jurídicos de las contradicciones entre el Auto de Vista y los precedentes, indicó que se acusó como vicio de Sentencia la errónea aplicación al absolverse a la acusada Marcelina Rocha y no valorar las pruebas integralmente faltando a los principios de congruencia y motivación probatoria, conforme los defectos de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10) del CPP, también que la Sentencia carece de fundamentación vulnerando el principio de la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, señala que se tuvo la certeza de la responsabilidad penal de la acusada en los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado. Asimismo expresa que tanto el Tribunal de Sentencia como la Sala Penal Primera no valoraron el objeto del proceso, que no fundamentó en derecho y refirió una falacia de valoración probatoria.


Acusando como vicio de Sentencia la inobservancia a la ley, defecto de Sentencia establecida en el art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10) del CPP, que la Sentencia llegó a determinar la siguiente falacia: Deliberando y absolviendo a la acusada pese a existir el hecho, no valorando pruebas, falta de fundamentación en hechos y derecho. De la misma manera se acusa vicio de Sentencia la inobservancia del art. 173 del CPP, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10) del CPP. A tal efecto invoca el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, referente a la valoración de los elementos probatorios. Señala que la Sentencia impugnada, vulnera las reglas de la sana crítica, que el Tribunal de origen no valoró integralmente las pruebas ni la Sentencia al absolver a la acusada, de la misma manera el Tribunal de alzada en el considerando quinto no fundamenta su resolución, no realiza una fundamentación probatoria conforme las reglas de la sana crítica.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 14 de septiembre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 21 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.


Los recurrentes denuncian en el memorial de casación, que el Auto de Vista impugnado habría incurrido en defectos absolutos vulnerando los arts. 124 y 398 del CPP, referentes a la debida fundamentación como a la obligatoriedad de circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados, señalando que en apelación restringida se acusó los defectos de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 1), 5), 6), 8) y 10 del CPP, cuestionando la inobservancia o errónea aplicación de la ley adjetiva, la valoración defectuosa de las pruebas de cargo que acarreó una insuficiente fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva, los hechos probados no valorados ni motivados; asimismo, expresaron que el Auto de Vista impugnado en el considerando quinto, no habría revisado el fondo ni el objeto del proceso, como tampoco si tuviese defectos o no la Sentencia, respecto a que el a quo negó los hechos y las pruebas, por lo que considera que se negó a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia al revalorizar pruebas y emitir juicios de valor, emitiendo también una falacia al expresar que no se acompañó precedentes contradictorios, invocando el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, referente a la adecuada valoración de los elementos probatorios.


Sobre el particular, analizados los argumentos traídos en casación, se evidencia una carente técnica recursiva y argumentativa al reiterar los defectos de Sentencia denunciados en apelación restringida y sostener gran parte de sus argumentos contra la Sentencia; asimismo, si bien refiere que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación e incongruencia omisiva pero no señala en forma clara cómo habría resuelto el Tribunal de alzada para sostener la supuesta falta de fundamentación y de qué forma incurrió en incongruencia omisiva, expresando en forma confusa también una supuesta revalorización probatoria sin indicar tampoco su consistencia. Por otro lado, se advierte que el Auto Supremo 214/2007 de 28 de marzo, no fue invocado en apelación restringida incumpliendo los requisitos exigidos por los arts. 416 y 417 del CPP, no siendo posible el análisis de fondo de lo pretendido.


Las falencias advertidas en el planteamiento del recurso, no pueden ser suplidas de oficio ni con la mera referencia de vulneración al debido proceso o concurrencia de defectos absolutos como se observa en el memorial de casación, pues a efectos de ingresar al fondo del agravio vía flexibilización, el recurrente tenía la obligación de cumplir con los presupuestos explicados en la parte final del acápite anterior de esta Resolución, mismos que fueron omitidos, al no realizar mayor argumentación en forma clara, al no señalar en qué consistiría la restricción o disminución de las citadas garantías y menos se explica el resultado dañoso, derivando en que el presente recurso resulte inadmisible, aún acudiendo a los criterios de flexibilización.   


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Edelmira Claros de Gonzales y Jonathan Gonzales Claros, de fs. 1060 a 1066.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos