TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 109/2018-RRC

Sucre, 02 de marzo de 2018


Expediente                        Tarija 27/2017        

Parte Acusadora                Ministerio Público 

Parte Imputada                Hernán Javier Cayo Rivera

Delito                                Violación de Infanticidio  Niña, Niño o Adolescente

Magistrado Relator        : Dr. Edwin Aguayo Arando


RESULTANDO


Por memorial presentado el 8 de mayo de 2017, cursante de fs. 416 a 422 vta., Hernán Javier Cayo Rivera, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 19/2017 de 7 de abril, de fs. 368 a 375 y el Auto Complementario 05/2017 de 26 de abril de fs. 381 y vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, por el presunto delito de Violación a Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.  Antecedentes.


  1. Por Sentencia 66/2016 de 1 de noviembre de fs. 286 a 292 vta., el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Hernán Javier Cayo Rivera culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP, modificado por la Ley 348, imponiendo la pena de veinte años de presidio, con costas a favor del Estado y pago de daños y perjuicios a la víctima.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Hernán Javier Cayo Rivera interpuso recurso de apelación restringida (fs. 319 a 342 vta.), resuelto por Auto de Vista 19/2017 de 7 de abril, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar y confirmó la Sentencia, siendo rechazada la solicitud de Complementación y Enmienda del acusado, mediante Resolución 05/2017 de 26 de abril (fs. 381 y vta.).


I.1.1. Motivo del recurso de casación.


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 565/2017-RA de 10 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


El recurrente alega, que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, respondió sus reclamos de apelación restringida con evasivas e incongruencias, acomodando los planteamientos fácticos planteados, así con ello incurrir en incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre el reclamo sentado en el recurso de apelación restringida sobre los defectos de la Sentencia previstos en el art. 370 incs. 3) y 5) del CPP, relacionados con la valoración que el Tribunal de Sentencia dio a la prueba MP-2, que fue la declaración-entrevista de la víctima. Arguye que ese hecho vulneró sus derechos y garantías en infracción de los arts. 116, 124 y 398 del CPP, además del derecho de impugnación y de recurrir previsto en el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitando la materialización del art. 115.II de la CPE y la aplicación de las disposiciones relativas a la nulidad previstas en el art. 17 de la LOJ.


El recurrente sobre la prueba MP2 alega entre lo más relevante: a) Esta entrevista no cuenta con registro sobre la fecha de su realización, y fue efectuada antes de abierta la investigación; es decir, sin control jurisdiccional, ocurriendo que a pesar de que esa documental no precisa el año, el Tribunal de sentencia llega a la conclusión de que se tratase el “2015”; b) El Tribunal de Sentencia al mismo tiempo le brinda un valor positivo y uno negativo, en sentido que “se ha creado convicción…que el acusado…sostuvo relaciones sexuales consentidas con la menor…así la víctima en la entrevista informativa prestada codificada como MP2, narró todo lo acontecido el 21 de abril del 2015, desde el momento que el imputado la llevo a su dormitorio y todos aquellos pormenores que identifican el ilegal acto” (sic) extracto que en opinión del recurrente fuera inexacto pues de la documental en cuestión únicamente se otorga como fecha un 21 de abril, sin especificar ni año ni hora; c) El valor negativo, relativo a “la prueba MP2 consistente en un informe psicológico realizado a la víctima el 15 de octubre de 2015, resulta impertinente puesto que no refiere ningún dato relativo al objeto del juicio, limitándose a precisar que la menor fue reacia propiciar información sobre el hecho” (sic); y, d) La citada entrevista, es calificada de incompleta, ya que la menor refiere haber mantenido relaciones sexuales por una sola vez, sin que especifique si hubo o no acceso carnal o penetración. 


Reclama también que, su censura sobre la prueba MP2 y la solicitud de que la víctima preste declaración en juicio oral fue rechazada en lo sustancial, con el respaldo del art. 15 num. 4 de la Ley de Protección a las Víctimas de  Delitos Contra la Libertad Sexual (LPVDLS) y el art. 47 de la Ley 348, obviando la importancia que en este caso tenía la presencia de la víctima en juicio oral para establecer al existencia o no de acceso carnal y penetración, más cuando en el caso de autos se debió permitir la comparecencia de la víctima al no estar esclarecido la total descripción del hecho.

Para efectos de su recurso invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 53/2012 de 22 de marzo, 297/2012-RRC de 20 de noviembre y 550/2014 de 15 de octubre. 


I.2.1. Petitorio.


El recurrente solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, admita el recurso contra del Auto de Vista 19/2017 de 7 de abril de 2017 y su Complementario 05/2017 de 26 de abril, se los deje sin efecto disponiendo dicte un nuevo Auto de Vista ordenando la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante Auto Supremo 565/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 431 a 433, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente Hernán Cayo Rivera, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


Conforme lo sostenido por el Ministerio Público se acusó Hernán Javier Cayo Rivera la comisión del delito de Violación previsto y sancionado en el art. 308 bis del CP, argumentándose que el 21 de abril de 2015, mantuvo relaciones sexuales con la menor JJCM, de 12 años a momento de ocurrido el hecho, “pero que no fue a la fuerza porque ella enamoraba con él, hace unos tres meses puesto que lo habría conocido en una boda…y en fecha 21 de abril el acusado le habría llevado a su casa ubicada en el barrio 3 de mayo…y tuvieron relaciones sexuales” (sic).


II.1.  De la Sentencia.


Por Sentencia 66/2016 de 1 de noviembre de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al imputado culpable de la comisión del delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, tipificado En el art. 308 bis del CP, modificado por la Ley 348, imponiendo la pena de veinte años de presidio computables desde su aprehensión.


Sobre la determinación del hecho objeto del juicio el Tribunal de Sentencia, manifestó haber llegado a la convicción sobre la culpabilidad del imputado en base a:


“el 21 de abril del año 2015 el acusado Hernán Javier Cayo Rivera aprovechando que mantenía una relación de enamoramiento con al menor de iniciales JJCT de 12 años de edad que inició tres meses antes, la llevó a su domicilio ubicado en el Barrio 3 de mayo por la parada de la línea S y en su dormitorio mantuvo tuvo relacionas sexuales consentidas con la víctima.


Que seis meses después en octubre del 2015, la menos se encontraba con un compañero de curso charlando en inmediaciones de su domicilio, motivo por el cual el progenitor de la víctima Sr. José Copaquira Mamani al sorprenderlos disgustado procede a regañar a su hija porque anda con chicos, amenazándola que le iba a pegar y votar de la casa, por lo que la menor le confesó que mantuvo relaciones sexuales con Hernán Javier Cayo cuando enamoraban el 21 de abril de 2015” (sic).


La anterior conclusión fue respaldada a partir de: [1] el informe social efectuado a la menor (MP5), que precisó los mismo aspectos fácticos que los narrados por la víctima en su entrevista informativa; [2] la declaración de Pamela López Márquez, trabajadora social de la Fiscalía, que refirió haber efectuado la pericia social a la víctima corroborando la versión de la menor; [3] la declaración de José Capaquira Mamani, quien señaló que cuando encontró a su hija con un compañero de curso charlando e inmediaciones de su domicilio, se disgustó y procedió a regañarla, por lo que la menor le confesó que mantuvo relaciones sexuales con su vecino Hernán Javier Cayo cuando enamoraban el 21 de abril del 2015, “asumiendo el Tribunal que tanto la declaración de la víctima como de su progenitor convergen en aspectos esenciales respecto a la identidad del agresor y la agresión sexual” (sic); y, [4] certificado médico forense, que establece que la menor al 2 de octubre de 2015, presentó desgarro antiguo a nivel de las 6 según las manecillas del reloj, que sugiere presión y penetración de un objeto romo duro compatible con el pene en erección.


La sindicación efectuada por la víctima contra el imputado fue calificada de concomitante con la prueba “MP13”, pericia psicológica practicada en ésa, ratificando “que el relato de la víctima es altamente creíble, determinando que la adolescente tiene estrés pos traumático en un grado crónico y trauma psicológico a consecuencia del hecho” (sic). Sobre este particular el Tribunal aclaró que el dictamen fue realizado a partir de la grabación de la entrevista de la víctima, así como determinó sobre él que “constituye un aspecto más a tener en cuenta para la valoración de la declaración de la víctima, aclarando que no se trata de una prueba o test de la verdad” (sic).


La Sentencia otorgó “credibilidad a los aportes objetivos manifestados por la menor, en su declaración-entrevista al provenir de una víctima de un delito sexual, que tiene el carácter de prueba esencial ya que su testimonio goza de presunción de verdad, testimonio que resulta suficiente para informar el convencimiento del Tribunal sobre la responsabilidad del acusado al ser razonado, coherente y no confuso ni contradictorio en sus términos, que a ello se suma que ha sido confrontada con las demás pruebas no encontrándose razón válida para no otorgar crédito al mismo, al no existir motivo alguno para perjudicar al imputado; y por el contrario se unen las sucesivas manifestaciones de la menor ante las trabajadoras sociales…la médico forense…y la psicóloga…en todas las cuales se detecta claridad, coincidencia en la incriminación al acusado” (sic).


En cuanto a la labor de subsunción de los hechos determinados a la conducta contenida en el art. 308 bis del CP, Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, se expuso que el acusado sostuvo relaciones sexuales consentidas con la menor JJCT, quien para la época de los hechos (21 de abril de 2015) tenía 12 años y 5 meses.


II.2. Del recurso de apelación restringida.


Notificado el imputado Hernán Javier Cayo Rivera, interpuso recurso de apelación restringida, reclamando:


  1. Vulneración al art. 124 del CPP, por insuficiente fundamentación de la sentencia. Falta de motivación expresa sobre las conclusiones en la declaración del padre de la víctima, al solamente identificarse porciones de la misma, habiéndose desestimado otro tipo de cuestiones por razones idiosincráticas y de idioma.


  1. La Sentencia adoleció del defecto contenido en el art. 370.1 del CPP; por cuanto, ni las testificales ni las documentales aportaron a establecer si la víctima tuvo acceso carnal con el acusado, elemento indispensable para la comisión del delito contenido en el art. 308 bis del CP, sin que pueda considerarse que la “relación sexual” sea sinónimo de acceso carnal, aseveración la primera que no exige necesariamente la existencia de penetración y a partir de la cual el Tribunal de Sentencia, entendió que el delito se había configurado.


  1. La prueba MP2, que es la entrevista tomada a la víctima por la psicóloga, fue a pesar de sus carencias, como ser la fecha de su elaboración y haberse generado fuera del proceso sin control jurisdiccional, fue valorada de manera contradictoria, pues si bien constituye el fundamento probatorio central de la sentencia; empero, a la vez sobre ello se dijo que resultaba impertinente al no aportar al objeto del juicio.


  1. Denunciando errónea aplicación de la Ley sustantiva con base en el art. 370 inc. 1) del CPP, reclamó la inexistencia de incongruencia entre la acusación y la sentencia, ya que la Fiscalía acusó el delito de violación a menor y el Tribunal de Sentencia con suposiciones subjetivas e indeterminaciones, como los cuestionamientos (ya expuestos) a la entrevista de la víctima se determinó su condena. Apoyado en el art. 169 inc. 4) del CPP, solicitó la “nulidad del proceso con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo y nuevo juicio oral por otro Tribunal” (sic), por incongruencia entre los hechos relatados en la acusación y los descritos en la sentencia.


  1. Reclamó que los de sentencia determinaron pese a la taxativa prohibición legal- de entre otros hechos, el día y hora en que el supuesto hecho se hubiera producido, cuando la víctima solo señaló el 21 de abril, sin precisar el año. Añadió que su persona no participó en el nombramiento, juramento de peritos ni conociendo los puntos de pericia.


