TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1084/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : Santa Cruz 155/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra

Parte Imputada        : Abel Héctor Parada Melgar y otro

Delitos                : Robo Agravado y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2018, cursante de fs. 3492 a 3494, Abel Héctor Parada Melgar, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 15 de 1 de febrero de 2018, de fs. 3468 a 3479, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Marianela Sigry Rivas Arteaga contra Denis Suarez Falcón, Andrés Olvy Salazar Justiniano, Mario Horacio Gil Sosa y el recurrente por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa, Organización Criminal, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Tentativa de Asesinato, Amenazas, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 8, 132, 132 Bis, 198, 199, 203, 251, 293, 298 y 332 incs. 1) y 2) del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 19/16 de 11 de abril de 2016 (fs. 2746 a 2748 Procedimiento Abreviado), Denis Suarez Falcón y Andrés Olvy Salazar Justiniano, fueron sentenciados a tres años de reclusión por los delitos de Asociación Delictuosa, Amenazas, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Robo Agravado, previstos por los arts. 132, 293, 298 y 332 del CP. Asimismo, mediante Sentencia 09/17 de 20 de febrero de 2017 (fs. 2988 a 2997), el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Abel Héctor Parada Melgar, culpable del delito de Robo Agravado sancionado por el art. 332 incs. 1) y 2) del CP, imponiendo la pena de siete años de presidio, más costas a calificarse en ejecución de sentencia, siendo absuelto de los demás delitos endilgados en su contra.


  1. Contra la referida Sentencia, el imputado Abel Héctor Parada Melgar (fs. 3002 a 3006 vta.) y la acusadora particular Marianela Sigry Rivas Arteaga (fs. 3008 a 3012), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 15 de 1 de febrero de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados; por ende, confirmó la Sentencia apelada. Siendo rechazada la solicitud de explicación, complementación y enmienda del imputado, mediante Resolución 58 de 14 de junio de 2018 (fs. 3484 a 3485 vta.).


  1. Por diligencia de 28 de agosto de 2018 (fs. 3486), el recurrente fue notificado con el Auto Complementario 58 de 14 de junio de 2018; y, el 4 de septiembre del mismo año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.


Del memorial del recurso de casación, se extraen los siguientes motivos:


  1. El recurrente haciendo alusión a los antecedentes del proceso, impugna el Auto de Vista aduciendo que para disponer la improcedencia de la apelación restringida, se habría realizado una errónea aplicación de la Ley sustantiva y una defectuosa valoración de la prueba, lo cual constituye ilegalidad que contradice la uniforme jurisprudencia, como la sentada por el Auto Supremo “367 del 2012”, siendo que la Sentencia no describe de manera clara, precisa y peor aún circunstanciada, ni menciona qué cosa mueble, o qué objeto se habría robado, donde el Tribunal de alzada, no ha tomado en cuenta que el Ministerio Público acusó otros delitos; sin embargo, el Tribunal de Sentencia lo condenó por otro delito utilizando las pruebas para los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado.


  1. Invocando el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, aduce que la motivación de los fallos, deben ser expresa, clara, legítima y lógica, lo que exige que la Sentencia cumpla con las reglas de “elogisidad”, de ahí que el Tribunal valorará la cuestión formulada de un modo integral, empleando un razonamiento inductivo verificando la observancia de la sana crítica, sin embargo el Auto de Vista al no tomar en cuenta esta situación, ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales al dictar una Sentencia condenatoria injusta en base a hechos inexistentes, sin considerar que no existe ninguna prueba de cargo que demuestre la participación en el delito de Robo Agravado. Es así que el Tribunal de alzada, al resolver la apelación restringida, no ha fundamentado el voto del Vocal disidente, así como no está debidamente fundamentado el voto del Vocal dirimidor, lo que no está plasmado en el Auto de Vista.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El derecho de Impugnación encuentra su fundamento en el art. 180 par. II de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual establece el derecho a recurrir toda decisión judicial dentro un determinado proceso sometido a juzgamiento por la justicia ordinaria. En el mismo sentido el art. 394 del Código de Procedimiento Penal ha establecido el derecho a recurrir los fallos judiciales por quien le corresponda y esté permitido por Ley.


En este contexto, el art. 416 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, dada su función nomofiláctica, tiene como finalidad que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)        Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)        Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una  carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)        Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, también asumido en el Auto Supremo 118/2015-RRC de 24 de febrero, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consiste la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.


En el caso de autos se advierte que el recurrente, fue notificado el 28 de agosto de 2018 con el Auto Complementario 58 de 14 de junio de 2018, interponiendo su recurso de casación el 4 de septiembre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles, teniéndose por cumplida la formalidad temporal exigida por el art. 417 del CPP; por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

En relación al primer motivo, el recurrente aduce que para disponer la improcedencia de la apelación restringida, se ha realizado una errónea aplicación de la Ley sustantiva y una defectuosa valoración de la prueba, lo cual constituye ilegalidad que contradice la uniforme jurisprudencia, siendo que la Sentencia no describe de manera clara, precisa y peor aún circunstanciada, ni menciona qué cosa mueble, o qué objeto se habría robado, donde el Tribunal de alzada, no ha tomado en cuenta que el Ministerio Público acusó otros delitos, sin embargo el Tribunal condenó por otro delito utilizando las pruebas para los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado. Invoca el Auto Supremo “367 del 2012”.


En el análisis del motivo expuesto, el recurrente cita como precedente contradictorio el Auto Supremo “367 del 2012”, que de la revisión del archivo físico como digital de jurisprudencia de este Tribunal, a pesar de no haberse señalado la fecha del precedente, se ha encontrado una coincidencia en relación al Auto Supremo 367/2012 de 12 de mayo, emitido por la Sala Penal Primera, identificando que dicha resolución no puede constituir precedente contradictorio a los fines de poder establecer la contradicción, ya que la problemática del precedente fue resuelta bajo la legislación del Código de Procedimiento Penal abrogado de 1972, no ingresando a los alcances del art. 416 del CPP en vigencia, por lo que este Tribunal casacional se encuentra limitado a poder realizar su labor de contrastación en el fondo, ante la improcedencia de la cuestión planteada por el yerro atribuible a la parte, deviniendo en inadmisible el presente motivo.


Respecto al segundo motivo, aduce que la motivación de los fallos, deben ser expresa, clara, legítima y lógica, lo que exige que la Sentencia cumpla con las reglas de “elogisidad”, de ahí que el Tribunal valorará la cuestión formulada de un modo integral, empleando un razonamiento inductivo verificando la observancia de la sana crítica, sin embargo el Auto de Vista al no tomar en cuenta esta situación, ha vulnerado los derechos y garantías constitucionales al dictar una Sentencia condenatoria injusta en base a hechos inexistentes, sin considerar que no existe ninguna prueba de cargo que demuestre la participación en el delito de Robo Agravado. Es así que el Tribunal de alzada, al resolver la apelación restringida, no ha fundamentado el voto del Vocal disidente, así como no está debidamente fundamentado el voto del Vocal dirimidor, lo que no está plasmado en el Auto de Vista. Invoca como precedente el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007.


De la compulsa de los argumentos expuestos por el recurrente, se observa una falta adecuada de técnica recursiva, ya que se exponen nuevamente agravios de la Sentencia, cuestionando la misma con relación al precedente invocado, alejándose del marco de razonabilidad exigido para el recurso de casación, que por tal circunstancia, al confundirse la argumentación en ese sentido, el recurrente ingresa en una desarreglo y distorsión confusa sobre la impugnación que hace del Auto de Vista, porque posteriormente señala la contradicción del Auto de Vista con el precedente, pero en relación a la disidencia y lo resuelto por el Vocal dirimidor; no cumpliéndose lo previsto por el art. 417 del CPP, el cual ha establecido que la contradicción debe ser planteada en términos claros y precisos, lo que se extraña en la motivación del recurrente, no siendo por lógica consecuencia, ante tales omisiones y falencias, poder aperturar la competencia del Tribunal casacional, considerándose inadmisible el presente motivo.



POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Abel Héctor Parada Melgar, de fs. 3492 a 3494.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos