TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1077/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                Oruro 41/2018 

Parte Acusadora                Ministerio Público y otra 

Parte Imputada                José Tórrez Mamani

Delitos                : Violación de Niño, Niña o Adolescente y otro


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 28 de septiembre y 8 de octubre de 2018, José Tórrez Mamani, de fs. 346 a 353 vta., y Andrea Chaca Condori, de fs. 359 a 364 vta., interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 45/2018 de 27 de agosto, de fs. 334 a 342 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico e inter partes por la presunta comisión de los delitos de Violación de Niño, Niña o Adolescente y Abuso Deshonesto, previstos y sancionados por los arts. 308 bis y 312 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


  1. Por Sentencia 2/2016 de 29 de junio (fs. 185 a 198), el Tribunal de Sentencia de Challapata del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a José Tórrez Mamani, autor de la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto en la sanción del art. 312 del CP, modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual (Ley 2033), imponiendo la pena de cinco años de reclusión, con costas y pago de responsabilidad civil a favor del Estado y de la acusación particular averiguables en ejecución de sentencia; asimismo fue absuelto del delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente.    


  1. Contra la mencionada Sentencia, José Torrez Mamani (fs. 202 a 215) y Andrea Chaca Condori (fs. 219 a 223), opusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de 3 de octubre de 2016 (fs. 243), que rechazó in limine el primer recurso; y, el Auto de Vista 18/2017 de 11 de abril (fs. 260 a 267 vta.), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 219/2018-RRC de 10 de abril (fs. 318 a 325); en cuyo mérito, la Sala Penal Segunda emitió el Auto de Vista 45/2018 de 27 de agosto, que declaró improcedente la apelación planteada por la parte acusadora particular; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencias de 21 de septiembre y 1 de octubre de 2018, José Tórrez Mamani (fs. 343), y Andrea Chaca Condori (fs. 344), fueron notificados con el referido Auto de Vista; y, el 28 de septiembre y 8 de octubre del mismo año, interpusieron los recursos de casación que son objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN


De los motivos de los recursos de casación, se extraen los siguientes motivos:


II.1 Recurso de casación de José Torrez Mamani.


Previa mención a que el Auto de Vista impugnado “no ha considerado…los precedentes contradictorios que hacen referencia a la revisión de oficio” (sic) además de manifestar que los requisitos procesales contenidos en los arts. 416 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP) fueron cumplidos, el recurrente plantea como motivos de su recurso:


  1. Contradicción con la doctrina legal inmersa en los Autos Supremos 085/2013-RRC de 28 de marzo, 062/20007 de 27 de enero, 124/2013-RRC de 10 de mayo, 041/2012-RRC de 16 de marzo, expresando que tanto en la Sentencia como el Auto de Vista existe errónea aplicación de los arts. 312, 13, 14 y 20 del CP, por cuanto el delito condenado fuera uno de acción más no de omisión, cuestionando que los argumentos de la Sentencia de mérito no indicasen de qué forma se hubieran realizado actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, así como no haber explicado en qué consistieron los hechos en los que la condena es basada; afirmaciones que -en el planteamiento del recurso- son demostrables en la sola glosa del tipo penal de parte de la Sentencia y su precariedad en torno a la explicación en torno a las circunstancias referidas en el tipo penal condenado.


Añade que el reclamo sobre errónea aplicación del art. 20 del CP, y la falta de fundamentación sobre el particular, es entendido como una lesión al debido proceso por la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 59 de 27 de enero de 2006, del cual transcribe una porción atinente a pronunciamientos sobre la Teoría de Dominio del Hecho en materia penal. Asegura que la condena impuesta si bien se apoya en el principio iura novit curia, empero lo hace sin brindar explicación del porqué de su utilización, persistiendo de tal manera el error en la aplicación de norma sustantiva y la calificación de autoría. Alega el recurrente que “falsamente [se] ha pretendido atribuir…la comisión del delito de violación de niña, argumentando que a sus seis años mi persona le hubiese introducido en su cavidad vaginal mi miembro viril y en varias oportunidades, pero que no existía lesión porque ella presentaba himen complaciente, argumento…desmentido [al haberse] demostrado que a los seis años no se tienen aún himen complaciente” (sic).