  1. Denunció inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, considerándo transgredidos los arts. “407, 370 incisos 1), 5) y 6); 270 incisos 2) y 3), 172, 173, 267, 284, 285, 297, 13, 71, 167 y 169 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 11, 12, 13, 20, 37, 40 y 308 bis del Código Penal” (sic); ya que, la sentencia en ninguna parte poseyese fundamentación sobre la existencia y condiciones especiales de comisión del delito. Señaló también que la fundamentación sobre la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal, es insuficiente, pues respecto a las pruebas MP2, MP8 y “MP” no se adecuan al “art. 308 del Código Penal”, ya que la sentencia se limita a hacer afirmaciones corroborativas de la entrevista, sin que se haya tenido la ratificación de la trabajadora social y la psicóloga. Agrega que no se determinó porqué la expresión “relación sexual”, fue tomada por el Tribunal como sinónimo de acceso carnal, sin saber si hubo penetración, vaginal, oral u oral y si fue mediante la introducción o penetración del sexo viril o de otras partes del cuerpo o de objetos con fines libidinosos. Añade que no se estableció el dolo, pues no se determinó que su persona tenía conocimiento que la víctima era menor de edad, habiéndose dicho simplemente que la había acompañado al colegio.


  1. Con relación al defecto de la sentencia contenido en el art. 370 inc. 3) del CPP, expresó que la sentencia se pronunció sin individualizar los actos o circunstancias que pueden ser considerados como demostración de la autoría por limitarse a simples referencias de las expresiones de la víctima. En este punto expone la queja sobre la no presencia en estrados de la trabajadora social con el fin de ratificar su informe; y en cuanto, a la psicóloga ésta habría presentado un dictamen incompleto. Agrega que la sentencia se basa en la prueba MP2 y los soportes de las pruebas MP3, MP4 y MP5, que solo demuestran la existencia de la denuncia realizada por el padre de la víctima. Demanda que en ninguna parte de la sentencia se fundamentó la forma en la que su conducta se adecuó al ilícito denunciado, “el tribunal de sentencia no efectuó la enunciación del hecho objeto del juicio y su determinación circunstanciada, sobredimensionando las pruebas las valoró de manera defectuosa, asimismo expresó hechos inexistentes que no se consignan en ningún medio probatorio” (sic). Prosiguió aduciendo ausencia de la enunciación del hecho objeto del juicio; en sentido que, el fallo de grado fue dictado sin individualizar los actos o circunstancias a ser consideradas como demostración de la autoría, limitándose a realizar simples referencias.


  1. Las pruebas MP3, MP4, MP5, MP6 (que solo probaría la existencia de la denuncia realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia) no significan conclusión, evidencia o prueba y solo transmiten la inexistencia de todos los elementos que configuran el delito, concluyendo que en esas condiciones no se tiene suficientemente individualizado al imputado.


  1. En torno a la incorporación de la prueba MP8, que es el dictamen psicológico de la perito Yuli Marcela Tapia Castillo e informe social pericial, fue calificado como carente de las exigencias previstas en el art. 213 del CPP, a lo que se sumaría que a pesar que el Tribunal de Sentencia, había determinado se adjunten a los resultados las operaciones realizadas por esa profesional, la orden fue incumplida, persistiendo la afectación a la esta norma procesal. En similar sentido, denunció que la prueba MP8, no fue considerada por el Tribunal de Sentencia, se describe otro informe psicológico, el MP13, manifestando que fue realizado por la misma perito, informe éste que “jamás fue incorporado” (sic).


  1. Con base en el art. 370 inc. 4) del CPP, indicó que en el juicio se incorporaron pruebas por su lectura sin que se tratasen de pruebas anticipadas. En el caso de la prueba MP13, no fue ofrecida a las partes y su introducción no permitió que el imputado pudiese preparar su defensa. También se incorporaron declaraciones por medio de informes sociales contraviniendo los arts. 350 y ss del CPP. Sobre la prueba “MP”, denunció que fue obtenida en contravención al art. 307 del CPP; ya que, no se le notificó personalmente, sino a través del Gobernador del Penal donde reside.


  1. En torno al señalamiento del art. 370 inc. 5) del CPP, el entonces apelante adujo que la sentencia no se halla fundamentada, que se presentó prueba de descargo como lo fue el caso de la codificada D7, que acreditaba un viaje realizado por el imputado a Potosí, fecha en la que el supuesto delito habría acontecido, siendo desestimada por los de mérito fue rechazada, manifestándose que la existencia de esos boletos en razón de la experiencia no prueban la realización efectiva de un viaje y que ello fue desvirtuado con la aseveración de la menor que indica al 21 de abril de 2015, como momento de comisión de los hechos, con todo ello solicitó la revisión de la sentencia para verificarse que no contiene valoración alguna sobre la prueba de descargo producida.


  1. Relacionado al defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, indicó que la prueba presentada por la defensa codificada D7, que fueron tres boletos de viaje en bus, fue acreditada también con dos declaraciones, sin que el Tribunal de Sentencia haya valorado la prueba de descargo.


  1. Denunció también la contradicción entre la parte dispositiva y la parte considerativa de la sentencia, asentado en el art. 370 inc. 8) del CPP, precisando que la sentencia posee juicios de valor subjetivos sin sustento fáctico ni probatorio.


Con ese detalle el imputado solicitó, se conceda su recurso, se revoque la Sentencia y se ordene el reenvío del juicio.


II.3.  Del Auto de Vista impugnado.


