TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1090/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                Santa Cruz 161/2018

Parte Acusadora                Ministerio Público

Parte Imputada                Tomás Ernesto Rivero Cuellar y otros 

Delito                        Transporte de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de octubre de 2018, cursante de fs. 626 a 628, Tomás Ernesto y Miguel Ángel ambos de apellidos Rivero Cuellar, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 14 de 31 de agosto de 2018, de fs. 616 a 620, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los recurrentes e Iris Rivero Suárez (declarada rebelde), por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 05/2017 de 3 de febrero (fs. 554 a 562), el Tribunal Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Tomás Ernesto y Miguel Ángel ambos de apellidos Rivero Cuellar, autores y culpables de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de ocho años de presidio.


  1. Contra la mencionada Sentencia, Tomás Ernesto y Miguel Ángel ambos de apellidos Rivero Cuellar, formularon recurso de apelación restringida (fs. 571 a 573 vta.), y Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción (fs. 576 a 579), siendo probada ésta última mediante Resolución 29/17 de 27 de mayo de 2017 (fs. 589 a 593 vta.); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 14 de 31 de agosto de 2018, declarando improcedente la apelación restringida de los imputados y procedente la apelación incidental incoada contra la excepción; en cuyo efecto, fue revocado el Auto Interlocutorio 29/17 de 27 de mayo de 2017 y declarada improbada la Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción en favor de los sentenciados, quedando firme el fallo de primera instancia. 


  1. Por diligencia de 19 de octubre de 2018 (fs. 622), los recurrentes fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 26 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad. 



II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes agravios:


  1. Luego de hacer un resumen de los considerandos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del Auto de Vista impugnado, los recurrentes respecto a su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, concluyen que la norma procesal tiene prevalencia sobre la jurisprudencia invocada por el Tribunal de apelación, afirmando que los arts. 308 inc. 4), 27 inc. 8), 29 inc. 1), 30, 31, 32 y 34 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen que la prescripción se da por el transcurso del tiempo, consolidando la extinción de la acción penal que en el caso concreto se habría iniciado el 19 de febrero de 2009, hasta la fecha de presentación del recurso de casación (26 de octubre de 2018), transcurriendo nueve años, ocho meses y siete días, sobrepasando lo establecido por el art. 29 inc. 1) del CPP, por lo que, considera que denegarle lo impetrado a su criterio constituiría violación de los arts. 115, 119, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). Respecto a la afirmación del Tribunal de alzada que los delitos de narcotráfico son transnacionales y de lesa humanidad y que existiría amplia jurisprudencia respecto a su imprescriptibilidad, de acuerdo a lo establecido por el art. 145 de la Ley 1008, remitiéndose al art. 111 de la CPE, afirmando que los delitos de narcotráfico son prescriptibles y no son de lesa humanidad, al respecto invocan las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0104/13 de 22 de enero de 2013, que señala que los delitos de narcotráfico no son de lesa humanidad y 0914/16-S2 de 26 de noviembre, referida al término de la prescripción.   

  1. Con relación a la apelación restringida y su denuncia de valoración defectuosa de la prueba, específicamente la exigencia de la presencia de los funcionarios policiales a cargo de la investigación, así como los testigos y peritos en el juicio oral, público y contradictorio, con la finalidad de que estos expongan sus testimonios y conclusiones, los recurrentes concluyen que, fueron condenados en virtud a valoración de pruebas introducidas por su lectura, vulnerando así los arts. 6 y 116 de la CPE, y 124, 171, 173, 329, 330, 333, 334, y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, e incurriendo en el defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; asimismo, hacen hincapié en que los precedentes contradictorios que fueron ofrecidos en el recurso de apelación restringida.   