Considera que en su caso se violó el principio de congruencia reconocido en los arts. 362 y 342 del CPP, afectando su derecho a la defensa, contemplado por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), pues habiéndosele acusado hechos que hacen a la existencia de acceso carnal en varias oportunidades, se lo condenó por un hecho no constitutivo de acceso carnal. Enfatiza que si se pretendía la modificación de la calificación jurídica bien debió ampliarse la acusación para brindar la oportunidad de ejercer defensa. Tales situaciones -afirma- contradicen lo establecido en los Autos Supremos 062/2007 de 27 de enero, 124/2013-RRC de 10 de mayo y 041/2012-RRC de 16 de marzo.


  1. El recurrente señala que el Auto de Vista al “mantener el defecto absoluto referido a la inadecuada valoración de la prueba” (sic) contradice los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005, 223/2007 de 28 de mayo, 037/2013-RRC de 14 de febrero, 237/2007 de 7 de marzo, 251/2005 de 22 de julio, relacionados a la valoración correcta de la prueba y la exigencia de una debida fundamentación en la sentencia, afirmando que en la valoración de la prueba testifical y documental, se omitió aplicar las reglas de la sana crítica, haciendo únicamente referencia a aspectos genéricos no vinculados a la configuración del delito acusado y condenado.


Agrega que la fundamentación de la Sentencia sería solamente descriptiva, sin valoración del contenido de las pruebas, sin haberse exteriorizado el valor de cada elemento de prueba, expresando valorar si las mismas poseyeron incidencia en la participación endilgada, “olvidándose de la participación directa de los otros dos acusados” (sic).  La valoración de la prueba expuesta en sentencia, conforme la perspectiva del recurso, es defectuosa dado que a pesar de haberse asegurado en el fallo en cuestión, que la prueba poseyera eficacia jurídica al no haberse percibido contradicciones, dubitaciones, además de coincidir en cuestiones de tiempo y espacio, no fuera menos cierto que, “no existen razonamientos explicativos del porqué se les otorga credibilidad a todas y cada una de las pruebas” (sic), además de cuestionarse que “en el acápite…denominado como fundamentación probatoria intelectiva, se tiene una copia de todo lo consignado en el acta de juicio incluyendo las preguntas y algunas observaciones realizadas a los testigos en juicio” (sic).


  1. Contradicción al Auto Supremo “287/2012”, en el entendido que el Auto de Vista 45/2018, “basa la improcedencia de las apelaciones en el hecho de que no se ha demostrado objetivamente la vulneración de derechos y garantías constitucionales [lo que no fuera cierto] por cuanto…el recurso de apelación presentado…expresa en forma clara y detallada todos los derechos y garantías vulnerados” (sic), añadiendo también, que el Tribunal de apelación al haber rechazado su recurso sin un debido fundamento incumplió lo expresado en el art. 124 del CPP.


  1. Con el rótulo de “Nulidad del auto de vista por no haber ejercido de oficio control” (sic) el recurrente cuestiona al Tribunal de apelación el no haber dado aplicación del “art. 17 de la Ley de Organización Judicial en un hecho que efectivamente constituye defecto absoluto” (sic) ante la vulneración de la garantía del juez natural en su faz de competencia e imparcialidad. Relata que uno de los componentes del Tribunal de sentencia (el juez Gonzales Ibáñez), firmante también de la Sentencia de grado, ejerció dentro del presente proceso las labores de juez instructor en toda la etapa preparatoria, ordenando su detención preventiva.


Relata que a pesar de plantear recusación en el momento procesal oportuno, por concurrir la concurrencia de la descripción del art. 316 inc. 1) del CPP, fue rechazada con el “fundamento ilegal que…Gonzales Ibáñez si bien participó en la etapa preparatoria en calidad de juez instructor empero o emitió una resolución analizando el fondo del proceso” (sic), agrega que planteando acción tutelar el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que la autoridad judicial ordinaria fuera la competente para resolver tal conflicto; concluyendo que “al haber rechazado la recusación en base a un fundamento ilegal, han erróneamente aplicado la Ley Adjetiva…en consecuencia emitido que el juicio se desarrolle con defectos absolutos conforme lo señala el art. 169 numera 3) del CPP” (sic), argumento que es contrario también a la Sentencia Constitucional 007/2007-R de 9 de febrero, los Autos de Vista 50/2015 de 29 de diciembre y 73/2015 de 17 de junio pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, y finalmente el Auto Supremo 562/2004 de 1 de octubre.


II.2 Recurso de casación de Andrea Chaca Mamani.


  1. Previa reseña de antecedentes procesales vinculados esencialmente al marco procesal contenido en el Auto Supremo 641/2017-RA de 28 de agosto y la decisión adoptada en el Auto Supremo 219/2018-RRC de 10 de abril, la antes nombrada expresa que el Tribunal de apelación sostuvo que su persona no cumplió a cabalidad con el art. 408 del CPP. Dijo también en relación al recurso de apelación restringida de Andrea Chaca Mamani que a pesar de advertir “el reconocimiento de la agravante consistente en el trauma psicológico…no se realizó un análisis o relación jurídica como norma penal” (sic), de igual manera considera que el Tribunal de apelación razonó que “si bien la apelación restringida interpuesta…como víctima se basó únicamente en el art. 370 núm. 5) es decir la ausencia e insuficiencia de fundamentación de la sentencia sólo con relación a la fijación de la pena. Y que este extremo debió fundamentarse en relación al numeral 1 del mismo art. 370, es decir la inobservancia o errónea aplicación de la Ley” (sic)


Con esos antecedentes la recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 18/2017 (emitido en este mismo proceso), transcribiendo porciones de su contenido, que en esencia son referidas a inconsistencias detectadas en la Sentencia de grado en cuanto fue la imposición del quantum de la pena, la aplicación en ese cometido de la Ley 369, supuesta inobservancia de las directrices emanadas del art. 58 de la CPE, y los lineamientos de aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP contenido en la doctrina legal del Auto Supremo 038/2013 de 18 de febrero. Alega que en el caso de autos pesaron más argumentos protectivos para con el imputado, teniendo como base su condición de adulto mayor, en decremento de las prerrogativas de la víctima y el principio protector de interés superior que la resguarda. Añade que “al parecer no interesa que una niña, de seis años haya sido violada vulnerando el bien jurídico protegido como es su libertad sexual, y la secuela vaya por las calles con un trauma” (sic).


Considera la recurrente que “la ratio decidendi de ambos autos de vista son completamente opuestas, es decir que contienen elementos diametralmente opuestos a pesar de resolver el mismo asunto, de haber considerado el mismo memorial de apelación restringida con sus fundamentos, en contra de la misma sentencia con sus propios fundamentos, aspectos vulneratorios máxime considerando que el Auto Supremo N 219/2018-RRC no hizo consideración alguna a efecto de vincular al tribunal a quo…a efecto de revocar o modificar las consideraciones ya vertidas” (sic)

  1. Precisa que el Auto de Vista 45/2018 no cumplió con las exigencias que sobre fundamentación en la imposición de del quantum de la pena delinean los Autos Supremos 038/2013 de 18 de febrero y 42/2014 de 26 de febrero, que de manera paralela son invocados como precedentes contradictorios.


Sobre este particular alega que la Sentencia realizó una fundamentación insuficiente sin explicar o fundamentar cual el valor otorgado al hecho que el delito de Violación haya sido subsumido al de Abuso Deshonesto, que la víctima haya tenido a momento de ocurridos los hechos 6 años de edad, la probabilidad de secuelas en la conducta de la víctima efecto del hecho, la apreciación de la Ley 369 y el art. 67 de la CPE “ignorando la Ley 548…Ley Nº 348” (sic).


  1. Finalmente manifiesta que el Auto Supremo 219/2018-RRC, sobre la supuesta falta de fundamentación sobre la fijación de la pena “resolvió taxativamente…que este extremo…no había sido debidamente detallado en relación a todos y cada uno de los reclamos de la víctima…empero…en este caso dicha denuncia no le generó agravio al recurrente” (sic) descripción con la que la recurrente considera que el Tribunal Supremo de Justicia no ingresó a conocer lo resuelto por la Sala Penal Segunda en relación a  la falta de fundamentación en la imposición del quantum de la pena, sino se dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 18/2017, “únicamente mérito a la revisión de oficio realizada…es decir por la errónea aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial” (sic) por lo que correspondía a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -enfatiza- “conociendo el fondo del reclamo y los argumentos de la apelación restringida emitiesen sin modificar el fondo de la sentencia condenatoria una nueva fijación del quantum de la penal” (sic)


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


En el caso de autos se advierte que el 21 de septiembre y 1 de octubre de 2018, los recurrentes fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, interponiendo sus recursos de casación el 28 de septiembre y 8 de octubre del mismo año; es decir, dentro del plazo de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento del requisito temporal exigido por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.




IV.1 Recurso de casación de José Torrez Mamani.


En el Primer motivo, se reclama errónea aplicación de los arts. 312, 13, 14 y 20 del CP, arguyendo que: el proceso de subsunción al tipo penal delito condenado carece de argumentos, pues no se indicasen la forma en la que realizaron los actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal; que la carencia de una explicación que dé cuenta en qué consistieron los hechos sobre los que la sentencia basa su decisión es notoria; que la invocación del principio iura novit curia, en la Sentencia, adolece de una razón que expliqué su aplicación; y, que la deficiencia de razones aclaratorias sobre la comisión de los hechos condujeron a la violación del principio de congruencia reconocido en los arts. 362 y 342 del CPP, afectando su derecho a la defensa, (art. 115.II de la CPE) cuando en todo caso la variación de los hechos debió motivar la ampliación de la acusación. Con tales argumentos el recurrente plantea la contradicción tanto de la Sentencia como del Auto de Vista con los Autos Supremos 062/2007 de 27 de enero, 124/2013-RRC de 10 de mayo, 041/2012-RRC de 16 de marzo, Autos Supremos 085/2013-RRC de 28 de marzo.


Sintetizados los argumentos, se revela a la Sala el abierto incumplimiento y carencia de los requisitos exigidos por los arts. 416 y ss. del CPP, tal es así que en ninguno de los precedentes invocados son expuestas, tanto la situación de hecho similar al caso de autos que se estime contradictoria, como el sentido jurídico que se suponga divergente. La Sala reitera aquí que a los fines del recurso de casación en el marco de la Ley 1970, contradicción no es sinónimo de incumplimiento. En este motivo en específico, son mostradas una serie de desarreglos, con la facticidad y calificación jurídica de la Sentencia, empero sin un esquema argumentativo al menos indicativo de la contradicción exigida por norma, un ejemplo es la presencia de los AASS 085/2013-RRC de 28 de marzo, 124/2013-RRC de 10 mayo con su sola enunciación, siendo que en los demás casos, la fundamentación de situación de hecho similar, como se dijo líneas atrás es precaria y por ende insuficiente a los fines procesales determinados en norma.


En el segundo motivo el recurrente señala que el Auto de Vista, por medio de una actitud permisiva, identificada como “mantener el defecto absoluto referido a la inadecuada valoración de la prueba” (sic) contradice los Autos Supremos 251 de 22 de julio de 2005, 223/2007 de 28 de mayo, 037/2013-RRC de 14 de febrero, 237/2007 de 7 de marzo, 251/2005 de 22 de julio, relacionados a la valoración correcta de la prueba y la exigencia de una debida fundamentación en la sentencia, afirmando que en la valoración de la prueba testifical y documental, se omitió aplicar las reglas de la sana crítica, haciendo únicamente referencia a aspectos genéricos no vinculados a la configuración del delito acusado y condenado; añadiendo que la fundamentación en Sentencia fuera únicamente descriptiva y defectuosa ya que “no existen razonamientos explicativos del porqué se les otorga credibilidad a todas y cada una de las pruebas” (sic).


Este motivo al igual que el primero, devela también inconsistencia en la construcción de su planteamiento, persiste la ausencia de planteamiento de situación de hecho similar entre la situación en específico y el señalamiento de la doctrina legal que se crea contraria. Se trata pues de una serie de afirmaciones que desde la óptica del recurrente constituyesen el yerro o materia del recurso, finalizando con la aseveración de un sentido contrario a uno u otro Auto Supremo.

En el tercer motivo, el recurrente denuncia contradicción al Auto Supremo “287/2012”, reclamando que el Auto de Vista 45/2018, declaró la improcedencia  su recurso de apelación  restringida cuando se hubiera argumentado y demostrado vulneración de derechos y garantías constitucionales en forma clara y detallada, a lo que sumó la infracción al art. 124 del CPP por una presunta falta de motivación.

En el caso, más allá de su precariedad argumentativa en torno a la exposición de la situación de hecho similar exigida por los arts. 416 y ss. del CPP, de manera subrepticia pretenden un análisis sobre cuestiones que no fueron objeto de debate en fase de recursos, recuérdese que habiendo el recurrente opuesto apelación restringida, fue rechazada in límine  (en el umbral) por haber considerado el Tribunal de apelación que presupuestos de admisibilidad en ese etapa no habían sido cumplidos ni subsanados, de manera que, por lógica, no ingresaron a un análisis de esa magnitud. El hecho  que el Auto Supremo 219/2018-RRC de 10 de abril, haya dejado sin efecto el Auto de Vista 18/2017 de 11 de abril, de ninguna manera puede ser interpretado como una nueva oportunidad para el planteamiento de un nuevo recurso o bien que por ese hecho todo el trámite -con las consecuencias procesales que correspondan- hayan sido también dejadas sin efecto; siendo que, y fue lo que ocurrió en autos, que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro emitió nuevo Auto de Vista a partir de situaciones jurídicas ya definidas y consolidadas, estas son la admisibilidad del recurso de apelación restringida de Andrea Chaca Mamani y el rechazo in límine de la pretensión del imputado.


IV.1.2 Finalmente en cuanto es, al cuestionamiento contra el Tribunal de apelación por no haber aplicado del “art. 17 de la Ley de Organización Judicial en un hecho que efectivamente constituye defecto absoluto” (sic) relativo a una presunta vulneración al juez natural en la participación del juez Gonzales Ibáñez, quien hubiera labores de juez instructor en la etapa preparatoria, la Sala considera realizar las siguientes precisiones.


La revisión de oficio dentro del sistema de recursos fue una figura regulada por el art. 15 de la Ley 1455, al señalar que:


ARTÍCULO 15°.- REVISION DE OFICIO Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes.


Dicho instituto se desenvolvió por una parte en un régimen constitucional distinto al presente nutrido del entendimiento monolítico del proceso no como medio para la vía de arribar a un fin, sino como formulismo necesario no para aplicar la Ley sino para imponer el criterio que del operador sobre la Ley. De igual forma, la tendencia de revisión de oficio, en el tiempo desfiguró el impulso del proceso, confiado a la autoridad de alzada; al contrario y más sensiblemente en materia penal, generó que un aparente y muy dudoso criterio de corrección, suplante formas procesales por formulismos sacramentales, sin dogmática o aporte alguno; así como, creó incertidumbre sobre la culminación razonable del proceso, y colateralmente una sanción subjetiva a las partes de verse inmiscuidas de manera no voluntaria en un interminable o al menos larguísimo trámite procesal. Esos desaciertos en el tiempo, desvirtuaron el rol de la autoridad jurisdiccional como directora eficaz del proceso, trastornándola en un obstáculo no solo de conducción deficiente, sino peor aún, vulnerando el derecho de las partes a la culminación del proceso en un plazo razonable. La Sentencia de 1 de diciembre de 2016, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Andrade Salmón vs. Bolivia, es una llamada de atención sobre tales prácticas.


A la fecha la Ley 1455, y con ella la revisión de oficio contenida en su art. 15, han sido abrogadas por las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias de la Ley del Órgano Judicial N° 025 de 24 de junio de 2010, en consecuencia lo peticionado por el recurrente aborda una pretensión procesalmente irrealizable, pues el respaldo jurídico invocado ni se encuentra permitido menos aun regulado por norma procesal u orgánica, siendo de tal cuenta inviable cualquier consideración al respecto. En cuanto a la referencia al art. 17 de la LOJ, aclarar que la invocación que hace el recurrente se halla descontextualizada, por cuanto por el principio de indisponibilidad de las normas procesales, presente en tal artículo, si bien la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y es limitada a los asuntos previstos por ley; empero, tal revisión no es aplicable a los Tribunales de alzada (apelación y casación) sobre actuaciones previas a la apertura de su competencia, pues la misma norma en su segundo parágrafo impone que en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos; es decir, que cualquier tribunal de alzada incluido el de casación- debe limitarse a lo solicitado por las partes de manera exclusiva y restrictiva. Todas estas razones hacen a este motivo inadmisible.


IV.2 Recurso de casación de Andrea Chaca Mamani.


En el primer motivo del recurso planteado por la recurrente, se cuestiona la postura sobre requisitos de admisibilidad adoptada por el Tribunal de apelación en sentido del incumplimiento del art. 408 del CPP, resaltando además una serie de cuestiones que van de la mano con la reproducción de pasajes del Auto de Vista impugnado, las percepciones propias sobre supuestos acontecimientos adyacentes y consecuencia del hecho, y cuestiones sobre la aplicación de prerrogativas de la Ley 369 por sobre la tutela constitucional en torno al interés superior de los niños y adolescentes, la recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto de Vista 18/2017 (emitido en este mismo proceso).


Lo expuesto en el párrafo que antecede posee una circunstancia procesal singular, pues se invoca la contradicción sobre un acto jurídico inexistente. Los antecedentes del proceso, abiertamente dan cuenta que el Auto de Vista 18/2017 de 11 de abril, fue dejado sin efecto, con motivo a la denuncia y evidencia de un actuar ilegalmente oficioso de parte de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y por ende sin validez jurídica alguna, menos aún a los fines del art. 417 del CPP, que impone la obligación de argumentar la existencia de una aplicación jurídica disímil sobre una misma situación de hecho, sobreentendiéndose que cuando el art. 416 del CPP hace referencia a que el recurso de casación es procedente para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia (hoy Tribunales Departamentales) contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema (hoy Tribunal Supremo) la palabra precedente es sinónimo de preexistente. Tales aspectos hacen que la plataforma argumentativa de la recurrente no posea coincidencia con lo dispuesto en norma, circunstancia que no puede ser suplida por esta Sala.

Sobre la aplicación de los arts. 37, 38 y 40 del CP, que en óptica de la recurrente contravendría la doctrina legal del Auto Supremo 038/2013 de 18 de febrero, señalar que la contradicción a la que los arts. 416 y ss. del CPP hacen referencia, no debe ser entendida, como pretende el recurso, en el plano de una simple negativa ante un juicio de valor contenido en el precedente que se invoca. Como se tiene descrito precedentemente, la estructura argumentativa utilizada por la recurrente, es visible en la misma una cadena de cuestiones o tópicos que si bien vinculan al Auto de Vista que se impugna, no son determinadas sobre ninguna situación de hecho similar en específico. De lo expresado se extrae que cuando la norma exige a la parte que recurre el señalamiento de una situación de hecho similar, tiene que ver con la finalidad del recurso de casación, en cuanto es la uniformización y unificación de jurisprudencia y la aplicación de la Ley en forma homogénea; de ahí en más, la carga recursiva se orienta a señalar posicionamientos ponderativos sobre los que una determinada norma se haya aplicado de forma específica, empero de ello no puede entenderse que el señalado requisito de admisibilidad se encuentra cumplido, no bastando la sola enunciación de la validez de un precepto sobre otro, menos aún exponer cuestiones colaterales al proceso e incluso los hechos, debiendo precisarse que dichas cuestiones ya fueron objeto de debate oral y recursivo en instancias que preceden, no correspondiendo a casación abrir un espacio de análisis o crítica sobre temáticas de fondo a riesgo de degenerar todo un sistema procesal.


El segundo motivo acusa que el Auto de Vista 45/2018, fue insuficientemente fundamentado en torno a la imposición de la pena, pues no se tuvo presente la orientación de la Ley 548. En posición del recurso esa postura no cumplió el lineamiento jurisprudencial de los Autos Supremos 038/2013 de 18 de febrero y 42/2014 de 26 de febrero.


Si bien en el presente motivo se hace referencia a jurisprudencia contenida en los Autos Supremos antes citados, la misma a fines del recurso de casación es insuficiente, por cuanto el art. 416 y ss. del CPP, obliga al que recurre en esta vía argumentar una situación de hecho similar a partir de la que se entienda existe contradicción entre un fallo emitido con anterioridad al que se recurre. Se plantea a partir de una serie de afirmaciones relacionadas a la imposición de la pena una indebida labor del Tribunal de apelación, empero a continuación no realizan esfuerzo alguno para señalar cuál fuese la situación de hecho similar que vincule a los Autos Supremos que cita en su recurso con el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; es más, conforme el texto del memorial, la transcripción de un fragmento de un determinado Auto Supremo va seguida de una afirmación taxativa de incumplimiento de parte del Auto de Vista impugnado, situación que como se tiene dicho no da abasto al cumplimiento suficiente de la exigencia procesal referida.


Finalmente, sobre el tercer motivo, donde se vierten consideraciones en relación a los alcances de la decisión del Auto Supremo 219/2018-RRC, debe tenerse presente que son dos las posibilidades de apertura de competencia en casación, por una parte la invocación fundamentada de contradicción y otra que eventualmente flexibiliza los requisitos de la primera, sustituyendo la invocación de dicho precedente por la argumentación de la existencia de vulneración de un derecho o garantía constitucionalmente tutelado, tal cual se ha sido desarrollado en el apartado III de este Auto Supremo. En ambas circunstancias las exigencias procesales, de manera obvia, tienen forma predefinida, ya sea por la Ley positiva, o la tradición jurisprudencial proveniente del Tribunal Constitucional, aspectos que en el caso del motivo en concreto no ocurre, pues se proyecta un motivo procesal a partir de la sugerencia de alternativas de solución de parte del Tribunal de apelación, y por medio eventualmente reinterpretar el contenido del Auto Supremo 219/2018-RRC de 10 de abril, lo cual no reporta cumplimiento de exigencia procesal pasible a la apertura de competencia de esta Sala, lo cual hace que este motivo sea inadmisible.


POR TANTO

         

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLES los recursos de casación formulados por José Tórrez Mamani, de fs. 346 a 353 vta., y Andrea Chaca Condori, de fs. 359 a 364 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrado Presidente Dr. Olvis Eguez Oliva

Magistrado Dr. Edwin Aguayo Arando 

Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Dávalos