Corrido el traslado del recurso y habiéndose respondido el mismo a través de memorial (fs. 357 a 359 vta.), por parte de la representante de la asesora legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, señaló audiencia de fundamentación que fue llevada a cabo el 4 de abril de 2017, momento en el que presentes las partes, la defensa desistió de fundamentar oralmente su recurso, ratificándose en el tenor del mismo. Más adelante el Tribunal de apelación emitió la Resolución descrita en el epígrafe, manifestando:


  1. Sobre la falta de fundamentación y motivación denunciada en el orden de los arts. 124 y 370 inc. 1) del CPP, fue declarada sin lugar transcribiendo porciones de la Sentencia (Considerandos III y IV), y en la conclusión que la primera de las normas fue cumplida a cabalidad, habiéndose expuesto con claridad y propiedad los hechos en los que se asentó, la convicción asumida y los preceptos en los que el fallo de grado se basó, ajustándose a una estructura lógica y secuencial de fácil entendimiento. Conclusión que fue respaldada con una porción del Auto Supremo 44/2014 de 20 de febrero, en la que se destacan las exigencias procesales extendidas desde el art. 124 del CPP, que son, claridad, lógica y calidad de expresa, completa y legítima. 


  1. Sobre el reclamo de defectuosa valoración de la prueba, se dijo: el Tribunal de Sentencia hizo una correcta valoración de los elementos de prueba incorporados al juicio; siendo que, en el caso de la declaración de la víctima, con apoyo en el art. 15 inc. 4) de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, art. 47 de la Ley 348, arts. 60 y 115.I de la CPE y contenidos jurisprudenciales del Autos Supremo 025/2010, los de apelación concluyeron que la decisión del Tribunal de juicio había sido correctamente valorada al afirmar que posee que la entrevista depuesta por la víctima tiene “presunción de veracidad”, más cuando se describen detalles de tiempo, forma, modo y lugar, generando la convicción de que “el imputado ha tenido acceso carnal con la menor las fechas indicada, la que además como se tiene expresado se halla corroborada por otros medios de prueba” (sic), añadiendo sobre el particular que “la única forma mediata de comprobar que la persona a la cual se juzga es culpable o inocente es agotando todos los medios de prueba legales introducidos al debate” (sic), reproduciendo a continuación un fragmento del Auto Supremo 14 de 6 de febrero de 2013.


  1. Sobre la denuncia de errónea aplicación de la Ley sustantiva, se determinó que la aplicación del art. 308 bis del CP, con la modificación sufrida por efecto del art. 83 de la Ley 348, ha sido correcta; ya que, a más de haberse elegido una norma vigente dentro de un determinado rango de tiempo en la comisión del hecho, los presupuestos del tipo y la tutela al bien jurídico protegido han sido detectados, no existiendo “ninguna relevancia el supuesto consentimiento de la víctima en la relación sexual, al aseverar que no fue por fuerza, configurándose el hecho ilícito por el acceso carnal que tuvo con el imputado hacia ella, sin importar que no hubiere empleado medios de coacción para lograr su propósito” (sic). La resulta en este motivo fue declarar sin lugar al agravio.


  1. En tanto, en relación a la denuncia de afectación de los arts. 11, 407 y 370 inc. 8) del CPP, se la declaró sin lugar expresando que “no basta su sola enunciación, sin que se haya expuesto con claridad y precisión de qué manera se ha incurrido en tales defectos, siendo igualmente irrelevante el argüir que se ha hecho reserva de apelación” (sic) y extrayendo a continuación una porción del Auto Supremo 093/2016 de 16 de febrero.


  1. Con referencia a la denuncia de que la Sentencia fue dictada sin especificación actos o circunstancias que demostrasen la autoría, en alusión al art. 370.3 del CPP, haciendo paráfrasis del Considerando III de aquel fallo, se señaló que éste contiene una adecuada síntesis de la acusación fiscal y la adhesión de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, exponiendo con claridad el hecho, la individualización del autor y la víctima, la actividad desplegada, el lugar y fecha donde el ilícito se consumó; aspectos que, tanto delimitaron el objeto del proceso como sobre el que la actividad probatoria en juicio oral fue desarrollada, “haciéndose constar que el Tribunal A quo otorgó credibilidad sustancial a la declaración entrevista de la víctima sin que se percatase de contradicción alguna, confirmando una vez más que lo argüido por la defensa no es evidente, no teniendo tampoco ninguna trascendencia la alusión de sobredimensión de pruebas al no especificar cuáles o qué prueba, precisando además que al Tribunal de la alzada no le está permitido ingresar a revalorizar la prueba” (sic), aspecto este último sobre el que se transcribió una porción del Auto Supremo 167 de 4 de julio de 2012.


  1. Sobre el agravio de una sentencia basada en elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura vulnerando normas procesales y constitucionales, se manifestó que el interés de la víctima debe ser priorizado en el marco del art. 60 Constitucional, dentro de la consideración de los arts. 33 y 58.5 de la Ley 348 y el art. 15.4 de la LPVDS, todos relativos a la prohibición de que en los procedimientos judiciales de presente re-victimización, así como el deber de protección de parte de los tribunales, finalizando que “no es imprescindible la comparecencia a juicio de las víctimas en este tipo de hechos” (sic). Asimismo, la denuncia de indebidas exclusiones probatorias sólo es factible ante la existencia de prueba ilícita cuya obtención haya vulnerado derechos y garantías o que haya sido obtenida con un procedimiento o medio ilícito.


  1. El Tribunal de apelación declaró sin lugar el recurso de apelación restringida deducido confirmando la Sentencia en su integridad, no sin antes hacer mención al principio procesal de Verdad Material contenido en el art. 180 de la CPE, manifestando “la búsqueda de la verdad material…y sus circunstancias, con independencia de cómo han sido alegadas, supone que se deseche la prevalencia de criterios que acepten como verdadero algo que no lo es, o que nieguen la veracidad de lo que sí lo es…se descarta supuesta vulneración principios derechos y garantías ratificando además que no basta sólo enunciarlos, sino que para su consideración es necesario exponer con claridad y precisión de qué forma, modo o circunstancia se incurrió en su quebrantamiento” (sic).


III. FUNDAMENTOS DEL FALLO


La Sala considera para mejor exposición referir una síntesis de las problemáticas planteadas dentro de los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, brindar in extenso la doctrina legal aplicable por ellos sentada, para finalmente ponderar sus alcances en relación a los contenidos y orientación asumida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el Auto de Vista impugnado. En tal orden se tiene:


III.1.        Doctrina Legal Aplicable sentada en los Precedentes Contradictorios Invocados.


  1. El Auto Supremo 53/2012 de 22 de marzo.


Fue pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia a raíz del recurso de casación interpuesto por YMF, dentro del proceso penal seguido en su contra por DLR, por el delito de Daño Calificado previsto y sancionado por el art. 358 del CP, oportunidad en la que ante una denuncia de vulneración a la garantía constitucional de presunción de inocencia, el principio in dubio pro reoel derecho al debido proceso, se denunció que el Tribunal de alzada revalorizó pruebas; aspectos que luego de haber sido sometidos a análisis se concluyó que ese Tribunal, “realizó una nueva valoración de la prueba de cargo, así como de la prueba no incorporada al juicio, llegando a establecer como hechos probados circunstancias que no constan en obrados, incorporando como un hecho fáctico una inexistente inspección” (sic). Situación ante la que se sentó la siguiente Doctrina Legal Aplicable:

Conforme con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es el medio legal para impugnar únicamente la errónea aplicación de la ley sustantiva o la inobservancia de las normas procesales, en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la Sentencia y no es un medio para revalidar la prueba, pues no es una doble instancia; en ese entendido la facultad de valorar la prueba corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal de Sentencia al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, estableciendo los hechos y poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público, plasmando en los fundamentos de la sentencia el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos, que deben ser expresados con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica, producto de la interacción contradictoria de las partes, la que surge de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público, cuya objetividad alcanzada de la producción de la prueba, no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; pues éste no está facultado para revisar la base fáctica de la Sentencia, sino analizar si ésta contradice el silogismo judicial; es decir, debe abocarse a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre, lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de Sentencia sean estos colegiados o unipersonales, acto con el que se atenta la garantía del debido proceso y se afecta al principio de legalidad formal y material, deviniendo consecuentemente en defecto absoluto contemplado en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal” (sic).

  1. Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre.


La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció respecto al recurso de casación interpuesto por EEHC, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008). El objeto casacional se refirió a la falta de pronunciamiento de parte del Tribunal de alzada respecto a la apelación incidental de una solicitud de extinción de la acción penal, planteada y negada en etapa de excepciones e incidentes de juicio oral. Analizada la problemática la Sala Penal Segunda detectó la existencia de vulneración del derecho de acceso a la justicia por incongruencia omisiva; toda vez, que el Tribunal de alzada, omitió responder de manera puntual y fundamentada a la pretensión de extinción de la acción penal formulada por la recurrente, con lo que se sentó la siguiente Doctrina Legal Aplicable:

El art. 115.I de la CPE, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; derecho que, es reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.

En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada; aspecto que, se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto, respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum  y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal” (sic).


  1. Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre.


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, motivada por el recurso de casación interpuesto por Raúl René Juaniquina Soto dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Ema Capari Fernández en contra suya por el delito de Violación de Infante Niña, Niño y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis, con la agravante establecida en el inc. 2) del art. 310, ambos del CP, en la que se denunció que la Sentencia incurrió en el defecto absoluto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, por basarse en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio, asentados principalmente en los procedimientos sobre la incorporación y valoración de una pericia en juicio oral en el entendido de que el Tribunal de Sentencia procuró la realización de una pericia amparado en el art. 214 del CPP.


Previa explanación de criterios jurídicos sobre los principios procesales generales aplicables en el proceso penal, especiales sobre la legalidad de la prueba, labor de los Tribunales de alzada ante denuncias enraizadas al art. 370 inc. 4) del CPP, señaló:


En apelación restringida, corresponde al Tribunal de alzada, el control de la legalidad y logicidad de la Sentencia, siempre con base en lo alegado por el recurrente. Ahora bien, cuando se alegue vicio de la Sentencia descrito en el inc. 4) del CPP, el Tribunal de apelación debe tomar en cuenta, si con la incorporación y posterior valoración de un medio probatorio, que no cumpla con las formalidades legales, el Tribunal de mérito vulneró o no derechos y/o garantías constitucionales, y si con ese accionar, se dejó en estado de indefensión a quien denunció el defecto; pues no es posible anular un juicio y con ello poner nuevamente en movimiento todo el aparato judicial, con el único fin de cumplir formalidades que en los hechos no afecten el fondo del proceso o su resultado final.


Por otra parte, si existiera evidencia de que algún medio probatorio ilegalmente incorporado, sea por ilícito o por ilegal, el Tribunal de alzada debe verificar si la Sentencia tiene como único sustento dicho medio probatorio, circunstancia en la cual debe anular el juicio y disponer el reenvío; pero si contrariamente, es un medio de prueba accesorio y la Sentencia es el resultado de la valoración integral de todos los medios probatorios incorporados al juicio, sin que el medio probatorio denunciado como ilegalmente incorporado, incida en el resultado final del fallo, no corresponde disponer nulidad de la Sentencia; por lo que, quien pretenda la nulidad del juicio con base en el defecto de Sentencia descrito en el inc. 4) del art. 370 del CPP, imprescindiblemente debe acreditar normativamente, que el agravio afectó su derecho a la defensa, dejando al recurrente en estado de indefensión material y concreta, proveyendo los argumentos necesarios para la demostración de dicha vulneración” (sic).


Particular sobre el que se reiteró la jurisprudencia sentada en el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, señalando:


“…el Tribunal de apelación al resolver un recurso de apelación restringida en el que se denuncia la existencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, debe bajo el principio de verdad material reconocido constitucionalmente, ponderar si la prueba observada o cuestionada como espuria tiene o no la característica de esencial o decisiva en el fallo emitido por el Juez o Tribunal de Sentencia.