    

III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE 
CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


  1. Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


  1. Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


  1. Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de Autos, se advierte que los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado el 19 de octubre de 2018, interponiendo su recurso de casación el 26 del mismo mes y año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, encontrándose cumplido el requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

En el primer motivo, los recurrentes cuestionan los fundamentos del Auto de Vista impugnado que declaró improbada su excepción de extinción de la acción penal por prescripción, denunciando vulneración de los arts. 115, 119, 178.I y 180.I de la CPE, por considerar que transcurrieron nueve años, ocho meses y siete días desde la comisión del hecho, sobrepasando el término de la prescripción establecido por el art. 29 inc. 1) del CPP, reivindicando así la prevalencia de los arts. 308 inc. 4), 27 inc. 8), 29 inc. 1), 30, 31, 32 y 34 del CPP, sobre la jurisprudencia invocada por el Tribunal de apelación, además del argumento de la imprescriptibilidad de los delitos de narcotráfico y su característica de ser transnacional y de lesa humanidad; en este sentido, invocan el art. 111 de la CPE, además de las SCP 0104/13 de 22 de enero, y 0914/16-S2 de 26 de noviembre. 


Al respecto, la reiterada jurisprudencia emanada desde este Alto Tribunal de Justicia, ha entendido que, la finalidad del recurso de casación según el art. 416 del CPP, es la impugnación de Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales de Justicia o la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, siendo recurribles únicamente los Autos de Vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia en el ejercicio del art. 51 inc. 2) del CPP; es decir, respecto a sentencias ya sean condenatorias o absolutorias, emergentes de juicios sustanciados ante los Tribunales o Jueces de Sentencia, o como consecuencia de la aplicación de procedimiento abreviado por parte de los Jueces de Instrucción (Autos Supremos 397 de 23 de julio de 2004, 078/2012-RA de 23 de abril y 628 de 27 de noviembre de 2007 entre otros); no ocurre lo mismo con las resoluciones emitidas por efecto de incidentes o excepciones planteadas durante la sustanciación del proceso penal, conforme prevé el art. 403 del CPP, los cuales son impugnables a través del recurso de apelación incidental sin recurso ulterior, como ocurre en el caso concreto, en el que el Auto de Vista impugnado resolvió revocar el Auto Interlocutorio 29/17 de 27 de mayo de 2017, emitido por el Tribunal Cuarto de Sentencia, declarando improbada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción planteada por los recurrentes, no siendo posible revisar la decisión emitida en alzada, cuando expresamente la normativa legal aplicable establece que ya no existe recurso ulterior, por lo cual, el motivo analizado deviene en inadmisible.  


Respecto al segundo motivo, en el que los recurrentes hacen referencia a su denuncia de valoración defectuosa de la prueba plasmada en su apelación restringida, específicamente la exigencia de la presencia de los funcionarios policiales, así como los testigos y peritos en el juicio oral, público y contradictorio, con la finalidad de que expongan sus testimonios y conclusiones, y ante la imposibilidad de cumplirse con este presupuesto, los recurrentes concluyen que, fueron condenados en virtud a valoración de pruebas introducidas por su lectura, vulnerando así los arts. 6 y 116 de la CPE, y 124, 171, 173, 329, 330, 333, 334, y 360 incs. 1), 2) y 3) del CPP, e incurriendo en el defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.


Del análisis anteriormente expuesto, se tiene que la magra técnica recursiva con la que los recurrentes exponen sus argumentos, impide a este Tribunal de casación considerar la admisibilidad del motivo estudiado, pues la simple referencia a la valoración defectuosa de la prueba denunciada en alzada, y la afirmación de que los precedentes considerados contradictorios fueron invocados en apelación restringida, pues no cumplen con los presupuestos establecidos en los arts. 416 y 417 del CPP, ya que nuestra ingeniería procesal penal configura al recurso de casación como un medio para impugnar Autos de Vista contrarios a otros pronunciamientos de otros Tribunales de alzada o de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por ello, la carga argumentativa atribuible a quienes recurren en casación, debiendo cumplir con la cita de los precedentes contradictorios y el señalamiento en términos precisos de la pretendida contradicción, requisitos que no fueron cumplidos, correspondiendo por ello declarar el motivo analizado inadmisible.          


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Tomás Ernesto y Miguel Ángel ambos de apellidos Rivero Cuellar, de fs. 626 a 628. 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos