TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1066/2018-RA

Sucre, 21 de diciembre de 2018


Expediente                : La Paz 133/2018

Parte Acusadora        : Ministerio Público

Parte Imputada        : Huáscar Valerio Velasco Cori 

Delito        : Transporte de Sustancias Controladas


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de enero de 2018, cursante de fs. 776 a 777, Huáscar Valerio Velasco Cori, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 72/2017 de 6 de noviembre, de fs. 753 a 757 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


  1. Por Sentencia 75/2016 de 28 de abril (fs. 691 a 695), la Juez Octavo de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Huáscar Valerio Velasco Cori, autor de la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiendo la pena de diez años de presidio, más el pago de daños y perjuicios a favor del Estado y un mil días multa a razón de Bs. 10.- por día.


  1. Contra la mencionada Sentencia, el imputado Huáscar Valerio Velasco Cori formuló recurso de apelación restringida (fs. 699 a 701 vta.), que previo memorial de subsanación (fs. 732 a 733), fue resuelto por Auto de Vista 72/2017 de 6 de noviembre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que rechazó y declaró inadmisible el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada.


  1. Por diligencia de 24 de enero de 2018 (fs. 758), el recurrente fue notificado con el referido Auto de Vista; y, el 31 del mismo mes y año, interpuso el recurso de casación que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del presente recurso de casación interpuesto, se extrae el siguiente agravio:


El recurrente hace referencia a que el Auto de Vista impugnado en el control de las pruebas no se encuentra debidamente fundamentada, añadiendo a ello diferentes aspectos como ser: 1) La errónea aplicación de procedimiento en la cuestiona la no comparecencia de peritos a juicio oral para ratificar sus informes. 2) Que no existirían pruebas fotográficas que pueden determinar la flagrancia. 3) Que los testigos policiales tampoco se hicieron presentes para ratificar sus informes. 4) Se habría negado la producción de la prueba de reconstrucción de los hechos. 5) La autoridad judicial de la fase preparatoria habría negado solicitudes de informes, tanto al Departamento Primero de la F.A.B. como al asignado al caso; empero, se le negó con el argumento que dicha autoridad jurisdiccional no tendría facultades de ordenar actos investigativos. A tal efecto se puede verificar que el recurrente hizo alusión a los Autos Supremos 441/2006 de 20 de octubre y 067/2013-RRC de 11 de marzo, referentes a la producción probatoria en juicio oral y la verdad material, respectivamente.


III.        REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP).


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de la Sala Penal, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)          Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)         Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)         Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.


Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


IV. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene que el presente recurso de casación fue presentado dentro del plazo de los cinco días hábiles; habida cuenta que el recurrente fue notificado con el Auto de Vista impugnado, el 24 de enero de 2018, presentando su recurso el 31 del mismo mes y año; cumpliendo de esta manera, con lo preceptuado por el art. 417 del CPP relativo al plazo, correspondiendo por lo tanto, verificar el cumplimiento de los demás requisitos.


Previo a ingresar al análisis de admisibilidad del caso concreto, corresponde señalar que la labor de este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra restringida a efectuar un control eminentemente de derecho sobre el contenido y lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, siempre en correlación a las actuaciones realizadas por el Tribunal de alzada, así se desprende de lo establecido en los arts. 416 y 417 del CPP, referidos a la procedencia y requisitos indispensables que viabilicen la admisibilidad del recurso de casación; donde se dispone que éste procede para impugnar Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por los Tribunales Departamentales de Justicia y Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que sienten o ratifiquen doctrinal legal.


En el recurso de casación, el recurrente señala que el Auto de Vista impugnado, respecto al control de las pruebas no se encontraría debidamente fundamentado, cuestionando la incomparecencia a juicio oral por parte de los peritos, la carencia de flagrancia, la inasistencia de los policías intervinientes y la negativa de solicitudes de producción probatoria referentes a una reconstrucción de los hechos e informes por parte de la Juez cautelar, señalando los Autos Supremos 441/2006 de 20 de octubre y 067/2013-RRC de 11 de marzo, relativos según el recurso a la producción probatoria y la verdad material.


Sobre el particular, analizados los argumentos traídos en casación y los antecedentes cursantes en obrados, se evidencia que el recurrente al interponer su motivo referente a la falta de fundamentación en el control de logicidad, no consideró que el Tribunal de alzada declaró inadmisible su recurso de apelación restringida por incumplimiento a los requisitos de forma, sin ingresar al análisis del agravio planteado; por ello, en el recurso de casación no se puede denunciar la falta de fundamentación en el control de logicidad debido a que como se explicó precedentemente, no ingresó a realizar control alguno, por ende debió el impetrante denunciar los aspectos plasmados en el Auto de Vista impugnado, que estén relacionados al derecho de acceso al recurso (pro actione), vinculados al art. 399 del CPP, para que esta Sala Penal pueda ingresar a analizar lo resuelto por el Tribunal de apelación; empero, ante las falencias de objetividad, precisión y claridad en el recurso de casación por contener la misma una carente técnica argumentativa y recursiva, incumpliendo los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 416 y 417 del CPP, se advierte la inadmisibilidad del presente recurso de casación, aún acudiendo a los criterios de flexibilización, explicados y desarrollados en el acápite anterior de la presente Resolución.    


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Huáscar Valerio Velasco Cori, de fs. 776 a 777.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.