(…)


En consecuencia para disponer la anulación de la sentencia, no basta con la constatación de que se valoró una prueba que no fue judicializada de acuerdo a las formas previstas por la ley, sino también debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese elemento de juicio, la resolución recurrida de apelación restringida, está fundada en otros elementos de convicción que le brinden el necesario respaldo jurídico; de modo que si este extremo resulta concurrente no corresponde la anulación de la sentencia y consecuente reenvío, porque lo contrario implicaría nuevamente poner en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin delaciones


Asimismo se reiteró jurisprudencia respecto a los defectos absolutos, contenida en el Auto Supremo 021/2012-RRC de 14 de febrero:


El Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad regular la actividad procesal, en cuyo trámite pueden presentarse dos tipos de defectos, los absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; destacando, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica que el defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo al no afectar al fondo de las formas del proceso, pueden convalidarse si no fueron reclamados oportunamente, si consiguieron el fin perseguido respecto a todas las partes y cuando quien teniendo el derecho a pedir que sean subsanados, hubiera aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto defectuoso; a esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal” .


Bajo esas consideraciones y luego de analizadas las denuncias realizadas, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia declaró fundado el recurso y dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido disponiendo que el Tribunal de apelación, emita pronunciamiento conforme lo precisado por la doctrina legal enunciada en párrafos anteriores y aplicando la jurisprudencia establecida en el Auto Supremo  067/2013-RRC de 11 de marzo, así como los principios procesales pertinentes y los principios que rigen las nulidades.


III.2. Verificación de la contradicción planteada.


El objeto casacional se circunscribe a determinar por un lado la existencia de incongruencia omisiva y falta o insuficiente de fundamentación en el fallo impugnado con atención a los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 3) y 5) del CPP y la valoración de la prueba MP2 realizada por el Tribunal de sentencia, en el marco de las previsiones que los arts. 124 y 398 de la misma norma procesal, que ordenan los requisitos de validez argumentativa así como el ámbito de competencias de los tribunales de apelación en lo que a recursos de apelación restringida toca, en el caso en concreto dentro de la delimitación del objeto casacional sentado en el Auto Supremo 565/2017-RA de 10 de agosto.


III.2.1. En relación al reclamo sobre falta pronunciamiento del reclamo previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP.


El recurrente expresó, que la Sentencia se pronunció sin individualizar los actos o circunstancias que sean considerados como demostración de la autoría, limitándose en cambio a simples referencias de las expresiones de la víctima. Agregó que la Sentencia se basó en la prueba MP2 y los soportes de las pruebas MP3, MP4 y MP5, sólo prueban la existencia de la denuncia realizada por el padre de la víctima.


Sobre este particular el Tribunal de apelación respondió manifestando que lo sostenido por el imputado no era evidente por cuanto la Sentencia refleja: 


“(de)…manera suscita y resumida el contenido de la acusación fiscal…exponiendo con claridad y precisión los hechos, individualizando al imputado, así como la víctima, la actividad desplegada por el presunto actor, lugar y fecha en que se habría consumado, que en su conjunto vienen a constituir el objeto del proceso, lo que a su vez dio pie a la actividad probatoria tanto de cargo como de descargo delimitada a esos hechos y no otros, la que tuvo lugar durante la realización del juicio oral…para finalmente en base a esos elementos el tribunal de mérito asuma la decisión final de convicción positiva, haciéndose constar que el tribunal a quo otorgó credibilidad sustancial a la declaración entrevista de la víctima sin que se percatase de contradicción alguna” (sic).


Como se muestra el Tribunal de apelación dio una respuesta motivada sobre el motivo en reclamo, ejerciendo el control sobre la enunciación del objeto del juicio, es decir sobre la base de los hechos sobre los que el debate en juicio oral fue realizado, esto es el momento precedente a la labor de fundamentación descriptiva, valorativa y jurídica, describiendo que la sentencia no solo cumplió con ese requisito sino que explicando que fue sobre el mismo se apoyó el desarrollo del juicio tal cual se corrobora a fs. 373 vta., no siendo cierto que en este particular se haya cometido agravio alguno de parte del Tribunal de apelación.


En relación al reclamo de inexistencia de fundamentación en la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria - art. 370 inc. 5) del CPP.


El entonces apelante manifestó que la sentencia no se hallaba fundamentada, así como no consigna pronunciamiento sobre la prueba de descargo presentada, y lo expresado sobre la prueba de descargo D7, fuera insuficiente en el sentido de la inexistencia de “un proceso mental por el cual se establece el valor de la prueba” (sic).


En respuesta a ello, el Tribunal de alzada se pronunció desde fs. 369 a 370 vta., esquematizando consideraciones en torno al deber de fundamentación de resoluciones judiciales contenido en el art. 124 del CPP, para a continuación reseñar la sentencia, identificar las porciones que apoyaron a la prueba MP2, reseñar lo considerado sobre la prueba de descargo D7 y hacer un breve paneo sobre los argumentos tenidos en cuenta por los de sentencia para la labor de subsunción del delito contenido en el art. 308 bis del CP.


Ciertamente el recurso de apelación restringida presentado por el imputado el 17 de enero de 2017, es abundante en contenidos. En su texto se hallan gran cantidad de referencias intertextuales que remontan a jurisprudencia de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, extractos de doctrina (en la mayoría de los casos sin referencia de fuente), transcripciones de fragmentos de la Sentencia en ese momento apelada, como también de la norma de sustento y consideraciones sobre los reclamos en los que la defensa se basó. A pesar de su dispersión y forma metodológica precaria de exposición, el recurso de apelación restringida centra su atención en la valoración que el Tribunal de sentencia tuvo sobre la prueba MP2, esta es, se reitera- la denominada declaración-entrevista de la víctima y a partir de la cual se desmontan el resto de los reclamos que pretendieron la anulación de la sentencia y la disposición de juicio de reenvío. Reclamo que ha sido extensivo a sede casacional; esta vez, el recurrente a más de explayar argumentos ya expuestos en apelación restringida expresa queja contra el Tribunal de alzada quien habría emitido una Resolución “mediante evasivas e incongruencias…modificando hechos fácticos descritos en las denuncias” (sic), sin absolver la denuncia de defectuosa valoración de la prueba relativa a las consideraciones y conclusiones insertas en la declaración de la víctima, codificada en juicio oral bajo el MP2.


Sobre aquella prueba se reclama tanto aspectos formales, como su fecha de redacción y aspectos sustanciales referidos al valor otorgado a su contenido: el apoyo probatorio sobre el que el Tribunal de sentencia le dio valor; la relación sobre lo aseverado como “relaciones sexuales” y su subsunción a uno de los elementos constitutivos del art. 308 bis del CP, como lo es el término “acceso carnal”; e incluso bajo otro matiz, la oportunidad de valoración de su contenido a partir de la convocatoria a estrados de la víctima. Sobre la prueba señalada el recurrente planteó una serie de cuestionamientos en torno a las conclusiones de la Sentencia y sobre las que ahora en casación pretende la censura, alegando que se lo condena por un delito en que la “víctima jamás ha referido acceso carnal, al efecto se puede revisar la sentencia que no describe el hecho ilícito con sus circunstancias y asimismo los medios probatorios incorporados a juicio (que no son más de 6) y fundamentalmente la declaración entrevista informativa de la víctima…expresa haber tenido relación sexual que no es lo mismo que acceso carnal” (sic).


De inicio la Sala aclara que no le corresponde formar convicción a partir del examen de unas pruebas cuya producción no presenció; por cuanto, tal facultad incluso les está vedada a los Tribunales de apelación, pues como se tiene abundantemente señalado, tal acto conllevaría la afectación del principio de inmediación que rige las actuaciones procesales en juicio oral, siendo éste la parte medular del sistema acusatorio adoptado por nuestro país. Lo que corresponde a este momento procesal, en primer lugar, es verificar si el Auto de Vista impugnado dio respuesta a las denuncias que sobre incongruencia omisiva el recurrente desarrolló en casación; y seguidamente, corresponderá ejercer control de logicidad sobre esas respuestas.

Así las cosas, se tiene que el apartado III de la Sentencia de grado intitulado “RELACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS PARA EL TRIBUNAL” (sic) determinó circunstanciadamente el hecho, tal como se tiene reseñado en el punto II.1 de este Auto Supremo, cuya principal veta fáctica se halla precisamente en el relato que la víctima depuso en la denominada prueba MP2. A continuación la sentencia apoya ese relato en la corroboración de otros elementos, así el contenido de las pruebas MP5, informe social de 15 de octubre de 2015, labrado por personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; MP7, Informe Social realizado por personal del IDIF y con la declaración brindada por el padre de la víctima, sobre la que el Tribunal de sentencia detectó la existencia de “conexión lógica” (sic) con el contenido de la prueba MP2, esto es cuando el mismo halló a su hija en compañía de un tercero y mediando un regaño la menor confesó que había mantenido relaciones sexuales con el hoy imputado. En lo demás; es decir, otros elementos vertidos en esa declaración no fueron tomados en cuenta por considerarse que “el padre de menor es de origen aimara, su idiosincrasia cultural, su escasa instrucción y la dificultad de comunicación que fue evidenciada por el Tribunal en juicio” (sic).


Asimismo el relato inicial de la menor fue apuntalado en sentencia con la prueba MP3 que es un Certificado Médico Forense, del cual se extrajo lo siguiente: “…desgarro antiguo a nivel de las 6 según las manecillas del reloj, que sugiere presión y penetración de un objeto romo duro compatible con el pene en erección”. Finalmente la Sentencia halló concomitancia con la prueba pericial psicológica practicada a la menor, que concluyó “que el relato de la víctima es altamente creíble, determinando que la adolescente tiene estrés pos traumático en un grado crónico y trauma psicológico a consecuencia del Hecho” (sic).


Como se tiene expuesto, la sentencia posee un eje central basado en las alegaciones de la víctima, a partir del cual emprende su ejercicio de valoración probatoria y sobre la que los demás elementos de prueba y los propios razonamientos extractados de los mismos convergen. Tal descripción es precisamente la que el Tribunal de apelación debió dar respuesta; es decir, ejercer el control de logicidad en relación a la determinación circunstanciada del hecho, la valoración probatoria y la subsunción al tipo penal acusado; aspectos que, no ocurrieron en la resolución en análisis.


El recurso de apelación que dio origen al mentado Auto de Vista a fs. 333, reclama que la sentencia se dictó “sin individualizar los actos o circunstancias que pueden ser considerados como demostración de la autoría” (sic), para más adelante reclamar la existencia de contradicciones entre lo alegado por la menor y lo valorado en torno a los informes de Intervención Social, requeridos por el Ministerio Público; asimismo, declara que las conclusiones realizadas sobre las pruebas MP2, MP3, MP4, y MP5, sólo probarían la interposición de una denuncia, más no “conclusión, ni evidencia, tampoco elemento constitutivo del tipo penal” (sic).


El planteamiento antes anotado extractado del memorial del recurso de apelación restringida, debió ser absuelto por el Tribunal de alzada de forma suficiente; sin embargo esa instancia, a más de no consignar este motivo de apelación restringida de manera completa (véase el apartado I.4 a fs. 368 vta.) lo absuelve haciendo básicamente una paráfrasis de la Sentencia para después descartar la existencia de razón a favor o en contra del imputado; es decir, un relato de piezas en el expediente se sobrepone al deber de una respuesta jurídicamente sustentada.


Un tópico de interés sobre el tema confluye a los cauces que un determinado elemento de prueba o varios de ellos vayan a ocupar un lugar dentro de la teoría jurídica aplicable a cada caso en concreto; vale decir, que en un supuesto de subsunción de hechos a los elementos constitutivos del tipo bien cada elemento podría ser obtenido a través de un medio de prueba diferente, situación donde la labor de subsunción toma alerta justamente por esa variedad de fuentes. Empero, en los casos donde esa vertiente probatoria provenga de una o bien un número reducido de pruebas, la labor de subsunción debe ser redoblada por los jueces de grado y consecuentemente la revisión de esa tarea deberá en apelación abordar una cautela de mayor amplitud.


En el caso presente, la fuente probatoria primal, es justamente la prueba MP2. Lo dicho en ella organizó la actividad probatoria en juicio oral y determinó que los razonamientos de los de grado se orienten a respaldar su contenido, a través de medios referenciales, como lo fueron las atestaciones de otras personas y el contenido de prueba documental, que si bien no constituyen mecanismos fuera de norma, si restringen la formación de la libre convicción del juez sobre la producción de la prueba ante sus ojos. La Sala considera que la presente es una situación altamente especial por el difícil equilibrio de resguardar paralelamente la necesaria protección de los derechos del menor y la efectividad de los derechos fundamentales del imputado en el proceso penal.


La situación anterior debió exigir el agotamiento de posibilidades tanto en la valoración de la prueba y el control que sobre ese ejercicio debió realizar el Tribunal de apelación, pues como se dijo antes, es a partir de un elenco probatorio reducido todos los demás contenidos de un fallo desde la determinación de hechos probados y no probados, la subsunción de éstos a un tipo penal e incluso la imposición de la pena dependen.


Como se tiene sintetizado en el punto II.2 de este Auto Supremo, el imputado disconforme con la Sentencia propició sus reclamos a partir de un planteamiento defensivo que si bien tiene como foco central la veracidad o no de la prueba MP2, simultáneamente ejerce varios cuestionamientos sobre la misma y sobre la valoración que los de sentencia hicieron sobre ella, que se han enunciado en párrafos precedentes y sobre los que el Auto de Vista impugnado guardó silencio.


La Sala tiene presente que la resolución impugnada posee orden y secuencia en su redacción, empero advierte que no serán necesariamente esas condiciones las que le doten de validez. El art. 398 del CPP a tiempo de pronunciarse sobre la competencia de los Tribunales de alzada, ordenando que circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, ordena una regla de doble vía pues, si bien expresamente impide el pronunciamiento de fallos ultra petita, a la par prohíbe también la emisión de fallos infra petita. Ordenando el deber de exhaustividad en la respuesta de las cuestiones puestas en su consideración.


La labor de control de logicidad reconocida a los Tribunales de apelación, es en sí la función de mayor operatividad e importancia dentro la estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria, pues son los jueces de apelación aquellos que marcarán la pauta y ejercerán el control en las manifestaciones que sobre la Ley se produzca en Juzgados y Tribunales y controlaran la intensidad de aplicación de los derechos y garantías constitucionales aplicadas en materia penal y principalmente. Por estas razones su labor, no se restringe a la llana función de verificación de cumplimiento de requisitos de validez, sino en reportar que el trabajo de Juzgados y Tribunales, tanto ha sido adecuado en norma como representa la más correcta de las decisiones.


La labor de control de logicidad, estima la verificación de los razonamientos hechos en Sentencia, si las conclusiones de los de grado no revisten cuestiones ilógicas o bien conduzcan al absurdo. Labor que de ninguna manera incumbe dar valor a las pruebas, pues en apelación no se exigen conclusiones, sino aplicación del saber y el derecho. En casos como los que ocupa este apartado, al Tribunal de sentencia por antonomasia le corresponderá evaluar la credibilidad de todas las atestaciones y medios de prueba producidas en juicio oral; mientras que al Tribunal de apelación le compete el control de esa valoración en lo que toca a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, analizando situaciones tales como el respeto al canon de legalidad constitucional exigible para la obtención de los medios probatorios, la consistencia para provocar superar la presunción de inocencia y el deber de motivación; vale decir, si el elenco probatorio se halla dotado de los razonamientos para justificar la decisión final asumida.


En el caso en análisis, el Auto de  Vista en cuestión ofrece un panorama de revisión general de la Sentencia, transcribiéndola o bien recurriendo a su paráfrasis; empero, sin haber agotado las pretensiones del imputado en su recurso de apelación restringida y menos brindar respuesta jurídicamente razonada sobre el mérito o no de los agravios expuestos, lo que conlleva no haber ejercido el deber de control sobre el tribunal inferior en grado.


Por todo lo expuesto la Sala con relación al Auto de Vista 19/2017 de 7 de abril concluye: a) Que no es contradictorio al Auto Supremo 53/2012 de 22 de marzo, toda vez que la doctrina legal aplicable de éste prohíbe la valoración de pruebas en apelación, aspecto sobre el que el Tribunal de alzada no entró en contradicción; b) No es contradictorio al Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, en el entendido de existir situaciones de hechos disímiles entre ambas resoluciones, conforme la doctrina legal extractada precedentemente y los argumentos expresados tanto en juicio oral como en la fase de recursos en el presente caso; c) Se determina la existencia de contradicción con el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de diciembre, en el entendido de no haberse respondido de manera a cada una de las denuncias realizadas por Hernán Javier Cayo Rivera en su recurso de apelación restringida, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hernán Javier Cayo Rivera, con los fundamentos expuestos precedentemente y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO Auto de Vista 19/2017 de 7 de abril y el Auto Complementario 05/2017 de 26 de abril, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, ofíciese al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo, a los efectos que correspondan.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrado Relator Dr. Edwin Aguayo Arando 

Magistrado Dr. Olvis Eguez Oliva

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos